GARÍFUNAS EN DEFENSA DE SUS TERRITORIOS
Investigación y redacción: Ariel Torres Funes
Breve historia de los garífunas
La emigración, los desplazamientos forzados, los procesos de liberación, pero, sobre todo, la defensa del territorio y el acceso a la tierra como derecho fundamental de vida, marcaron el origen de los garífunas.
Su historia se remonta a 1655 cuando dos buques españoles que transportaban esclavos desde África, naufragaron frente a las costas de Barbados y San Vicente, islas caribeñas que eran disputabas entre Francia y Gran Bretaña. Documentos británicos mencionan otro naufragio ocurrido en 1675.
En su nuevo entorno, los náufragos trabajaron junto a los caribes insulares (uno de los primeros pueblos americanos que conocieron los europeos), con quienes convivieron y dieron origen a un nuevo mestizaje: el garífuna, también llamado karaphuna y garinagü.
En 1750 su demografía había crecido considerablemente. Los hombres se dedicaban a la caza, a la pesca e intercambiaban tabaco por las armas que utilizarían para sus propósitos de emancipación. Por su parte, las mujeres realizaban las labores domésticas y la mayor parte del trabajo agrícola, básicamente el cultivo de algodón.
Con la llegada de cuantiosos grupos de colonos franceses y británicos, inició una cruenta disputa por la tierra de San Vicente. Los 345 kms2 del territorio resultaron insuficientes para los intereses y las necesidades de los pobladores apiñados en la isla, tanto que los ingleses emplearon artimañas para que los garífunas cedieran sus terrenos fértiles. Intentaron la persuasión, el ardid, la compra y, por último, iniciaron una guerra, la cual franceses, caribes y garífunas, enfrentaron 19 meses de batallas para intentar librarse de su enemigo común.
Mediante una mayor fuerza militar, en 1775 los británicos se apropiaron de la isla y quemaron las casas y medios de vida de los garífunas, expulsados en 1797 de San Vicente. Conducidos en un convoy naval hacia la isla de Roatán y posteriormente, al puerto de Trujillo, ese año 5,080 personas arribaron a tierra firme.
Con la ayuda de los españoles, los ingleses llevaron a los garífunas a Honduras. Con ellos, los ibéricos situados en la Costa Norte, adquirieron una fuerza de trabajo adicional. Los hombres trabajaron como soldados y pescadores, y las mujeres en la siembra y cosecha de alimentos. De este modo proporcionaron la alimentación para la población europea, enferma de inanición debido a que no sabía producir en el trópico, ya que sus cultivos tradicionales no se adaptaban en los suelos ácidos de la región.
Tras estas vicisitudes históricas, por más de 300 años los garífunas desarrollan su cultura, en respuesta a las necesidades y a través del contacto con otras poblaciones. Con el respeto y fomento de lo ancestral, mantienen sus tradiciones caribes, africanas y coloniales, origen de un sistema de subsistencia y una cosmovisión, marcada por la expulsión, búsqueda y defensa de los territorios.
Los garífunas, o, más correctamente denominados como garinagüs, actualmente habitan en 48 comunidades, desde Masca, departamento de Cortés, hasta Plaplaya, departamento de Gracias a Dios. También se ubican en seis centros urbanos de Belice, en dos comunidades de Nicaragua y en una de Guatemala. Se estima que hay unos 250 mil garífunas en Honduras y más de 100 mil que emigraron hacia Estados Unidos.
Reseña del conflicto territorial
En tierra firme los garífunas trabajaron como agricultores para los españoles instalados en la Costa Norte de Honduras, quienes les privaron el acceso directo a este recurso básico de producción.
Posteriormente los trasladaron a Trujillo, como estrategia de los colonos ibéricos para repoblar esa ciudad, incendiada por los ingleses en represalia al asentamiento de otros grupos; y para frenar las incursiones de los misquitos y británicos establecidos en el Río Sico.
En el siglo XIX los garífunas se expandieron en las costas hondureñas, al ocupar -con el beneplácito de la Corona de España y luego de los gobiernos republicanos- lo que ellos llamaron la «terra nullius» (tierra de nadie), zonas colindantes a las desembocaduras de los ríos, en su mayoría, territorios deshabitados por los indígenas pech, replegados ante la presión de los pobladores misquitos, quienes ejercían el esclavismo con otros pueblos del litoral caribeño. Ahí se dedicaron a la pesca, a la caza y a la agricultura de subsistencia.
Después de casi un siglo de vivir en la Costa Norte, en 1885 recibieron el primer reconocimiento jurídico, con las titulaciones de las tierras de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, consideradas ejidos municipales. El título fue comunitario, acorde a las costumbres del grupo étnico.
En 1889 extendieron el título de Punta Castilla a favor de las comunidades de Cristales y Río Negro; en 1915, Iriona y Travesía; en 1921, Limón y Santa Rosa de Aguán; en 1922, Punta Piedras y Cusuna; en 1936 los garífunas recibieron los papeles legales para los territorios de Sangrelaya, Tocamacho y los ejidos de Bacalar; y en 1950, la acreditación de Triunfo de la Cruz.
Para la primera asociación de base de los pueblos indígenas de Honduras, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), 1885 no solo representa el primer año de las titulaciones, sino también el inicio de un largo y tortuoso proceso por la defensa del territorio.
De las bananeras al narcotráfico
Con las compañías bananeras en la Costa Norte de Honduras a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los garífunas trabajaron la siembra de la fruta y las actividades de embarque. Víctimas de las políticas concesionistas, perdieron muchos de sus territorios a manos de los consorcios extranjeros, quienes recibieron del Estado grandes extensiones de tierra a cambio de cada kilómetro que construyeran del sistema ferroviario, sin importar que los predios tuviesen dueños o se finalizara el proyecto de transporte.
El ministro norteamericano en Honduras, John D. Ewin, comentó en 1915, que las empresas «nunca se propusieron cumplir con esto desde el principio. Ellos usaron esas líneas ferroviarias para sus propósitos particulares, en el transporte de la fruta y de sus plantaciones a los puertos».
Ewin agregó que el gobierno hondureño estaba consciente de su impotencia frente a las grandes compañías, listas a emplear todos los medios, comprendida la corrupción y el exterminio de las insurrecciones para defender sus posiciones.
Las resoluciones a favor de la Standard Fruit Company y la United Fruit Company, originaron una diáspora garífuna, extendida desde Dangriga, en Belice, hasta la Fe y Orinoco en Nicaragua. No obstante, hasta el día de hoy, ningún Estado centroamericano les reconoce como pueblo transfronterizo.
Tras la Segunda Guerra Mundial, decreció el precio del banano que orilló el cierre de varias empresas. Muchos hombres garífunas reajustaron su trabajo tradicional, al enlistarse con las marinas mercantes de Gran Bretaña y Estados Unidos, para luego establecerse en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Nueva Orleáns, considerado como el inicio de una emigración constante hacia ese país del norte.
En la década de los 90, los garífunas enfrentaron la contra reforma agraria, enmarcada en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, la cual permitió la venta de las tierras y las cooperativas campesinas surgidas en los años 70. Por su parte, la Ley de Propiedad, en su artículo 100, admitió la posibilidad de finiquitar los títulos comunitarios.
Bajo este marco legal, los garífunas enfrentan políticas que promueven la comercialización, el acaparamiento y la individualización de las tierras comunitarias ancestrales. Los invasores de sus territorios varían de acuerdo a los contextos, los han sido ganaderos, madereros, políticos, militares, empresarios, alianzas públicas y privadas, consorcios transnacionales y desde hace unos años, también grupos supuestamente ligados al tráfico ilícito de estupefacientes.
Las 159 concesiones mineras y las 33 licencias para la generación de energía, otorgadas desde 2009 por el Estado de Honduras en los departamentos donde habitan los garífunas, bajo el amparo de la Ley de Minería y la Ley General de Aguas (las cuales permiten la explotación y extracción de las áreas protegidas), representan una amenaza para sus territorios. Además de las aprobaciones decretadas por el Congreso Nacional para la explotación petrolífera y la conformación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), ciudades modelo proyectadas dentro de 20 comunidades garífunas.
La coordinadora de la OFRANEH, Miriam Miranda, explica que la cantidad de las concesiones cedidas por el Estado en las zonas garífunas, solamente se pueden estimar, «a pesar que existe una Ley de Transparencia, también está la Ley de Secretividad. Cuando pedimos que nos den la información, la niegan».
Esta conducta pública contradice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), notificado por Honduras en 1995, que otorga el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de manera previa, libre e informada, para que sean ellos y ellas los que decidan el uso de su territorio ancestral. Pero en la práctica, muchas veces los garífunas se percatan de los proyectos de explotación al ver las máquinas de excavación.
Defensa ante los megaproyectos
Para la OFRANEH, perder el territorio ancestral diluiría la cultura garífuna y la reduciría a ser solamente un grupo afrodescendiente. Las políticas de explotación y extracción, así como las prácticas ilegales, amenazan a un pueblo con una visión particular sobre la propiedad, quienes practican tradiciones que reflejan su filosofía comunitaria, como es no cercar sus predios.
Como tierra colectiva, entienden los territorios ancestrales utilizados bajo un sistema de administración comunitario. La dinámica del uso territorial se basa en sus tradiciones antiguas que definen, distribuyen y regulan los derechos individuales y colectivos a la tierra, lo que suele llamarse como tenencia consuetudinaria. Las tierras comunitarias son propiedad de y están gestionadas por hombres y mujeres que desarrollan diversas actividades, como la agricultura, la caza y la pesca, al utilizar los recursos naturales como bien común.
En el libro Sojournes of the Caribbean: Ethnogenesis and Ethnohistory of the Garífunas, la antropóloga estadounidense, Nancie González, en 1988 escribió que los garífunas «en Honduras son poco valorados, se refieren a ellos con desprecio, a pesar de que su música y su danza se promocionan como atracción turística, tanto en el país como en el extranjero».
Justamente en febrero de 2014, en coincidencia con una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), el complejo turístico Indura Beach & Golf Resort, inauguró sus instalaciones con la presentación de un grupo de tamborileros y bailarinas garífunas. Bajo el ritmo de la punta, se cortó el listón rojo de este proyecto ubicado en 500 hectáreas a lo largo de 26 millas en la Bahía de Tela.
Con un costo aproximado de 2,000 millones de lempiras (unos 91 millones de dólares), compuesto por fondos públicos y privados, al proyecto Indura -que en lengua garífuna significa Honduras-, lo rodea el mar Caribe, la Laguna de los Micos, el Parque Nacional Jeannette Kawas, la cabecera municipal de Tela y las comunidades garífunas de Miami, Barra Vieja, Triunfo y San Juan. Áreas en teoría, protegidas por las políticas ambientalistas.
«Son proyectos como estos los que nos motivan a creer en que la unión hace la fuerza y que en esta ocasión celebramos el éxito rotundo de una alianza entre dos sectores con una misma visión y objetivo que es el bien de esta nación, porque sólo creyendo e invirtiendo en el país se puede construir un mejor futuro para Honduras», manifestó Camilo Atala, coordinador del proyecto turístico, calificado en 2015 por la agencia financiera Bloomberg, como el hombre más rico de Centroamérica -con un patrimonio de 1,400 millones de dólares-.
La declaración vertida por Atala, quien en 2016 fue denunciado ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado en Panamá, por el presunto delito contra la administración pública, blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores, contrasta con lo expuesto en 2014 por Idelfonsa Guzmán, una garífuna de 72 años.
«Estoy muriendo solo de pensar que si nos quitan nuestras tierras a dónde vamos ir a vivir. Aquí nació mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo, mis hijos, mis nietos y bisnietos», dijo la habitante de Barra Vieja, una comunidad desplazada por las compañías bananeras, fundada en 1919 y registrada por la municipalidad de Tela en 1958.
Lo manifestado por Idelfonsa describe las presiones y desalojos que enfrentan los garífunas de las comunidades aledañas al megaproyecto turístico, en un territorio ocupado por este pueblo desde 1885. Para la OFRANEH, el interés por despojar a estas comunidades, forma parte de una estrategia económica y política para expulsar a las comunidades garífunas de la Costa Caribe o para convertirlos en el personal de limpieza de estos centros turísticos.
Donde antes eran tierras ancestrales, amparadas por la Convención Internacional para la Protección de Humedales, ahora hay un campo de golf con una superficie de 60 canchas de fútbol, que demanda 18 mil millones de litros de agua al año, un consumo anual equivalente al de 200 mil personas, casi la misma cantidad de población garífuna en Honduras.
El 3 de julio de 2015, el Tribunal de Sentencia de Tela acusó a 64 garífunas por el delito de usurpación en el caso del proyecto Indura, denunciados por la Empresa Nacional Portuaria (EPN) y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT). Luego de largos procesos legales, que incluían visitas a los juzgados todas las semanas, fueron absueltos el pasado 9 de septiembre de 2016.
«Cuando los pueblos se ven amenazados, emigran. Prueba de ella es este proyecto turístico, que dejó a la comunidad de Tornabé sin ningún tipo de territorio para producir, ni para recolectar frutas. Es una situación terrible contra las mujeres, porque son las que producen. Estos proyectos afectan su economía, las cuales 80% son madres solteras. En Tornabé comprobamos que casi 70% de la comunidad que salió entre 2014 y 2015, fueron madres con sus hijos. Si por naturaleza el garífuna emigra, no es de esta manera», comenta Miriam Miranda.
De acuerdo a un estudio de la organización juvenil garífuna, Nanigu, de enero a agosto de 2014 emigraron más de 300 habitantes de Corozal hacia Estados Unidos, en su mayoría jóvenes de 12 a 30 años. Resalta el caso de Magda Meléndez, de 18 años, quien falleció en agosto de 2016, al caer de un tren mexicano durante su travesía migratoria. «Historias como la de ella antes no sucedían con los garífunas, demuestra que enfrentamos un fenómeno terrible, así como el deterioro de nuestras condiciones en Honduras», comenta Miranda.
Lo ocurrido en Barra Vieja no es aislado. Comunidades garífunas como Miami, San Juan, Triunfo, Tornabé, Santa Fe, Vallecito, Sambo Creek, Puerto Castilla, Corozal, Nueva Armenia, Punta Piedras, Iona, Masca, Cusuna… se encuentran en situaciones similares, los proyectos e invasores varían, pero todos evidencian que el acaparamiento ilegal de las tierras ancestrales, es por lejos, una realidad pretérita.
Los testimonios reflejan lo señalado por el historiador hondureño, Marvin Barahona, en el prólogo de la investigación «Pueblos Indígenas y Garífunas de Honduras», escrito por el salvadoreño Ramón Rivas: (…) el pasado de los pueblos indígenas y negros de Honduras no es, necesariamente, una historia superada por el presente. Por el contrario, nos demuestra con hechos, cifras, datos, pero, sobre todo, con el testimonio de los pobladores, que la injusticia, la explotación y la condición subordinada de los antiguos pobladores de Honduras, no son hechos por los cuales deba culparse exclusivamente a la conquista española, como se ha creído y repetido. Nos demuestra, que el desconocimiento y la negación de la humanidad de las etnias, como prejuicio contra su origen y el color de su piel, o como desprecio, conducta por la que tantas veces se ha condenado al etnocentrismo europeo, ha sido asumida por nosotros mismos en similares niveles de degradación y barbarie. (…) Negarlo es eximirnos de nuestras propias culpas del presente, es evadir cómodamente nuestro crimen poniéndolo en espaldas ajenas.
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En la siguiente entrega, la lucha por los territorios ancestrales en Vallecitos, lleva a los garífunas a enfrentarse con terratenientes y el narcotraficante Reinaldo Villalobos.
