VARIACIONES SOBRE LAS CAUSAS DEL HOMICIDIO EN HONDURAS

Por: Albany Flores Garca. Entre el periodo 2009-2013, los crímenes contra la vida alcanzaron niveles sin precedentes, principalmente los homicidios cometidos a jóvenes entre 18 y 30 años de edad y perpetrados por jóvenes entre el mismo rango de edades. Según la Organización Mundial de la Salud (2002), el modelo ecológico de riesgos es un marco general muy útil para considerar los factores de riesgo en el comportamiento delictivo, pues el mismo establece cuatro niveles...
Redacciónagosto 9, 2016

Por: Albany Flores Garca.

Entre el periodo 2009-2013, los crímenes contra la vida alcanzaron niveles sin precedentes, principalmente los homicidios cometidos a jóvenes entre 18 y 30 años de edad y perpetrados por jóvenes entre el mismo rango de edades. Según la Organización Mundial de la Salud (2002), el modelo ecológico de riesgos es un marco general muy útil para considerar los factores de riesgo en el comportamiento delictivo, pues el mismo establece cuatro niveles de influencia: individual, relacional, comunitario, y societal. 

Por su parte, para el Reporte de Crimen y Violencia en Centroamérica (2010) éstos generadores de violencia pueden comprenderse de la siguiente manera: el nivel individual abarca factores como la edad, el género, la educación, las preferencias, el empleo y el salario; los que podrían influenciar la inclinación de una persona a tener un comportamiento delictivo. El nivel relacional incluye las características y el comportamiento de los miembros del hogar, los familiares y amigos; aunque dichos factores pueden hacer que los niños no estén suficientemente vigilados o atendidos, y que por tanto haya violencia doméstica en el hogar. También inciden los factores comunitarios, que comprenden la pobreza, la desigualdad local, los medios de  prevalencia de las actividades delictivas, el fácil acceso a las armas de fuego y la exposición a situaciones de violencia.

Por su parte, el  nivel societal comprende factores como la calidad de las instituciones, la solidez de las instancias que aplican la ley, la eficiencia del sistema judicial y las normas culturales en relación al Estado de Derecho. Un país con una fuerza de policía débil o tribunales de justicia ineficientes reduce su potencial para contrarrestar la actividad delictiva como una opción socioeconómica.   

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Un factor que no puede ser obviado en los altos niveles de violencia es la historia de los múltiples conflictos armados de la región. Se estima que aproximadamente 200,000 personas murieron como consecuencia directa de la guerra civil guatemalteca, que se extendió desde principios de 1960 hasta 1996, alcanzando su punto más álgido a comienzos de la década de 1980.

En El Salvador, el conflicto se desarrolló entre 1980 y 1992, segando la vida de por lo menos 75,000 personas. En el caso de Nicaragua, el conflicto tuvo lugar durante la década de 1980. Luego de esto, grupos financiados y entrenados por los Estados Unidos (la contra) iniciaron actividades violentas en diversas zonas del país para desestabilizar al gobierno izquierdista que había tomado el poder con la Revolución Sandinista de 1979. Esto produjo cuantiosas pérdidas infraestructurales —puentes, carreteras, puertos— calculadas en unos 17 mil millones de dólares estadounidenses, más un aproximado de 38,000 personas muertas (Reporte de Crimen y Violencia en Centroamérica, 2010). 

Entre 2009 y 2013, las principales causas de homicidio perpetrado a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad se debieron a las actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y la reorganización criminal de las maras o pandillas; responsables de la mayoría de los 47,862 homicidios reportados en el país durante el periodo 2004-2013. El territorio registra una tendencia creciente de 232.8%, y se ha experimentado un incremento promedio de 7 puntos año con año. En 2004 la tasa de homicidios registraba un promedio de 30.7 pcmh (por cada mil habitantes), mientras que para 2011 ésa cifra casi se había triplicado hasta un 86.5 pcmh (IUDPAS (2013).

violenciaFactores económicos en el homicidio.

En las últimas dos décadas, América Latina (incluida Honduras)  ha experimentado dos grandes repuntes: economía y violencia. No obstante, la región ha presentado una tendencia a un mayor crecimiento en la violencia que en la economía (Informe Regional de Desarrollo Humano, 2013-2014). De este modo, resulta particularmente extraño el hecho que esa  mejora económica de la región no haya sido suficiente para disminuir los niveles de delito, de hecho, al contrario de disminuir, variables como la pobreza, la desigualdad y el desempleo, se han intensificado.

Estas variables, así como el aumento de las expectativas de consumo —combinadas con la falta de movilidad social en contextos específicos—, aumentan los factores de riesgo e incentivan el delito aspiracional. Asimismo, otras causas importantes son el crecimiento urbano acelerado y desordenado (crecimiento sin desarrollo), así como los cambios en la estructura familiar, las fallas en el sistema educativo y el consumo de alcohol.

Lejos de esto, generalmente  se ha creído que los culpables de la violencia y los altos índices de homicidio son aquellas personas que pertenecen a los estratos económicos menos favorecidos de la sociedad. Frente a ello, Salamá y Camara (2000), haciendo referencia a este particular se preguntan si en realidad los pobres son los principales responsables de esta situación, si las políticas represivas son eficaces para reducir de forma significativa las tasas de homicidios,  o si es necesario replantear los modos de desarrollo dominantes en estos países. Las respuestas de los economistas a estas preguntas son diversas.

Para el caso, Lederman y Loaysa (2001, 2002) creen que el ingreso per cápita no influye en el grado de violencia cuando la desigualdad no varía, al contrario, cuando la desigualdad aumenta y el ingreso per cápita crece poco, la pobreza tiende a aumentar, lo que explica el incremento de los homicidios. En otras palabras, no es el ingreso per cápita, sino la desigualdad la que crea condiciones de violencia en una sociedad cualquiera. 

Se podría decir que «la desigualdad de riquezas e ingresos incita a los pobres a dedicarse al crimen» (Barro, 2000; p. 7), pero al mismo tiempo, esta opinión tiene eco en aquellos que consideran a los pobres como una clase peligrosa, aunque en realidad éstos son sólo ejecutantes y víctimas de una violencia provocada por todas las estructuras sociales y económicas pudientes, que los coacciona y los juzga.

Podemos hablar también de otros factores o  “sub-factores” producidos por la economía (pobreza), que inciden de manera directa en la producción de violencia y homicidio: desnutrición, desempleo, baja en la producción nacional, deserción escolar, violencia familiar, trabajo infantil, separación violenta de la familia, y muchos otros, que pueden causar un grado considerable de animadversión de una clase contra otra, o sea de pobres contra ricos, o de pobres contra pobres (Bonilla, 2009).

Investigadores recaban evidencia en torno al cuerpo de un hombre que fue asesinado luego que un grupo armado sacó a varias personas de sus viviendas y las ejecutó en un vecindario de Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 25 de noviembre de 2015. En Honduras existe desplazamiento interno y externo de población por la violencia y un ambiente de miedo e inseguridad como resultado de las actividades de las pandillas, alertó el relator de ONU para los Derechos Humanos el viernes 27 de noviembre. (AP Photo/Fernando Antonio)
Investigadores recaban evidencia en torno al cuerpo de un hombre que fue asesinado luego que un grupo armado sacó a varias personas de sus viviendas y las ejecutó en un vecindario de Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 25 de noviembre de 2015. En Honduras existe desplazamiento interno y externo de población por la violencia y un ambiente de miedo e inseguridad como resultado de las actividades de las pandillas, alertó el relator de ONU para los Derechos Humanos el viernes 27 de noviembre. (AP Photo/Fernando Antonio)

Factores sociales y su relación con los homicidios.

El estudio de los factores sociales que inciden en los altos índices de homicidio a jóvenes en Honduras, no puede desligarse del papel que cumple en este sentido tanto la familia (como núcleo de la sociedad) como la sociedad en su conjunto. Algunos teóricos como Lane (1997), plantean que «el debilitamiento de los vínculos sociales y familiares lleva a una pérdida del poder de regulación e integración social, lo que podría tener como resultado la formación de fenómenos sociales negativos».

Esto puede explicarse desde el supuesto que la familia y la sociedad constituyen el entorno social, afectivo y estructural al que pertenece el individuo, por esto, si la familia y la sociedad se convierten en entes disfuncionales, también el comportamiento de los individuos sufrirá distorsiones. Por otra parte se ha propuesto un estudio de estos elementos sociales bajo dos preceptos fundamentales: la fragmentación familiar y la fragmentación social.

La fragmentación familiar connota principalmente el abandono del hogar por algunos de los cónyuges; lo cual tiene implicaciones directas en el individuo, considerando que la unidad familiar es el núcleo socializador del individuo. La estructura cultural que es aquella que gobierna la conducta común de los individuos; y la estructura social se entiende como el cuerpo organizado de relaciones sociales que mantienen entre sí los individuos de una sociedad o grupo (Merton, 1980, p. 241).  Al parecer, las conductas violentas son más proclives en aquellos hogares en donde la fragmentación familiar ha ocurrido a través de la separación conflictiva o el divorcio. De hecho, se ha encontrado una relación estadísticamente estrecha entre los homicidios y el divorcio.

La migración hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos, es una de las principales causas de fragmentación familiar en Honduras. A su vez, ésta se debe a la escasez de empleo y a las pocas oportunidades de realizar actividades económicas en el país. Se cree que al menos unos 75,000 mil hondureños abandonan el país cada año en busca de mejores condiciones de vida (Ávila, 2010).

Además, fuera de todos los factores productores de violencia y homicidio que ya hemos expuesto, están también la densidad poblacional, el hacinamiento y el impacto social del entorno en que se vive; pues donde se concentra una gran masa de población, o donde las personas viven demasiado cerca y no hay delimitaciones de un “espacio propio”, las posibilidades de fricción y discrepancia son aún mayores.

Two unidentified members of the Mara Salvatrucha "MS-13" (juvenile gang) show their tatoos in the unit where they are kept imprisioned in the National Penitentiary in Tamara, 30km north of Tegucigalpa, 01 February 2006. AFP PHOTO/Elmer MARTINEZ
AFP PHOTO/Elmer MARTINEZ

El papel de los gobiernos frente a la violencia.

De nadie es desconocido que las políticas de los gobiernos hondureños (2002–2016) han sido políticas de represión más que de prevención, y que los grandes flagelos de la sociedad hondureña son la criminalidad, la corrupción, la violencia y el homicidio. Dichas políticas se han concentrado en la ampliación del aparato represivo del Estado mediante la creación de nuevos y más equipados grupos de represión y control policial-militar.

Según la publicación Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Para Honduras 2011–2020 (2011), el plan del gobierno del entonces Presidente de la nación, Porfirio Lobo, consistió en la ampliación y creación de entes jurídicos y penales representados en una cantidad importante de nuevas o reorganizadas instituciones orientadas al «combate contra la delincuencia y la violencia».

Prueba de lo que afirmamos son las recientes creaciones del Sistema de Prevención Social de la Violencia y el Delito (el cual ha sido un título estrictamente decorativo y disfuncional)  y el Sistema Policial y de Investigación Criminal, el cual  reúne miles de nuevos policías (de tránsito, preventivos, municipales, de turismo, de fronteras, etc.) que sumados a grupos armados del Estado como el escuadrón Cobra han emprendido la “lucha” contra el crimen, pero también han contribuido a grado mayor de violencia.

Asimismo, tenemos la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el Consejo Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento institucional de la Secretaria de Seguridad y la reingeniería policial basada en la determinada “depuración policial”, que consiste en identificar a todos los oficiales de policía corruptos para luego despedirlos y/o procesarlos.

Luego de ello, ya en la gestión de Juan Orlando Hernández se anunció la creación de otras instancias represivas: la Fuerza Nacional Anti-extorción y la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional (FUSINA); la ampliación del presupuesto nacional de seguridad, la creación de una tasa de seguridad, la creación de nuevas fiscalías (contra el delito a la vida, contra extorción, etc.); además de la implantación de dos nuevos y poderosos entes policiales–militares denominados Policía Militar y Unidad Tigres, impulsados todos desde el gobierno de Porfirio Lobo.

En síntesis, las políticas de represión de la violencia a través de la ampliación del aparato estatal, y la no prevención de las mismas, es la búsqueda de la paz sin medios pacíficos.

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La violencia juvenil y políticas de juventud.

En Honduras, como en el resto de los países más violentos del planeta, los jóvenes representan el grupo social y generacional más violento de la sociedad. La población hondureña es tan joven que hasta el 2012 se creía que casi el 60% de la población del país era menor de 30 años.

Para el caso, se ha sugerido que «la alta fecundidad y la reducción de la mortalidad, que produjeron más nacimientos y aumentaron la proporción en las primeras edades, rejuvenecieron a la población hondureña entre los años de 1950 y 1970» (UNFPA, 2009).

La Política Nacional de Juventud (2010-2038) ha identificado sus lineamientos estratégicos proponiendo un conjunto de medidas y acciones en cada uno de ellos. Estas medidas de políticas y acciones se organizan en siete lineamientos fundamentales: 1) participación ciudadana juvenil; 2) educación de calidad; 3) cultura popular, arte, deporte y recreación; 4) trabajo digno y desarrollo; 5) salud integral y estilos de vida saludables; 6) protección social frente a la violencia contra los jóvenes;  6) y justicia como base de una cultura de paz.

Desde la época de Francisco Morazán se ha hablado de la importancia de dar prioridad a la juventud  (“la juventud es la llamada a dar vida a este país”), pero en la práctica, la juventud no sólo ha sido ignorada, desoída, desatendida, condenada al crimen por no tener educación ni empleos dignos, asesinada y coaccionada a la perpetración de homicidios; encima de todo es satanizada. Ser joven en Honduras es casi un delito.

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