Víctor Meza: Analista de la realidad socioeconómica del Honduras. Director del Centro de Documentación de Honduras. Miembro del Diálogo Guaymuras. Conversamos con él sobre cuál es la esperanza del diálogo nacional para solventar la crisis política del país. Para Víctor Meza, lo que plantea las Naciones Unidas en su informe de la Comisión Técnica Exploratoria es que: “son los actores locales los que deben mostrar un interés real en el diálogo y ponerse de acuerdo en una agenda básica. Una agenda mínima que les permita sentarse en la mesa de negociaciones y buscar una salida a la crisis, no una solución del problema. Porque hay que diferenciar dos momentos: salir del conflicto y resolver el problema”.
Para resolver el problema hay que salir del conflicto, para salir del conflicto se tiene que dialogar.
¿Qué tipo de dialogo se requiere para salir del conflicto?
En primer lugar tiene que ser uno político, no puede ser social ni que involucre temas generales como: educación, salarios, economía, salud, esas son agendas nacionales, este tipo de diálogo no es nacional, ni es exclusivamente social, es político, quiere decir que requiere la presencia de los actores políticos adecuados, ¿quiénes son los actores políticos adecuados? aquellos que giran en torno a la esencia del conflicto y que tienen capacidad de resolverlo.
En segundo lugar los actores adecuados deben reunirse en torno a una agenda mínima consensuada, es decir una agenda política para un diálogo político, porque no se puede poner una agenda de cooperativistas, de los palmeros del Bajo Aguán, o la agenda solo de temas sociales, la agenda política gira entorno a la esencia del conflicto. Si se tienen esos dos momentos; los actores adecuados y una agenda mínima consensuada, se pasa al tercero; los acuerdos a que se lleguen en el diálogo deben ser vinculantes para que sean compromisos de obligatorio cumplimiento de lo contrario se estará perdiendo el tiempo. La experiencia que me ha quedado después de haber dirigido un diálogo nacional como el Guaymuras después del Golpe de Estado, representando al gobierno derrocado me permite decir que si no hay vinculación con el cumplimiento y obligación de los compromisos adquiridos el diálogo es una pérdida de tiempo.
Explicó que si se tienen estos tres factores: los actores adecuados, una agenda consensuada, y que lo discutido tenga carácter vinculante con los compromisos, solo se requiere el mediador adecuado, que puede ser hondureño o extranjero.
Meza es del criterio que sea una solo persona, encargada de tender puentes entre las partes en conflicto, de vigilar que los temas discutidos no abunden el marco de la agenda consensuada y de que se lleve a cabo el cumplimiento de los acuerdos a los que se ha llegado. Para eso se nombra una comisión de verificación integrada por personalidades de renombre internacional que den garantía de que los acuerdos a los que se llegue se cumplan. Aseguró que si se cumplen estas características existe la posibilidad de que un diálogo sea posible, de lo contrario será un ejercicio vacío sin mayores consecuencias.
Honduras es un país en donde nada se puede planificar a largo plazo. La Comisión Exploratoria se va, surge la renuncia de Jiménez Mayor de la MACCIH
, luego lo de las investigaciones que se venían haciendo sobre la corrupción en el país ¿el diálogo queda en suspenso?
El problema es que en una situación tan cambiante como la de Honduras en donde los acontecimientos suceden con tanta e insospechada vertiginosidad, suele suceder que mientras los hechos cabalgan las ideas trotan, entonces la capacidad para interpretar los acontecimientos no siempre está a la altura, el ritmo, profundidad y velocidad de esos acontecimientos, eso vuelve más complicado el análisis sin embargo no lo hace imposible.
Estamos viviendo una conjunción de momentos críticos de lucha contra la corrupción, el descubrimientos de redes incrustadas en el aparato del Estado que drenan recursos públicos para convertirlos en recursos privados, se está viviendo un momento de absoluta deslegitimación de las instituciones públicas, están tan desacreditadas que no merecen ningún respeto por parte de la sociedad, comenzando por las encargadas de la gestión electoral. Como consecuencia de esta deslegitimación institucional estamos frente un gobierno totalmente carente de legitimidad pública. Nunca en la historia de la transición que tiene 38 años, desde 1,960 se había tenido un momento de tanto déficit de legitimidad de parte de las estructuras gubernamentales.
El momento de vacío de representatividad, el enorme déficit de legitimidad, la crisis en la lucha contra la corrupción, el descrédito internacional del país, las presiones de la política exterior norteamericana en planos migratorios y en planos de la lucha contra el crimen organizado y pandillas, el país está viviendo un momento de convulsión interna, sumándole la conflictividad social y política derivada del fraude electoral, del robo que se produjo a finales del año pasado con el proceso electoral del año 2017. Cuando se reúnen todos estos elementos, se les combina, se mezclan y se les pone sobre la mesa el resultado es que tenemos un país al borde del estallido, con mayor razón el diálogo es urgente.
En diciembre y enero se vivió prácticamente una etapa insurreccional, los órganos del Estado no tenían la capacidad de tener control y la tranquilidad de la sociedad ¿quién impone la agenda, el gobierno o la oposición?
En algunos casos ni el gobierno, ni la oposición imponen la agenda, sino que la dinámica propia de los acontecimientos genera la agenda, en estos casos se desarrollan espacios de autonomía relativa en algunos sectores geográficos del país, lo que evidencia que no hay un liderazgo nacional que oriente la agenda, pero tanto el gobierno como la oposición tratan de imponerla en el imaginario colectivo basados en sus intereses específicos, lo que es válido porque cada quien tiene el derecho a querer imponerlo o querer que tengan una primacía determinada al momento del análisis de la situación nacional.
Pero la conjunción de todos estos intereses genera en el país un estado -diría yo- muy cuidadoso con la palabra insurrección que apunta a una cierta estructura organizativa que la promueve, yo diría un estado latente de insubordinación nacional que abarca a todos los sectores de diferente manera con diferente énfasis pero todavía sin una organización centralizada, lo que existe es un estado de descontento, de rechazo e indignación que conforma en su conjunto un estado anímico de insubordinación nacional.
En esta crisis los grupos de poder, ni la oposición tienen una respuesta, y surge la reelección del Fiscal General probablemente por 7 años, ¿hacia donde se encamina esto?
Los políticos no siempre pueden concebir la elección de un funcionario al margen de los intereses sectarios de sus agrupaciones políticas, cuando el país necesita despolitizar las instituciones, los políticos hacen exactamente lo contrario que el país necesita, tenemos un estamento político que opera en función de intereses sectoriales contra de los interés nacionales. La paradoja es que el país lo gobierna un Partido Nacional que no tiene soluciones nacionales, es decir un partido que no se sabe por qué se llama nacional porque cada vez es más desnacionalizado. Un partido que promueve la venta del territorio nacional, la entrega de la soberanía, la negociación subrepticia de los intereses nacionales ¿cómo puede llamarse nacional un partido así?
Al margen de eso la situación que se tiene apunta a que la institucionalidad no está funcionando, no genera credibilidad, no genera confianza y en algunos caso genera abierto rechazo particularmente a la institucionalidad relacionada con los cuerpos represivos del Estado que cada día se convierte más en un ejército de ocupación en su propio territorio. Cuando los militares abandonan su función principal, que es la defensa externa del territorio y la integridad del país, y adoptan medidas de funciones policiales de control de orden público, más temprano que tarde terminan convirtiéndose en ejércitos de ocupación en su propio país.
Este último acontecimiento; que el CNA, el Ministerio Público, la MACCIH y la UFECIC, se disputen los delincuentes y los corruptos por capturar ¿se puede analizar como una competencia?
No diría que hay una competencia es decir, lo que hay es total integridad de funciones entre la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la MACCIH, y es por esa cooperación estrecha que se ha podido avanzar en por lo menos unos 10 casos importantes, uno de los cuales explota con la detención de la exprimera Dama en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, esos casos se han podido articular por la existencia de la UFECIC y por la persistente labor de la MACCIH, y sobre todo por la paciente y habilidosa labor diplomática que llevó en silencio Juan Jiménez Mayor que permitió tender un puente y construir un mínimo de colaboración con un Ministerio Público renuente a la interlocución positiva y activa con la MACCIH, a diferencia de Guatemala donde hay una interacción entre la CICIG y el Ministerio Público muy creativa y muy positiva, aquí ha sido difícil poder articular esa interrelación positiva, sin embargo Jiménez Mayor logró dar algunos pasos y las consecuencias las estamos viendo hoy, lo que pasó con la exprimera Dama y lo que podremos ver en los próximos días es la obra paciente elaborada, discreta y muy profesional.
¿Habrá reelección del Fiscal General?
Parece que el gobierno está interesado en la reelección de Fiscal General, antes de correr el riesgo de confrontación con la oposición unida dentro del parlamento que le podría dificultar la elección del fiscal adecuado para los intereses del gobierno.
Meza dijo que no se atrevía hacer una afirmación rotunda en ese sentido pero hay indicios, «cuando escucho organizaciones como la Confraternidad Evangélica, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y otras pidiendo la reelección, ya sé que es el gobierno el que está hablando a través de ellos, porque estos son algo así como los muñecos del ventrílocuo.»
