Nos encontramos a menos de treinta días de las elecciones generales de 2017. De diez partidos políticos que se encuentran en contienda para la presidencia de la república, apenas tenemos una candidata presidencial, la tercera desde que comenzó la era democrática en el país, en 1982, y no forma parte de los tres partidos que tienen mayores oportunidades de lograr el triunfo electoral. El número de precandidatas a la máxima magistratura del país no aumenta demasiado en número, tampoco; apenas llegan a ser cinco mujeres en más de treinta años de historia democrática en el país.
La representación parlamentaria de las mujeres tampoco arroja números significativos. Si bien es cierto, en este período que está por concluir el porcentaje de mujeres diputadas es el mayor en la historia democrática del país, éste llega apenas a un 28% de representatividad de las mujeres en el Congreso Nacional de Honduras, por debajo de la cuota del 40% de participación política establecida en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
El Tribunal Supremo Electoral, dadas las presiones por diversas organizaciones de mujeres y por las diputadas de este período en el Congreso Nacional, estableció el año pasado un mecanismo para la paridad en las cuotas de género en las planillas de los diferentes partidos políticos y la alternancia, para permitir que hubiera un igual número de mujeres candidatas en los diferentes niveles electivos y que sus puestos en las planillas, principalmente las de diputados, no quedara relegado al final, sino que hubiera la oportunidad de ver candidatas mujeres desde el principio de la planilla. Sin embargo, el TSE después dejó claro que a pesar del trabajo realizado en este reglamento estaba dispuesto a ser «flexible» y a aceptar que «la trenza», como se le llamó a esta configuración, pudiera ser de dos en dos o de tres en tres, eliminando entonces cualquier beneficio de visibilidad para las candidatas y manteniendo la tradicional prevalencia de los candidatos masculinos en las planillas a cargos de elección popular.
Todos estos son ejemplos de violencia política contra la mujer, es decir, aquella que restringe y limita la participación política de las mujeres, que minimiza sus figuras como representantes ideológicas y partidarias en la gesta electoral, que las margina y las deposita en un papel de acompañantes, adornos o personajes secundarios de sus propias aspiraciones, sea dentro de un partido político, en cargos a elección popular o como analistas y pensadoras de los procesos estatales en el país.
Esta práctica sigue siendo común en todos los partidos políticos, pero se desnuda de manera más fácil en los tres partidos mayoritarios. Las presiones de diferentes iniciativas orientadas a visibilizar la agenda de las mujeres en el país, como es el caso de Polétika y varios eventos organizados por la Plataforma Todas, en la que se aglutinan diversas organizaciones feministas como CEM-H, CDM, Foro de Mujeres por la Vida, Visitación Padilla, etcétera, han permitido que los tres candidatos presidenciales con mayores posibilidades de llegar a la presidencia hayan incluido en sus discursos elementos de esta agenda. Sin embargo, «del dicho al hecho hay mucho trecho,» y la evidencia de que estos discursos sean ciertos o no recae en cómo se comportan los presidenciables actualmente con las mujeres y sus temas.
El candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, no sólo ha estado ausente de todos los eventos que se han realizado para socializar esta agenda, sino que aún existe una deuda con las mujeres campesinas por la falta de adjudicación de fondos para el Programa Credimujer. Las figuras que rodean al candidato y que tienen mayor relevancia y peso en el partido de gobierno siguen siendo hombres. En el caso del candidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, no se ha empoderado en ningún momento de las demandas efectuadas por los grupos de mujeres. Ha evitado pronunciarse sobre casi cualquier tema que tenga que ver con educación sexual reproductiva, apoyo a las mujeres campesinas, entre otros, a pesar de tener como designada presidencial a la diputada Yadira Bendaña, quien integra la Comisión de Género en el Congreso Nacional y que se ha empapado de las demandas de las organizaciones. Por lo demás, el candidato Luis Zelaya se expresa categóricamente en contra del aborto por las tres causales, amparándose en principios religiosos. Por su parte, el candidato de la Alianza, Salvador Nasralla, ha hecho varios tweets donde copia y pega palabra por palabra las demandas de las organizaciones de mujeres, pero al comparecer a los eventos donde se comparten estos puntos el candidato interrumpe a las expositoras, busca su propio protagonismo y cae en el populismo de comprometerse a todos los puntos, pero luego en entrevistas con medios de comunicación se manifiesta en contra del aborto por las tres causales. Nasralla incluso llega al extremo de minimizar la importancia de las mujeres que son protagonistas en la vida política del país, manifestando en eventos donde, por ejemplo, la designada presidencial del Partido Liberal, Yadira Bendaña, participa en esa condición, que él es responsable por la carrera mediática que emprendió la profesional en cuestión, o refiriéndose de manera condescendiente a la presidenta de la Misión de Observación de la Unión Europea y ex candidata presidencial de Portugal, Marisa Matías, como «una muchacha muy honesta».
Si bien los discursos carentes de los candidatos presidenciales generan preocupación y desnudan parcialmente lo grave de la problemática de la violencia política contra las mujeres, el ámbito político y mediático provee ejemplos casi escalofriantes, como lo suscitado el jueves pasado en San Pedro Sula, donde la candidata independiente a la alcaldía de San Pedro Sula, Fátima Mena, fue expulsada violentamente de una actividad de la Alianza de Oposición, mientras los líderes de LIBRE y PINU guardaron silencio ante este ataque y el candidato presidencial, Salvador Nasralla, manifestó que no podía meterse en el conflicto porque su campaña era por la presidencia. Otros ataques hacia candidatas mujeres han provenido de los medios y se han enfocado en su condición sexual, como la actual viralización de un video íntimo de la candidata a diputada, Gabriela Blen, en un intento por revelar su preferencia sexual, o la divulgación a través de varios medios de comunicación de las fotografías íntimas de precandidatas a diputadas nacionalistas. En este punto debemos incluir también a la candidata transgénero Rihanna Ferrera, quien recientemente fue víctima de ataques de un compañero de su partido por su condición de género y sin tomar en cuenta sus propuestas como persona política y representante de una comunidad que existe y es parte de la ciudadanía hondureña.
Otra muestra de ese discurso que minimiza y relega el papel de las mujeres políticas a meros adornos son los «reportajes» en diferentes medios de comunicación que hacen un «ranking» de las candidatas «más guapas» para el Congreso Nacional, centrándose en los cuerpos de las mujeres en lugar de sus propuestas, su pensamiento o su capacidad para desempeñar un cargo público. Es particularmente revelador, aunque doloroso, constatar que cuando una mujer en un cargo político comete un error o genera antipatías por alguna participación que haya tenido, los comentarios de la población siguen centrándose en su condición sexual, acusando a las mujeres desde la sexualidad, cuando políticos hombres al ser increpados por sus acciones no temen este tipo de represalias e insultos en su contra.
A pesar de este clima de opresión y minimización, las mujeres seguimos buscando nuestros espacios, y abriendo caminos entre las espinas para ser reconocidas como protagonistas de la historia de nuestro país. Es tiempo ya de que dejemos de apañar líderes políticos y partidos que fallen en dar a la mujer la participación que se merece para forjar los destinos del país. Es tiempo que exijamos un compromiso serio y honesto a nuestros presidenciables; un compromiso que no dependa de una victoria electoral, sino que se construya desde un pacto sociocultural para cambiar narrativas anacrónicas que no nos permiten avanzar a un mejor futuro como sociedad.
