«Todas las reformas al código penal tienen un trasfondo político», René Altamirano.

EGO21 febrero, 2017

«El gobierno debe buscar que lo asesoren en materia penal», sostuvo para El Pulso el conocido abogado penalista Rene Altamirano. «El presidente no puede calificar una conducta distinta de como la califica las diferentes convenciones internacionales», dijo, agregando que hay principios generales del derecho y no se pueden inventar el derecho de Honduras.

Según el abogado Altamirano, el terrorismo ha surgido a partir de una serie de convenciones internacionales y tiene un propósito muy diferente al propósito que tiene la  actividad extorsiva.

«Todas las reforma al código procesal penal tiene un trasfondo político —afirma—, elevar el perfil del presidente Juan Orlando  Hernández. Han estado usando de forma reiterada la historia de que en un centro comercial unos muchachos le metieron fuego, están hablando de una propuesta. Esas personas estaban protestando cuando esa quema, ya está previsto en la Ley cómo castigar esa acción. Si la actividad es persistente  y crea  peligro  a las personas se puede establecer si hubo tentativa de homicida u homicidio preterintencional, o daños a la propiedad, pero no se puede acusar de terrorismo, porque eso es otra cosa».

Para el abogado Rene Altamirano, defensor de Chepito Handal, todos los delitos causan un tipo de temor en la víctima, «porque la gente tiene miedo a que le roben, pero porque alguien le robe una cartera a una dama no lo vamos a acusar de terrorista, la gente tiene miedo de la actividad homicida que se da todo los días en Honduras, pero no se puede acusar de terrorismo a los homicidas».

«Honduras tendría que denunciar algunas convenciones internacionales y desmarcarse del Derecho Romano, de los orígenes occidentales del derecho, hasta cristiano, porque el derecho  es producto  cultural de la humanidad, no invento de  Honduras. Todas las culturas tuvieron su  derecho por lo que es una acumulación de cocimiento cultural y asumimos que este derecho conocido como derecho occidental, es el que se acomoda a nuestra sociedad y es el que intentamos aplicar aquí para normalizar las conductas», dijo René Altamirano.

Foto El Heraldo.
Foto El Heraldo.

«Percibo que es como desesperación de las personas por la violencia que impera en el país, pero se deben buscar las causas sociales más allá de lo que es conveniente políticamente, porque no se debe legislar a golpe de escándalo, no se debe usar el derecho penal para resolver problemas sociales porque los problemas sociales requieren soluciones de tipo social», apunto el abogado.

«El derecho penal es la última actividad a la que recurre el Estado, no es la primera barrea de defensa, es la última. Lo último que hacemos cuando tenemos un problema social es arrebatarle la liberad al ciudadano y encerrarlo, más aquí que están hablando de encerrarlo de por vida», dijo, llamando la atención sobre la contradicción de los políticos que se golpean el pecho diciendo que son cristianos y actuar de forma diferente.

«La doctrina cristiana habla de la perfectibilidad del ser humano, si la persona cree que es cristiano y cree en la perfectibilidad del ser humano, no puede decir que va encerrar de por vida a un muchacho que participó en una marcha y quemó una silla. Están diciendo que este muchacho nunca más va volver a la sociedad porque él no se va a volver a resocializar» , dijo.

«Se debe explica qué es lo se pretende», afirmó el abogado penalista. «O quieren hacer el show de meterlos a una cárcel como El Pozo, que en realidad es una cárcel común y corriente que tiene  un espacio  de aislamiento, cuando todas las cárceles en Honduras tienen un espacio de aislamiento», aseguro.

«Lo único diferente  que ocurre en ese lugar que le dicen El Pozo, es que se le impide a los familiares  se comuniquen con los reos  y le gradúan el acceso a su abogado hasta por un mes. Me parece a mí que es solamente propagada».

El togado es del criterio que el gobierno  debe tomar una decisión, porque emitieron una Ley de portación del número que obligaba que las compañías determinaran quien  tiene  tal  o cual número y eso no funciona.

«Yo soy de San Pedro Sula y allá si usted quiere 50 Chik los compra en el parque central,  si ocupa 100, se los consigo también. No me piden cédula de identidad, ni me voltea a ver la cara siquiera», concluyó el abogado Altamirano.

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