Inicia el año escolar 2017 sin respuestas por parte de las nuevas autoridades de educación a los padres de familia, maestros y alumnos de los colegios que se encuentran en abiertas zonas de guerra.
El 2016 fue un año marcado por la violencia en varios centros educativos del Distrito Central. La muerte de José Daniel Díaz Hernández (17), estudiante del noveno grado de ciclo básico técnico; David Rafael Bonilla Moreno (16), alumno del segundo de comercio —cuyo cadáver apareció dentro de un saco de nylon en la colonia Venezuela, en Comayagüela— y Elier Alberto Vásquez Sánchez (17), raptado y encontrado envuelto en una sábana en un solar baldío de la colonia Santa Bárbara, todos alumnos del instituto Saul Zelaya Jimenez, levantó las alarmas de lo que estaba ocurriendo en ese centro educativo.
Inmediatamente las autoridades de FUSINA anunciaron la militarización del centro de enseñanza, pero con los meses el paliativo fue mostrándose ineficiente, la presencia militar desapareció poco a poco dejando sin resolver el verdadero problema que acoge a los maestros y alumnos del Saúl Zelaya, que han sido abandonados a su suerte en el fuego cruzado entre las pandillas que se disputan el control de las colonias Flor del Campo, Las Torres, La Pradera y La Miriam.
El Zelaya Jiménez se fundó en el año 1987 como un Instituto Polivalente. En 1994 se transformó en un colegio técnico, lo que provocó que su matrícula creciera llegando a tener 2500 alumnos. Según un grupo de profesores del colegio que entrevistamos con la condición de no dar sus nombres por miedo a represalias en contra de sus vidas, «no existe capacidad en la institución para tratar los problemas que viven».
«Imagínese que los niños de la primaria van a primer curso y ya vienen con el rango de punteros», afirma uno de los profesores. Según él, esos alumnos son los hijos de la primera o segunda generación de pandilleros y mareros que hoy vienen a recibir educación, un derecho que la Constitución les garantiza. «Desde luego que no son la mayoría», afirma, argumentando que muchos de los alumnos que asisten al centro educativo provienen de familias luchadoras.
Un «puntero» es un niño que sirve de vigilante y/o informante para las pandillas adentro de las instituciones educativas, lo que afuera le llaman «banderas». Los profesores que entrevistamos coinciden con lo que colegas de otros centros educativos describen como punteros: «son niños chiquitos que vienen de primaria e ingresan a primer curso, que asumen que allí mandan ellos, ya tienen a una organización al interior de los colegios, las instrucciones las traen de afuera. Desde que llegan al centro educativo generan temor para que los respeten. Son vigilantes de las pandillas y quienes señalan las ordenes de los jefes. Vigilan que las «jainas» de los jefes no anden con otros. Pasan desapercibidos por el tamaño, si algo extraño sucede dentro del colegio ellos alertan a las jainas y estas se mueven hacia los jefes».
Una de las carencias que más reclaman los profesores del Saúl Zelaya Jimenez, es la falta de un programa social que les permita tratar con jóvenes infractores.
«El Estado los tiene que mantener en los centros educativo junto a los alumnos normales», afirman, agregando que «el profesor no fue formado para confrontar el problemas de maras y de pandillas, para eso se requiere de otro tipo de formación académica y psicológica».
Eso, porque los profesores reconocen que los problemas del narcotráfico y del crimen organizado son problemas de Estado que los gobiernos no han podido controlar, y ahora se está llevando de encuentro a la juventud.
«Tuve la oportunidad de verlos de frente, alumnos con conductas irregulares yo le pregunté a un muchacho, porque andas en eso y él me contesto, “no tengo quien me de la ropa, los útiles, no tengo quien me de la comida en la casa”, entonces tiene que delinquir», afirma otro de los maestros en la entrevista.
Según los maestros entrevistados del Saúl Zelaya, los estudiantes que mataron en 2016, fue porque pertenecían a maras.
«Cuando hablamos con los compañeros cercanos a los que murieron, nos dimos cuenta que algunos de los alumnos con quien estábamos hablando, sus padres también eran delincuentes», dijo una profesora en la reunión.
«Había un alumno que notamos que estaba preocupado, nos acercamos para preguntarle qué le pasaba y él nos dijo que tenías miedo, porque había sido amigo del que mataron. “Tengo problemas en mi casa”, dijo. “¿Cuál el problema que tienes en tu casa?”, le pregunté y el nos contó que su hermano era un sicario. “¿Y tú has matado?”, le pregunté. Él me aseguró que no, pero tenía miedo que por él (el hermano) fueran a matar a los demás hermanos, incluyéndolo a él. “¿Y tus padres?” le pregunté. “Están en España”, dijo».
Una y otra vez los profesores del centro educativo reclaman no tener la capacitación apropiada para lidiar con ese tipo de problemas. Según ellos, no hay nada ni nadie que los orienten, y deben dejarse llevar por su intuición y el cariño que le tienen a los alumnos.
«El Estado es el que tiene que resolver este problema» —reclamó uno de los profesores, alertando que es «la juventud la que se está perdiendo».
Según nos comentaban los profesores entrevistados del Saúl Zelaya Jimenez, uno de los problemas que tienen que enfrentar los alumnos en el colegio, es que los sicarios los escogen para recoger el cadáver y deshacerse de ellos.
«Le ofrecen cierta cantidad de dinero para que vaya a botar el cadáver, solo les dicen donde lo tiene que ir a dejar y sino lo hacen, pues lo matan también», dijo uno de los entrevistados.
Otro profesor nos confirmó la problemática. Según él, el padre de uno de sus alumnos tuvo que irse del país porque lo habían escogido para que fuera a botar cadáveres a la cantera.
«Eso lo sabemos porque lo hemos visto por muchos años. Lo niños sufren porque no quieren convertirse el delincuentes», dijo la profesora, la única mujer en el grupo.
Según los desesperados profesores, la policía lejos de dar alivio a la problemática solo ejerce más presión.
«Cuando aparecen los cuerpos policiales solo llegan a preguntar si tal alumno estudió aquí. Esa información se la llevan pero no se canalizada, porque la misma policía sabe lo que está pasando, pero no existe una ley que diga cómo tratar el problema de adicción en los estudiantes, narcotráfico y narcomenudeo en los centros educativos. Nadie está interesado, el único que habla del problema es Casa Alianza», afirman.
Según los profesores entrevistados, en el Saúl Zelaya todos saben quién es quién, pero nadie puede enfrentarlo. Lo sabe la policía, los antidrogas, el Ministerio Publico, lo saben la autoridad cercana a la comunidad y los alumnos son solamente víctimas de ese orden de cosas.
«Son manejados desde afuera del centro educativo por los jefes de maras y pandillas que les dan la droga para que la vendan adentro del colegios», dicen.
«Hace poco mataron una mujer sicaria, ella recolectaba impuestos de guerra y ¿quienes cobraban el impuesto?, alumnos del colegio», continúa el profesor.
«Hay alumnos que se dejan guiar, pero hay otros que en el camino se pierden y los matan».
Según nos informaron los profesores en la entrevista, hay casos de alumnos que han sido entregados a sus padres, cuando su desprecio por las reglar llegaba a tal punto, que ya ni siquiera se cubrían para drogarse adentro del aula.
«Generalmente ese muchacho termina muerto», reconoce el profesor y los demás maestros lo confirman casi al unísono.
«¿Muertos que han estado en el colegio?, montón», afirma, respondiendo a nuestra pregunta.
En el Saúl Zelaya Jimenez, los maestros tienen identificados a los estudiante infractores, que no pueden tener en el centro educativo por los problemas que acarrean. Pero se enfrentan a la secretaria de educación que ordena que la matricula a nadie se le niegue. Los tienen que matricular, y según indican los maestros, eso generará, este año 2017, de nuevo el problema, «porque son alumnos muy peligrosos».
«Uno de esos es un muchachito de 15 años. Es sicario, se lo entregamos a sus padres manifestándoles que no podía estar más en el centro educativo», dijo la maestra, «pero aquí está otra vez», afirma.
«El año 2016 se perdió un estudiante, la madre desesperada porque su hijo se lo habían llevado unos mareros. Se iniciaron las pesquisas y al final se supo que él era miembro de una pandilla y quería salirse, pero le ponían condiciones para que se pudiera salir. Se logró sacarlo para otra comunidad, pero no se sabe que va pasar con él, porque cuando un muchacho hace tratos con la mara y no los cumple, lo matan».
«Hace poco mataron a un muchacho en La Joya. Le encomendaron robarse un carro, el dueño estaba dentro del vehículo y lo mato a tiros. Era alumno del Zelaya Jimenez».
«David Bonilla, el joven que mataron el año pasado, venia de una familia integrada, pero simpatizaba con la MS y se rifó a la 18. La orden de matarlo vino desde la Penitenciaria. Lo secuestraron y se lo llevaron a una casa loca que estaba por la parte de atrás de la casa que usa como posta la Policía Militar y lo fueron a botar por el puente que une el sector del Retiro, con el sector de la pradera, entre la colonia República de Venezuela y la colonia Modesto Rodas # 2».
«El segundo joven asesinado, Elier Vásquez, igual. Se rifó a la 18 y ordenaron desde la Penitenciara que lo mataran, en la misma casa loca que mataron el otro estudiante. Cuando fuimos hasta la casa donde los mataron, vimos las manchas de la sangre. Lo fueron a botar atrás del súper mercado La Colonia que está frente a la colonia Las Torres. Nadie ha investigado».
El maestros nos confirmó, preocupado, que ellos reconocen que al interior del colegio hay alumnos que hacen «entregas».
—¿Qué son entregas? —preguntó nuestro periodista a los profesores.
«Una entrega es un alumno que va ser muerto. Se presentó un caso que amarraron a un catedrático por proteger a un alumno que ya estaba entregado por sus compañeros de clase para que fuese muerto y se refugió en la consejería y allí lo protegieron, en la consejería. Los mareros se dieron cuenta que era protegido por el profesor, el profesor llego a las 6:00 de la mañana y a las 6:15 lo tenían maniatado en su taller. Le perdonaron la vida al profesor, porque solo querían saber si lo protegía e información de dónde estaba. El cipote era bien apuesto, pero en una fiesta se había rifado y lo mostró en el Facebook. Lo tuvieron que sacar del país y no lo mataron. Solo mataron a los otros dos, pero iban a ser tres los muertos», dijo la profesora.
Según los profesores cuentan, los alumnos que mataron el año pasado, fueron entregados desde adentro del colegio por sus mismos compañeros.
«Todo mundo sabía quiénes los habían entregado, pero nadie dijo nada, fue terrible, era como un éxodo. Los padres y madres llorando y llevándose a los alumnos porque tenían miedo. Las aulas casi vacías, se puede decir que se sentía la muerte sobre alumnos y docentes. Los cursos se redujeron a menos de la mitad, cursos con solo 10 estudiantes. Los niños tenían sicosis colectivas no querían ni hablar. Los alumnos que los conocían o eran amigos de los cipotes muertos se fueron del colegio, los que vivían en la Flor del Campo no podían venir a Las Torres.»
«Yo se quién los entregó —afirmó otro profesor—, pero si lo digo me dan corte de chaleco a mí también. Porque puedo saberlo pero no lo debo de decir.»
Según ellos, ningún profesor se va dar el lujo de hablar, porque saben que sus vidas están en juego. El secretario del colegio tuvo que emigrar por estar amenazado, porque le pedían la lista de los padres de familia y docentes que investigan a los estudiantes que están involucrados en las maras y pandillas, y quienes son las jainas y los punteritos que vienen ingresando cada año.
Para el este profesor entrevistado, el director de colegio Saúl Zelaya Jiménez no ha asumido el rol con responsabilidad, porque tiene miedo, o está bajo presión por algún trato con ellos.
«Y cuando haces un trato con ellos se tiene que cumplir, porque si no lo que le toca es que lo encuentren embolsado».
