Una auditoría social realizada a Coalianza, demuestra que ninguno de los 17 proyectos que hasta el momento ha concesionado esa institución, cuenta con un Plan Nacional de Inversión Pública que responda a los intereses de los casi 9 millones de hondureños.
El texto, en poder de El Pulso, se titula “Auditoría Social al Proceso Alianza Público Privada – Honduras”, y fue redactado el 1 de febrero de 2015 por 13 instituciones de la sociedad civil, que son: Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF).
Además, el Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), FIAN Honduras (Foodfirst Information and Action Network, por sus siglas en inglés), Red de Comisiones Ciudadanas de Transparencia de Francisco Morazán (Rectfram), Espacio Regional de Occidente Honduras (EROC), Red de Comisiones Ciudadanas de Transparencia Centro Sur Oriente de Honduras (Rectcsoh), Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras (Idesmulh) y el Foro Centro La Paz (FCLP).
Estado no hace obras
Las Alianzas Público Privado (APP), son un modelo económico creado en Gran Bretaña, en 1992, y fue presentado como una alternativa para enfrentar los desafíos de la globalización; en países desarrollados como Inglaterra y Canadá, las APP han tenido buen suceso por los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con que se ejecutan los proyectos. Por su parte, Honduras adoptó este modelo en 2010 con la aprobación de la Ley de Promoción de las Alianzas Público-Privadas, que en su artículo 2, inciso 2, da vida a Coalianza. En la actualidad, la institución es dirigida por los comisionados Miguel Ángel Gámez, Erasmo Padilla y Zonia Morales.
De acuerdo con las organizaciones que realizaron la auditoría social, es importante que la sociedad hondureña verifique el proceso de las APP, porque “este mecanismo constituye un nuevo modelo de la gestión de Estado, comprador de servicios y no hacedor de obras” (Pág. 5). Esto, porque Coalianza ha concedido a la iniciativa privada proyectos de servicios de empresas públicas, administración y cobro de peaje en infraestructura vial, portuaria, aeropuertos; proyectos hidroeléctricos, energéticos, de telecomunicaciones, de desarrollo agrícola y forestal. Además, compra de medicamentos y tasas como la de Seguridad Poblacional.
Sin rendición de cuentas
Entre los hallazgos de la investigación realizada por las 13 organizaciones de la sociedad civil, destaca “el derrumbe progresivo de la institucionalidad [respeto a los acuerdos jurídicos y morales], el impacto en el incremento de la deuda pública [externa e interna], la tendencia centralizadora de Coalianza y la falta de transparencia en sus operaciones, porque el manual del proceso [de la institución] está incompleto por centrarse en la ley inmediata que les rige” (Pág. 12).
Las organizaciones auditoras fundamentaron su investigación en la Constitución de la República, Ley de Visión de País y Plan de Nación, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Código de Conducta Ética del Servidor Público, el Programa Alianza para el Gobierno Abierto, Convenio con Transparencia Internacional y la Ley de Promoción de Alianzas Publico Privada (Pág. 13).
Y agrega que: “Coalianza, Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, no tienen obligación de publicar de oficio, sino sólo mediante el mecanismo de petición ciudadana. Es decir que los procesos de participación ciudadana y auditoría social [a Coalianza] obedecen a una falta de voluntad política en su cumplimiento” (Pág. 14).
¡Dejen de improvisar!
Las instituciones auditoras afirman que los contratos que ha celebrado Coalianza con la iniciativa privada, no responden “a un Plan Nacional de Inversión Pública que considere el impacto socioeconómico y una visión estratégica de desarrollo a mediano y largo plazo” (Pág. 18). Y amplían que “las declaraciones del Plan de Nación no se perciben con los estudios de viabilidad de los proyectos. Asimismo, al momento de seleccionar los proyectos no se considera la situación de las finanzas públicas en términos de endeudamiento” (Ídem).
Por otro lado, aducen que “no se crearon condiciones claves para el análisis y registro de los riesgos y actividad económica, la articulación del sistema público que permitiera mayor eficacia, eficiencia e impacto de las APP; también existe una tendencia a la improvisación [en los procesos], por lo cual es necesario plantear el desafío en prepararse y capitalizar los aprendizajes para que, en lo posible, se repare el daño causado” (Pág. 32).
El texto sugiere la necesidad de “establecer criterios políticos con el desafío de superar la improvisación en la planificación, falta de análisis ambiental y participación y el sector privado donde los bancos ponen las normas; el Estado debe crear una agenda y visión global del rol de la APP en la inversión pública” (Pág. 34).
No existe fundamento técnico-científico
Para asegurar la rentabilidad de un proyecto de Coalianza, el artículo 18 de la Ley de Promoción de la APP ordena que “todas las propuestas cuenten con un examen de viabilidad previo, que incluya los análisis de costo-beneficio y esquemas de financiamiento factibles”. Sin embargo, un experto del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), consultado por El Pulso confirmó que “ningún proyecto aprobado por Coalianza tiene análisis de la relación costo-beneficio”.
Y explicó que “si esta relación es mayor que 1 el proyecto es viable, pero si es igual o menor que 1 no lo es, porque significa que los beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión”. Es decir que esta relación es un razonamiento donde si los beneficios superan el costo son exitosos, caso contrario se convierten en fracasos.
La fuente sostuvo que “lo único que presentan son dictámenes donde Coalianza dice que los estudios son factibles, pero no presentan análisis; esto significa que ellos dicen que el proyecto es viable, sin embargo, no tienen un fundamento científico ni técnico que lo confirmen… el gobierno conoce esta situación, pero no hace nada”.
¿Esto es la “Vida mejor”?
Por su parte, la auditoría social aclara que “ni la ley ni los contratos especifican límites y márgenes exactos para la repartición de los riesgos, así, en caso de que un proyecto fracase, será el Estado quien asuma los riesgos porque no puede permitir que se pierdan bienes públicos, lo que producirá un incremento en la deuda pública” (Pág. 38). Cifras del Banco Central de Honduras (BCH), sostienen que para 2016 la deuda pública alcanzó los 210 mil millones de lempiras.
El texto concluye que aunque el mandatario Juan Orlando Hernández “propone una ‘vida mejor’ con las APP para toda la población, se trata de empleos desregularizados, inseguros y de corta duración, con el riesgo de aumentar el precio de algunos bienes que antes eran subvencionados por el Estado, generando mayor exclusión y conflictos sociales”.
Algunos proyectos que perdió el país
Para dimensionar el capital que Coalianza ha destinado a la concesión de obras, El Pulso traslada a sus lectores un estimado de cuántos proyectos sociales y productivos pudieron impulsarse, si las autoridades en vez de invertir esos 120 mil millones de lempiras en Coalianza, hubiesen destinado 20 mil millones de lempiras en cada uno de los siguientes seis rubros que generan calidad de vida y seguridad alimentaria.
27 HOSPITALES
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, se requieren 745 millones de lempiras para construir un hospital de 11,300 metros cuadrados y completamente equipado. En la actualidad sólo funcionan 54 centros públicos en todo el país.
606 ESCUELAS
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), sostiene que el costo por construir una escuela es de 33 millones; y la Secretaría de Educación afirma que el 50 por ciento de edificios escolares del país están en ruinas.
12 CARRETERAS
Cada una de 33 kilómetros de longitud, considerando que el costo referencial que solicita el Gobierno de Honduras para la carretera de occidente CA-4 es de 1,600 millones de lempiras. Esta vía va desde Chamelecón, en San Pedro Sula, hasta La Entrada, Copán.
36,364 CASAS
El precio de una casa con dos habitaciones para albergar a una familia de cinco personas es de aproximadamente 550 mil lempiras, según estimaciones de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).
465,116 LAGUNAS DE TILAPIA
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), estima cada laguna en 43 mil lempiras, incluyendo suministro de agua y con una longitud de 40 metros para contener 4 mil tilapias. Sólo en 2016, este rubro generó 1,775 millones en exportaciones.
15,385 SISTEMAS DE RIEGO
La SAG valora en 1.3 millón de lempiras la instalación de cada sistema de riego por goteo y asistencia técnica. Con esos sistemas se puede beneficiar a 256 mil productores, según estimaciones de esa institución.
