Represtantes de nueve comunidades llevan diez meses esperando respuesta de las autoridades conforme a la Ley de autodeterminación de los pueblos.
El día miércoles 2 de septiembre de 2015, la Corporación Municipal de Choluteca celebró la sesión de Cabildo Abierto, solicitado por las comunidades de Hatillos N.2, Guanacastillo, Agua Caliente de Pavana, Barrancones, Planteles de San Martín, Los Mangos de San Martín, Cerro de San Martín, San Martín Centro, Guayabilla.
Se colocaron nueve urnas, cada una custodiada por tres miembros de la Alcaldía Municipal, uno de la comunidad y uno en representación de Cáritas.
Luego del conteo final de la votación, 537 votos resolvieron No estar de acuerdo con la explotación minera en sus comunidades. Solo una persona votó a favor.
Conforme dicta la ley, la Corporación Municipal decidió respetar la decisión mediante la firma del acta de Certificación N° 01, extendida el 03 de septiembre de 2015, firmando la Secretaria Municipal Ana Rosa Mendoza Silva.
La representación de la municipalidad estuvo presididida por el alcalde Quintín Javier Soriano Pérez, con el acompañamiento del Sr. Vice-alcalde Nelson Humberto Paz, los regidores y las regidoras: Fanny Sánchez Galo, Demnis Alexander Núñez Bojorque, Yessenia Coely Zelaya, Yamileth Mendieta, Eleodoro Sánchez Rodríguez, Carlos Ramón Loucel. No asistieron Marvin Francisco Miranda, José Ramón Zúniga, Orbin García y Wilberto Reyes Ordóñez. En el proceso de votación se contó con la participación del padre Rito Castillo como testigo garante.
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Según relata César Centeno Martínez llevan de ocho a diez meses interponiendo una denuncia en contra de la administración del alcalde de Choluteca Quintín Soriano por el delito de usurpación de un derecho real sin obtener respuesta alguna. Para corroborar la información, el señor Centeno ha hecho entrega a El Pulso de once documentos que dan fe del proceso de denuncia.
Dos son las personas responsables de explotar recursos mineros en contra de la ley y sin permiso de operación, que además han incurrido en la contaminación del medio ambiente, son: Santos Fidel Elvir y Santiago Calona, último originario de Olancho.
El incumplimiento municipal
En la documentación consta que se han interpuesto varias denuncias ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y no les han dado seguimiento, y, por el contrario, los encargados se han disculpado por el extravío de las mismas. Sin embargo, los denunciantes han guardado copias que han vuelto a entregar sin obtener aún respuesta.
La primera data del 8 de agosto de 2015, con número de denuncia 2394-2015, y dice lo siguiente:
«que desde hace tres años el señor Santos Fidel Elvir está trabajando en la aldea Planteles de San Martín con maquinaria pesada (rastra tipo molino) cuya función es moler la brosa para extracción de oro, dañando el medio ambiente. Cabe decir que los desechos son tirados directamente a una quebrada de la comunidad antes mencionada.»
La indiferencia de justicia de la DNIC ha obligado a los patronatos a interponer nuevas denuncias, en esta ocasión agregando a la de «usurpación de un derecho real», el de la «desobediencia».
La declaración relata lo siguiente:
«Declaran los denunciantes que desde hace varios años han llegado varias personas a las comunidades con el objetivo de realizar explotación minera. El caso es que ninguno de ellos cuenta con licencia ambiental ni permiso de la alcaldía municipal ni de INGEHOMIN para realizar dicha actividad y están realizando gran cantidad de daños en las comunidades antes mencionadas con derrames de la extracción de materiales mineros: por lo cual se solicitó al alcalde de Choluteca un cabildo abierto solicitado por todas las comunidades afectadas en el cual se llegó al consenso de prohibir la actividad minera de cualquier tipo, pero a pesar de la prohibición el señor Santos Fidel Elvir y otras personas siguen realizando dicha actividad minera por lo cual se interpone la denuncia. (Denuncia 2716-2015)
El silencio de INHGEOMIN, DPI y SERNAM.
Los patronatos de las nueve comunidades afectadas solicitaron al Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) el cierre de las minas ya que estas operan sin sus permisos respectivos de explotación, poniendo en riesgo la salud de todas las personas de las comunidades, debido a los químicos que han venido utilizando como ser azogue, cianuro, nitrato, deamonio, pólvora, dinamita.
Esta solicitud se le presentó al Abogado Agapito Alexander Rodríguez, presentando a INHGEOMIN, sellado y firmado el 11 de septiembre de 2015.
Asimismo, se ha solicitado la pronta investigación a la DPI, al sub- comisionado Olvin Paz, como consecuencia de ser ignorados en sus solicitudes. Tampoco las denuncias han pasado a la Fiscalía, lo que inidica no haber sido procesadas.
También se ha hecho una solicitud al Director de la SERNAM: José Galdámez, sin obtener respuesta. El documento fue recibido y firmado el 26 de noviembre de 2015 por el Ing. José Adalid.
«Además de poner en riesgo la salud de las personas, también se está acabando con los chacalines, pescados y especies de agua dulce», expresan los pobladores.
Denuncia interpuesta en las oficinas de la D.P.I. de la Ciudad de Choluteca, a los 25 días del mes de noviembre de 2015.
«Narra el denunciante que aproximadamente hace tres años el señor Santos Fidel Elvir tiene una minería ubicada en el Casería Guayabilla. Tiene de estar explotando minas en la cual utiliza fulminantes (explosivos). Lo cual está afectando a dichas comunidades como ser: Planteles de San Martín, Los Mangos, Barracones, Atillo, y Agua Caliente de Pavana.»
Ministerio Público ¿a favor de la ley o de intereses de empresarios?
Agotándose todas las instancias posibles, los patronatos han solicitado a Manuel de Jesús Villamil, Coordinador de Fiscales, atender sus denuncias, las cuales también han sido desoídas.
Recibida, fechada y firmada el 25 de noviembre de 2015.
El único acompañamiento jurídico de los denunciantes es la Pastoral Social Cáritas
Denia Suyapa Castillo, acompañante legal de GECAPRAM, interpuso el 12 de enero de 2016 la denuncia a la que tampoco se le ha dado trámite al igual que las demás presentadas. La carta está dirigida al Abog. Manuel de Jesús Villamil, Coordinador de Fiscales.
Conclusión:
Todas las instituciones gubernamentales que deben procesar las denuncias interpuestas, que deben garantizar el cumplimiento de las leyes, del bienestar humano como derecho inalienable, y proteger el medio ambiente, o no sirven para nada o están coludidas con los intereses de las mineras en contra de la población hondureña.
El Testimonio de César Francisco Centeno:
«Llevamos certificación de INHGEOMIN y SERNAM, y en la DPI dijeron haber perdido las denuncias. De todas las denuncias que yo he interpuesto he dejado copias, así que procedieron a usar las copias.
Hablamos de un proceso de diez meses y no le han dado seguimiento. Todo sigue en la DPI.
Nuestras denuncias son las siguientes:
Usurpación de un Derecho real: porque es delito, porque la Ley de Minería dice que hay que consultarle a los pueblos si quieren una mina artesanal o de otro tipo. En base a eso, hicimos una consulta previa, un plebiscito. Lo que sucede es que nuestras autoridades no están para ayudar al pueblo sino para entorpecer el proceso. Pierden las denuncias. Y no las pasan al Ministerio Público.»
El representante de Planteles de San Martín agrega:
«Se acudió a UMA (Unidad Municipal del Ambiente) al encargado Juan Benito, para interponer la denuncia para que pararan el proceso del uso de las rastras. Y no les ha interesado. En ese sentido, nosotros volvimos a ir adonde el señor alcalde Quintín Soriano y dijo que a razón del cabildo realizado el permiso de operación de rastras en minería quedaba prohibido. Luego hizo caso omiso, y la ley es clara: que sin permiso de operación no pueden operar. El proceso se alargó. Tenemos el dictamen de INHGEOMIN donde dice que es «usurpación de un derecho real» y tiene que proceder a hacer un cierre, pero a estas alturas no han cerrado nada.
¿Quiénes son los que operan las mineras?
«No son empresas las que están operando, sino personas. Ellos dicen que es minería artesanal, ¿pero por qué no son artesanales? Porque usan compresores para hacer los agujeros, usan explosivos para hacer los agujeros, usan rastras, motores de buses que trabajan de 4 de la mañana a 9 de la noche, ellos dicen que es artesanal para justificar permisos y decir que es en beneficio de la comunidad, lo cual no es cierto»
Al consultarle sobre el nombre de las personas que operan ilegalmente, responde:
«Santiago Calona, que ha venido de Olancho, el más reciente, y el más viejo de operar es Santos Fidel Elvir, que son los que han hecho todo lo posible por intervenir y obstaculizar el proceso. Y fíjese usted, que ellos saben de antemano cuando he ido a UMA (Unidad Municipal de Aguas), a la DPI. Los encargados de las instituciones filtran la información y se la hacen saber a ellos. El dictamen de INHGEOMIN tiene 4 meses de haber salido y aún así siguen operando. Nosotros estamos en base a ley y el día de mañana que nos tomemos la Panamericana a nosotros no nos pueden decir que estamos cometiendo un delito, porque no hay otra forma de reclamar nuestros derechos. Las autoridades no cumplen con sus funciones.»
Problemas derivados de la contaminación:
«La gente ha sentido comezón en el cuerpo debido a la contaminación y se ha abstenido de ir a bañarse a las quebradas.
Hay un caso en este año de un animal que se murió por diarrea de sangre porque su dueño lo llevaba a aguar a las quebradas, estaba aguando con agua represada, porque los pozos en ese sector se secaron. Algunos animales se mueren.
Cáritas tiene videos de la descarga de agua contaminada. Hay una tubería de descarga subterránea por donde descargan aguas contaminadas sin el debido proceso de tratamiento.»
Habitantes de la comunidad:
En Planteles unas 400 personas, y en las nueve comunidades la población oscila entre un mil a un mil doscientas personas.
