Scientia potentia est.
—Fracis Bacon—
«El conocimiento es poder». Aunque más claro para este escrito podría ser iniciar con la frase que usó Tomas Hobbes en El Leviatán «quien tiene la información, tiene el poder». Porque para que el conocimiento sea poder, falta organización, estructuración, separación de la información esencial de la accesoria. La frase de Hobbes —o de Bacon— remite pues a lo que podríamos llamar: «información privilegiada», porque tener toneladas de documentos en el buró no me hace más poderosos, a menos que sepa cómo cribar el grano y la paja.
Con esa intención en el 2007 la cooperación internacional presionó para que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales creara el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), cuyo objeto —en teoría— radicaba en la cooperación bilateral entre el gobierno y la ciudadanía, en la lucha contra la desinformación existente en las actividades de la administración pública, y en pro de la transparentación de la misma.
La idea era que el IAIP sirviera al ciudadano como un canal para conocer —y cribar— toda aquella información que produce la administración pública, especialmente la relacionada con el manejo de los fondos y recursos del Estado.
Pero luego de 10 años, vemos que lejos de cumplir el objetivo con que —en teoría— fue creado, el IAIP se ha convertido en una carga económica para la sociedad que lejos de «cribar», blinda la información, dando solo la que conviene a los intereses de quienes ostentan el poder en el país.
A criterio del abogado Wilfredo Mendez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), la intención de crear el IAIP nunca fue facilitar la información para la ciudadanía.
«Crear canales para la “transparencia” y “la rendición de cuentas” fue un mecanismo que la clase política utilizó, porque sentían la exigencia que venía con mucha fuerza por parte de la Cooperación Internacional, como requisito para destrabar fondos y financiamientos. Entonces hacen reformas legales sin reformar nada, solo es un maquillaje, si hay que nombrar personas, nombran a los que van a estar sometidos a sus intereses, se adelantaron a las exigencias internacionales y legislaron para tener instituciones a la medida de la corrupción e impunidad, como el IAIP y el CNA» —afirmó Mendez en una entrevista concedida a El Pulso.
En 2007 se llevó a cabo la primera elección de Comisionados en medio de las tensiones políticas que comenzaban a florecer entre la presidencia de la República y el Congreso Nacional. Los nominados a dirigir el instituto fueron Leo Valladares Lanza y Gustavo Enrique Bustillo, propuestos por el presidente Manuel Zelaya Rosales; Elizabeth Chiuz Sierra y Eliza Fernández por la Procuraduría General de la República; Gilma Agurcia y Arturo Echenique Santos por el Tribunal Superior de Cuentas; Magdalena García Ugarte por el CONADEH y Thelma Mejía del Comité Libre Expresión, que trabajó en la ley de Acceso al a Información Pública y fue propuesta por la cooperación internacional a través del CONADEH.
Al final se impuso la línea del presidente del CN, Roberto Micheletti, ratificando las propuestas hechas por la PGR y el TSC, dos instituciones que jugarían un papel clave en la crisis de 2009.
Fueron electos comisionados para el periodo 2007-2012: Elizaberth Chiuz Sierra como presidenta del IAIP, Arturo Echenique Santos y Gilma Agurcia, representantes de los partidos Nacional, Liberal y la Democracia Cristiana respectivamente.
El diputado pinuista Toribio Aguilera dejó claro en esa ocasión, que él no votó, porque según él, los comisionados electos luego «se convertían en activistas políticos de los partidos que los eligen».
Mismo criterio comparte ahora Wilfredo Mendez, cuando manifiesta que los mecanismos con los que son electo estos altos funcionarios públicos, operan de la misma forma a de como se eligen al Fiscal General de la República, los Magistrados de Corte Suprema de Justicia o Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
«Todos tienen un acuerdo, y esta cadena de favores se tiene que pagar en cualquier momento» —afirma Mendez.
LA PRIMERA CRISIS: PUGNAS POR EL PODER (2007-2009)
Esa primera administración del IAIP fue conflictiva. Electa para un período de cinco años, duró a penas dos años sin alterar su estructura. Durante ese tiempo, los conflictos internos entre los comisionados se fueron incrementando, llegando a sus clímax después del golpe de Estado de 2009.
La presidenta del IAIP, Elizabeth Chiuz Sierra, presentó su renuncia con carácter de irrevocable al Congreso Nacional, en el mes de agosto de 2009. En su momento, el presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, anunció el nombramiento de una comisión de diputados para investigar supuestas irregularidades en el IAIP publicadas por Chiuz en el documento: Cronología de los hechos al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública, en donde se ponía en manifiesto a través de 42 puntos, las actuaciones irregulares de los comisionados Gilma Agurcia Valencia y Arturo Echenique Santos, quienes, según lo denunciado por Chiuz Sierra en ese escrito, tenían una alianza para cubrirse mutuamente.
«La comisionada Gilma Agurcia sirve clases en la Universidad y no le dedica el tiempo que requiere la institución» —dijo, afirmando que el problema con Echenique Santos surgió a raíz de un llamado de atención por «dedicarse a fomentar el divisionismo entre el personal del Instituto, propiciando reuniones fuera del Instituto con grupos de su preferencia y llegando tarde a las sesiones de trabajo».
La comisionada Chiuz Sierra denunció contrataciones irregulares de personal y usurpación de funciones, hechos en que estarían involucrados sus compañeros de fórmula Arturo Echenique Santos y Gilma Agurcia.
Al conocer del caso, el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado manifestó:
«Hay unas acciones que han sido de público conocimiento; incluso se mencionan consultorías sin concurso. Por ello es obligación del Ministerio Público, junto con entes contralores, tener conocimiento de si hubo alguna irregularidad, especialmente en el ramo de consultorías».
Para conocer el conflicto, el Congreso Nacional nombró una Comisión Interventora integrada por los diputados Carlos Lara, Ramón Velásquez Nazar, Ricardo Rodríguez, Donaldo Reyes y Toribio Aguilera, quienes en su primer informe dijeron:
«Los documentos citados ratifican la existencia de irregularidades y procedimientos viciados, y reafirman la existencia de un ambiente de pugnas y luchas de poder entre los comisionados, que entorpecen la marcha de la institución […] La situación del IAIP ha continuado en deterioro, tal como es de conocimiento público, situaciones totalmente contradictorias con la naturaleza de las funciones y finalidad de dicha institución; razón por la cual reafirmamos la condición de nuestro informe principal, improbando la conducta administrativa de los comisionados y procediendo a su destitución».
Pero a pesar de que la Comisión Interventora del Congreso Nacional pidió se destituyera a todos los comisionados del IAIP, por las muchas irregularidades en el instituto, fue la abogada Elizabeth Chiuz Sierra, la única sustituida, incluso bajo acusaciones por parte de los demás Comisionados que la señalaron como responsable de los actos de corrupción en el IAIP.
La ex designada presidencial, Guadalupe Jerezano, fue nombrada para cubrir la bacante dejada por Chiuz Sierra en el puesto de Presidenta del IAIP, del 9 de agosto de 2007 al 9 de agosto de 2012.
LA SEGUNDA CRISIS: «HACERSE DE LA VISTA GORDA» (2009-2012)
La primera crisis del IAIP coincide con la crisis que el país vivía a raíz del golpe de Estado de 2009. La nueva presidencia, a cargo de la abogada Guadalupe Jerezano, tuvo como política «hacerse de la vista gorda» en aquellos caso que su antecesora denunció.
Todo se dejó pasar sin que trascendiera a la prensa, a cambio de que los Comisionados sirvieran como blindaje al gobierno de Micheletti y después al de Porfirio Lobo Sosa.
A criterio del abogado Wilfredo Mendez, el IAIP en ese período se convirtió en un filtro. Él califica al instituto como una organización creada para «brindar información que no dañe a los corruptos de cuello blanco».
Las irregularidades denunciadas por Chiuz Sierra, sin embargo, continuaron en el IAIP.
Según los hallazgos de las auditorías financieras y de cumplimiento legal realizadas por el departamento de Auditoría Sector Social del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), del 9 de agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2009, y del 1 de enero de 2011 al 30 de junio del 2012, el IAIP pagó 221,606.85 Lempiras en permisos y ausencias sin justificar de su personal. Las irregularidades se cometieron de 2010 a 2012 y las mismas fueron ignoradas por la licenciada Rosa María Trimarchi Galindo, Jefa de la Unidad de Auditoría Interna que asumió el puesto desde el 3 de octubre de 2007, en el cual aún permanece.
En una carta girada desde la Presidencia del IAIP con fecha 23 de noviembre de 2015, por la abogada Doris Imelda Madrid Zerón, presidenta de IAIP, a la Presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, la abogada Daysi Osegueda de Anchecta, la jefa de la Unidad de Auditoría Interna, Rosa María Trimarchi Galindo, no solo sabía cuenta de las irregularidades, sino que fue partícipe de ellas.
La lista de irregularidades es extensa: adelantos del decimotercer y decimocuarto mes y de salarios solicitados al programa «Crédito ya» que no fueron deducidos de las planillas de la institución, ausencias no justificadas, vacaciones sin registros y permisos médicos otorgados por profesionales independientes que no siguieron los canales adecuados, prenatales extendidos sin deducción de salarios, después de la fecha de ley correspondiente.
La licenciada Rosa María Trimarchi Galindo, Jefa de Auditoría Interna del IAIP, solicitó por ejemplo, la suspensión de su cotización al IHSS como empleada de la IAIP a partir de 2011, aun cuando el artículo 25 de esta institución establece que todo trabajador, independientemente con cuantos patrones labore, debe «cotizar de acuerdo con la relación laboral con cada uno de ellos». Trimarchi Galindo solicitó además la suspensión de su cotización el 10 de marzo de 2011, aduciendo que ya se descontaba su planilla en el Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Entonces, pidió a Julio Antonio Sierra Pineda, que se les devolvieran las deducciones realizadas de julio de 2010, fecha en que se le empezó a «deducir en ambas instituciones». Aun así, ocupó su certificado patronal en CEUTEC (101-1991-0091-1) para obtener días por baja médica dentro del IAIP, como los diez días que recibió por dengue, del 17 al 26 de octubre de 2013, aplicándosele una deducción del 66% del salario, en lugar de aplicarse del 100% que correspondía al no ser cotizante del IHSS; y los tres días que recibió por cefalgia en estudio, del 14 al 16 de octubre de 2013, en donde nuevamente se le aplicó una deducción del 66% en lugar de aplicarse la del 100% que correspondía.
A parte de Rosa María Trimarchi, los empleados Abner Zacarías Ordóñez Gutiérrez, Carmen Alejandra Portillo Avilés, Mauricio Alejandro Salazar Velásquez, Bella Etelina Varela Osori, Tania Isabel Rodríguez Alonzo, Ledby Marisol Aceituno y Milixa Jacqueline Montoya, solicitaron adelanto de días de vacaciones, adelantos de pagos de vacaciones, adelantos de décimo tercer y décimo cuarto mes o el pago de bonificaciones entre el 9 de agosto de 2007 y el 30 de junio del 2012, a un costo de 221,606.85 lempiras, que luego no se dedujeron de la planilla.
El 7 de mayo de 2013, Madrid Zerón envió un memorando a María Trimarchi solicitando una auditoría especial de los adelantos pagados. Según la comunicación, la entonces comisionada presidenta había tenido «información extrainstitucional» de adelantos de sueldos y salarios a través del Sistema de Administración Financiera (Siafi) y de dos cuentas de cheques del Banco Central de Honduras sin la autorización del pleno de comisionados. Además, se hablaba de «anomalías» en los cálculos y reintegros de los mismos.
El 2 de octubre de 2014, la entonces gerente administrativa Cinthya Borjas, a solicitud del pleno de comisionado que pidieron actualizar las vacaciones de todo el personal del IAIP, comunicó a Trimarchi Galindo que no existía registro alguno de la asistencia diaria del personal de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y enero y febrero de 2012.
«En vista de lo anterior —decía el comunicado remitido a Trimarchi Galindo— le solicitamos la justificación de la falta de estos registros, tanto en el reloj biométrico y los libros únicos de asistencia correspondientes a esas fechas».
Ese mismo día, Trimarchi Galindo contestó que: «Durante el año 2007 e inicios de 2008, no se contó a lo interno del IAIP de un control de asistencia a través de un reloj marcador, razón por la cual no existen registros de la asistencia de los funcionarios y empleados del Instituto. El referido reloj biométrico fue adquirido a inicios de 2008, expresándose que ciertos cargos, catalogados como de confianza —entre los que se encuentra el de Jefe de la Unidad de Auditoría Interna— fueron exonerados de la obligación de un registro de asistencia». Esto, según la funcionaria, se amparaba en el memorando de fecha 5 de mayo de 2008, firmado por la entonces comisionada presidenta Elizabeth Chuiz Sierra.
El oficio número 0031-DP-IAIP-2011 informó que «la actual administración ha considerado desde el mes de septiembre del año 2010 que todo el personal sin excepción debe registrar su entrada y salida de la institución, por lo que se hicieron gestiones en el ultimo trimestre del año pasado para adquirir una memoria de mayor capacidad o expandir la memoria del control biométrico en vista que actualmente el reloj marcador solo tiene capacidad para registrar 50 empleados. Por razones presupuestarias y por tratarse de cierre de año no fue posible concretar la adquisición…»
La marcación obligatoria para todos los empleados se impondría según el acuerdo No. 01-2012/IAIP, por el pleno de comisionados. Pero, debido a que el sistema de marcación no tenía «memoria suficiente» para almacenar todos los datos, durante un «lapso de tiempo», Rosa María Trimarchi no fue incluida en la marcación obligatoria. Según el registro de marcaciones, Trimarchi Galindo aparecía con ausencias durante todo el mes de enero de 2012.
Llama la atención la alta rotación de los Gerentes Administrativos del IAIP: Darío Humberto Hernández Bonilla (2012); Cinthya Borjas (2014); Raúl Eduardo Borjas Castejón fueron Gerentes Administrativos, este último de carácter Interino en 2015.
En la prensa independiente sin embargo, aparecieron denuncias en contra de la actitud soberbia del Comisionado Arturo Echenique Santos, quien según la periodista Eleana Borjas de revisazo.com, la intimidó cuando ella pretendía obtener una declaración del funcionario que votó en contra del un Recurso de Revisión presentado en esa institución, luego que se le negó la información de los subsidios que desde el Congreso Nacional se entregaron a los diputados en el período 2006-2010.
«Y vos, quién sos?» —le dijo el abogado Echenique a la periodista despectivamente, advirtiéndole, frente a todos en el vestíbulo del edificio del IAIP, que iba a esperar lo que ella publicara y luego iba a reaccionar judicialmente en contra de la periodista.
«Cuando me respetés te voy a dar la entrevista» —le gritó el Comisionado Echenique a la periodista Eleana Borjas.
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