Investigación y redacción: Ariel Torres Funes
Fotografías: Dany Barrientos
Demanda mundial del oro
Tras su transición hacia una economía de mercado, financistas advierten que, a pesar de las recesiones, desde el 2004 China «devora» el oro mundial y describen como insaciable el «apetito» de ese país asiático por el metal precioso. La cantidad de sus reservas es secreto de Estado, pero se estima que su demanda en 2013 fue de unas 4,843 toneladas. Lo que sí se sabe es que una buena parte de ese oro proviene de las arcas naturales de los países occidentales, que se vacían para llenar dichas bóvedas orientales.
China también experimenta desde hace varios años la «fiebre de la ostentación». Para el caso, en la ciudad de Shanghái, cuatro de cada cinco residentes compran al menos un artículo de lujo al año, con un gasto medio de 1,100 dólares, y el oro es uno de los símbolos más preciados para exhibir el status social de sus consumidores.
El Consejo Mundial del Oro destaca este aumento del rubro de la joyería, así como el de las barras y monedas de oro en todo el planeta, siendo China el mercado más grande de este metal, quien acapara junto a la India el 62% del consumo global. En 2013 los consumidores de todo el mundo compraron oro en cantidades récords, ese año el crecimiento fue de 21% con relación al 2012.
Evidentemente, este consumo incrementa la demanda por los bienes primarios para la producción del oro en el mundo, y genera un repunte de las compañías mineras por ampliar su presencia en los diferentes continentes. Para el caso, la extracción de metales en América Latina saltó de 2,400 millones de toneladas en 1970 a 8,300 toneladas en 2009, destinándole el 30% de la inversión internacional en exploración minera, según cifras del Banco Mundial.
Honduras no es la excepción. En 2013 el país tenía 72 concesiones mineras vigentes para extraer metales; otras 102 nuevas solicitudes en trámite ante las autoridades gubernamentales, y actualmente se explora la factibilidad de abrir nuevos yacimientos en 950 lugares del territorio nacional.
«Todos los días, de las minas en Honduras se cargan materiales en decenas de camiones que viajan a los puertos del Pacífico para luego trasladarlos hasta China», explica Donald Hernández, abogado del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), una organización que apoya la oposición en contra de la explotación minera en el Valle de Siria, una zona donde los pobladores denuncian la extracción a cielo abierto como un peligro inminente contra el medio ambiente y los derechos humanos de sus ciudadanos.
Lo que sucede en esa región, refleja una problemática social no aislada en este continente, como lo indica el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, al detectar 212 comunidades en 19 países, que se enfrentan a unos 173 proyectos de esta índole, con lemas como el «agua vale más que el oro».
Breve historia de la minería en Honduras
El territorio hondureño posee un rico potencial de minerales como plomo, zinc, oro, plata, mercurio y hierro; así como abundantes reservas de sustancias no metálicas, como calizas, mármoles, yeso, bentonitas, caolín, perlitas, granitos, ópalos y zeolitas. En los 18 departamentos del país hay yacimientos minerales susceptibles de prospección, exploración y explotación mineral. Por lo que la historia de la minería en Honduras data desde la época precolombina hasta la actualidad.
Antes de la conquista española, los indios extraían metales preciosos como parte de sus patrimonios culturales; pero fue en 1536, cuando el conquistador Pedro de Alvarado ordenó la primera extracción de oro y plata en tierras ahora nacionales, que los yacimientos mineros tuvieron un crecimiento tanto demográfico como económico.
Luego de la colonia española, la minería decaería, hasta resurgir a finales del siglo XIX, con la llegada a Honduras de compañías estadounidenses que conformaron un enclave económico y político en el país, quienes encontraron en los gobiernos hondureños la complicidad para imponer un sistema con mínimas restricciones, exonerándolos de sus compromisos fiscales, y facilitando una extracción sin ninguna vigilancia que velara por los derechos de los trabajadores y pobladores de las regiones explotadas, mucho menos por el resguardo del medio ambiente.
En los primeros cincuenta años del siglo XX, con el auge de la producción bananera en la zona norte del país, la minería de nuevo perdería estímulos e inversión, reduciendo su influencia en la vida económica y política nacional. Otros grupos económicos, también de Estados Unidos, impondrían durante esas décadas la dirección administrativa y social de Honduras.
No obstante, el rubro minero reaparecería en la última década del siglo pasado, influido por el crecimiento financiero y la demanda de los metales por las llamadas economías emergentes, como evidencia el caso chino.
Este resurgimiento se acuerpó de las mismas viejas prácticas, pero con nuevas políticas públicas, como la Ley de Minería aprobada sin discusión con la ciudadanía en 1998, posteriormente modificada en 2013, las cuales garantizaron el otorgamiento de numerosas concesiones a compañías de Estados Unidos y Canadá, quienes instalaron su industria mayoritariamente en la zona occidental, sur y central de Honduras.
Los cuestionamientos más relevantes ante la nueva Ley de Minería han sido los siguientes: que permite a las compañías mineras transferir los derechos recibidos; asentir la expropiación forzosa; establecer una contribución mínima a las municipalidades y al fisco hondureño; las disposiciones sobre las jornadas de trabajo; el carecer de una reglamentación adecuada para el cierre de las minas; otorgar exoneraciones exageradas a las compañías, y; ceder la exploración y explotación en todo el territorio nacional, incluyendo las áreas protegidas.
Es así como la explotación minera en Honduras ha estado tutelada por el carácter omiso, cómplice y concesionario del Estado a beneficio de las compañías extranjeras -muchas veces con escalas superiores a la economía nacional-, bajo la concepción y el negocio de las élites políticas y empresariales del país, las que retóricamente promueven la inversión externa como una solución frente los problemas económicos de Honduras, y que ven en la oposición un «rechazo a la idea de progreso», sin importar el costo social, medioambiental y humano de su explotación.
El departamento de Francisco Morazán es uno de los más pobres de Honduras, paradójicamente también de los más activos en extracción de minerales. En el Valle de Siria la industria multinacional encontró un escenario beneficioso, pero también desde ahí, la oposición comunitaria elevó el caso de la mina de San Martín, explotada por la compañía «Minerales Entre Mares de Honduras» desde el año 2000 hasta el 2010, como un ejemplo de los daños causados a través de este rubro, e impulsó una respuesta ambientalista sin precedentes en Honduras frente a ese sector. Una agrupación social que no solo encaró a una empresa, sino al paradigma minero predominante en la historia del país.
Minería en el «Valle de Siria»
Los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros, conforman con unos 42 mil habitantes el Valle de Siria, ubicado en el departamento de Francisco Morazán, a 120 kilómetros de la capital Tegucigalpa.
En San Ignacio, una comunidad de tradición agraria, operó por 10 años la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras», una compañía que para los pobladores del valle, ejerció como «testaferro» de la multinacional Glamis Gold.
La Glamis Gold Ltd. es una corporación establecida en 1972 en Nevada, Estados Unidos, la cual a partir de 1998 decidió expandir su extracción minera en América Latina (en Honduras, México y Guatemala), comprando las compañías Mar West Resources y la Rayrock Resources, Inc., y fusionándose después con la Gold Corp de Canadá -en una transacción que alcanzó los 8.6 billones de dólares.
El proceso de exploración del proyecto minero San Martín comenzó en el año 1996. Una vez identificado el potencial de oro en la zona, el Estado hondureño les dotó con 13,250 kilómetros cuadrados en el Valle de Siria, una concesión respaldada por la Ley General de Minería (la de 1998), por lo que en el 2000 la empresa iniciaría la inversión de 45 millones de dólares para su extracción.
Previo a la exploración, las promesas arribaron al Valle de Siria y alistó a sus primeros trabajadores. Pero primero había que legitimar y consensuar «democráticamente» el proceso, por lo que voceros de la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras» se dirigieron a los habitantes a través de sus estructuras sociales. Adujeron que el ingreso de la compañía mejoraría la economía de los pobladores, que a las operaciones mineras las acompañarían brigadas médicas gratuitas, entrega de útiles escolares, construcción de viviendas, pavimentación y ampliación de sus calles, alumbrados eléctricos, agua potable, el cumplimiento de los derechos laborales (que incluirían hasta fiestas para los cumpleañeros de cada mes), entre otras acciones, que en resumen traerían una «modernidad nunca antes vista en la zona».
La propaganda evidentemente obvió los múltiples riesgos e invadió de cierto entusiasmo a una población no acostumbrada a las visitas externas, hasta ese momento, algo más verosímiles que los discursos políticos de los personajes nacionales.
Las autoridades y ciertos grupos de la comunidad de San Ignacio, que en 1998 se vieron afectados por el Huracán Mitch, aceptaron inicialmente cambiar las actividades agrícolas y ganaderas, por las mineras, con el objetivo de fortalecer su economía históricamente rezagada.
Los campesinos que en aquel entonces enfrentaban dificultades de producción, pasarían a ser de un año a otro, empleados y empleadas de la industria extractiva del oro. Con ello, se les dijo que su mercado ya no sería el puesto de verduras en las comunidades, sino países como China o la India…
«Nos dijeron que ocupaban personal para explorar la zona, que debíamos dejar de trabajar la agricultura y la ganadería. Dijeron que tendríamos trabajo con buenos sueldos. Lo lograron porque ellos se dirigieron a los patronatos, juntas de agua y maestros», recuerda Rodolfo Arteaga, un poblador de la aldea Nueva Palo Ralo, quien fue desplazado junto a otras 13 familias de su antigua comunidad, debido a la instalación de la compañía.
Y fue así como el azadón se hizo a un lado para dar paso a las herramientas de la minería. Durante una década en el Valle de Siria se extrajo oro por medio de la técnica a cielo abierto, un método extractivo que, a diferencia de Honduras, es prohibido en otros países del mundo, debido a los inminentes peligros que conlleva su aplicación, «su toxicidad es acumulativa, los efectos se pueden ver a corto, mediano y largo plazo, y son crónicos», explica Juan Almendares, coordinador del Movimiento Madre Tierra en Honduras.
En la región centroamericana los conflictos mineros por cuestiones ecológicas y de la salud en las personas se extienden en casi todos sus países, para el caso, en Costa Rica se prohibieron en 2010 los proyectos a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas. Pero en Honduras los ampara la ley.
Con el método a cielo abierto inicialmente se talaron los árboles y la vegetación de la zona, para después desechar la capa de tierra fértil y cavar gigantescos cráteres a través de cargas explosivas y maquinaria pesada. «Tajos» (corte de tierra) todavía visibles en el paisaje trastocado de la región, los cuales a pesar de sus «maquillajes», se podían extender por más de 100 hectáreas y a unos 200 metros de profundidad.
De los cráteres, las rocas extraídas eran transportadas por camiones a una planta de trituración en las cercanías del tajo. En esa planta se convertían en polvo para trasladarse a las canchas de lixiviación (lavado), donde se les agregaba grandes cantidades de agua cianurada. Ahí la mano de obra apiñaba las partículas de oro y otros metales que eran separados con cianuro, procesados para su posterior almacenamiento y empaque.
Con el uso de esta técnica extractiva, se estima que la compañía utilizaba 22 litros de agua por segundo, sumando un total de más de 6.2 billones de litros durante los nueve años de su operación en la mina San Martín. Un agua proveniente de las entonces caudalosas cuencas del valle; ahora el panorama es diferente, de 24 quebradas que existían en la zona, actualmente solo tres tienen agua.
Para tener una dimensión cuantitativa de su explotación hídrica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los centros de salud destinen de 40 a 60 litros de agua al día por cada persona atendida. O sea, el líquido que utilizó la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras» era suficiente para haber cubierto la necesidad diaria de agua en 124 millones de pacientes.
A pesar que el gobierno hondureño del presidente liberal Carlos Flores autorizó a la empresa la extracción de oro en más de 13 mil hectáreas, ésta encontró beneficios al utilizar una zona de mil hectáreas, donde para extraer una onza de oro, los obreros removían día y noche, 20 toneladas de roca y tierra.
Para estimar el terreno removido, es necesario convertir la producción de la mina en onzas por toneladas. Por ejemplo, en 2002, la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras» extrajo 129,435 onzas de oro, lo que significó remover un aproximado de 2.5 millones de toneladas de tierra, solamente en esos doce meses. Esto habría que multiplicarlo por los diez años de su operación.
Además, tomando en cuenta que la cotización de una onza de oro en 2002 fue de 310 dólares -actualmente supera los 1,200-, se calcula para la compañía un ingreso ese año de 40.1 millones de dólares, producidos por una planilla que no superaba los 200 empleados. Las ganancias contrastan con los 2.4 millones de dólares que la empresa traspasó en materia de impuestos a la alcaldía de San Ignacio, como retribución fiscal por toda una década explotada. Una cifra ínfima si se piensa en la inversión y los ingresos de la compañía. ¿Qué se hizo con ese dinero recaudado? Es otra de las respuestas que muchos pobladores aún reclaman saber.
No obstante, detrás de las ganancias económicas para el consorcio norteamericano, los daños ambientales, de salud y socioeconómicos fueron visibles desde un inicio e imposibles de ocultar, por lo cual representantes de las comunidades de San Ignacio, El Porvenir y Cedros, crearon el Comité Ambientalista del Valle de Sira en el año 2000, para velar por el estricto cumplimiento de las leyes ambientales del país y principalmente para su aplicación en el desarrollo de ese proyecto minero.
La oposición comunitaria frente a la minería
Desde el inicio de las operaciones mineras en la zona, los ciudadanos organizados en el Comité Ambientalista del Valle de Siria (compuesto por campesinos, profesores, amas de casa…) advirtieron los daños y riesgos de la explotación minera bajo la modalidad de cielo abierto, y evidenciaron la destrucción ambiental en los cerros, montañas, fauna, flora y las fuentes de agua.
«El comité surgió como una necesidad para hacerle frente a los retos que hay en función de la defensa de la vida. Somos una organización sin fines de lucro, hemos hecho una labor de incidencia política a nivel nacional e internacional. El comité tiene muchas labores en diferentes puntos del país y a nivel centroamericano. Tiene compromisos puntuales como hacerle frente al reto en el tema de salud. Tenemos el objetivo de no seguir permitiendo las explotaciones mineras en el Valle de Siria. Este caso es un testimonio para las demás regiones del país», explica Carlos Amador, miembro de la organización, quien hace unos años debió salir del país debido a las amenazas recibidas.
Además, denunciaron que el uso del cianuro para la separación del metal de la broza, colocaba en riesgo la salud, no solo de los trabajadores, sino de todas las comunidades aledañas.
«Se talaron unos 100 mil árboles donde había fuentes de agua. Luego aparecieron los drenajes ácidos a través de las fuentes hídricas. Ahí empezaron las enfermedades, las caídas de cabello, las manchas en la piel. E incluso afectó a la ganadería, las vacas morían por consumir metales pesados en las quebradas», comenta Rodolfo Arteaga, quien después del cierre de la mina, ha vuelto a cultivar el maíz, actividad que hacía antes que llegara Entre Mares.
Frente al silencio deliberado de la empresa y las entidades estatales, fotografías de los efectos dermatológicos en la piel de los pobladores iniciaron a circular como prueba de la contaminación de las aguas. «Infecciones que se debían a la exposición solar», respondieron algunas autoridades.
El comité hizo incidencia ante las autoridades locales y el gobierno central, al demandar mayor transparencia en los procedimientos y requisitos legales en la otorgación de la licencia ambiental a la compañía minera. Para el caso, lograron evidenciar que la empresa inició operaciones sin los permisos respectivos, por lo cual el Estado le aplicó una irrisoria multa de 312 dólares (paradójicamente el costo de una onza de oro por aquellos años) a la empresa, a pesar que la antigua Ley de Minería estipulaba sanciones por un valor entre 37 mil a 62 mil dólares.
Otra irregularidad denunciada por los miembros del comité fue el hecho de que los estudios iniciales de impacto ambiental los realizó una empresa privada, denominada Hallam Knight Piesold LTD., debido a que no existía una entidad gubernamental que hiciera informes de esa índole. En otras palabras, el Estado incentiva la industria minera, sin contar con una institucionalidad especializada.
«La organización referente era la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), pero más bien se trata de una institución promotora de las empresas mineras, sin consciencia de la defensa del ambiente», opina Almendares.
Durante la realización de dicho estudio, los pobladores manifestaron que ninguna de las comunidades aledañas a la mina fue consultada por los técnicos, tal como lo estipulaba el marco legal.
«Incluso el proceso para informar a la comunidad sobre la solicitud de concesión minera fue inadecuado, porque fue publicado en un solo periódico que no circulaba en nuestras comunidades, y la ley solo nos otorgaba 15 días para oponernos a la licencia después de esa publicación, la cual nunca conocimos. La manipulación en todo el proceso fue tan evidente que la empresa minera realizó un censo en las comunidades para conocer el parecer de los pobladores para la construcción de una escuela, posteriormente este censo fue utilizado para argumentar que la población se había manifestado favorable a la explotación minera», recuerda Carlos Amador, secretario general del comité, también maestro de una escuela de educación pública.
Luego de diversas manifestaciones sociales, acompañadas por denuncias nacionales e internacionales, el comité logró posicionar el tema en las esferas políticas y mediáticas. Incluso, en el 2003, el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, se desplazó a la zona para presenciar los daños, a su regresó comentó: «Entre Mares está gestando otra tragedia natural, no nos van a cegar los ojos, ni callar la boca para que ese lugar no termine en ruinas». Pero ni los tentáculos políticos de la iglesia católica lograrían cerrar la mina en aquellos años.
En resumen, el comité denunció los impactos ambientales, sociales, así como las demandas y necesidades de las comunidades del Valle de Siria, expuestas a la extracción minera. Estas acciones conllevaron criminalizaciones judiciales y amenazas a los dirigentes, por lo que algunos de ellos tuvieron que resguardar su integridad física en otros países.
Dentro de los daños ambientales, los pobladores destacaron la deforestación de los bosques; la polución provocada por la remoción de las grandes cantidades de tierra y roca, ocasionando enfermedades respiratorias en algunos aldeanos; la destrucción de los lugares turísticos, como las aguas termales; la contaminación de las corrientes de agua por la retención y las descargas residuales de los contaminantes en las quebradas; la disminución severa en los niveles de agua tanto superficiales como subterráneos, al punto que los pozos perforados para consumo humano se secaron, y; la contaminación de pastos de los potreros aledaños a la mina.
Como impactos sociales denunciaron el desplazamiento de la aldea de Palo Ralo, a un lugar propuesto por la mina, adyacente a este proyecto; la división generada entre los pobladores y autoridades del municipio de San Ignacio por intereses personalizados; supuestos actos de corrupción en los gobiernos locales; la descomposición social por el incremento de expendios de bebidas alcohólicas y prostitución en los municipios aledaños a la mina; el desplazamiento de la actividad agropecuaria; así como amenazas personales hacia los miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria.
Mientras la compañía repetía en sus informes anuales «sentirse orgullosa de las condiciones ambientales y laborales de la mina», el comité también demandó la elaboración de un anteproyecto de reformas a la Ley de Minería, que contemplara y privilegiara los derechos de los pueblos; elevar el nivel de información acerca de los impactos de la minería a cielo abierto a nivel nacional; exigir al gobierno de Honduras una investigación amplia y transparente, para determinar la inconstitucionalidad de la concesión otorgada a la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras»; realizar un estudio sobre la situación de los acuíferos del Valle de Siria, para determinar el impacto de la extracción y la contaminación del agua por parte de la compañía minera; el ejercicio de monitoreos ambientales independientes a la mina San Martín, pues éstos eran realizados por la misma entidad gubernamental que otorgaba las licencias.
A pesar de la visibilidad de los daños, tan elocuentes como la foto de las personas con caídas sustanciales en el cuero cabelludo, debido al agua que consumían, las consecuencias de la producción minera se agravarían año con año en el Valle de Siria.
Contaminación en el agua
En 2006 las múltiples denuncias realizadas por el Comité Ambientalista del Valle de Siria llamarían la atención de la organización italiana Source, una institución que brinda soporte técnico y científico de manera gratuita para que las comunidades evalúen los daños a sus recursos y promover acciones reparatorias frente a las extracciones mineras.
Fue así como el italiano Flaviano Bianchini, un ecologista y naturalista, catalogado en 2013 por la revista Forbes, como uno de los diez más importantes emprendedores sociales en el mundo, realizó un estudio para valorar la contaminación de las aguas en la zona de acción del proyecto minero San Martín, así como el impacto en la salud humana de las poblaciones aledañas.
A pesar de la obviedad en la exposición de los daños, ese estudio fortalecería el argumento científico de los reclamos, evidencias que los laboratorios y la medicina en Honduras eran incapaces de proveer.
El análisis de campo se hizo en mayo de 2006, tomando muestras de las aguas en influencia directa e indirecta de la mina, a las que se le analizó la presencia de cianuro y otros metales pesados, como el plomo, cromo, mercurio, aluminio, cobre, zinc y hierro.
Para medir la existencia de estos elementos en la hidrología de la región, se tomaron en cuenta parámetros internacionales, como los del Banco Mundial para la actividad minera, la guía de la OMS, y en lo que concierne a las aguas potables, se hizo referencia a los valores universales, así como los de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos y los estándares canadienses.
Al tener los resultados finales de los laboratorios, se concluyó que las aguas del Valle de Siria presentaban en promedio, valores de contaminación superiores a los establecidos en las leyes nacionales e internacionales.
La contaminación más alta se encontró en las quebradas Guanijiquil y Agua Tibia Abajo, dónde casi todos los resultados fueron superiores a los parámetros internacionales.
«En la salida de agua de la mina es particularmente preocupante el valor de cianuro, que supera seis veces los límites de la ley. El arsénico sobrepasa los valores de la ley en todas las aguas analizadas», concluyó el informe.
Repercusiones en la salud humana
La organización Source también analizó la presencia de metales pesados en la sangre de los pobladores que vivían en las cercanías de la mina San Martín. Como parámetros, se tomaron los valores que la OMS tiene como referencia: si la persona tiene 35 μg/dl de plomo o arsénico, debe atenderse, si supera los 70 μg/dl, se considera altamente peligroso para su salud.
El estudio tomó 10 muestras de sangre en igual número de personas de las aldeas de Nueva Palo Ralo y el Pedernal, ambas aledañas al campo extractivo.
Los resultados indicaron que el 100% de los pobladores analizados presentaron valores de plomo y arsénico en la sangre superiores a los valores considerados peligrosos por la OMS. El grupo presentó un promedio de 111.5 μg/dl en plomo y 156.6 μg/dl en arsénico.
«Estas personas nunca fueron atendidas por el sistema público de salud. En Honduras la salud no es prioridad, por ejemplo, basta recordar que su presupuesto está por debajo de los de Seguridad y Defensa», detalla Almendares, quien enfatiza que gran parte de la población afectada por la minería son mujeres y los menores de edad, «porque debido a los valores patriarcales de nuestra sociedad, son las que manejan el agua».
Según la OMS, los daños del arsénico pueden observarse a corto, mediano y largo plazo, al ser irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio. También puede ocasionar efectos sobre el aparato gastrointestinal, sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema nervioso central y sobre los riñones, causando gastroenteritis, pérdida de fluidos y electrólitos, desórdenes cardíacos, choque, convulsiones y disfunción renal.
Contactos repetidos o prolongados del arsénico con la piel pueden causar dermatitis. La sustancia puede tener efecto sobre las membranas mucosas, sobre la piel, sobre el sistema nervioso periférico, sobre el hígado y sobre la médula ósea, causando problemas de la pigmentación, hiperqueratosis, perforación del tabique nasal, neuropatía, daños hepáticos, anemia, entre otras.
Además, esta sustancia es cancerígena para el hombre. Pruebas sobre animales indican la posibilidad que esta sustancia pueda causar problemas en la reproducción y el desarrollo humano, y la exposición a concentraciones superiores puede llevar a la muerte.
Por su parte, el plomo puede causar numerosas enfermedades, como ser: rotura de la biosíntesis de hemoglobina y anemia, aumento en la presión sanguínea, daños a los riñones, abortos, daños al sistema nervioso, daños cerebrales, disminución de fertilidad en los hombres con daños a la producción de esperma, daños en la capacidad de aprendizaje en los niños, molestias conductuales en los niños como agresividad, comportamiento impulsivo e hiperactividad, entre otras afecciones.
También el plomo puede transmitirse al feto y a la placenta de la madre. A causa de eso puede causar serio perjuicio del sistema nervioso y del cerebro en los niños nacidos. Es probada la relación entre el plomo tragado con el agua potable y el retraso mental y físico infantil. Especialistas indican que el plomo contenido en el agua potable bebido por una mujer embarazada puede atravesar la placenta y depositarse en el cerebro del feto.
Los trabajadores de la mina también enfrentarían diversos problemas en su salud. Es el caso de Norma Núñez, quien trabajó durante nueve años en la compañía minera, en el área de cocina y lavandería. «De diez mujeres que estábamos, a ocho nos sacaron la matriz. A ninguna nos dijeron qué enfermedad teníamos, yo solo sentía un fuerte dolor en todo el cuerpo. Se me caían las uñas de los pies. Por lo que nos llevaron a una clínica privada en Tegucigalpa, nos hicieron exámenes, y sin avisarnos, después solo nos dijeron que nos habían sacado la matriz. A ocho de diez trabajadoras nos pasó eso. Yo hay veces me pongo a llorar, porque recuerdo cómo era de buena para trabajar antes, no me cansaba. Ahora no sirvo para nada», comenta mientras explica que los malestares en su cuerpo no disminuyen.
Por otra parte, en la aldea de Nueva Palo Ralo se hallaron valores de mortalidad infantil 12 veces mayor a la media nacional, y destacan los siguientes datos: según testimonios de sus habitantes, del 2002 al 2006, 20 niños nacieron en esa comunidad, tres de ellos sufrieron un aborto y otros tres murieron antes de cumplir un mes; una niña tenía el síndrome de Wernik Hoffman y un niño, estrabismo convergente.
También testigos locales de esa comunidad afirmaron que de 11 personas que trabajaban en la mina, seis de ellos tuvieron al menos un hijo en esos cuatro años. De los seis niños, cinco murieron o se enfermaron. La mortalidad infantil en Honduras es de 25,82 por cada mil personas, en la aldea de Nueva Palo Ralo el valor entre el 2001 y el 2006 fue de 300/1000, es decir, 12 veces mayor a la media nacional.
Los valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En ese caso la tasa de mortalidad alcanzó el 833/1000, o bien, 33 veces mayor al promedio del país.
La empresa «Minerales Entre Mares de Honduras» aún tiene potestad sobre el territorio cedido, y los pobladores permanecen pendientes ante posibles planes de reapertura.
«Si el Estado no pone atención en esta población, estamos hablando de una crónica de una muerte anunciada. No hay buenos augurios. No hay lluvias, el agua sigue contaminada, mientras persiste la avaricia de algunos alcaldes que quieren seguir otorgando concesiones mineras», acota Carlos Amador.
Consulta vinculante
Los reclamos en América Latina frente a la extracción minera son diversos, pero uno se repite en todo el continente, y es la demanda de las comunidades para que se les haga una consulta vinculante antes de la ejecución extractiva. Que sean los pobladores quienes decidan si desean o no minería en sus regiones. Que la decisión no se tome en las oficinas de Estado junto a los abogados de las empresas, de espaldas a la ciudadanía.
«En Honduras el artículo de la consulta dice que previo al otorgamiento de la concesión de explotación se preguntará a la población si está o no de acuerdo si quiere minería, pero ésta debe de realizarse antes de la exploración, con toda la información necesaria», comenta Donald Hernández.
El artículo 82 de la actual Ley de Minería expone lo siguiente: Previo a la resolución del otorgamiento de la explotación, la Autoridad Minera solicitará a la Corporación Municipal respectiva y la población, realizar una consulta ciudadana en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir de la notificación, en los términos que señala la Ley de Municipalidades, cuyo resultado le será informado en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. La decisión adoptada en la consulta es vinculante para el otorgamiento de la concesión de explotación. Podrán participar en la consulta los ciudadanos domiciliados en el o los municipios consultados que estén inscritos como tales en el censo electoral de la última elección general, conforme a las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral y, en caso de ser necesario, del Registro Nacional de las Personas. Si el resultado de la consulta ciudadana fuere de oposición a la explotación, no se puede volver a realizar sino hasta después de tres (3) años. La autoridad municipal respectiva debe solicitar la asistencia técnica y supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el desarrollo de la consulta.
Es por ello que CEHPRODEC impulsa una reforma dentro de la Ley de Minería para que la figura de la consulta no se realice antes del otorgamiento de la concesión de explotación, sino previo al proceso de exploración.
«En el proceso de exploración las compañías invierten mucho dinero, ¿ustedes creen que después de haber colocado más de un millón de dólares en esa fase, las empresas van a permitir que la consulta detenga su extracción? No lo creo», concluye Hernández.
Los testimonios recogidos para este reportaje conforman la evidencia de una tragedia humana y ambiental, no obstante, es también una historia de unión, de oposición, de solidaridad comunitaria, de construcción de una consciencia ambiental por el respeto a la vida misma. La memoria oral de sus habitantes es rica en narrativa, donde ellos y ellas son los protagonistas de sus propias historias:
BAJO LA SOMBRA
Allá viene Adalberto bajando la cuesta, vaya saber uno de dónde vendrá. Hay días que le da por caminar de arriba para abajo. Él es el esposo de Helena, hijo de Josefa, nieto de Luís Arteaga, el viejo que enterramos hace una semana en la montaña cerca de El Pedernal, justo abajo de un palo de mangos, allí donde descansa Raquelita, la niña de ellos, a la que quería bastante, parece. Fíjese bien, con este sol a los muertos se les entierra bajo sombra, porque la tierra calcinada no es buena para el reposo eterno, ¿verdad?
Con Adalberto nos partimos el lomo en la mina, ocho años dándole parejo, doce horas al día. Figúrese, de seis a seis… hay otros que les toca peor; nosotros, en cambio, terminábamos cuando comenzaba a hacer fresquito, un vientecillo heladito que nos secaba el sudor y nos mojaba la camisa. No crea, así se enferma uno, porque pasar del calorón al frío nunca es bueno. Cuando la exploración trabajamos en los cerros, por mil novecientos lempiras limpiamos cunetas y excavamos zanjas por todos esos matorrales, donde antes no había más que maizales podridos. Después nos pusieron de a dos a cargar tuberías. Éramos turbios para eso.
Pobre Adalberto, mírelo que ahora camina todo encorvado… ¡en aquellos tiempos era una mula ese hombre! Pocos como él. Los supervisores pelaban los ojos cuando lo veían subir y bajar con los tubos. Él dale que dale, día y noche. No es para menos, a él le tocaba todos los meses llevar a Raquelita al hospital de Tegucigalpa. Cuando la niña nació, el doctor de la empresa le dijo que solo le iba durar cuatro meses, después que tres años, luego que cinco, hasta que una mañana no despertó. Nunca caminó Raquelita, tenía como desganados los huesos. La gente dice que fue porque nos tuvieron cuatro años tomando agua de un pozo malo. A saber. Perder un hijo es triste, ni quiera Dios, es lo que a nadie se le desea. Se lo digo porque yo he visto tantas veces a mi mamá pasar por eso.
Mire esta mano, está toda doblada. Una de esas animalas se nos resbaló en un cerro empinado y le pasó por encima. Nunca se me enderezó… Nos habían dicho que si un tubo se dejaba caer, había que irse abrazado, pero a mí la mano se me trabó con la cabuya. Vale más que no me la partió en dos. Allí fue cuando Adalberto se fregó la espalda. Bien recuerdo cómo le tronó la columna, yo pensé que se había parado en una rama. Se llevó la mano atrás y me dijo: «Ramiro, ya me jodí», por primera vez lo vi llorando, chorretes de lágrimas, parecido a la noche que velamos a Raquelita, cuando ni el guaro ajusta para calmar la ansiedad. Aquella tarde yo le avisé al gerente, pero solo nos dijo que, si no nos gustaba el trabajo, saliéramos por el mismo portón por donde habíamos entrado. Pero usted sabe, la necesidad es jodida. Yo ya le había prometido a Estela la casita. Y Adalberto tenía el asunto de su niña. Y como usted puede ver, acá no hay más qué hacer.
Luego llegó Cristian Roldán, un supervisor ecuatoriano. Ni quiera Dios. Al pobre lo traía entre las cejas, no lo quería porque decía que la mina no estaba acá para cuidar enfermos. Imagínese que a Adalberto no le permitía ni verlo a los ojos, porque si no le zampaba una amonestación y a la tercera lo corrían, sin derecho a nada. Roldán repetía que a él no le importaba el oro, sino que los trabajadores chambeáramos.
Y es que debajo de este tierrero pedregoso hay oro a montones, más que los huesos que encontramos al excavar el cementerio de Palo Ralo. Hay gente que lo ve como una bendición, otros como una maldición del diablo, aunque esto es un puro decir. También dicen los del pueblo que mi abuelo fue el que encontró la bocamina que dejaron los españoles, allá por donde el aire azota con más fuerza. Él contaba que una tarde cuando andaba sabaneando, lo habían azorado por una barranca. Oyó como que alguien se quejaba, unos aullidos que parecían gritos de niña, él, curioso fue a ver, no encontró a nadie, y ahí fue cuando se topó con el túnel que seguramente algún animal había destapado. Llegó como loco a la casa.
Después nos confirmaron que debajo de los catres había oro, pero uno qué va a saber distinguir entre la arenilla y el oro, que sin químicos, a la vista son iguales.
Mírelo, siempre que camina se sienta a descansar sobre esa piedra que dejó la quebrada seca. Ahí se puede quedar horas, y se ve las manos como si buscara residuos de oro entre ellas. Aun cuando llueve, cosa rara.
A Adalberto lo conocí cuando vivíamos en Palo Ralo. Acuérdese que allá no éramos más de trece familias las que vivíamos. Trece casas pues. La mamá de Adalberto tenía una choza y un pedazo de monte. Todos nos conocíamos, no es como ahora. Pero desde lo de Raquelita, él cambió un montón. La hernia, Roldán y lo de su niña le cayeron encima en un mismo verano, como la tormenta después de la sequía. No hay hombre que aguante eso.
