RADIOGRAFÍA DEL FRACASO

Desde las publicaciones que desnudaron el modus operandi al interior de la Policía Nacional en los crímenes de alto perfil contra Julián Arístides González y Alfredo Landaverde, lo que ha quedado en evidencia es que el proceso más reciente de depuración policial, iniciado en 2012 y apuntalado por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, a raíz del asesinato en 2011 de su hijo Rafael Vargas Castellanos y su amigo, Carlos...

Desde las publicaciones que desnudaron el modus operandi al interior de la Policía Nacional en los crímenes de alto perfil contra Julián Arístides González y Alfredo Landaverde, lo que ha quedado en evidencia es que el proceso más reciente de depuración policial, iniciado en 2012 y apuntalado por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, a raíz del asesinato en 2011 de su hijo Rafael Vargas Castellanos y su amigo, Carlos David Pineda, falló en generar los resultados esperados.

El proceso de depuración policial del 2012 comenzó con la aprobación, el 31 de Enero de ese mismo año, del Decreto 04- 2012, que ordenaba la depuración del sistema policial, Ministerio Público y Poder Judicial, al conformar la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, integrada por los comisionados nacionales Víctor Meza, Matías Funes y Omar Casco, y además por los comisionados internacionales Aquiles Blu de Chile y Adam Blackwell de Canadá. Entre las otras medidas que se adoptaron para la depuración policial fue la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que habría poner en marcha un sistema de pruebas de confianza para identificar y suspender a los miembros de la Policía Nacional que no fuesen aptos para seguir laborando. Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas se comprometió a realizar investigaciones de enriquecimiento ilícito en las fuerzas policiales.

En teoría, las medidas apuntaban a un verdadero análisis del crimen dentro de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, más pronto que tarde, los problemas comenzaron a manifestarse, empezando por una falta de presupuesto de parte del gobierno de Porfirio Lobo a la DIECP, el brazo ejecutor de la CRSP, seguida por el hecho de que las atribuciones de la DIECP no le permitían impartir justicia directamente, sino a través del Ministerio Público. Al final, la DIECP ni si quiera pudo determinar a quiénes someter a las pruebas de confianza, sino que tuvo que adherirse a una lista de miembros de la policía recomendados para someterse a tales pruebas. Esta lista fue presentada por el entonces director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, mencionado en el informe del NYT como uno de los directores que encubrió informes que detallaban a los presuntos involucrados en los asesinatos de González y Landaverde.

La CRSP presentó en enero del 2013 un paquete de leyes para la depuración de las instituciones de seguridad en Honduras, pero en medio del creciente furor electoral que avistaba ya la elección del presidente Juan Orlando Hernández, las medidas fueron ignoradas. Finalmente, en Abril del 2014, el Congreso Nacional dio por terminada la gestión de la CRSP, al derogar el decreto de su creación.

Desde el escándalo generado por los asesinatos de González, Landaverde y los dos jóvenes universitarios y la subsecuente desarticulación del llamado cártel de la ahora extinta Posta de Belén, se dio un desfile de generales en el alto mando de la Policía Nacional, comenzando por la destitución de José Muñoz Licona, seguido por Ricardo Ramírez del Cid quien fue sustituído por Juan Carlos «el Tigre» Bonilla. Días después del asesinato de Óscar Roberto Ramírez, hijo de Ramírez del Cid, Bonilla, a quien Ramírez del Cid responsabilizó del crimen contra su hijo, fue destituido de la dirección de la Policía Nacional, y posteriormente enviado a Colombia en calidad de funcionario activo de la Secretaría de Seguridad. Su lugar fue ocupado Ramón Sabillón, quien a finales del 2014 fue separado de su cargo, y quien afirma que esto sucedió por su coordinación en una operación antidrogas que culminó con la captura del cartel de los Valle Valle. Félix Villanueva es hasta el momento el director de Policía Nacional.

Las conclusiones al final del proceso son contundentes: la depuración policial nunca ocurrió. Las medidas que se adoptaron fueron superficiales. La DIECP nunca tuvo atribuciones que le permitieran desarrollar una labor exitosa. Los constantes cambios en la dirección de la Policía Nacional fueron para aplacar el malestar que generaron mediáticamente los crímenes de alto perfil que se dieron durante las gestiones de cada director. Sin embargo, ¿hay diferencias entre el proceso adoptado en 2012 y el proceso adoptado en el presente año?

La actual comisión de depuración de la Policía Nacional, integrada por Vilma Morales, Omar Rivera y Alberto Solórzano y nombrada en abril del presente año, hasta el momento ha suspendido a los ex directores de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Sabillón, en tanto que Elder Madrid Sierra, Javier Leopoldo Flores y José Leandro Osorio han sido cancelados de las fuerzas policiales. Juan Carlos Bonilla fue solicitado para evaluación, puesto que su expediente no está disponible.

El proceso anterior de la depuración policial dejó a su paso organizaciones estériles que no rindieron los resultados para los que fueron creadas. La DIECP constantemente reclamaba contar con un presupuesto insuficiente para desarrollar sus funciones, a pesar de estar subvencionada por los fondos de la tasa de seguridad, que hasta el momento continúan recabándose sin existir informes públicos de la utilización de estos fondos. En 2013 y 2014, se crearon instituciones de seguridad paralelas a la Policía Nacional, la Policía Militar de Orden Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Sin embargo, según el Informe de Derechos Humanos en Honduras del año 2015, elaborado por el departamento de estado de los Estados Unidos, revela que las acciones han sido insuficientes para frenar el encubrimiento e impunidad en todos los entes de seguridad del estado de Honduras.

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