Gustavo Castro: Entre la irregularidad y la negligencia

ALG9 abril, 2016

La vida de Gustavo Castro dio un giro la madrugada del 3 de marzo del 2016. Era huésped en casa de su amiga Berta, después de haber arribado hacía pocos días a Honduras, cuando dos hombres penetraron la casa con armas de fuego y los atacaron a ambos. Gustavo logró sobrevivir luego que las balas apenas rozaran su cuerpo y se tumbara, permitiendo que los asesinos lo dieran por muerto y lo abandonaran ahí junto al cadáver de Berta. Esto, sin embargo, era apenas el inicio de la odisea legal que le esperaba.

Según las palabras de Gustavo y de sus abogados, el proceso policial inmediato al asesinato estuvo lleno de irregularidades, comenzando por la contaminación de la escena del crimen, y de abusos cometidos por parte de las autoridades en el proceso de tomar el testimonio de Gustavo Castro, como único testigo del crimen.

Una vez rendidas todas las declaraciones, cuando Castro consideraba que ya había cursado la parte más difícil después de ser víctima de un atentado contra su vida y testigo de un asesinato, comienzan los signos de que sus peripecias se extenderían más de lo que él había previamente considerado.

Gustavo Castro finalmente pudo regresar a México el día 1 de Abril del 2016, a casi un mes del atentado contra su vida. ¿Por qué retuvo por tanto tiempo el estado de Honduras a Gustavo Castro?

La posición de Gustavo en el caso de Berta Cáceres es compleja. Es una víctima extranjera de un atentado contra su vida en uno de los países del mundo que ostenta el dudoso honor de tener una altísima tasa de mora judicial, pero también es el único testigo de un crimen que ha resonado en la comunidad defensora de los derechos humanos a nivel mundial. Es también, dentro y fuera de México, un activista que colaboró activamente con el COPINH, organización perseguida de forma constante a través del estado por oponerse a los intereses corporativos y los proyectos que estos grupos pretenden desarrollar dentro de los territorios indígenas. A simple vista, sus vicisitudes legales parecen ser meramente un caso de grave negligencia en un estado plagado por una institucionalidad defectuosa, pero a la luz del contexto se revela un patrón de irregularidades que están más allá de ser simplemente una serie de eventos desafortunados.

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