1. LAS IMÁGENES DE LA MUERTE
«No somos pájaros para vivir del aire…»
(MUCA)
El pasado 19 de octubre murió asesinado el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), José Ángel Flores, conocido popularmente como «Coco liso» o «Coco», y el dirigente campesino Silmer Dionisio George, ambos de la empresa campesina La Confianza, en la ciudad de Tocoa, 545 kilómetros al norte de la capital de Honduras, Tegucigalpa. Hombres fuertemente armados llegaron al final de la tarde hasta donde ellos concluían una reunión en el taller de máquinas de la empresa y sin mediar palabra dispararon a la humanidad de los dirigentes campesinos. Testigos del hecho aseguran que Coco intentó huir entre las casas, pero fue alcanzado por sus asesinos quienes segaron su vida con varios disparos de AK47. Su cuerpo quedó tendido a pocos metros de la pulpería, ante la mirada atónita de decenas de personas que de inmediato comenzaron a denunciar los nombres de los asesinos. Porque a diferencia de los más de cien muertos y desaparecidos hasta la fecha en el conflicto del Aguán, esta vez los asesinos son compañeros del MUCA.
Una carta escrita por Coco antes de su muerte denuncia con nombres y apellidos la existencia de una banda de sicarios al interior del movimiento campesino, liderada por el expresidente de La Confianza y también líder del MUCA, Célio Rodríguez, yerno de Rafael Alegría, el director de Vía Campesina y diputado del partido Libertad y Refundación, que cuenta además con la protección de militares y terratenientes, narcotraficantes y organismos de Derechos Humanos.
Lo que confirma la carta de José Ángel Flores, que nadie había dicho hasta ahora (o que nadie había querido escuchar), es que los campesinos del Aguán se están matando entre ellos y que lo han venido haciendo desde hace años.
Todas las personas que consultamos para entender el asesinato de Flores nos dijeron que la situación del Aguán es compleja. Todos enumeraron los actores que desde la superficie sobresalen en un conflicto que parece no tener fin y ha costado la vida de decenas de campesinos y guardias de seguridad: a los poderosos terratenientes que explotan con monocultivo de palma africana las tierras más ricas de Honduras y un ejército privado a su disposición que usan sin contemplaciones para proteger sus propiedades; las miles de familias campesinas sin tierra que han llegado de todo el país y presionan por una verdadera reforma agraria, «recuperando» tierras que los terratenientes reclaman como suyas; las empresas de campesinos organizados, como MUCA y MARCA, que lograron a través de un acuerdo con el anterior presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, un préstamo de Banhprovi —con el aval del Estado— de más de seiscientos millones de lempiras, con el cual compraron cuatro mil hectáreas de tierra a Miguel Facussé y René Morales —y ahora que entraron en mora denuncian no poder pagar; un destacamento militar con más de 300 soldados entrenados en operaciones anti insurgentes, desplazado para controlar a los campesinos y proteger a los terratenientes; y el narcotráfico: Tocoa es la residencia de los Cachiros Rivera, jefes de la estructura de tráfico de drogas más fuerte del país y es desde donde construyeron su imperio entre 2004 y 2014, perneando con su dinero a empresarios, militares, policías, políticos y líderes sociales de la zona.
Pero nadie se imaginó que la muerte de Coco desataría una tormenta sin precedentes, que amenaza con sacudir no solo a los actores tradicionales en el distante Aguán, sino los cimientos del movimiento social en la zona norte, al partido Libre y a organismos de Derechos Humanos en el país.
UN POCO DE HISTORIA
La zona del Aguán comenzó a conocerse en Honduras hasta la década de los 70. Antes sólo se oía hablar de Trujillo. Con los gobiernos militares se dio inicio a un proceso de colonización agrícola con el objetivo de disminuir la presión sobre la tierra en otras partes del país y se le denominó la capital de la reforma agraria hondureña. Llegaron campesinos de varias regiones de Honduras para colonizar el Bajo Aguán y para ello se organizaron cooperativas agrícolas para la siembra de palma africana.
Según el economista Hugo Noe Pino, la escogencia del cultivo estuvo basada en que se conocía que la tierras eran inundables y que la palma era un cultivo resistente a tales efectos.
«Las cooperativas en un principio gozaron el apoyo del gobierno a través de asistencia técnica, crediticia, y la construcción de infraestructura económica y social, pero dicha ayuda se fue reduciendo hasta llegar a casi desaparecer con la puesta en boga de las políticas neoliberales. Adicionalmente, los precios de la tonelada de aceite que en un principio eran bajos, comenzaron a subir en el mercado internacional haciendo bastante atractivo el control del proceso productivo de la palma», dice el economista, señalando que esos factores incidieron para que grupos empresariales vieran la oportunidad de comenzar a comprar tierras a los campesinos e irse apropiando paulatinamente de las mejores tierras de la región.
«Como suele suceder en estos procesos, la apropiación se hace en base legal, pero también utilizando autoridades locales y nacionales para apropiarse de tierras ejidales y estatales. Esta es una de las fuentes reales del conflicto actual», agrega Pino.
La Corporación Dinant, propiedad del desaparecido magnate Miguel Facussé, es una de las empresas que posee más tierra en la zona del bajo Aguán. Se estima que tienen cerca de 4,000 hectáreas cultivadas de palma africana. Su permanente presencia en la política nacional, sus vínculos con sectores ultra conservadores responsables de la violación de los Derechos Humanos y la agresividad con que funciona la guardia privada de las plantaciones hicieron de Facussé (junto con otros terratenientes de la zona como René Morales y Reynando Canales) el símbolo de la reacción en contra de la lucha campesina.
Luego llegó el golpe de Estado de 2009. El conflicto en la zona se incrementó, cuando grupos campesinos de MUCA y MARCA «recuperaron» tierras que los terratenientes reclamaban como suyas. Era frecuente la denuncia de asesinatos de campesinos a manos de la guardia privada de los terratenientes y ante la amenaza de ataques los campesinos se armaron.
«En una ambulancia de la Cruz Roja llevaron armamento y empezaron a entrenar campesinos en las fincas, lejos de donde estaban las viviendas, en la orilla del río Aguán». —Dice el testimonio de un campesino publicado por La Prensa en 2013—. «Hay árboles que están llenos de disparos, son los blancos que usan para entrenar. La invasión masiva empezó en el 2009, se ingresó a los terrenos y uno miraba bien las cosas (los grupos armados) porque los necesitábamos. César Ham incluso nos dijo que él estaba de acuerdo que tuviéramos armas para defendernos, pero no para que nos estuviéramos matando entre compañeros».
En 2010, y para ponerle fin al conflicto en el Aguán, el gobierno de Lobo Sosa sentó a las partes y acordaron comprar las tierras a los terratenientes y dárselas a los campesinos organizados en el Aguán. 4,000 hectáreas de tierra cultivada con palma africana fueron compradas a 600 millones de lempiras. El director del INA, César Ham, fue el responsable de elaborar un plan de negocios que los campesinos ahora denuncian, en el cual tendrían 3 años de gracia para luego comenzar a pagar a 6% de interés, estimando el ingreso a 3,500 lempiras por tonelada de fruta.
Los campesinos han visto el precio de la tonelada de fruta de palma africana bajar a 1,500 lempiras por tonelada, por culpa de la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. Esa caída en el precio los tiene asfixiados y han entrado en mora con Banhprovi. Ahora piden se amplíe el tiempo de gracia a cinco años, pero el gobierno de Hernández aún no los recibe.
Según la denuncia formal del MUCA, la estrategia de infiltrar paramilitares en los asentamientos responde a un interés de crear el caos entre el sector campesino para que no puedan pagar la tierra y así recuperarla.
«Miguel Facussé dijo que en dos años recuperaría la tierra», denunció un líder del MUCA.
Cuando llegamos a la casa de uno de los dirigentes del MUCA, un hombre de unos sesenta años de edad que nos recibió acostado en la hamaca en el patio de su casa en uno de los asentamientos del bajo Aguán, y le preguntamos por la muerte de Coco, él fue enfático: «aquí Miguel Facussé no tiene nada que ver», dijo. Sus tono firme y fuerte, y sus brazos gruesos de campesino, nos hicieron comprender de entrada que su palabra pesa en el movimiento campesino. El dirigente, que no aceptó hablar con la prensa hasta que le aseguramos que no íbamos a usar su nombre en la nota, para protección de su seguridad personal, agregó que Facussé no tiene razón para matar campesinos del MUCA.
«Ya las tierras están todas pagadas a Facussé y Morales. El Estado es el aval que garantiza al banco que el préstamo será pagado. ¿Qué van a ganar con matarnos?», dijo. «¿Quiere saber quién nos está matando?», preguntó y sin esperar respuesta continuó: «nosotros. Nosotros mismos nos estamos matando en el Aguán. Aquí no hay infiltrados. Acá somos nosotros con nuestras propias armas. Es el grupo de Célio Rodríguez que tiene a todo mundo con miedo».
El dirigente X nos entregó, como prueba, una lista de imágenes de los campesinos asesinados y los nombres de sus asesinos que compartimos al final de la nota.
LEA AQUÍ LA SEGUNDA PARTE DE LA NOTA «LOS SICARIOS DEL AGUÁN» La denuncia contra la dirigencia del MUCA por suponerlos responsables del asesinato de campesinos data desde 2013. Ha sido gracias a la complicidad de las autoridades que no se han hecho efectivas. Un retrato de quién es Célio Rodríguez y por qué se le acusa de liderar un escuadrón de sicarios en el MUCA.
