LA PGR: ¿EN DEFENSA DEL ESTADO?

EGO21 septiembre, 2016

TEGUCIGALPA.

Según el artículo 228 de la Constitución hondureña, la Procuraduría General de la República (PGR) es la institución responsable de la defensa del Estado, su representante legal y la defensora de sus intereses. No obstante, la misma es prácticamente desconocida para la población, y no representa una óptima defensa para los intereses y la seguridad interna del Estado. Así lo demostró, para muestra, el nulo papel desempeñado por la institución durante la ruptura del Estado de Derecho durante el golpe de Estado del 2009.

En un sondeo realizado por El Pulso a la población del centro de Tegucigalpa, encontramos que la mayoría de las personas abordadas desconocen la existencia y función de la institución; y en la opinión de la mayoría de los ciudadanos que sí conocen el papel de la PRG, esa instancia «no sirve de mucho».

—Entre abogados decimos que “ganarle una demanda al Estado es como pegarle una patada a un bolo”— expresó el abogado jubilado, Fausto Rodríguez.

En investigaciones realizadas hasta mayo del 2014, el propio Procurador General de la República, Abraham Alvarenga, reveló:

«Las demandas contra el Estado ya suman más de 2,500, y en caso de que los fallos no le favorezcan (al Estado), como usualmente ocurre, las mismas representan una cuantía por el orden de los seis mil millones de lempiras…sin embargo, la Procuraduría General de la República se encuentra haciendo una intensa labor contestando, presentando acciones, pruebas y recursos para tratar de enfrentar esas demandas, lo que se ha convertido en una actividad cotidiana para nosotros» (Proceso Digital, 27/05/2014).

El trabajo de la PGR en la defensa de los intereses del Estado se ha puesto en tela de juicio, sobre todo en los últimos años, por el florecimiento de los actos de corrupción, los desfalcos millonarios en la administración pública y por las medidas de «conciliación» jurídica que la institución le ha otorgado a numerosos funcionarios inculpados de delitos contra el Estado, tal como lo hemos descrito en nuestro artículo «CNA, carrera por Honduras»; donde hemos señalado la enorme incongruencia que resulta el hecho de que la PGR pacte conciliaciones con funcionarios corruptos o con particulares que de uno u otro modo se han visto beneficiados con los dineros del erario público, como el famoso caso del periodista deportivo Henry Gómez, inculpado de enriquecimiento ilícito con los dineros del IHSS y quien recientemente logró conciliar con el Estado (con la PGR) .

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Abg. Abraham Alvarenga, Procurador General de la República (Izquierda) con Juan F. Jiménez Mayor, Vocero y Representante Especial del Secretario General de la OEA en la MACCIH.

La misma institución reconoció a comienzos de agosto —en una conferencia otorgada junto a autoridades de la MACCIH— que «la conciliación ya no sería posible en casos de corrupción», lo que al contrario de resultar plausible (aunque en teoría lo es) sólo revela que en efecto la institución celadora de los bienes e intereses del Estado ha permitido y amparado los actos de corrupción, permitiendo negociaciones (conciliaciones) con los funcionarios corruptos.

La institución se instauró como una figura de gran importancia en las funciones del Estado, cuando en el gobierno de Ramón Villeda Morales, el Congreso Nacional que presidía Modesto Rodas Alvarado aprobó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En Estados como México —para referencia más cercana—, la PGR es la figura estatal que toma partido de los principales problemas que aquejan al Estado en materias de defensa de la institucionalidad, el cuido de los intereses del Estado y la defensa de la seguridad interior. Teóricamente, esas deberían ser las competencias del modelo hondureño, y así lo registra la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la PGR, aunque dichas funciones no se ejercen a cabalidad todavía.

La PGR también ha mostrado decantamientos políticos selectivos a la hora de emitir resoluciones sobre los actos fraudulentos al Estado. En 2014 la institución —que hace apena un mes aceptó públicamente que concilia o conciliaba con funcionarios corruptos—, declinó conciliar con el entonces imputado Ramón Bertetty, implicado en la compra adulterada de ambulancias en emblemático caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Según el Ministerio Público, Bertetty habría incurrido en delitos por la compra de 10 ambulancias “hechizas” sobrevaloradas. Y de acuerdo con la investigación, cada ambulancia se compró en 1, 278,000 lempiras cuando en realidad costaba 550,000.

Esto no significa que la PGR haya obrado de modo equivocado en el caso de Bertetty, pues así debería proceder con todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción, pero significa que la PGR obedece a líneas políticas marcadas; y en este caso, por ejemplo, la denegación de la conciliación jurídica a Bertetty pudo obedecer a que el ex-funcionario pertenecía a la corriente de Ricardo Álvarez, y por tanto no estaba contemplado en el proyecto político del gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández.

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Abg. Abraham Alvarenga, Procurador General de la República.

Hasta marzo del 2014 se estimó que en el periodo comprendido entre 2010 y 2014, la PGR sólo pudo recuperar 30 millones de lempiras de todo el dinero hurtado al Estado, es decir, casi nada.

«En los últimos cinco años apenas 30 millones de lempiras por supuestos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito han sido recuperados, mientras el gobierno busca inversión extranjera para aliviar la economía. Desde 2010 a la fecha sólo hay un juicio por ese delito (2014), una cifra ínfima en contraste con la cantidad de escándalos de corrupción en Honduras. Apenas se registra una sentencia, en el caso de Roberto Enrique García Zúniga, contra quien se presentó el requerimiento fiscal el 23 de abril de 2010. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), 1,528 expedientes desde 2010 a la fecha, de los que la PGR recuperó 30, 790,377 lempiras. Según información oficial de la PGR, en 2010 sólo recuperó 1, 658,768 lempiras; 4, 471,096 lempiras en 2011; 3, 908,438 lempiras en 2012; 9, 554,258 lempiras en 2013; 10, 628,938 de lempiras en 2014 ; y 622,879 lempiras en 2015» (Honduras Tierra Libre, 19/03/2014).

Por su parte, la ex-Comisionada del IAIP, Doris Madrid, insinuando su propio conocimiento y el de otras personas sobre actos de enriquecimiento ilícito,  expresó: «aquí nadie se hace millonario de su profesión, aquí la gente se hace rica y todos saben cómo, es un secreto a voces».

A la fecha de ésa publicación (marzo del 2014) todavía no se había hecho público el gran desfalco en el IHSS.

Entonces, ¿cómo se explica que en el país existan numerosos casos de policías, profesionistas promedio, funcionarios y militares millonarios; cuando sus sueldos no se corresponden con sus pertenencias?, ¿ a qué se debe, por ejemplo, que históricamente los militares ostenten vidas llenas de lujos, cuando las planillas de ejército no son tan onerosas?, ¿ por qué es tan común en Honduras que los funcionarios públicos demanden al Estado?, ¿cómo evolucionan las demandas establecidas contra el Estado por los despidos masivos en el presente gobierno?, en lo que va de la presente administración, sólo por demandas ocasionadas por despidos de la administración pública, en las que se reclaman prestaciones, reinserción a puestos laborales o pagos no percibidos,  la PGR atiende entre 7 y 10 demandas semanales; con una tendencia negativa para las finanzas del Estado.

Así puede observarse en la sentencia emitida el 5 de octubre del 2015 por la Corte Interamericana en el caso “López Lone y otros vrs Honduras”, en la que la Corte consideró que: «El Estado es responsable —entre muchos otros— de la violación de los artículos 13.1, 15 y 23 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, debido a que el procedimiento disciplinario seguido en su contra y su posterior destitución constituyeron una restricción indebida a su libertad de expresión, derecho de reunión y derechos políticos, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 160 a 178».

La Corte también dispuso por unanimidad que: «El Estado debe reincorporar a Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Chévez de la Rocha a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento, de conformidad con lo establecido en el párrafos 297 y 298. En caso que no fuera posible la reincorporación, deberá pagarles la cantidad establecida en el párrafo 299 de la presente Sentencia» (www.pgrhonduras.gob.hn/sentencias, visto el 20/09/16, 08:16 pm).

Esto, es sólo para referir un caso particular de los miles que disputa (y pierde) el Estado de Honduras por el erróneo procedimiento de sus funcionarios y su debilidad institucional.

La prensa tradicional destacó que hasta diciembre del 2014, «el Estado se salvó de pagar 2,000 millones de lempiras por concepto de demandas en su contra, gracias a la acción de las autoridades» (El Heraldo, 22/12/2014). Aun así, si fuera cierto que el Estado se ahorró 2,000 millones por demandas no ganadas en su contra, pero pagó más de 6 mil millones por demandas perdidas, significa que el Estado pierde muchos más casos de los que gana y que las demandas al Estado superan más de los 8 mil millones de lempiras.

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Cuando El Pulso lo abordó sobre cómo veía el papel desempeñado por la PGR en la defensa del Estado, el abogado José Nasser Rodríguez, expresó:

«En primer lugar es importante aclarar que la PGR no es culpable de todo. La estructura política y hegemónica del Estado está dispuesto de tal modo que no le permite a la Procuraduría General cumplir el papel que jurídicamente le corresponde, que es la protección de los intereses y bienes del Estado, así como la seguridad interna del territorio y el Estado de Derecho. La Procuraduría debería cumplir con esos postulados, pero es una institución impregnada de política».

¿Cree usted que la PGR obedece a líneas políticas partidarias, por qué?

«Todas las instituciones del Estado obedecen a líneas políticas de los partidos y de los gobiernos. Recuerde que en nuestro país una grandísima parte de los funcionarios públicos son colocados en sus puestos de acuerdo a su influencia y militancia política; y los funcionarios de la PGR no son la excepción».

¿Considera que la PGR es un ente “decorativo” del Estado que no obedece a las demandas de la ciudadanía, por qué?

«No. No considero que sea una instancia decorativa del Estado, al contrario, considero que es una institución clave para la resolución de muchos de los problemas del país, lastimosamente no cumple con sus verdaderas funciones porque, como le he dicho, la estructura estatal-política está diseñada para que la institución no tenga el peso que debe tener, por lo que se ha visto muy debilitada y prácticamente se ha convertido en lo que usted llama una “figura decorativa”. Hoy día, por ejemplo, aunque cuenta con la dirección de un hombre muy capaz como el abogado Alvarenga, es una dependencia tomada por el poder».

En vista de todo esto, parece claro que la Procuraduría General de la República no está cumpliendo a cabalidad con las funciones y el rol que le corresponde en su papel de defensora del Estado y eso, porque al poder no le conviene.

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