La justicia y los aparatos del Estado de Honduras
Es la tarde del primer día del Encuentro Internacional de los Pueblos en el Nacional de Ingenieros Coliseum, se están entregando los resultados de las mesas de trabajo que a lo largo de esa jornada se desarrollaron como parte de lo metodológico. Quienes pasan tienen a sus espaldas el vacío de las butacas y hacia el frente un puñado de personas, las que más capacidad de resistencia han tenido para quedarse todo el día a escuchar los largos discursos de la mañana, los resultados de las mesas de trabajo e interpretar la nada en el eco de los altos parlantes que les golpea el rostro como la idea de una brisa fresca. A quienes pasan se les ve cansados, se le ve agotadas. Uno de esos últimos en pasar al frente es Víctor Fernández, que para estas horas de la tarde ya tiene el pelo desaliñado y los ojos cansados, la voz gruesa y suda, suda por montones producto del intenso calor que se ha acumulado al ritmo del humo del incienso garífuna.
«¿Qué estamos entendiendo por justicia y a quién le estamos pidiendo justicia? –Pregunta de manera retórica el abogado Víctor Fernández–. Siempre tenemos una práctica recurrente de pedirle justicia a quienes son los provocadores de la injusticia. En el caso Honduras, que puede ser el caso de muchos países de Latinoamérica, que están representados aquí, y específicamente en el caso del crimen de Bertha Cáceres, estamos manejando equivocadamente un discurso de pedirle justicia a quienes pudieron haber ejecutado el crimen contra Bertha Cáceres. Entonces eso nos puede conducir a una especie de contradicción».
Víctor Fernández me deja una duda que parece superarlo todo, si no se puede pedir justicia al gobierno de Honduras sobre el caso de Bertha Cáceres, ¿a quién acudir?
La sensación predominante durante el desarrollo del Encuentro Internacional de los Pueblos, dedicado a la memoria y lucha de Bertha Cáceres, es la de que en Honduras ya no existen instancias oficiales a las cuales exigir justicia por los casos de asesinatos. Se entiende entonces que el gobierno actual tiene luz verde para cometer cualquier crimen sin que exista un poder que pueda parar las atrocidades llevadas a cabo por el gobierno de Hernández, como si el país fuera en realidad un campo de concentración.
En una entrevista otorgada a una cadena internacional por Bertha Isabel Zúniga, hija de Bertha Cáceres, manifestó que «nosotros no confiamos (en la justicia hondureña), primero porque ha sido un aparato ineficiente en la investigación tal como lo señala la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos), pero también porque sabemos que la institucionalidad hondureña tenía intereses fuertes en no averiguar, en no investigar quiénes realmente están detrás de su asesinato.»
La familia de Bertha Cáceres exige ahora una intervención de expertos internacionales, Derechos Humanos y organizaciones como OFRANEH y COPINH realizan una serie de demandas que van no sólo al esclarecimiento del asesinato de Cáceres sino a la defensa real de los territorios indígenas y la protección de los recursos naturales como bienes comunes, y la vida de quienes luchan por la defensa de estos. Existe un emplazamiento hacia el gobierno hondureño, pero este emplazamiento parece quedar planteado en el papel sin llegar a concretar resultados tangibles.
Converso entonces con Víctor Fernández, abogado y defensor de los Derechos Humanos, para que me explique el contexto legal del caso.
–Nosotros lo que estamos diciendo es que el caso de Bertha, para los movimientos sociales, para la gente que estamos comprometida con otro estilo, con otro modelo de vida, tenemos la obligación de buscar la verdad, la verdad integral y no una verdad parcial que se reduzca al caso puntual y uno de los temas fundamentales es quién va a dar esa respuesta de justicia. Si le pedimos a los provocadores de la injusticia, del crimen por acción o por omisión, que nos den una respuesta seguramente nos van a dar una respuesta para autoprotegerse como responsables del hecho y entonces la respuesta puede ir en sentido parcial, es decir, que te den respuestas a medias o que te den respuestas abiertamente negativas del proceso, ambas cosas implican impunidad.
Tanto las declaraciones de la familia como las declaraciones de Fernández son apenas parte de los ingredientes de la debilidad, de la impotencia y de quizá hasta la desesperación que existe ante el hecho ineludible de enfrentarse directamente a la maquinaria de de las instituciones del poder, una maquinaria que avanza devorando todas las vidas que a su paso pueda encontrarse, vidas que cobra como ofrendas en un territorio que cada vez es algo muy parecido a un enorme cementerio en el que a las familias de las víctimas únicamente les queda la sensación de gritar, aunque esos gritos no sirvan más que para el desahogo personal.
De 2010 a 2016 se cometieron 109 crímenes a medioambientalistas y los aparatos de justicia no se hacen responsables de la tarea de esclarecer los casos y dar con el paradero de los responsables, responsables que están más allá de quien jala del gatillo, en el caso particular de Bertha Cáceres y toda la intriga al rededor de su caso se ha podido demostrar que los intereses tras las muerte de Cáceres van muchos más allá del medio ambiente, contiene también aristas de un conflicto político y económico con raíces profundas y ancladas en un pasado inmediato, la transformación que ha venido sufriendo el Estado de Honduras para terminar de ser uno que funcione en el sentido de los consorcios financieros y políticos. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 80% de los casos en Honduras quedan en la impunidad.
–Debemos plantearnos la búsqueda de la verdad desde nuestros propios esfuerzos, desde nuestras propias capacidades con la convergencia de los distintos actores del mundo. Me dice Víctor Fernández.
Pero estas capacidades, estos esfuerzos y sobre todo los distintos actores del mundo no parecen estar empujando a los aparatos de justicia a que resuelvan el caso. Lo único que está claro hasta el momento es el vacío en el que se está desarrollando la exigencia de justicia. La clara desconfianza hacia la justicia hondureña y la incapacidad de la presión internacional dejan en este vacío a la familia de Bertha Cáceres y a los movimientos sociales.
A pesar de esta ausencia creada por las instituciones del Estado en el sentido de asumir responsabilidades, se especula al rededor de tres posibles líneas de investigación, Fernández me las explica a detalle.
–Hay tres líneas en perspectivas de cómo comprender la investigación del crimen de Berthita, como lo hemos manejado en la actualidad, los distintos actores que nos hemos involucrado en eso (el caso), la familia, las organizaciones, los distintos actores y el mismo gobierno. La primera, es la investigación básica, de cajón, que hace el Estado a través del Ministerio Público y que la están desarrollando, y en la cual arbitrariamente nos han excluido a nosotros de ella, ésa es una cosa y en ésa vamos a participar siempre con todas la limitaciones que hay.
–¿Qué implica la exclusión? Le pregunto.
–Que la declararon en secretividad para nosotros, –me sigue explicando–, es decir, nosotros no conocemos directamente la investigación, sólo se nos reconoce que podemos participar, que somos acusadores privados, pero sin conocer el caso no podemos hacer ninguna cosa, en todo caso, lo que hagamos es a ciegas, nosotros conocemos un poco de investigación, sabemos cómo definir una línea, sabemos cómo incorporar cosas, pero no las podés incorporar cuando todo el desarrollo de la investigación lo tenés cerrado.
Mientras conversamos en el Nacional de Ingenieros Coliseum, lugar donde se desarolló el encuentro, la gente que pasa a nuestro alrededor tienen el rostro del desconcierto, el de las personas que no comprenden lo que está sucediendo, que sólo lo intuyen. De alguna manera, al contarme todo esto, Víctor Fernández, tiene un halo de desconcierto, de desorientación, de incertidumbre, propio de alguien que ha estado desde el primer día en el proceso investigativo del caso pero del que no se ha podido sacar luces de respuestas concretas.
–Lo segundo es lo que estamos pidiendo, que está pidiendo la familia, que se incorpore una misión de expertos rectorada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero que la pida el gobierno para que apoye en una especie de acuerdo institucional a esta primera investigación que ya inició el Ministerio Público, frente a esto, el gobierno nos ha respondido con que incorpora al caso a la oficina del alto Comisionado de Derechos Humanos, incorpora al caso al FBI, incorpora a la MACCIH, y por tanto niega esta posibilidad de que intervengamos desde la lógica institucional con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las mismas contradicciones no se pueden obviar, y es que a pesar de toda la desconfianza en el proceso que el Ministerio Público está llevando a cabo y de la incorporación de agentes del FBI y de otras instancias se requiere para que el caso tenga avances significativos que exista un acuerdo institucional de parte del Estado hondureño.
–La tercera vía es una comisión alterna, sin reconocimiento del Estado, pero que vinculado con quienes participamos directamente de la investigación, y haciendo muchas otras cosas más que ésa, pueden desarrollar un proceso investigativo autónomo, alterno y que presente un informe a la familia, al Estado, a la sociedad hondureña y al mundo, ¿quiénes son esos expertos? Bueno, hemos venido trabajando el concepto de qué es la comisión, qué es lo que haría, cuál es el mandato, es decir, que trasciende al hecho mismo de Bertha, puede ser que hayan hechos anteriores que estén relacionados con una especie de política de exterminio de los grupos sociales que se oponen al modelo extractivo, entonces, encontrar los hilos que hayan en relación al crimen, quiénes son los actores institucionales por omisión y por acción en eso (el crimen), quiénes son los actores económicos, cuánto los bancos sabían de esto, cuánta responsabilidad tiene la banca internacional en esto.
El extractivismo reduce a cero el acceso a los recursos naturales, estos son cedidos a consorcios financieros que hacen de la explotación de los recursos naturales una mercancía más y dejan las áreas donde intervienen con altos niveles de contaminación con la erradicación de los medios ambientes dejando sin capacidad de regeneración a las áreas naturales que deberían ser protegidas por una política de Estado pero que en el marco de la agudización del neolibarilismo quedan a merced del mercado.
Víctor Fernández también me cuenta de que existe una lista de quince nombres que se pretende integrarán esta comisión alterna, esta lista aún no ha sido revelada porque están en el proceso de consolidar la idea.
Y antes de que pueda preguntarle una cosa más, continúa con lo de la comisión alterna. Comenta que de esta comisión alterna de expertos se espera que trabaje con quienes han estado desde el principio dándole seguimiento al caso que el Ministerio Público ha desarrollado. Que rectore el proceso investigativo y que de una respuesta clara sobre los autores materiales e intelectuales de Bertha Cáceres.
–En un sistema judicial, coherente con la realidad, uno que funcione, ¿sobre quién recae la investigación? Me atrevo a preguntarle.
–Sobre el Ministerio Público, –me dice a rajatabla–, pero el problema es que el Ministerio Público previo al crimen persiguió a Bertha a través de sus funcionarios, el problema es que el Ministerio Público tiene un director de fiscales vinculado con los abogados de la principal sospechosa de este crimen que es la empresa DESA, el problema es que el Ministerio Público declaró en secreto arbitrariamente la investigación, el problema es que el Ministerio Público le brinda información a todo el mundo de la comunidad internacional menos a las víctimas. Todo eso construye un edificio de sospechas que ya lo deslegitimaron para dar un resultado creíble en este caso para las víctimas, por eso es que es necesario lo otro, por eso tenemos este enfoque, desde lo rigurosamente institucional jurídico hasta la visión política y humana que debemos tener los luchadores sociales en este caso.
Víctor me comenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde agosto pasado declaró que la familia de Bertha Cáceres y ella estaban en riesgo, no cualquier riesgo sino grave riesgo, en el sentido de que se pueda perder la vida. La situación que implica la incapacidad de poder defenderse de los aparatos de represión que sostenidamente en Honduras han asesinado y seguirán asesinando a las personas que se atrevan a ir un poco más allá en el cuestionamiento hacia los monopolios empresariales que ven en el territorio hondureño los recursos y las condiciones para explotarlos se agudiza al punto de quedar el vacío de la institucionalidad del Estado de Honduras.
El encuentro y la dispersión
La gente llegó poco a poco al Nacional de Ingenieros Coliseum. Despacio. Con cierta pereza. Muchos, en su gran mayoría, eran miembros de OFRANEH y de COPINH. Venían en los buses, habían hecho viajes largos, de cuatro, seis y quizá hasta de ocho horas para poder llegar hasta Tegucigalpa. Otros, venían del resto de Centroamérica y hubo una pequeña delegación canadiense, eran indígenas y aunque el color de la piel puede mal interpretarse, lo eran. Es curioso cómo los estereotipos van de uno lado hacia el otro y generan ciertas barreras que superan las barreras del idioma, esas barreras creadas por el color de la piel porque también hemos estereotipado al indígena, en uno que sólo puede ser de rasgos totalmente alejados del biotipo del anglosajón.
El Nacional de Ingenieros estaba invadido por el profundo olor del incienso, del copal, del ritual de invocación a los ancestros y las ancestras, se invocaba la protección de los abuelos. Una danza que cubría todo el espacio. Las cámaras de la prensa acreditada para el evento intentaban retratar el momento, grabar en vídeo el sonido de los tambores garífunas, peleando con los celulares de las personas que invadieron en todo momento la zona de prensa. Karla Lara cantó el himno nacional y algo sentimos, quizá, algo que nos quedó de aquellos días de lucha contra el golpe de Estado.
Pero luego, de la misma manera en que la gente había cubierto las butacas, despacio, el río se dispersó. El análisis de Álvaro Cálix era sólo el murmullo que salía del bosque, nadie parecía codificarlo, las personas se miraban y escuchaba ese murmullo pero nadie parecía entender lo que Cálix explicaba y terminó su intervención sin haber recibido eco del público que ya había comenzado a abandonar la sala. Esto quizá por el cansancio de las horas de viajes que fueron necesarias para llegar a la capital o porque sencillamente, quienes hablan para el pueblo, siguen hablando como si conjuraran un encantamiento.
Un discurso mucho más aterrizado, más sentido, casi con el corazón en la garganta, fue el de Bertha Isabel, hija de la niña guardiana de los ríos, heredera de esa mística que se necesita para entender los ritmos, las pulsaciones de un pueblo que tiene hambre, y que no posee nada más que un puñado de esperanzas, lo más real es el hambre. Delgada, pequeña, casi frágil, pero su voz parece ser de a rato la voz de su madre, y como su madre ella también mide la alegría en los ojos de los indígenas con los que construye la esperanza. La gente seguía saliendo, incómodos por el calor, por el aburrimiento de estar allí sentados, por la innecesaria cadencia de las butacas.
Víctor Fernández es más sobrio, nada etéreo, propio de alguien que sabe el lenguaje en el que conversan las personas, insiste en la necesidad de construir la verdad, la verdad necesaria, la verdad que haga tributo a la memoria de Bertha. Pero la gente ya se ha ido casi toda, parece solamente estar hablando para las cámaras, para las grabadoras, la transmisión en streaming rompe y se cuela la voz de Víctor de entre los parlantes que construyen un eco ensordecedor producto de la mala acústica que el Nacional de Ingenieros tiene.
«Detrás de quienes disparan está todo el entramado económico que no sólo pudo haber asesinado a Bertha Cáceres sino que pudo haber asesinado a muchos y a muchas luchadoras de este país.» –Víctor, lo tengo grabado, compita, pienso y me pierdo en el vacío de las butacas que parece tan simbólico, citar a un encuentro para hablar con la nada que habita la patria–.
El pueblo no pudo más, cedió al intenso calor, al encierro. Afuera hay puestos de comida con venta de baleadas y papitas fritas, con pupusas y horchata. La gente si tiene sed es de saber lo que ha pasado, también, pero el hambre pasa factura a los cuerpos y el río se dispersa más, guiados por el olor de la comida y es imposible continuar con el evento. Se hace una pausa exigida por la dispersión. Alguien que ha venido de El Salvador trae unas camisetas con el rostro de Romero estampado, me acerco, hay recopilaciones piratas de homenajes a Bertha, de homenajes a Monseñor Romero, las canciones de la vieja guerrilla salvadoreña han llegado al encuentro esperando ser intercambiadas por un par de devaluados lempiras. Botones con el rostro de Bertha a quince lempiras. La entrada del Nacional de Ingenieros es un mercado persa de improvisado color rojo, para que nadie se quede sin llevar el souvenir que más le guste.
Los acuerdos del encuentro y la incertidumbre
Los acuerdos surgen de las discusiones que se dieron en la tarde del primer día del encuentro. Salen del trabajo grupal. Aquí hay que reconocer el esfuerzo que la gente hizo para mantanerse concentrada y sacar valoraciones importantes sobre la necesidad de mantener este espacio, enfrentando la incertidumbre en la que se vive en Honduras, algo que también parece una constante en países como Guatemala y El Salvador, que junto a nosotros, terminan de darle forma al tan famoso «triángulo norte» en donde la vida a veces parece ser una hipérbole centroamericana.
El encuentro se compromete a luchar por la verdad y la justicia en el caso de Bertha Cáceres, pero ya lo decía Víctor Fernández, una verdad que siendo verdad le haga justicia a la memoria y a la lucha de Bertha.
El encuentro se compromete a luchar por expulsa a DESA de los territorios lencas, por la liberación del río Gualcarque y por construir sinergias y vías de comunicación que enlacen los pueblos.
El encuentro se compromete a sacar a los militares de los territorios ancestrales.
El encuentro reconoce a COPINH y a OFRANEH como las organizaciones defensoras de los territorios y de los derechos de los indígenas y el pueblo garífuna.
Los compromisos, aunque mínimos, son el punto de partida. Pero es que en Honduras pareciera que siempre se está en el punto de partida y nunca en el camino que se plantea debe ser recorrido para la liberación de los pueblos y para refundar la patria, y «refundar» ya es una palabra que pesa en los movimientos sociales.
La gente ha retornado ya y en la capital el interés sigue en otros asuntos, unos más domésticos que otros, la crisis de la Policía Nacional, el caso de David Romero Ellner, la nueva curiosidad de Salvador Nasralla o el partido del fin de semana en el Estadio Nacional. El río ha reencontrado su cauce, siempre lo hace, siempre encontrará la manera de volver.
