Tegucigalpa, 11 de Agosto de 2016.
Abarrotado al doble de su capacidad y con cerca de la mitad de los reos sin condena judicial, el sistema penitenciario nacional es una bomba te tiempo que espera para explotar.
Así lo dejó saber el abogado Orle Solís Meraz, Comisionado del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, CONAPREV, quien recientemente conmemoró el décimo aniversario del Protocolo Facultativo que procura prevenir la tortura y los tratos crueles e inhumanos en contra de los privados de libertad.
«En la actualidad hay dieciséis mil novecientos sesenta y dos (16,962) privados de libertad, y la capacidad de los Centros Penales es de ocho mil (8,000) personas —indicó Solís Meraz, agregando que— eso significa que como mecanismo de prevención contra la tortura tenemos la responsabilidad de hacer recomendaciones al gobierno de Honduras para que construya otros centros penales».
El abogado resaltó, que mientras en Europa la tendencia es cerrar los centros penales, las condiciones de seguridad que vive nuestro país hace necesario ir en contra de esa tendencia y recomendar al gobierno que se abran nuevas cárceles.
«Los centros penitenciarios de Trujillo, Colón, tienen capacidad para 150 internos y actualmente cuenta con 361 —dijo el comisionado Solís Meraz a manera de ejemplo—, el de La Esperanza, Intibucá, su capacidad es para 80 internos y tiene 336 privados de libertad; la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto se construyó para 2,500 y tiene 4,700 personas; el centro penal de San Pedro Sula fue construido para 800 y tiene 3,099 privados de libertad, lo que significa que el hacinamiento es tremendo».
Desde hace varios años el gobierno de Honduras está construyendo nuevos centros penales en el país: en lIama, Santa Barbará y Moroselí, en el Paraíso, lo cual vendría a reducir la presión en los otros centros penitenciarios al rededor del país. Pero eso sería aún insuficiente según los defensores de Derechos Humanos.
Por otra parte, el comisionado resaltó que la reciente reforma al artículo 184 del código procesal penal, que le quitó a los jueces la discrecionalidad de otorgar las medidas sustitutivas de privación de libertad o prisión preventiva, es la causa que llenó (aún más) las cárceles del país.
«Las cárceles están llenas de pobres, humildes, personas que no saben leer ni escribir, gente que no tiene la posibilidad de nombrar un abogado para su defensa, situación que no puede continuar en el país. La contra reforma del 184 que devuelve la discrecionalidad a los jueces para que puedan dar medidas sustitutivas se convierte en una alternativa para un 48% de los privados de libertad que aún no han sido sentenciados», indicó Solís Meraz.
El funcionario afirmó además que el instituto penitenciario ya tiene equipos que en los distintos centro penales trabajan levantando estadísticas de cada privado de libertad, sobre la edad que tiene, si está procesado o sentenciado, así como el estado de salud del interno, porque hay reclusos que tienen más de 80 y 90 años de edad, otros están enfermos o con discapacidades físicas o mentales.
Advirtió además el comisionado, que se espera que el juez no vaya a abusar del privilegio y dejar en libertad a personas que cometen delitos que no son sujetos de medidas sustitutivas. Para él, el juez debe actuar con honorabilidad y certificar qué privado de libertad califica y poder ir descongestionando los centros penitenciarios.
Por su parte la licenciada Alma Mejía, subdirectora del Centro de Prevención Rehabilitación contra la Tortura, CPRT, advirtió que no hay garantía para que los pobres tengan ese beneficio del cual habla Orle Solís Meraz, pues según ella, sólo lo tendrán los que puedan pagar abogados.
Mejía recordó como en el pasado el gobierno planteó que se iban indultar a mil personas, se dijo que se iba a liberar a los enfermos y tampoco ha ocurrido.
«No tengo ninguna seguridad que vaya ocurrir —dijo Mejía—, se tendría que monitorear el proceso por los jueces de ejecución y defensores públicos y el procedimiento para que una persona privada de libertad pueda ser liberado es bien engorroso».
Según la licenciada Mejía, actualmente se maneja que podrían recobrar su libertad hasta 5,000 internos, pero considerando que darles de comer es difícil, más difícil será tratar de que salgan en libertad.
«Si los jueces tiene una cerebro cuadrado con relación al delitos, lo más probable es que esto termine en una desilusión, como en otras ocasiones», advirtió Mejía.
«El CPRT es una organización de derechos humanos con 20 años de experiencia de mantener observancias de los procesos carcelarios, y deberán tener prudencia para no generar en los internos falsas expectativas o falsas esperanzas que van a ser excarcelados», agregó Alba Mejía.
La CONAPREV espera que el presidente de la República sancione el decreto de la contra reforma de articulo 184.
«En el momento que entre en vigencia el decreto, ya dependerá de los equipos interdisciplinario que ha conformado el Instituto Penitenciario, que serán quienes certificarán el expediente de cada privado de libertad que califica para tal beneficio», concluyó el abogado Orle Solís Meraz.
Actualmente las autoridades penitenciarias estudian la implementación de la pulsera electrónica como medida sustitutiva para conocer siempre el paradero del imputado.
C.P.L.
