VIVIR EN EL OLVIDO

EGO13 septiembre, 2016

LA CONSULTA POPULAR EN SANTA ELENA, HOGAR DE ANA MIRIAN ROMERO, PREMIO FRONT LINE DEFENDERS 2016

Según narra el informe de los antecedentes previos a la consulta popular en Santa Elena, a Martín Gómez Vásquez, aquel 6 de octubre de 2014, lo golpearon y le quitaron el micrófono, los policías y los militares que el alcalde de Santa Elena había llevado al cabildo abierto donde se discutía la aprobación de la concesión a la empresa hidroeléctrica Encinos del señor Arnold Castro.

El pasado 10 de julio se llevó a cabo la celebración de la consulta popular, auto convocada y democrática, que las comunidades indígenas lencas de Santa Elena realizaron con el fin de permitir que las comunidades dieran a conocer su opinión sobre la instalación de una hidroeléctrica sobre el río Chinacla y acerca de la realización de un catastro municipal. A cuatro días de la realización de la consulta de Santa Elena, hombres cercanos al alcalde y a la empresa, atacaron a Martín, esta vez lo golpearon, lo apedrearon y lo atacaron con machetes. Según la denuncia hecha a través de CEHPRODEC, los hombres que atacaron a Martín fueron identificados como Hernán Ventura y Tito Ventura. Martín es uno de los líderes principales de MILPAH. Es un hombre amable, de baja estatura y tímido cuando ve una cámara.

Toda esa violencia, según explica Donald Hernández, quien es abogado de CEHPRODEC y ha seguido de cerca el caso de MILPAH, parece radicar en promesas de trabajo, en sobornos o amenazas. El río Chinacla, que atraviesa los municipios de San Marcos de la Sierra en el departamento de Intibucá y Santa Elena en La Paz, es vital para la vida de la comunidad por ser la fuente principal de agua en los dos municipios. La población es campesina, y depende directamente de las fuentes de agua, y del bosque. La cosmovisión de su relación con la naturaleza contradice las necesidades económicas de las empresas que ven los recursos naturales como mercancías de las que sacarán ganancias a costa del saqueo y de la expropiación de los territorios a las comunidades indígenas de la zona de Santa Elena. De esta manera, lo que para unos es una simple mercancía que generaría millones en ganancias, para otros, es el bien común de todas las comunidades, valiosa no como mercancía sino como elemento prioritario en la vida cotidiana de las familias de Santa Elena, quienes dependen de la naturaleza para que la comunidad exista.

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En el pasado, la policía de Santa Elena, se ha visto vinculada a actos de intimidación a las comunidades que defienden el territorio, como lo narra el documento de los antecedentes en la parte de las valoraciones jurídicas, en donde se explica que el 3 de septiembre de 2014, la policía y los militares llegaron a las tierras ocupadas por los indígenas, y les dispararon para amedrentarlos, quemaron sus pertenencias y destruyeron sus cultivos, y finalmente robando sus herramientas de trabajo.

Santa Elena pueblo, como se le conoce a la cabecera municipal, queda a casi cinco horas de Tegucigalpa. Es un lugar pequeño, con dos calles que no terminan de definirse si son empedradas o de tierra. La comisaría queda frente a la iglesia católica del pueblo y a un costado de ésta, el juzgado de paz, y atrás de estos, la alcaldía del municipio. Estas instituciones, según reclaman los indígenas organizados en MILPAH, son el mecanismo para intimidar a la población y para que las empresas hidroeléctricas puedan explotar los ríos que las comunidades reconocen como sus territorios ancestrales. Territorios que han defendido, amparados en el convenio 169 de la OIT.

Pero ustedes no se ven como la policía de otros lados, son más violentos en la ciudad. –Le digo a uno de los policía que ha llegado a ver cómo avanza la consulta en el centro de votación de Llano Alegre.

Mire compa, es que aquí el que se pone bravo, pierde, no ve que todos somos de la comunidad. –Me dice el agente. En su rostro, como el de sus compañeros, resaltan las facciones indígenas.

Muy temprano en la mañana, mientras algunos miembros de los observadores internacionales y periodistas, buscábamos algo de sol para calentarnos porque el frío nos había sorprendidos a todos al bajarnos de los autos en los que llegamos a Santa Elena, conocimos a los cinco agentes designados con la misión de controlar cualquier anomalía que pueda desarrollarse durante la consulta popular. Llegan en una patrulla a punto desbaratarse cuando se apaga el motor, motor, que por testimonio de ellos mismos, no es el motor original del pick up que hace de patrulla, sino de un carro más pequeño. No sé si sentir lástima o romper en risa. Me les quedo viendo con el escepticismo que los hondureños vemos a los uniformados. Al llegar, nos dejan claro, que su única misión es observar, que no van a intervenir al menos que haya un caso de violencia.

¿Cuáles son los crímenes más comunes en Santa Elena? –Le pregunto al agente en Llano Alegre.

Lo más común son las personas que por andar en estado de ebriedad cometen escándalos públicos, violencia doméstica, nada más.

¿Robos?

No, eso muy poco se da acá. –Me dice, agachando la cabeza para mirar hacia el suelo, una actitud que noté en muchos indígenas de la zona, un rasgo de timidez, quizá.

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En otro centro de votación, un poco más tarde, me presentan a la gente de Trocaire, la organización irlandesa que financia el proyecto. Ellos ofrecen llevarme a Azacualpa, donde esperamos encontrarnos con Ana Mirian Romero quien el pasado junio recibió en irlanda el premio Front Line Defenders, que cada año reconoce la labor de los defensores de derechos humanos quienes a través de su trabajo no violento protegen y promueven los derechos de su comunidad.

Nuestro guía es Felipe Benítez, coordinador del Consejo Indígena Lenca de La Paz. En Azacualpa nos dicen que Ana Mirian no llegará hasta la una de la tarde, porque ella vive a una hora y media del centro de votación, así que decidimos avanzar hacia otro centro de votación en la comunidad de Opalaca.

Opalaca, es la aldea más alejada de Santa Elena. Para llegar hasta la comunidad de Opalaca se debe avanzar a través de un estrecho camino de tierra en donde los carros circulan con dificultad. En algunos tramos, se nota el paso de las primeras lluvias de la temporada. El auto en el que vamos debe sortear la suerte de no quedarse atorado en algún hoyo que los torrentes de agua que bajan de la montaña hacen en el camino cuando llueve.

En la comunidad de Gualinga se nos une Elías, sobrino de Felipe. Elías tiene veintiún años, sacó su bachillerato, pero la universidad le quedaba demasiado lejos para continuar estudiando así que no tuvo otra que integrarse al trabajo familiar de la agricultura. Su familia cosecha café, bananos, y hortalizas de temporada, todo orgánico –me comenta– y para el consumo familiar.

¿Y esos? –Le pregunto a Elías.

Desde la paila del pick up de Trocaire vemos a dos hombres a la orilla del camino, haciendo anotaciones en una maquinita.

Son de la ENEE…

¿Les están instalando la energía en sus casas?

No, no sé qué hacen. Porque el alcalde dijo que necesitamos títulos individuales. –Me confiesa, contándome como el alcalde de Santa Elena, Víctor Ventura, ha puesto una serie de trabas para que las personas no tenga acceso al servicio eléctrico que se encuentra bastante avanzado en la zona.

Pude apreciar cómo los postes y el cableado eléctricos están instalados, pero las bajadas a las casas no se han podido hacer, según Elías, por una ordenanza municipal que exige a las personas tener títulos individuales de sus propiedades, pero por ser territorios indígenas, la concepción de la tenencia de la tierra es colectiva.

Esto dificulta cumplir con el requisito.

En la paila del carro, Elías habla con emoción de los nacimientos de agua que dan nombre a Gualinga, el caserío donde él y su familia viven. Conversa de los sembradíos y de los niños que salen a ver pasar el carro. Elías reconoce que son muchos los niños en Gualinga.

En Opalaca podrá ver el proyecto hidroeléctrico comunitario. –Dice, ofreciéndose para llevarnos a conocer el proyecto, pero antes de ir, recomienda, hay que conocer al presidente del consejo indígena local.

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En el camino hacia Opalaca, la personas salen a ver quién llega. Se sienten las miradas de la comunidad sobre los forasteros. Ojos curiosos e inquietos que observan a los invasores que llegan con cámaras y grabadoras, de nuestros cabellos castaños, barbas y la piel clara quemada, primero por el frío y luego por el inclemente sol que fue levantándose con la mañana hacia el mediodía. Los invasores de ropas extrañas y acentos extraños. Todo en nosotros les es ajeno. Todo en ellos nos es ajeno. Su bondad y la ternura en sus miradas. Las risas de la infancia como un río desbordado. En Opalaca la comunidad se reúne a conversar mientras practican la votación de la consulta, platican de lo doméstico, de lo cotidiano, de todo aquello que desconocemos.

Sergio Ventura Argueta, de unos cincuenta y cinco años, usa las patillas y un sombrero blanco marcado por el trabajo arduo, es el presidente del consejo indígena local. Él nos lleva a conocer la hidroeléctrica comunitaria, pero su conocimiento sobre el funcionamiento de la misma es incipiente, no puede dar mayores detalles sobre la cantidad de watts que producirá o cómo la administrarán, aún así y con una emoción que parece salírsele de los ojos, apenas puede explicar que el proyecto toma agua del río Quebrada Onda, un río menor, pero lo suficiente para abastecer a la comunidad y al proyecto.

La maquinaria mínima de este proyecto no afecta el medio ambiente local, toma agua y luego la retorna sin contaminarla. –Dice.

La hidroeléctrica comunitaria instalada en Opalaca beneficiará a unas 170 familias en tres comunidades de Santa Elena: Opalaca, Caimán y Las Vegas. Ya está lista para entrar en funciones. El proyecto se ha hecho con fondos de la Unión Europea y de la Cooperación Española. Pero como dato curioso, este proyecto fue gestionado por Emilia Ventura, indígena y consejal (regidora) en la alcaldía de Arambala, El Salvador, pero como en Arambala no había un río que abasteciera el proyecto, ella gestionó con la Cooperación Española para que pudiera ser instalado en Opalaca. Felipe nos explica que a este proyecto lo avaló el título comunitario del territorio, y que recibieron trabas de la alcaldía de Santa Elena y de SERNA.

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El proyecto es dirigido por el consejo indígena local. Sergio comenta que el costo estimado será de cuarenta lempiras al mes y que no instalarán contadores de luz, pero en caso de que con este cobro las comunidades no logren hacer autosostenible el proyecto, el aumento será consensuado en asamblea de los consejos indígenas de las comunidades beneficiadas. Si el proyecto de Encinos llega echarse a andar sobre el río Chinacla, proyectos como el de la comunidad de Opalaca se verían afectados.

Luego de ver la hidroeléctrica comunitaria de Opalaca, debemos retornar a Azacualpa. Esperamos ver a Ana Mirian. La gente de Trocaire parece impaciente porque no la conocen y quieren saludarla, ya que según me ha confesado el director, ella visitó la oficina de Trocaire en Irlanda, pero también porque ellos son la agencia financiera del proyecto de la consulta.

Para hablar en términos concretos, el premio Front Line Defenders pone en el escenario mundial a una campesina con una historia que podría ser la de cualquier campesina indígena en cualquier parte de Honduras. Y expone bajo el ojo de la comunidad internacional y de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, la problemática de la comunidad de Santa Elena, una comunidad que prácticamente vive en el olvido y que ahora se ve invadida por el ojo de la comunidad internacional y de la prensa, porque el brazo voraz de los proyectos extractivos tiene en su objetivo el río Chinacla.

Ana Mirian vive en un caserío de Azacualpa, por lo que me contaron, a una hora y media a pie del centro de la aldea. Pero es justamente la zona en donde los mayores intereses de la empresa Encinos están concentrados.

El día de la votación algunos periodistas y miembros de las organizaciones de Derechos Humanos, estuvimos pendientes del centro de votación en Azacualpa, porque nos habían dicho que Ana Mirian votaría a la una de la tarde. El peso político de su voto era importante, tomar la foto y que ella llegara con su comunidad al centro de votación era fundamental para la vida política de la comunidad.

A la una y media de la tarde nos informaron que Ana Mirian iba acompañando una procesión católica de un santo. No llegó a votar.

Entre tanto, un grupo pequeño de personas que dijeron ser de Potrero del Volcán, aparentemente liderados por dos mujeres, llegaron a reclamar el apoyo que MILPAH da a Ana Mirian. Estas mujeres son familiares de un hombre que tras una trifulca fue asesinado en la comunidad de Potrero del Volcán, muerte por la que acusan a Rosalío Vásquez, esposo de Ana Mirian.

Nosotros podemos apoyar todo censo que venga a la comunidad, todito censo, estamos dispuestos a dar la firma, la huella, a todo porque es pa’nuestro… del pueblo pues… pero lo que yo no estoy… tanto que MILPAH, tanto que MILPAH, mire, le anda ayudando a Rosalío Vásquez, que pa’que ande haciendo cosas, que tiene abogados, y mire cómo andan bien tranquilos, mire ve… ahí vienen tranquilos, y nosotros somos una familia humilde y gracias a dios que conocemos de dios. –Le decía, muy molesta, la mujer que parecía liderar el grupo, a Felipe, miembro de MILPAH.

Felipe les explicaba a las mujeres que Rosalío Vásquez se encontraba en otra comunidad de Santa Elena, a una hora de distancia a pie, de donde sucedió el asesinato, y que Rosalío ha sido señalado como culpable porque esto favorece a la empresa hidroeléctrica, que busca instalar su bodega principal, precisamente, en la comunidad de Potrero del Volcán. Pero del muerto y de la orden de captura pendiente contra Rosalío no se dice mayor cosa, las personas hablan lo menos posible de este caso para darle prioridad a Ana Mirian.

«Hay personas que han caído en la trampa de la hidroeléctrica», me lo dice Felipe, tras reponerse del encuentro con las mujeres.

El premio Front Line Defenders, entregado en Dublín a Ana Mirian Romero, se le otorga como reconocimiento a su lucha de resistencia a las empresas hidroeléctricas y la defensa de los territorios ancestrales y el medio ambiente.

En 2015 y en estado de embarazo, Ana Mirian fue fuertemente atacada, golpeada por militares, policías y otras personas de civil. Razón por la que fue hospitalizada en el hospital de La Paz, previamente atendida en el centro de salud de Marcala. En aquel momento su vida corrió un gran peligro, pero logró salir.

A Ana Mirian la han amenazado de muerte pobladores de la zona pagados por la empresa Encinos, según denuncian miembros de MILPAH.

Después de una espera de casi cuatro horas, y con el centro de votación cerrado, era fácil darse cuenta que Ana Mirian no llegaría y que no podríamos entrevistarla. Los únicos que tuvieron acceso a ella fue el equipo de TeleSUR y revisando la entrevista que le hicieron, vemos que no dice nada distinto de lo que antes dijo al recibir el premio en Dublin.

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El centro de votación de Azacualpa cerró pasadas las tres de la tarde y Ana Mirian no apareció. Al hablar del hecho con Donald Hernández, abogado de CEHPRODEC, nos dijo que algunas cosas se hacen por razones de seguridad. Así que no quedó otra que entenderlo.

Al final de la jornada, en el centro de votación de Azacualpa, en la pregunta sobre la instalación de la hidroeléctrica sobre el río Chinacla, se contabilizaron 49 votos por el No y 17 votos por el sí. Yo cierro el día conversando con Florentino Benítez, indígena y campesino, que vive en un caserío de Azacualpa, quien me narra cómo vivió la guerra de 1969, y de cómo durante la guerra civil de El Salvador, Santa Elena, fue militarizada.

Nos dijeron que hubo un ataque en Tegucigalpa, que los aviones iban a bombardear. –Me dice Florentino, pero insiste en que es poco lo que recuerda de la guerra de 1969.

Florentino tenía ocho años en 1969, y hace un esfuerzo por recordar lo vivido de la guerra con El Salvador. Su familia tuvo que dejarlo todo, casa y cosechas, como muchas familias de Santa Elena, para poder emigrar y salvarse de la guerra, se tuvieron que mudar a Marcala, que era el lugar más cercano al que podían irse.

¿Y qué sentía usted?

Sentía miedo, mucho miedo, de que nos cayera un tiro o una bomba, vivía con mis abuelos y no teníamos agua, no teníamos comida, no teníamos nada pues… era un tiempo duro.

Los tiempos duros parecen no alejarse de Santa Elena. Florentino me señala el cerro de enfrente, un cerro enorme y verde, me dice que allí era de El Salvador, ahora ese cerro está en territorio hondureño. Y en ese cerro al que señala Florentino con sus manos cansadas y marcadas por el trabajo en la tierra, se dieron varios encuentros entre la guerrilla del Farabundo Martí y el ejército salvadoreño. Santa Elena fue militarizado y las personas del lado hondureño del territorio, tenían prohibido cruzar hacia El Salvador, hablar o ayudar a salvadoreños.

Florentino me cuenta que los bombardeos del ejercito salvadoreño se dieron en Nahuaterique, ahora territorio hondureño, pero que en los años de la guerra civil salvadoreña, era un bastión de la guerrilla, según la narración de este hombre de cincuenta y cinco años, que habla con una voz pausada, como quien tiene todo el tiempo para contar la vida, la guerra civil en El Salvador, les afectó profundamente.

Nos prohibían hablar con nuestros hermanos salvadoreños. –Me dice Florentino.

La noche se precipitó ligera sobre Santa Elena, retornamos a Marcala pocas horas después del cierre de la última urna que llegó desde Opalaca, la última comunidad en el mapa de la consulta. El día largo y arduo del 10 de julio sabe a victoria, una victoria conquistada con el esfuerzo de una comunidad que se resiste a entregarle sus territorios a las grandes empresas estractivas.

La hora de regresar a Tegucigalpa llegó, y Santa Elena queda momentáneamente en el olvido, viviendo lento, como parece haberlo hecho desde siempre. Vuelve a su frágil tranquilidad.

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