SOCIEDAD CIVIL PIDE AUMENTO AL PRESUPUESTO DEL MP

Tegucigalpa. Según la ley hondureña, en el mes de septiembre corresponde al Congreso Nacional iniciar la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, correspondiente al año 2017, mismo que deberá ser consensuado y acordado a más tardar en diciembre de este año. Por esa razón, distintos organismos aglutinados en la Alianza por la Paz y la justicia (APJ), presentaron este pasado lunes  3 de octubre en un hotel capitalino,...
ALG5 octubre, 2016

Tegucigalpa.

Según la ley hondureña, en el mes de septiembre corresponde al Congreso Nacional iniciar la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, correspondiente al año 2017, mismo que deberá ser consensuado y acordado a más tardar en diciembre de este año. Por esa razón, distintos organismos aglutinados en la Alianza por la Paz y la justicia (APJ), presentaron este pasado lunes  3 de octubre en un hotel capitalino, los resultados de un análisis en torno a la distribución de recursos entre las instituciones del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia del país, de los últimos 10 años.

«Con beneplácito hemos observado en los últimos años una revitalización de la gestión del Ministerio Público (MP), que se ve reflejada en una lucha frontal en contra de los carteles del narcotráfico, redes de corrupción y maras, así como el incremento del número de investigaciones, requerimientos fiscales y capturas en contra de delincuentes comunes, servidores públicos y criminales dedicados a la extorsión, lavado de activos y otros delitos». Inició la conferencia de prensa de la APJ, celebrando «los avances en esta lucha en contra de la impunidad», que el gobierno hondureño, a través de sus órganos de justicia e investigación ha iniciado.

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El informe resalta cómo, pese a que el Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia ha sufrido un incremento cuantioso del 290% en la última década (2006-2017), que representa Lps. 115,867 millones, la distribución de los mismos ha sido «inequitativa y desproporcional», privilegiando —según el reporte de APJ— «las asignaciones a las Secretarías de Defensa y Seguridad, las cuales en su conjunto han recibido el 73% del total de esos montos, y relegando al MP y la Poder Judicial, entidades que únicamente han recibido el 27% de ese total».

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Ese mismo patrón de distribución se ve reflejado en las asignaciones de recursos extraordinarios como los de la Tasa de Seguridad Poblacional, que fueron empezados a distribuir en el año 2012.

El Ministerio Público tienen la responsabilidad de la investigación y el monopolio de la acción penal. Todo delito pasa por el proceso investigativo del MP, antes de llegar a sentencia en el sistema judicial y su falta de presupuesto impide la contratación de personal suficiente y capacitado para llevar esa labor. Así lo definió APJ, calificando a la condición actual del MP, como el cuello de botella de la impunidad.

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«Para poder seguir exigiendo resultados a las diferentes fiscalías especiales, agencias de investigación criminal, unidades de medicina forense y demás dependencias del MP, se requiere dotarlas de suficientes recursos humanos, logísticos y financieros. Se ha excluido de dar un trato justo al MP, en la distribución de los recursos presupuestarios asignados, por lo que se evidencia una equivocada decisión que debilita la capacidad institucional de este ente operador de justicia» —dice el reporte, alertando a la sociedad hondureña que «el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, para el año 2017, recientemente enviado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), no considera el incremento solicitado por parte del Fiscal General del Estado de más de Lps. 580 millones al presupuesto del MP, que hubiese permitido la contratación de fiscales, agentes de investigación criminal, médicos forenses, peritos especializados y personal técnico, que ampliaría la cobertura y mejoraría la calidad de los servicios de las diferentes fiscalías especiales y demás dependencias de este ente operador de justicia».

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«No cubrir la brecha financiera del MP, para el próximo año, restringe la capacidad operativa de esta institución para poder mejorar su desempeño, ampliar su cobertura de servicios y cumplir a cabalidad sus deberes y responsabilidades para revertir la impunidad y castigar a todas aquellas personas que transgreden la Ley y violentan los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, al no tomar en consideración e incorporar la SEFIN, en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso Nacional, el incremento solicitado por el MP, no solo se traduce en un mensaje desalentador, sino que también en una muy mal señal en este esfuerzo por combatir a los corruptos y criminales en el país, especialmente porque se puede constatar que las demás instituciones que conforman el Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras, sí recibieron relevantes aumentos en sus asignaciones presupuestarias».

APJ hizo el llamado a los diputados del Congreso Nacional de la República, para enmendar el error, y dar al MP el mismo trato como a la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, instando a modificar el Presupuesto General de la República con el propósito de satisfacer la petición del MP.

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«Las decisiones políticas deben ir encaminadas a priorizar, y las falencias actuales del MP, son un imperativo categórico a enfrentar y un grave problema a resolver» —indica el comunicado, agregando que «de ser necesario, la APJ, recomienda a los legisladores a disminuir las asignaciones a otras Secretarías de Estado que –a lo largo de los últimos años- han venido viendo incrementados sus presupuestos de forma extraordinaria, tal es el caso de la Secretaría de Defensa, y particularmente las Fuerzas Armadas; en el marco de la estrechez y necesidad».

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) es una coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones e instituciones académicas,  que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras.

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