San Pedro de Tutule, departamento de la Paz.
El día 13 de Enero los policías llegaron en la mañana. Los campesinos se pusieron en el portó buscando hacer valer el recurso de amparo que la corte les había dado, pero a la policía no les importo. Ellos iban a desalojarlos y destruir las cosas. El recurso de amparo que habían interpuesto fue ignorado. Durante 7 años, los campesino del grupo 9 de julio han sufrido la defensa de la tierra. A un compañero de la comunidad le pegaron un balazo en la rodilla, a otro le cayó una bomba lacrimógena en la mano. Los gasearon. Una muchacha, al ver su hogar destruido, tuvo un aborto espontáneo. Ahora han puesto la denuncia a nivel nacional e internacional y esperan. Siguen convencidos que unidos no los van a derrotar, porque toman más fuerza, para seguir defiendo su tierra.
El Señor representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidades para los Derechos Humanos en Honduras, Rapny Vale, dio declaraciones sobre el desalojo forzado del grupo campesino 9 de Julio de la Central de Trabajadores del Campo CNTC.
«Fuimos invitados por el estado de Honduras para monitorear, preservar e informar cuál es la situación del país, y brindar asesoría técnica a las autoridades públicas y movimientos sociales de Derechos Humanos», dijo. Agregando que «estuvimos presentes en San Pedro de Tutule, en el departamento de la Paz, en el desalojo forzado del movimiento 9 de Julio y pudimos observar que cuando la policía había desalojado la propiedad, seguían disparando gases lacrimógenos contra los campesinos que estaban afuera de la propiedad, en nuestro comunicado expresamos los siguientes puntos:
»Primero, que un desalojo forzado, es una actitud tomada de manera excepcional, cuando no haya otra posibilidad razonable, entre ellas está la Reforma Agraria, la negociación, pero principalmente el análisis jurídico y el agotamiento de todas las instancias existentes judiciales. En el caso del desalojo del asentamiento 9 de Julio pudimos constatar que la autoridad judicial que emitió la orden tenía conocimiento del amparo pendiente sobre la posición de la propiedad, apelando que la posesión del bien jurídico no estaba en firme por lo que no debía proceder con una actitud tan extrema como el desalojo forzado.
»No obstante un desalojo forzado requiere un estudio de impacto, acciones para la reubicación de las personas desalojadas, el estudio de impacto mide la presencia de niños, las personas con capacidades especiales, discapacitadas, personas mayores, rutas de evacuación, asistencia médica por casos de uso de la fuerza. Hay que señalar que el uso de la fuerza solo puede ocurrir en caso extremadamente necesaria y conforme al principio de legalidad y proporcionalidad. El uso de armas de fuego y de gas lacrimógeno no debe ocurrir en casos de desalojo forzado, porque los bienes jurídicos que se pretende proteger no están por sobre el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, al derecho a una morada digna y por lo tanto no hay justificación del uso desproporcionado de la fuerza en estos casos».
En ese sentido explicó el señor Rapny Vale, que había un recurso judicial pendiente indicando la posible ilegalidad del desalojo forzado del grupo campesino 9 de julio.
«Yo pude constatar esta información no solo con el juzgado sino con la juez ejecutora y la fiscal presente en el desalojo, a quienes se les presento una copia de este recurso, por lo que la ejecución debió haber sido suspendida al existir este recurso», dijo.
El oficial Internacional de los Derechos Humanos invitó al país a que debata y legisle sobres el uso de la fuerza, en desalojos forzados y manifestaciones públicas pacíficas.
«No se constató ninguna medida sobre la reubicación de la persona desalojada, lo que significa una violación a los Derechos Humanos de una morada digna, las autoridades no supieron informar cuántos niños, cuantas personas habían, cuantas mujeres, cuántos hombres, cuantas personas mayores estaban en esta propiedad y cuál sería su destino; tampoco le prestaron asistencia médica a los heridos prontamente, cuántos fueron los heridos de los campesinos, de los movimientos sociales, e incluso de las fuerza pública, porque se informó que también resultados heridos.
»El llamado es al Estado de Honduras para que estudie mejor este conflicto social, que es parte no solo en el país sino que se dan en todas partes del mundo, pero que deben ocurrir respetando las responsabilidades adquiridas especialmente en materia de derechos humanos por el Estado de Honduras», afirmó Rapny Vale.
Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH, destacó por su parte que la presencia del representante del alto Comisionado de las Naciones Unidades es importante, porque les permite demostrar ante el mundo, que en Honduras no funciona se hagan acciones en base a derecho y la Ley, porque es ausencia de la misma, «y eso indica que estamos en total indefensión, porque no tenemos un sistema de justicia o un sistema democrático de derecho que ampare a los demandantes, reclamante de ese derecho», afirmó.
«Para nosotros, darle seguimiento a este caso es de vital importancia, porque no podemos pasar indiferente a la calamidad que someten las autoridades a las familias campesinos indígenas Lencas que han decidido retomar su tierra como un derecho universal, que los ampara el Convenio 169 de la OIT».
La defensora de los derechos humanos señaló que la sociedad hondureña está viviendo una tragedia, en especial el campesinado, por el derecho a la tierra.
«No se puede decir que se construye Democracia y que se avanza en la protección de Derechos Humanos, cuando no hay respuesta orientada a resolver el derecho a la tierra».
Afirmó la señora Oliva, que el alimento en Honduras será de difícil acceso para las mayorías del pueblo hondureño, porque van tratar de llenar la mesa vacía, «cuando digo la mesa vacía me refiero al mercado con producto que no son producidos en nuestro país, y que se pagaran costos onerosos».
Según la presidenta de Cofadeh, uno de los motivos por el cual están interesados en el tema, es porque tienen la implementación de un proyecto que van a trabajar en diez municipios de la paz, «y eso tendrá la necesidad que el sistema de justicia llame y tenga la atención pero no para reprimir a los campesinos y campesinas organizadas sino para respetar, acompañar y transformar la sociedad hondureña y especialmente a los que cultivan la tierra».
«Otro elemento que es meritorio dar a conocer es la vulnerabilidad en que se encuentran los defensores y defensoras de Derechos Humanos», manifestó Oliva, agregando que de los dos campesinos heridos en el desalojo de los campesinos del CNTC, uno es defensor de Derechos Humanos, dirigente de una comunidad indígena.
«Eso indica que las balas van dirigidas a los liderazgos, a los defensoras y defensores de derechos humanos para provocar miedo colectivo y la paralización colectiva», afirmó Oliva.
Bertha Oliva concluyó su participación indicando que la diferencia entre el actual gobierno y los anteriores —que también violaban los Derechos Humanos— «es que en el gobierno actual hay una similitud a los años ochenta cuando se instaló una política criminal de estado en contra de los defensores de Derechos Humanos en la Honduras de aquella época».
«En los ochenta —dijo Bertha Oliva— se les llamaba comunistas, terroristas a los defendían la tierra y se organizaban, hoy a diario atacan a los defensores de Derechos Humanos y a los comunicadores sociales».
Inocencio Vásquez Gáleas, dirigente del Grupo Campesino 9 de Julio de Tutule, La Paz, dio su testimonio del desalojo que sufrieron.
«No nos da miedo, no nos da temor sino que nos da coraje de seguir luchando, porque nosotros como campesinos, lo que queremos es luchar por la tierra para sostener nuestras familias», afirmó.
Inocencio, con indignación en su rostro, pero también resignación por el bienestar de su familia, describe la tragedia que les ha agobiado, por buscar hacer producir la tierra, para comer y llevar productos al mercado, como maíz, frijoles y café, y de allí obtener recursos económicos para otras necesidades.
Con su voz entrecortada dice: «nosotros queremos pedirle al gobierno que haga lo posible de solucionar nuestro problema, porque para eso está un gobierno, para ayudar a la gente más desprotegida, porque el pobre no tiene con qué luchar para continuar hacia adelante, porque en este país, hay tanta pobreza, tanta delicuencia y nosotros no queremos ser un delincuente más, queremos la tierra para poderla trabajar y seguir hacia adelante».
En la familia de Inocencio Vásquez Gáleas son once personas, sus padres y sobrinos que dependen de la tierra que les fue quitada y no tiene a dónde ir. Pues esa tierra es todo lo que poseían.
El 13 de enero llego la policía a desalojar el predio de tierra que estaba en posesión del grupo campesino 9 de julio de la Central de Trabajadores del Campo CNTC, «porque a eso venimos», dijeron ellos.
«Vengo yo y les digo, como van a desalojar el predio si nosotros es acá es donde vivimos, no tenemos a dónde ir. Cómo vamos salir de acá si aquí estamos luchando. Cómo nos vamos a ir para la calle, para dónde vamos agarrar si no tenemos a dónde ubicarnos. Como le dije, no tenemos miedo, sino que nos da mas coraje, porque nos discriminan, nos humillan, porque nos toman como terroristas, nosotros somos eso, personas que labramos la tierra con la ayuda de Dios, y la hacemos producir para el bienestar de nuestra familia y para el desarrollo de mi municipio Tutule».
El grupo campesino 9 de Julio inicialmente lo integraban 28 familias. Por 7 años han sido perseguidos. Han sufrido hostigamiento de las autoridades, de uno en uno se han ido yendo. En la actualidad el grupo tiene solo 9 familias, incluida la de Inocencio Vázquez, que hace un total de 69 personas en una extensión de 34.5 manganzonas de tierra donde cultivan café, maíz, plátano, yuca, ayote, mínimo y pataste.
Según el dirigente del grupo 9 de Julio, ingresaron a la tierra ahora en conflicto por autorización de INA, quien le legalizó el grupo campesino.
