Violación de niñas, impunidad e infanticidios en las comunidades indígenas de Santa Elena.
Por Wendy Funes
El silencio de las niñas
Santa Elena, La Paz.
El sol está por ocultarse. La leña crepitante se va a convertir en carbón. Al amanecer, será cenizas blancas, del mismo color de los fogones blanqueados con la cal que los indígenas sacan de los cerros altos. En las tardes, huele a vapor de café hirviente, mientras la neblina va cayendo en los prados. El aire se vuelve más helado. Este paísaje apacible es una zona indígena Lenca del municipio de Santa Elena, aledaño al municipio cafetalero de Márcala, conocido por producir el mejor café de Honduras.
En la aparente quietud de sus praderas frescas, se pueden ver a jóvenes que caminan varias horas hacia sus centros de estudio, con escolaridad primaria. Muchas se convierten en madres antes de culminar la adolescencia, pocas llegarán a secundaria y muchas menos estudiarán una carrera universitaria.
La marca del sometimiento es evidente en las cifras de violencia doméstica que registra la policía.
Los roles asignados a las niñas son las labores domésticas, pero además algunas han llevado en su vientre frutos que decidieron sacar de su cuerpo porque les recordaba la violación sexual que sufrieron. Sin saber que la ley hondureña califica estas conductas como infanticidio o como aborto.
Sus agresores siguen libres y ellas fueron a la cárcel y además de la prisión debieron soportar el estigma social de haber perdido la virginidad.
La Fiscalía negó solicitudes de información pública relacionadas con este tema. Los jueces de la zona también. Pero esta realidad hoy sale a la luz.
En los últimos 12 años, hubo niñas que fueron llevadas a prisión por la muerte de su recién nacido.
Y si usted pregunta: ¿Quién las violó?
«Se sabe en el pueblo, pero ¡Mire be! (Fíjese), ¡Ay están sin castigo!», platican los indígenas.
Acá hablan más los hombres. Las mujeres son hurañas para conversar con desconocidos.
Luisa Martínez Pérez (identidad modificada) ahora trabaja en una maquila industrial de Tegucigalpa, la capital de Honduras, una ciudad entre pinos con edificios modernos y arquitectura colonial.
Ahora Luisa es ya una mujer. Su presunto violador, Woanerges Martínez, tiene orden de captura desde el 12 de agosto de 2004. Han pasado 12 años y la policía no lo detiene.
Luisa fue detenida en abril de 2004 por infanticidio. El cuerpo del recién nacido estaba dentro de una letrina. Hasta después de su detención, iniciaron el proceso contra su presunto violador. La violación habría ocurrido cuando la joven tenía 17 años.
Un mes después que se librara orden de captura para Martínez, por supuesta violación, Luisa, su “víctima”, obtenía la carta de libertad definitiva después de conmutar la pena por la muerte de su recién nacido.
El Código Penal de Honduras califica el infanticidio como la muerte provocada a un recién nacido y el aborto, como la interrupción voluntaria del embarazo. La conmuta implica que hay que pagar al sistema judicial 10 lempiras (menos de 50 centavos de dólar) por cada día que se estaría en prisión.
A la joven, el 9 de septiembre de 2004, el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua le dio una carta de libertad por haber compensado la pena.
Fue condenada a cuatro años y seis meses de reclusión por infanticidio.
La Carta de Libertad Definitiva lleva la firma de Glenda Carolina Ayala, como jueza de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Comayagua.
Desde Tegucigalpa hay que recorrer más de 170 kilómetros de distancia para llegar a la aldea Ciciguara, de Santa Elena.
La casa de sus padres se puede encontrar preguntando por Don Luis. Acá todos se conocen por nombre y apellido.
Luego de atravesar las milpas de maíz secas tras el paso de las cosechas de postrera; se camina por un pasaje de tierra, rodeado por alambre de púa. Debajo de una pendiente, está una casita hecha con barro, agua y cal, tapada con tejas. Han transcurrido unas 10 horas de viaje, desde la partida en la capital de Honduras.
Varios niños con señales de desnutrición, perros flacos y los rostros tristes de María Pérez y de su esposo, Luis Martínez, dan la bienvenida.
Entonces, con la tradición oral campesina, la madre de la víctima empieza relatar su historia.
«Me la violó el señor Woanerges Martínez y yo no me di cuenta de nada. Ella estaba trabajando, venía de trabajar, dice mi hija; cuando dice que el hombre estaba a este lado de la montaña (señala uno de sus costados), entonces dice que ahí, la agarró ¡pues! a la fuerza y la llevó. Ella por temor no me explicó nada».
«Cuando ya fue tiempo (de dar a luz), que ya fue sorprendida a la media noche que eran como las 10:00, 11:00 de la noche. Yo ni sabía que estaba embarazada. Yo la hacía que era una niña porque estaba menor de edad, todavía, ya andaba comenzando los 17 años (de edad)».
«Yo no sabía nada, lo que apareció después es que ella aparece con una fiebre y, bueno yo (pensaba) que aquello era pasajero».
A medianoche, la policía llegó, rodeó la casa y le dijeron que su hija había cometido un delito. María no sabía por qué se llevaban a su hija. «Yo no creiba (creía) de aquello».
«La detuvieron hasta que pagó ella. Estuvo cinco meses (presa), si no le hubiéramos puesto (abogado) nosotros, ¡asaber! Y el hombre y la familia del dicho hombre, ahí están la familia. Nunca nos dijeron, le vamos a hacer una ayuda para que la cipota (niña) salga. ¡Mire be! (Fíjese) uno hasta vendiendo hasta sus bienes que uno puede pasar, para después. Eso quedó así (en la impunidad)”.
Desde ese momento, la madre ha tenido múltiples padecimientos al recordar la tragedia que sufrió su hija siendo aún una niña.
Cada vez que volvían a su hogar, su esposo Luis Martínez lloraba con amargura, contó.
«Yo estuve caída y me iba a andar (caminar)» para olvidar.
«Sí sufrí, sufrí maltratos, así por ejemplo cuando iba a Marcala yo, sufríamos hambre en el día, para ir a Marcala, venir caminando, ir caminando y venir caminando de vuelta y mi familia también, ¡no crea! cinco meses, uno sufre tiene que estar sólo en eso», contó Martínez, el padre de familia.
María perdió la alegría. Todavía 12 años después recuerda que ese hombre, le puso una pistola en el pecho y la amenazó con hacerle algo si contaba, relató su madre. Después de seis meses de estar en la cárcel, su hija salió libre, relató.
Es inusual que haya portación de armas de fuego en esta zona. La mayoría de campesinos, ya sea por aspectos culturales o por sus labores del campo, salen a los caminos de tierra, a los potreros y a las milpas con un machete o una cuma (arma blanca) en el cinto.
La mayoría de agresiones registradas por la Policía entre 2012 y 2016 fueron consignadas como violencia ejercida con arma blanca. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autonóma de Honduras (UNAH) lleva varios años calificando a Santa Elena como un municipio blanco por la ausencia de homicidios con arma de fuego.
Siguió siendo un municipio con cero homicidio aun durante 2012, que el país fue calificado como el más violento del mundo y llegó a 85 homicidios por cada cien mil habitantes.
Eso implica entonces que la tenencia de un arma de fuego es una pista que la policía hubiese podido seguir. Pero no fue así.
La impunidad no es un hecho casual. La misma tarde en que el equipo de investigación llegó a la casa de María Pérez y Luis Martínez para conocer sobre esta muerte, una patrulla policial entró a la vivienda, unos minutos después que lo hizo el equipo periodístico.
Los policías bajaron de sus patrullas y apartaron a Martínez para preguntarle por una supuesta persona que buscaban.
Martínez conversó unos minutos con el oficial. Luego desaparecieron de la zona.
Casos secretos
El 21 de enero de 2013, en la comunidad de Guasore, mediante el acta de levantamiento 2013-1208-0701-0003, la Fiscalía de Marcala registró un infanticidio.
La documentación del Ministerio Público, recopilada de fuentes de entero crédito, revela que el levantamiento forense fue de un recién nacido envuelto en una sábana, dentro de una bolsa plástica negra, cubierto con heces, sangre y con un pañal desechable dentro de la boca.
Sin embargo, al solicitar más información sobre este hecho, la Fiscalía ocultó y negó información. No se pudo precisar la identidad de la mujer acusada de infanticidio o conocer si sufrió violación. La denegatoria de información se consigna en la Resolución 295-2016, firmada por la subdirectora de fiscales, Loany Alvarado.
La Fiscalía del Ministerio Público (MP) únicamente confirmó que la mujer fue condenada por infanticidio y que se podía pedir la sentencia a la Poder Judicial.
Esta denegatoria de información por parte del MP, se impugnó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que resolverá si el Ministerio Público violentó el derecho de acceso a información pública.
Después de que el MP dijera que la información estaba en poder de la Corte Suprema de Justicia, se solicitó al Juzgado de Letras de Marcala conocer los casos por infanticidio, aborto y violación, registrados desde 2004 hasta 2016.
Una jueza de letras de Marcala negó la información y no se pudieron conocer cuáles son las causas de acusación que han ingresado a este juzgado desde 2004 a la fecha.
Se hicieron ocho solicitudes de información al Poder Judicial, MP, Secretaría de Salud, Policía Nacional, Juzgado de Letras de Marcala, La Paz, que tiene jurisdicción legal en Santa Elena.
El resultado fue el ocultamiento de los datos en cinco de las ocho solicitudes que impidieron conocer la información oficial para establecer plenamente hasta qué punto las autoridades conocían cuántas violaciones y abortos han ocurrido en los últimos años.
De manera muy general, sin dar acceso ni siquiera al Libro de Entradas, donde se registran las acusaciones, el Poder Judicial informó que en 2012 hubo dos acusaciones por infanticidio, ocurridos en Santa Elena, en 2013, se registraron dos casos más, y uno más en 2015. Esta información fue ofrecida por medio de la Oficina de Transparencia con cifras del sistema de estadísticas.
Eso quiere decir que en tres años, en la zona indígena de Santa Elena hubo cinco infanticidios o muertes violentas de recién nacidos.
Si el Observatorio califica a Santa Elena como municipio sin homicidios por arma de fuego, la existencia de cinco infanticidios demuestra que hay un problema estructural en este municipio que el sistema de justicia ha sido incapaz de resolver.
Las muertes de bebés ocurren en un municipio que contradictoriamente aparece en la última década como uno de los municipios blancos o sin homicidios por arma de fuego.
Además, la cosmovisión indígena Lenca transmite de generación en generación que para cortar un árbol hay que pedir permiso, que el espíritu de las niñas está en los ríos y que los animales se respetan. Con toda esa cosmovisión, que una niña indígena mate a un recién nacido, es un signo que comprueba que detrás hay un problema más complejo.
Después de cuatro meses de 2016, intentando conocer las actuaciones judiciales, relacionadas con estos hechos, las autoridades negaron y ocultaron información en forma reiterada. También lo hicieron entre 2013 y 2015 ante distintas solicitudes, realizadas con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al mismo tiempo, se descubrieron testimonios que revelan que al menos hubo siete niñas que denuncian haber sufrido violaciones sexuales, entre 2004 y 2016.
Las denuncias se registraron en las aldeas Ciciguara, Opalaca y Llano de Maco, en el municipio de Santa Elena.
El testimonio de dos menores de edad, que denunciaron violación, revela que una de ellas conmutó, o lo que es lo mismo, pagó dinero por una condena a cambio de salir de la prisión.
Mientras tanto, su violador sigue libre.
Otra de las víctimas, atraviesa un trauma sin superar hace dos años.
Su violador también quedó en libertad por falta de pruebas.
Las víctimas, sin embargo, pueden ser más porque además de los testimonios recopilados, los documentos de reportes policiales, obtenidos para esta investigación, demuestran más cifras de agresiones y confirman que las autoridades conocen la existencia del problema.
En los últimos 12 años, al menos tres niñas y jóvenes indígenas del pueblo Lenca fueron enviadas a la cárcel. Son niñas indígenas que fueron apresadas por un aborto o por matar a su recién nacido después de ocultar por nueve meses el embarazo que les dejó la violación. Algunas ya pagaron su pena en prisión, su violador no.
En la próxima entrega, testimonios que desnudan la alarmante situación de las niñas en Santa Elena, las colecciones políticas que impiden una verdadera investigación y justicia para las víctimas y la opinión de las autoridades en la problemática.
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*Wendy Funes es periodista de investigación y defensora de los Derechos Humanos, recibió el “Premio Europeo de Periodismo escrito en DD.HH.” por su trabajo en el periódico digital Conexihon.hn
