Encuentro Organizaciones Campesinas Obreras y Sociales del País.
Tegucigalpa.
Sectores sociales aglutinados en organizaciones campesinas, obreras y gremiales se reunieron el pasado 17 y 18 de Agosto en esta capital hondureña, para analizar la situación que atraviesa el país y plantear al gobierno de la República su visión de la problemática nacional.
Entre los principales problemas planteados por el encuentro están el derramamiento de sangre en el área rural por la destrucción de la reforma agraria y por la recuperación de la tierra, exigiendo el uso de los recursos para la producción de granos básicos que aseguren la soberanía alimentaria de la población hondureña y en especial la cancelación inmediata de la concesión a DESA sobre el río Gualcarque, el cual catalogan como un proyecto de muerte para las comunidades indígenas.
El propósito del evento, al cual asistieron unas 300 personas, fue despertar a la sociedad hondureña, para que coadyuve esfuerzos y hacerle frente a algunos de los desafíos que le plantea el modelo capitalista, buscar soluciones conjuntas para que se respete el Estado de Derecho, se promueva la rendición de cuentas por violaciones a los Derechos Humanos y permitan reparar el derecho que tienen las víctimas a una vida en cuyo marco pueda disfrutar de todos los bienes y recursos que la naturaleza provee.
CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO
Marcela Zúniga Cáceres, hija de la ligereza Bertha Cáceres y Salvador Zúniga, expuso en su intervención en el encuentro que después del golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009, el sistema político económico hondureño ha incrementado la exclusión.
«Durante y después del golpe de Estado se han otorgado un aproximado de mil concesiones en los departamentos de Copán, Ocoteque, y Lempira», —dijo Zuniga, quien desde el asesinato de su madre en marzo pasado ha estado al frente de las manifestaciones nacionales e internacionales, exigiendo se castigue a los autores materiales e intelectuales del asesinato.
«Están asesinando a los líderes de los pueblos indígenas para poder llevar a cabo la extracción de los recursos hídricos, minerales metálicos forestales, compra y venta de oxigeno. Esto es lo que esta aconteciendo en nuestros territorios», agregó Zúniga Cáceres, explicando además que hay una campaña psicológica para sembrar la apología del odio en las comunidades.
«Crean falsos positivos, generan dudas de todos y todas. Cuando matan a un defensor de Derechos Humanos, es parte de la guerra, del bombardeo mediático para instalar dentro de las organizaciones y comunidades rumores y chismes, que puede crear asesinatos políticos, y el robo de información personal» —dijo, advirtiendo sobre la consulta popular en temas de extractivismo, «…van a consultar a las comunidades cuando ya tienen todo amarrado, sin previa consulta a las comunidades, o consultas que también son amañadas o pagadas».
«Nuestras tierras tienen un significado cultural, en la tierra viven los espíritus de nuestros antepasados», concluyo la dirigente de la Coordinadora Indígena.
LA MISERIA DE LOS CAMPESINOS
Franklin Almendras, líder de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), aprovechó su participación para recordar que la situación de las familias campesinas es precaria, según él, por la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola de 1992.
«A raíz de esta ley se agudiza la lucha por la tierra, porque provocó el despojo, total de la tierra y del territorio, y los campesinos que luchan por esa tierra, el agua, los minerales y el bosque, son criminalizados. Más de 200 campesinos han muerto» —dijo, agregando que es en el Bajo Aguán en donde se han dado la mayoría de los asesinatos.
Según Almendarez, existen más de 5,000 campesinos y campesinas procesados en diferentes juzgados del país, por demandar un pedazo de tierra para darle de comer a sus hijos y producir para que otros coman. 1,700 son mujeres y 24 niños, entre 11 y 15 años, que acompañaban a sus madres al momento desalojo de la tierra y van a firmar a los juzgados.
«Existen constantes desalojos violentos a grupos campesinos, destruyéndoles los cultivos, sus viviendas, negándoles el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a la vida; justamente, en el mes de mayo de este año se desalojó a la Empresa Agrícola Campesina (EAC) La Montañuela de Punuare, Olancho, la cual desde 1982 estaba en posesión de 187 manzanas, tituladas de manera plena y pagadas al INA, ejecutando proyectos de ganadería mayor y menor, y producción de hortalizas; igualmente la EAC 9 de Julio de Tutule, La Paz, que después de 7 años de estar posesionados de tierras ejidales, son desalojados violentamente destruyendo 50 manzanas de café y sus viviendas» —dijo el dirigente campesino, quien afirmó que el departamento de la Paz, es uno donde más se criminalidad a los campesinos.
«En la actualidad hay 20 campesinos presos, la brutalidad de los cuerpos policiales ha llegado al extremo de meter a una anciana de 70 años de edad en las celas de la posta policial».
En su intervención, Almendarez hizo el llamado de atención a los sectores populares en el encuentro advirtiendo que las políticas nacionales están orientadas al acaparamiento de la tierra. «En el Valle de Sula hay 25 mil manzanas de tierras concesionadas, donde los grupos (campesinos) están demandándola para sembrar sus alimentos, el Estado las está promoviendo para sembrar palma africana y caña de azúcar».
«También enfrentan el problema de los créditos, no hay crédito para los campesinos porque no tenemos garantía bancaria, no poseemos un título que diga que somos propietarios de la tierra» —manifestó Franklin Almendarez, Secretario General de la CNTC.
EN HONDURAS ES DIFICIL ORGANIZAR UN SINDICATO
Juan Barahona, líder obrero y ex candidato a designado presidencial por el partido Libre, por su parte, expuso a nombre del sector obrero organizado, destacando que en Honduras es difícil organizar un sindicato, muchas veces hasta imposible ya sea en la empresa privada o el Estado, recomendando entonces organizar al pueblo, «porque solo el pueblo organizado y movilizado podrá encontrar el rumbo o camino que lo conduzca ha alcanzar mejores condiciones de vida».
«Cuando se habla de la lucha política, se asustan, porque siempre hemos estado en la lucha social, pero no podemos seguir poniendo los muertos, no podemos seguir enterrando líderes y lideresas valiosas como Berta Cáceres y Margarita Murillo. En el momento que vive el país los grupos oscuros de la burguesía no tienen tolerancia a la lucha social, cualquier movilización la reprimen y les echan la fiscalía y a la cárcel punto. No hay Estado de Derecho que defienda a nadie» —dijo, anunciando con tono firme que «a pesar de todas las amenazas que sufrimos seguimos de pie, en la lucha social, aunque esta se ha reducido, el espacio para negociar la contratación colectiva se perdió, y se han despedido a miles de trabajadores de las instituciones de gobierno».
Para el líder político que hablo a nombre de la Federación Unitaria de Trabajadores Honduras confederada a la CUTH, «la militarización significa más pobreza y criminalización de la lucha, represión permanente, asesinatos de compañeros y compañeras luchadores, pero la lucha social debe continuar».
El foro contó además con la participación de delegados por Centroamerica y Sur America, como Diego Moreira de Vía Campesina de Brasil y Eberto Diaz, en representación del sector campesino de Colombia quien invitó a mantener la solidaridad entre los pueblos, «porque se trata de un modelo económico, el neoliberalismo, y la única manera de que este proyecto económico se concretice en Latinoamérica es a través de la fuerza».
«Nuestro llamado es a la Solidaridad, a la Unidad, a ponernos de Pie, fortalecer la movilización, y la organización» —agregó el líder colombiano llamando a la lucha para derrotar al Estado militarista, que esta contra los campesinos y campesinas.
