TSC: Al servicio de la impunidad (Parte 1)

Con la reciente apertura del proceso para la próxima elección de los nuevos magistrados para el Tribunal Superior de Cuentas, la atención mediática se ha enfocado en esta institución. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) ha identificado al tribunal como elemento fundamental para lograr objetivos concretos en la desarticulación de la corrupción estatal, y también ha colocado su énfasis en el reciente proceso de elección de nuevos magistrados. Juan...
Nincy Perdomo30 octubre, 2016

Con la reciente apertura del proceso para la próxima elección de los nuevos magistrados para el Tribunal Superior de Cuentas, la atención mediática se ha enfocado en esta institución. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) ha identificado al tribunal como elemento fundamental para lograr objetivos concretos en la desarticulación de la corrupción estatal, y también ha colocado su énfasis en el reciente proceso de elección de nuevos magistrados. Juan Jiménez, portavoz de la misión, manifestó que el papel del Tribunal Superior de Cuentas es estratégico en el combate contra la corrupción, y que precisamente en vista de ello la elección debe desprenderse de intereses políticos y partidarios. Sin embargo, ¿qué es y qué ha venido haciendo el Tribunal Superior de Cuentas hasta la fecha? ¿Ha desempeñado sus funciones completa y rigurosamente al servicio de la transparencia y la rendición de cuentas desde el momento de su creación hasta el presente?

Una historia de impunidad

El 16 de enero del 2002, a la salida del gobierno de Carlos Flores Facussé y a las puertas de entrada del gobierno de Ricardo Maduro, el Congreso Nacional de la República, entonces integrado principalmente por las bancadas de los dos partidos mayoritarios, el Partido Nacional y el Partido Liberal, crea el Tribunal Superior de Cuentas. Un año antes, los partidos mayoritarios y el partido minoritario Democracia Cristiana de Honduras firmaron un acuerdo político para repartirse la representación de los tres titulares de dicho tribunal. El 5 de diciembre del 2002, ya en el gobierno de Maduro, se eligen a los tres primeros miembros (entonces, según ley, no tenían la condición de magistrados) del Tribunal Superior de Cuentas: Renán Sagastume Fernández (representante del Partido Nacional y uno de los principales promotores de la desarticulación de la Contraloría General de la República para crear una nueva entidad), Ricardo Antonio Galo (representante del Partido Liberal y electo como diputado propietario por el departamento de Choluteca) y Fernando Daniel Montes (representante del Partido Demócrata Cristiano y empresario cafetalero).

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Primeros magistrados del TSC. Extraído de la Memoria año 2006 del TSC.

Naturalmente, este nombramiento explícitamente político engendró acciones en acuerdo orientadas precisamente a proteger y encubrir actores de alto nivel en el estado que se hubiesen visto involucrados en casos de corrupción. Además de la evidente agenda de opacidad y encubrimiento, una negligencia floreciente bajo la excusa de la reorganización de la institución la volvieron inefectiva. Según lo expresado en el II Informe sobre el estado de los casos de corrupción en Honduras, publicado por FOPRIDEH en agosto 2006 y elaborado por Julieta Castellanos, Thelma Mejía y Erick Vargas, donde se entrevistaron a funcionarios y ex funcionarios del gobierno, la mayoría juzgó al TSC como una institución con poca credibilidad y pocos resultados: “‘El Tribunal Superior de Cuentas no le ha importado hacer el ridículo cuando publica espacios persiguiendo corruptos de 250 lempiras por viáticos,’ declaró un entrevistado. ‘Los reparos que han publicado y las investigaciones que están haciendo han recaído sobre empleados de cuarta o quinta categoría.’”

En 2009, a las puertas de una de las mayores crisis políticas del país, la elección de los nuevos miembros del Tribunal Superior de Cuentas se avecinaba en un gobierno fragmentado, donde el Congreso Nacional, liderado antes del golpe de estado por Roberto Micheletti Baín, estaba cooptado por el bipartidismo y actuaba según una fuerte línea conservadora, además de tener frecuentes choques con el titular del poder ejecutivo, el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. Una vez consumado el golpe de estado el 28 de junio de ese año, Micheletti Baín se hizo con la presidencia de la república, y José Alfredo Saavedra ocupó la presidencia del Congreso Nacional que habría de elegir los nuevos miembros del Tribunal Superior de Cuentas. En concordancia con el modus operandi de la primera elección, fueron las bancadas de los partidos políticos quienes propusieron los candidatos, resultando finalmente electos Miguel Ángel Mejía, candidato del partido liberal de corriente micheletista, Jorge Bográn Rivera, representante del Partido Demócrata Cristiano tradicionalmente en línea con la corriente nacionalista y Daisy Oseguera de Anchecta, propuesta por el Partido Nacional de Honduras, quien hasta entonces se había desempeñado como Secretaria General de la misma institución. Es aquí cuando las cosas comienzan a volverse más opacas.

Oseguera de Anchecta, cuando fungía como Secretaria General del TSC.
Oseguera de Anchecta, cuando fungía como Secretaria General del TSC.

Un mal comienzo

Aunque los tres nuevos miembros del Tribunal Superior de Cuentas fueron electos por el Congreso Nacional el 14 de octubre del 2009, éstos no comenzarían a ejecutar sus funciones sino hasta el 7 de diciembre, cuando serían juramentados y tomarían formalmente posesión de sus cargos. Daisy Oseguera, entre tanto, seguía en sus funciones como Secretaria General del TSC. El 27 de noviembre del 2009, Renán Sagastume, entonces presidente del tribunal, autorizó la cancelación, y no despido, el 6 de diciembre de ese año de Oseguera como secretaria general. Sin embargo, el 22 de Octubre del 2009, transcurridos pocos días de su elección como nuevo miembro del TSC, el secretario del pleno del tribunal certificó la decisión de los tres miembros de conceder a Oseguera el monto completo de sus prestaciones hasta el 6 de diciembre, violando así el Régimen de Carrera de los Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, que está incluido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Oseguera recibió sus prestaciones en dos cheques el 10 de diciembre del 2009, a tres días de haber sido investida con su cargo como miembro de TSC.

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Luego de las vacaciones navideñas y de fin de año, y después del período de readecuación del aparato gubernamental que recién se instalaba con la administración de Porfirio Lobo Sosa, la búsqueda de personal iba llegando a su fin en febrero del 2010. Es entonces cuando aparece en escena Obdulio Chévez, quien entraría a la institución para fungir como el nuevo Director de Impugnaciones. En entrevista exclusiva con El Pulso, Chévez nos explicó los detalles de su experiencia al interior de esta institución.

“Esta institución (la Dirección de Impugnaciones), para que usted la pueda comprender, al interior del tribunal, emite dictámenes técnico-jurídicos, y su función, para comprender cuál es su rol, sirve como árbitro al interior del tribunal, por la siguiente razón: el tribunal tiene doble papel; en una vía imputa responsabilidad, y a la vez resuelve esas imputaciones en instancia administrativa y es entonces que esta dirección juega un rol de estudio minucioso de todas las auditorías que son impugnadas en el tribunal,” explica Chévez del rol que debe desempeñar la Dirección de Impugnaciones, y al que él se comprometió al entrar al TSC. “De ella se deriva que el analista de impugnaciones cuando profundiza en el estudio descubre si la auditoría fue bien aplicada o por el contrario, regular o mal aplicada. (…) Su criterio termina por opinar que se confirme el reparo, que parte se confirme y parte se desvanezca, o (…) se desvanece por no ser cierta la auditoría. ”

Sin embargo, al iniciar su gestión, Chévez descubrió que la dirección estaba sumergida en una tremenda mora desde la administración anterior. “Cuando yo entro, la dirección la encontramos con una mora para cubrir la totalidad de expedientes que llegaban casi en un 68% de no cumplimiento. Al estudiar las razones de por qué no se estaba cumpliendo con el 100% de la producción, nos llevó un proceso investigativo, y descubrimos tres factores: el primer factor era que en la propia dirección no había estabilidad laboral para el personal que se contrataba. La mayor parte era contratada temporalmente, y los rendimientos eran pobres, hasta que yo convencí a los miembros del pleno que de esa forma no se podía continuar. La segunda razón era dar una política de encadenamiento informativa para que la dirección, todos sus analistas, tuvieran una sola postura, porque antes habían contradicciones. La tercera era dar la estabilidad (institucional) al personal para que pudiera rendir como el resto de las áreas del tribunal estaban rindiendo.”

Obdulio Chévez, ex-director de Impugnaciones en el TSC. (Cortesía Radio América.)
Obdulio Chévez, ex-director de Impugnaciones en el TSC. (Cortesía Radio América.)

Chévez afirma que llevó estos puntos al pleno para la consideración y posterior solución de esos factores, que fueron recibidos favorablemente por los miembros del tribunal y resueltos como correspondía. Sin embargo, una vez que la dirección comenzó a trabajar correctamente, una cantidad de irregularidades comenzaron a hacerse evidentes en los procesos de auditorías y rendiciones de cuentas que se efectuaban en el tribunal, como la falta de firmas de los auditores en los procesos de auditoría a pesar de ser un requerimiento legal, pobre contenido técnico y documental en las investigaciones que provocaba incoherencias entre lo señalado y lo documentado, y la falta de una política única que diera lugar a un funcionamiento integral entre todas las direcciones del Tribunal Superior de Cuentas.

“Hice las observaciones verbales, y al transcurrir diez, once meses que no me acataban mis observaciones, decidí hacer los reclamos escritos, por oficios, por memorando. Eso fue el factor para que yo entrara en desgracia.”

Chévez entonces relata la persecución de la que fue objeto al interior del TSC debido al cuestionamiento de la forma en la que se desarrollaban las operaciones en la institución, afirmando que dentro del tribunal se buscaron motivos para despedirlo, pero no fue posible encontrar justificaciones válidas para tomar ese curso de acción. “Yo he sufrido la persecución implacable haciéndome auditorías ilegales y arbitrarias, producto de haber hecho la lucha desde el interior de la institución como director de una de las direcciones claves. Como no encontraron una forma que ahí me podían afectar, entonces se fueron a fabricar auditorías totalmente ilegales.” Chévez considera ilegales las auditorías porque los auditores de su caso fueron trasladados de otras dependencias, lo que según el reglamento es prohibido, además de extenderse casi dos años en una auditoría personal, cuando generalmente una auditoría dura un máximo de ocho meses a nivel institucional.

Oseguera de Anchecta tomando la presidencia del TSC en 2014. (Cortesía TSC.)
Oseguera de Anchecta tomando la presidencia del TSC en 2014. (Cortesía TSC.)

Luego de haber pasado por dos auditorías irregulares y aclarado todos los datos con el pleno de magistrados, Chévez afirma que la misma Daisy Oseguera de Anchecta se disculpó con él, admitiendo haber cometido errores “por estar mal informados”. Sin embargo, como parte de sus labores, Chévez ordenó verificaciones de algunos casos, lo que generó que se reanudara la última auditoría. “Cuando ya tuve las notificaciones, yo actué simultáneamente: por un lado los impugné y por otro, denuncia ante el Ministerio Público. (…) Ella ha dicho que es gran amiga del fiscal general, (…) y les dijo a los que yo tenía denunciados ‘No se preocupen, el fiscal es mi amigazo. Él es el yerno de mi compadre (Rigoberto Chang Castillo) y ya me dijeron que no me preocupara.’”

Hasta el momento, la denuncia de Obdulio Chévez, con número 10085 de fecha 24 de septiembre de 2013 presentada ante la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, tiene más de tres años de estar en el Ministerio Público, sin que nada ocurra, salvo el cambio de siete diferentes fiscales a cargo del caso, que no han hecho nada por avanzar en el mismo, según Chévez. Los fiscales que han atendido su denuncia son Vera Barahona, Keyla Aguirre, Verónica Luque, Ligia Roque, Karla Interiano Sabillón, Barinia Sarai Ávila y Nadia Suazo, actual titular en el caso. Chévez afirma que ha sido bloqueado en diversas esferas producto de esta persecución.

En la siguiente parte, exploraremos algunos casos irregulares de la administración saliente del Tribunal Superior de Cuentas, los nexos de la institución con el Congreso Nacional y qué podemos esperar del actual proceso de elección de los nuevos magistrados.

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