7 de diciembre de 2016
Los abogados consultados para este artículo coinciden al decir, que por regla absoluta del Derecho, no se puede ser demandante y demandado en un mismo proceso, pues se eliminaría el principio contradictorio del proceso judicial contencioso. Eso sin embargo no impidió que el doctor Marlon Oniel Escoto Valerio, Rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Catacamas, y Secretario de Educación de la República de Honduras, participara (como demandante) en una demanda ejecutiva de pago de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, CIENTO DOCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L.167.749,112.88) en contra de la institución que el rectora (y a la que representó en ese proceso como demandado).
Lo anterior consta en el convenio extrajudicial y conciliatorio de pagos diferidos del 10 de diciembre de 2015, y que firma como «Rector» (antes secretario de la UNA y cercano colaborador de Escoto) Óscar Ovidio Redondo Flores y el abogado Guillermo Antonio Escobar Montalván en representación de 89 profesionales de las ciencias agrícolas que laboran como profesores de la Universidad Nacional Agrícola de Catacamas.
En este documento se indica además, que Escoto Valerio y Redondo Flores recibieron DOS MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL, TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L.2.861,036.16) y DOS MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.2288828.52) respectivamente.
ANTECEDENTES:
El arancel del profesional de las ciencias agrícolas reformado en 2008 determina una base de salarios para los profesionales de las ciencias agrícolas. Según la ley los ingenieros agrícolas deben ganar diez salarios mínimos; si cuentan con maestría, doce salarios mínimos; y si cuentan con doctorado quince salarios mínimos.
La UNA, al momento de elegir Rector al doctor Marlon Escoto, en 2009, pagaba salarios entre 20,000 y 30,000 lempiras para sus profesores.El ingeniero Oscar Ovidio Redondo, al conocer del descontento de los profesores de la Universidad y en su condición de Secretario General de la UNA, advirtió mediante oficio al Doctor Escoto con fecha 27 de agosto de 2012, que debía cancelarse el pago para evitar posibles demandas en contra de la institución.
El doctor Escoto, aprovechando la circunstancia y según consta en entrevistas a profesores que en su momento participaron de la demanda, contactó al abogado Guillermo Antonio Escobar Montalván, para que representara a los profesores descontentos en el reclamo de pago en contra de la UNA.
«Uno por uno nos llamó a la rectoría para que firmáramos el poder del abogado que él buscó», expresó uno de los profesores entrevistados para este reportaje, que pidió mantener su nombre en el anonimato por temor a represalias contra su vida.
DEMANDA:
En fecha 4 de marzo de 2013, el abogado Escobar Montalván en representación de noventa y cuatro profesores de la Universidad, interpuso en el Juzgado de Letras de Catacamas una demanda en contra de la UNA, por NOVENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA MIL, SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.97.240,710.45).
En los números 64 y 72 de la lista de profesores demandantes, aparecen Marlon Oniel Escoto Valerio y Oscar Ovidio Redondo Flores, respectivamente.
«No hubo defensa. Después de la demanda se reunió al Consejo Directivo Universitario (CDU) para hacer el arreglo de pago», dijo el profesor consultado.
El proceso judicial fue conocido en su momento por la juez abogada Lidia Marlen Martínez Amador, concluyendo el mismo con el Acuerdo Conciliatorio Extrajudicial firmado el 14 de abril de ese mismo año 2013, apenas 29 días hábiles después de interpuesta la demanda.
El documento en mención hace referencia al aumento presupuestario de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS (L.135,749,000.00) que el congreso nacional aprobó en 2012 con el objeto de hacer efectivo el ajuste salarial, según manda el Arancel del profesional de las ciencias agrícolas.
Nuevamente, Marlon Oniel Escoto Valerio y Oscar Ovidio Redondo Flores, aparecen en el documento como demandantes representados por Escobar Montalvan en los números 60 y 68 respectivamente.
El proceso concluyó en diciembre de 2015. La UNA, bajo rectoría interina de Oscar Redondo Flores (Marlón Escoto fue impugnado de la Rectoría de la UNA por el Consejo de Educación Superior al tener prohibida, según estatutos, la reelección para un tercer período) acordó cancelar lo adeudado hasta la fecha más los intereses correspondientes, haciendo un total de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, CIENTO DOCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L.167.749,112.88).
Los profesores demandantes fueron llamados para recibir su pago. Según consta en el contrato iniciar, se le descontaría por planilla el 35% de lo recaudado para pagos de honorarios del abogado Guillermo Escobar Montalván, pero se llevaron la gran sorpresa al conocer, que lo descontado ascendía al 70% del total o sea, CIENTO DIECISIETE MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (L.117,424,379.00).
«Ese fue un acuerdo entre el Rector Marlon Escoto, la Juez Lidia Marlen Martínez Amador y el abogado Guillermo Escobar Montalván. Cuando reclamamos por que se nos había descontado el 70% de nuestro salario, solo se nos dijo que el otro 35% había sido usado para repartir al personal de finanzas y en el Congreso Nacional y asegurarse que se aprobara el aumento en el Presupuesto General de de Ingresos y Egresos de la República y para que se agilizara en desembolso en la Secretaría de Finanzas», expresó el profesor consultado.
Este año, un grupo de 40 profesores del área de Estudios Generales de la UNA, no profesionales de las ciencias agrícolas, demandaron un aumento salarial a través de los juzgados de Catacamas. Estos profesores, conociendo la experiencia de sus colegas, no contrataron los servicios de Escobar Montalván. Fueron despedidos de la Universidad usando como causal el artículo 116 de la Ley Orgánica que manda, que ningún profesional que haya demandado la institución puede trabajar en la UNA.
Cuando se le consultó sobre este caso, vía telefónica al número 9572**46, al abogado Guillermo Escobar Montalván este fue cortante al decir, que esta demanda estaba ya cancelada en su totalidad y era cosa juzgada.
