CNA, CARRERA POR HONDURAS.

EGO25 agosto, 2016

SITUACIÓN GENERAL DE LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS.

No hace falta decirlo; la corrupción en Honduras —por repetitivo que parezca— es histórica, al tiempo que es una herencia directa del sistema de corrupción personalista de los conquistadores, que dejaban de reportar a la Corona española muchas las prebendas obtenidas en las Provincias, por la búsqueda de su propio provecho (para hacer que su larga expedición hasta el nuevo continente “valiera la pena”) dentro de las instituciones coloniales como la Encomienda, Repartimientos, Alcaldías Mayores, Intendencias, etc. Lo que por supuesto no significa la extendida corrupción de hoy.

Las prácticas de corrupción en Honduras no sólo se manifiestan a lo interno de la administración pública, de hecho, la misma es una práctica y casi una costumbre con profundas raíces y motivada por diversos factores. En 2007, bajo la administración ejecutiva de Juan Ferrera, el recién instituido Consejo Nacional Anticorrupción auspició una serie de volúmenes (Colección Ética e Integridad Para el Desarrollo) escritos por reconocidos académicos e intelectuales de distintas disciplinas del conocimiento, y como un nuevo intento por mostrar la realidad, las causas y las consecuencias de los actos de corrupción en el país.

De igual manera, en su Informe Nacional de Transparencia, la institución manifestó que «…en una encuesta realizada en 1993…se destacó que el principal problema de la sociedad hondureña era la corrupción, seguida por el acceso a la salud, educación y seguridad ciudadana». Un panorama que en nada difiere de la situación nacional en el presente gobierno.

En el estudio realizado en 1995 por Leticia Salomón, Julieta Castellanos y Dora Mejía sobre la Democracia y Corrupción en Honduras, se encontró que entre 1982 y 1994 se registraron al menos 3,919 denuncias por casos de corrupción; lo que puede ejemplificar perfectamente que este problema es casi ya una tradición en la sociedad y en la clase política. La corrupción es un atentado contra la seguridad del Estado, pues crea enormes costos socioeconómicos, dificultades en la construcción de ciudadanía, pobreza, violencia, migración, etc. (Colección Ética e Identidad Para el Desarrollo, 2007).

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El Estado ha despilfarrado más de 22 millones de lempiras en el sostenimiento del CNA que hasta ahora no dio respuestas a las demandas de los hondureños.

EL CNA.

En los últimos años correspondientes al gobierno nacionalista presidido por Juan Orlando Hernández se han hecho de conocimiento público —quizá como nunca antes en la historia de Honduras— una gran cantidad de acontecimientos relacionados a las deficiencias, anomalías y actos de corrupción en la administración pública y en la vida política en general. Paradójicamente, el discurso retórico de la clase política ha estado orientado a la lucha contra los actos de corrupción —además de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado—, en pro de la eficiencia y transparentación de los recursos del Estado.

En la última década comprendida entre 2005 y 2015, los gobiernos de turno han creado una serie de medidas, leyes y decretos encaminados a fortalecer el funcionamiento estructural y gerencial del espectro público y la ejecución de políticas y proyectos estatales realizados por los funcionarios. Pese a ello, los mismos parecen no haber surtido efecto. De esta forma, se crearon instancias gubernamentales como la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, la Ley de Participación Ciudadana, creadas ambas en el gobierno de Manuel Zelaya; además de la Ley del Consejo Nacional Anticorrupción aprobada mediante Decreto Legislativo N° 07-2015, y aparecida el sábado 7 de mayo del 2005 en la Diario Oficial La Gaceta, Año CXXVIII, N° 30,690. También se creó, en el barullo político post-golpe de Estado, el Partido Anticorrupción, con competencias y ambiciones distintas.

El Consejo Nacional Anticorrupción es un organismo independiente de Sociedad Civil, con personalidad jurídica, duración indefinida y patrimonio propio; creado con el objetivo de apoyar las políticas y las acciones que, en el combate a la corrupción, emprenda el Gobierno de la República de Honduras y a iniciativa propia. Asimismo, el CNA tiene acceso a los Presidentes de los Poderes del Estado y a los demás funcionarios y empleados en los asuntos de su competencia y de acuerdo con las prioridades aplicables (IAIP, 25/07/2016). Su misión es «prevenir, disuadir y combatir la corrupción con efectividad y contundencia…para obtener resultados que generen confianza y credibilidad en la población hondureña».

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27 casos de corrupción investigados entre los años 2014 y 2015 hay un perjuicio de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 51/100 (L. 2,333,809,120.51)

Sus objetivos estratégicos radican en: «combatir y disuadir la corrupción a través de alianzas estratégicas con los órganos persecutores del delito: Ministerio Público (MP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Procuraduría General de la República (PGR), instando constantemente los procesos, aportando información y apoyo conducente a la producción de pruebas; fomentando la interacción constructiva entre las autoridades y la ciudadanía en materia de transparencia y buena gobernabilidad, mediante el ejercicio y el fortalecimiento de procesos y capacidades de veeduría social, etc.» (www.cna.com).

Desde su puesta en marcha en mayo del 2005, el Consejo Nacional Anticorrupción ha resultado un ente gubernamental beligerante con creciente participación en la opinión pública y la opinión nacional. Dos conceptos prácticos han definido su axioma: anticorrupción y transparencia. No obstante, aunque ya en los años anteriores se había pronunciado sobre los delitos e incoherencias administrativas de los funcionarios e instancias públicas, el CNA tomó principal relevancia en la presente administración, tomando partido de importantísimas denuncias.

Hasta la inauguración del presente gobierno, la institución había caído en un letargo funcional manifestado en el estancamiento de los temas relacionados al combate de la corrupción y en la ineficiencia de su aparto investigativo. El Consejo Nacional Anticorrupción  se había convertido en una especie de intermediario entre las denuncias ciudadanas y la Fiscalía, pues muchas de las quejas que se recibían en su seno eran remitidas casi instantáneamente (sin investigación) al Ministerio Público.

Por ello, como una medida política de la nueva administración dirigida por Juan Orlando Hernández, el gobierno anunció la reestructuración del CNA como una rápida acción del Estado contra todas las prácticas que volvían sombría la vida pública hondureña. La nueva etapa de la institución estaría encaminada a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, aunque también estaría formada por una dependencia de “veeduría” y por nuevos actores de la sociedad civil comprometidos con la cultura de la honestidad.

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La misión del CNA es «prevenir, disuadir y combatir la corrupción con efectividad y contundencia…para obtener resultados que generen confianza y credibilidad en la población hondureña».

El 4 de febrero de 2014, la estación radial HRN, perteneciente al Grupo Emisoras Unidas, al referirse sobre dicha reestructuración, anunciaba:

«El objetivo que se persigue es integrar al CNA en una estrategia de combate frontal contra los actos degenerativos que vuelven opaca la administración del Estado. La estructura bajo la cual funcionará el Consejo Anticorrupción es el producto de un trabajo realizado por una Comisión Interventora que ha definido nuevos roles y competencias para cada uno de los puestos… El nuevo plan estratégico del Consejo Nacional Anticorrupción se comenzará a ejecutar desde este mes, pero su piedra angular está asentada sobre la Unidad de Investigación que actuará en conjunto con el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas…Desde el nacimiento del CNA, el Estado ha despilfarrado entre 20 y 22 millones de lempiras en el sostenimiento de esa entidad que hasta ahora no dio respuestas a las demandas de los hondureños…» (www.radiohrn.hn).

Entre otras cosas, dentro del nuevo modelo de la institución se contemplaba incluso la supresión de la figura de la coordinación, medida que no llegó a efectuarse en su totalidad, pues, con el tiempo, la abogada Gabriela Castellanos no sólo se convirtió en su Directora Ejecutiva, sino en la figura más preponderante del nuevo Consejo Nacional Anticorrupción, que tuvo como primer gran reto la denuncia pública del acto de corrupción más grande la historia hondureña: el gran saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Además de este caso, cuyos grandes responsables no han sido puestos a la orden de las autoridades ni se ha juzgado a los denunciados, el CNA también ha denunciado actos de corrupción en Alcaldías (La Prensa, 15/06/2015), en el INJUPEMP, en la Secretaría de Salud —lo que ocasionó el cambio administrativo de esta instancia y del Hospital Escuela (ahora Hospital Escuela Universitario)— y otros tantos casos de faltas a la administración y al erario público.

Al ser requerida sobre cuáles han sido sus mayores logros al frente de la institución en dos años (hasta diciembre del 2015), la abogada Castellanos declaró:

«En primera instancia, se podría decir que uno de los mayores logros es la transformación del concepto que la sociedad tenía sobre el CNA; se ha podido fortalecer un equipo de trabajo comprometido en la prevención y combate a la corrupción. Hemos podido identificar que de los 27 casos de corrupción investigados entre los años 2014 y 2015 hay un perjuicio de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 51/100 (L. 2,333,809,120.51) —en realidad mucho más—, los cuales han sido denunciados ante las instancias competentes. Se ha incentivado el mecanismo para que todo ciudadano y ciudadana del país haga uso de la denuncia ciudadana, una herramienta clave para que denuncie todo acto de corrupción que sea de su conocimiento» (www.cna.hn).

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Fuentes que consultamos en el Ministerio Público nos indican que el CNA presenta las denuncias sin suficiente carga probatoria, lo que hace que en la mayoría de los casos se desestimen.

El CNA, la PGR y la MACCIH.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras se estableció en el país en el presente gobierno como parte de las presiones de la ciudadanía y los organismos internacionales, con el fin de establecer un precedente —como se hizo en Guatemala— de orden y justicia en lo que se refiere a los delitos contra el Estado. Sin embargo, lo mismo parece irrelevante, pues el país ya cuenta (por lo menos en teoría) con una instancia defensora del mismo, es decir, la Procuraduría General de la República (PGR); aunque ésta en realidad no cumple un rol determinante en la defensa del Estado como corresponde, y más bien permanece como una figura decorativa del espectro público.

A partir del presente año, la MACCIH y el CNA (en el entendido que ambas instancias luchan contra la corrupción y la impunidad) han venido trabajando de la mano, brindándose apoyo mutuo en la “batalla contra la corrupción”. Recientemente algunos funcionarios del CNA denunciaron ante las autoridades y la opinión pública continuas amenazas por la investigación realizada a cierta dependencia del Estado:

«Las amenazas a muerte contra empleados del Consejo nacional Anticorrupción (CNA) producto de la investigación contra ex-funcionarios del instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) son preocupantes y vergonzosas. Reflejan que, en efecto, hay actos de corrupción, lo cuales sus autores pretenden evitar que salgan a la luz recurriendo a la intimidación. Confirman que se trata de gente inescrupulosa, corrupta y nociva. Y demuestra que el CNA les está tocando las barbas» (El Heraldo, 22/08/16).

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El periodista deportivo Henry Gómez, quien está implicado en el caso del IHSS, logró conciliación con las autoridades para no ir a prisión.

Sobre ello, la prensa escrita declaró que: «Las amenazas, que no deben ser subestimadas, han despertado la solidaridad del vocero de MACCIH, Juan Jiménez Mayor, quien las consideró inaceptables y rechazó tales métodos delictivos» (El Heraldo, 22/08/16).

Fuera de esto, el combate de la corrupción por parte de las entidades del Estado parece más bien confuso y ampliamente cuestionable, sobre todo si se toma en consideración el comunicado pública del 19 del presente mes: «Los casos de corrupción ya no podrán ser desjudicializados en el país, luego de que así lo acordaran las autoridades de la Misión de Apoyo y Combate contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Procuraduría General de la República (PGR). La determinación tajante fue plasmada en un documento denominado Declaración Conjunta PGR-MACCIH… La Procuraduría se comprometió a que no otorgará en los delitos de corrupción —dentro del ámbito de sus competencias— medidas desjudicializadoras al proceso penal, entre ellas conciliación, criterio de oportunidad, procedimiento abreviado o suspensión de la persecución penal. Sólo será permitida la figura de colaboración eficaz» (La Tribuna, 19/08/16).

Lo anterior pone de manifiesto una sola cosa: en Honduras, contrario a los cánones jurídicos, se ha otorgado desde siempre la figura de “conciliación de las partes” para aquellos criminales que atentan contra el Estado por medio de la corrupción, lo que, en síntesis, al contrario de combatir este crimen, sólo da pábulo para la continua perpetración del mismo. Así lo ha demostrado el reciente caso del periodista deportivo Henry Gómez, quien está implicado en el caso del IHSS, y quien logró conciliación con las autoridades para no ir a prisión.

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La abogada Gabriela Castellanos no sólo se convirtió en su Directora Ejecutiva en 2014, sino en la figura más preponderante del nuevo Consejo Nacional Anticorrupción.

CNA, ¿REESTRUCTURACIÓN O INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN?

Como hemos expuesto, el CNA ha abierto expedientes de investigación a más de 27 casos de corrupción de los cuales sólo algunos han sido judicializados (IHSS, y algunas alcaldías municipales), pero ninguno se ha resuelto en su totalidad. Fuentes que consultamos en el Ministerio Público nos indican que el CNA presenta las denuncias sin suficiente carga probatoria, lo que hace que en la mayoría de los casos se desestimen. Nos queda la duda de si existe injerencia política en esos casos, o simplemente el CNA es una figura demagógica que al contrario de combatir la corrupción sólo es un instrumento de la clase política del Estado para institucionalizar la corrupción, proteger a personajes que podrían ser solicitados en extradición por los Estados Unidos y despojar a la población de su capacidad de denuncia ciudadana. ¿Por qué el Ministerio Público no procede a la judicialización de la mayoría de los casos denunciados por el CNA?, ¿a qué se debe que Gabriela Castellanos se haya convertido en la figura principal del CNA y en su Directora Ejecutiva, cuando la reestructuración de la entidad a comienzos del 2014 consideraba incluso la supresión de la Dirección Ejecutiva por ser el CNA una institución de carácter civil?, ¿es Gabriel Castellanos un figura que busca construir perfil político —el aspecto mediático— a través de la institución para su futura postulación a la dirección de la Procuraduría General de la República?, ¿las amenazas a muerte que denuncian los funcionarios del CNA son verdaderas, o sólo son parte de la mediatización para elevar el perfil político de su Directora Ejecutiva?, ¿el CNA apoya la nueva medida de Secretividad del Estado?

Cuando desde El Pulso intentamos realizar una entrevista a la Abogada Castellanos sobre éstos y otros temas relacionados a la institución y al desempeño de sus funcionarios (principalmente de la señora Castellanos), recibimos la notificación que para ello debíamos hacer una solicitud formal de entrevista, lo que de hecho contraviene la Ley de Participación Ciudadana y los estamentos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que la institución pregona y defiende. Aun así, a solicitud de ellos mismos, nos vimos en la necesidad de enviar el breve cuestionario a la dirección de correo electrónico de la institución ([email protected]), recibiendo reiteradas dilaciones y excusas, pero sin obtener las repuestas del mismo.

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