Tegucigalpa.
Luego de cuatro meses de haberse declarado inconstitucional la ley que dio vida al Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, exmiembros del desaparecido ente continúan bajo perfil y sin un proceso de investigación sobre los supuestos abusos de autoridad realizados durante sus funciones.
Según la Mesa Técnica para verificar las actuación de los consejales nombrada en el mes de marzo por el presidente del Poder Judicial, Rolando Arqueta, el Consejo cometió una serie de abusos en la administración del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.
La mesa y rindió tres informes en los primeros días del mes de abril y hasta el día de hoy el Ministerio Público no ha ejecutado ninguna acción que conduzca a deducir responsabilidades por las irregularidades cometidas.
El informe revela que los consejales cometieron abusos en el manejo de los recursos financieros al recetarse aumentos salariales de hasta de noventa y cinco mil Lempiras (L.95,000.00), aumento selectivo del fondo de la tasa de seguridad a personal que no tenia nada que ver con operativa aplicación de la Justicia, porque no eran jueces o secretarios de juzgados.
Solo el 2015, los concejales se gastaron treinta y nueve millones noventa y nueve mil setenta lempiras (L.39.099,070.94) según la información recabada por El Pulso, dinero que se usó en pasajes aéreos, gastos de viaje y viáticos de los consejales.
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VIÁTICOS |
GASTOS DE VIAJE |
GASTOS DE BOLETO |
TOTAL DE GASTO |
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VIÁTICOS NACIONALES |
22,829,954.59 |
980,760.29 |
23,810,714.88 |
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VIÁTICOS AL EXTRAGERO |
12,426,531.63 |
2,861,824.43 |
15,288,356.06 |
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TOTAL |
35,256,486.22 |
3,842,584 |
39,099,070.94 |
La Mesa Técnica observó que cuatro miembros del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial durante el año fiscal 2015, ejecutaron en viáticos el 14% del presupuesto asignado para viáticos de todo el poder Judicial.
Cada consejal ganaba noventa y cinco mil lempiras (L.95,000.00) de sueldo y ochenta mil lempiras (L.80,000.00) de viáticos.
Rolando Arqueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, reconoció públicamente que eran actuaciones no éticas de un alto funcionario del Estado despilfarrar los recursos de ese poder del Estado.
Hasta la fecha esta siendo juzgado ante los Tribunales el abogado Teodoro Bonilla, por el delito de tráfico de influencias, no por las irregularidades como vicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.
El cargo de presidente del Consejo lo ocupó el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Jorge Rivera Avilés.
El Consejo de la Judicatura y carrera Judicial era un órgano colegiado, el presidente de Corte Suprema de justicia participaba en la toma de decisiones, por tanto es corresponsable de los abusos cometidos por el órgano.
El informe de Mesa Técnica de Evaluación de las actuaciones en la Administración de Personal dejó saber, además, que el Consejo nombró jueces e inspectores de Tribunales en Santa Bárbara, sin que participaran en concurso público como establece la ley, evaluación psicométrica e investigación de antecedentes laborales y penales.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, catalogó como antiético que un solo concejal nombrara quince parientes en puestos de trabajo en el poder judicial.
En una entrevista realizada al magistrado de la Sala de Sentencia de lo Penal y Presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, manifestó que el Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial es un mandato Constitucional y señaló que el último pleno de la Corte Suprema de Justicia realizado en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, nombró una comisión para que configure una nueva ley.
Para el abogado Diaz, los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, actuaban a sus anchas porque no tenían ningún control, ni a quién rendir cuentas.
«La comisión nombrada para configurar la nueva ley, debe tener controles administrativos internos eficaces y rendición de cuentas con veeduría social, para corregir los antecedentes funestos del consejo anterior y se hagan concursos para la contracción de personal y transparencia en la administración de los recursos», indicó Diaz, agregando que las irregularidades cometidas por los ex miembros de consejo acarrean responsabilidades civiles y hasta penales por lo que insta al Ministerio Público a agilizar las investigaciones para que deduzca las responsabilidades respectivas.
«Todas las irregularidades se originan en la forma como fueron electos en un Congreso Nacional. No se escogieron en base a los méritos sino por las componendas de los intereses políticos. No tenían compromiso con la sociedad hondureña», afirma el Magistrado y Juez de Sentencia, Mario Diaz.
Luego del informe de la Mesa Técnica, los consejales renunciaron argumentando razones personales, anunciando que volverían a sus antiguos puestos de trabajo.
