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UNA ALTERNATIVA CIUDADANA AL PROBLEMA

Por Julio Raudales

Menudo problema se le ha venido encima a las autoridades con el paro general que proclamaron los dirigentes del transporte a partir del último jueves.

Escribo estas lineas mientras los noticieros anuncian el fracaso de las negociaciones y por ende la continuidad del conflicto que revive la truculenta situación que nos tocó enfrentar al final del año anterior, en la que, durante el estrépito de las protestas por el resultado electoral, fueron quemadas patrullas, autos oficiales, postas, casetas de peaje y hasta oficinas municipales. Ojalá y estas vez, la violencia no desborde y ponga en peligro vidas humanas.

Pero mas allá del fragor callejero, que no deja de ser preocupante y resalta, ahora si, la necesidad de un dialogo serio y no la pantomima que se estaba montando, vale la pena reflexionar sobre algunos de los hechos que esta vez alientan el movimiento.

Lo primero es la percepción que la gente tiene sobre el fuerte incremento a los impuestos, tasas y tarifas que debe pagar por la circulación de vehículos o servicios públicos como la energía eléctrica y el agua potable. Es evidente que la población está cansada de pagar mas caro por vivir en el país, sin percibir una retribución correlativa a la carga que implica el mantener a ese estado que se percibe cada vez mas gordo e ineficiente.

La carga o presión tributaria en el país representa un 18% del PIB. Esto significa que en general, de cada 100 lempiras que los hondureños producimos, el gobierno nos quita unos 18 para financiar sus gastos y además proveer servicios a la población. Si a lo anterior sumamos los impuestos y tarifas municipales, el porcentaje podría subir 1 o 2 puntos porcentuales.

El inconveniente es que la gente no percibe cómo este dinero se revierte en servicios públicos de calidad. Las carreteras siguen en mal estado, a excepción de la que comunica Tegucigalpa y San Pedro Sula, cuyo uso es cobrado a través de un peaje y por tanto no cuenta.

Los hospitales y centros de salud tienen mala atención y están desabastecidos de medicamentos; el mal estado físico de las escuelas públicas y la falta de materiales educativos profundiza los malos resultados que exhiben las pruebas de calidad que realiza la Universidad Pedagógica todos los años; los servicios públicos no llegan toda la población y la factura mensual es cada vez mas elevada. ¡En fin! Pese a los esfuerzos que se han estado haciendo, la impresión generalizada es bastante negativa y esto no deja de ser preocupante.

Creo que, para resolver la situación actual, sería muy positivo retomar algunos procesos que se iniciaron en el pasado cercano y fueron abandonados, debido fundamentalmente a la impaciencia de las autoridades que siempre quieren resultados inmediatos y no ven la utilidad que una visión de mediano y largo plazo tiene para evitar problemas como el actual.

Lo primero es retomar el dialogo conducente a un “Pacto Fiscal” de mediano y largo plazo. Esto implica por u lado, redefinir de manera participativa la estructura tributaria del país, ya que la misma refleja un fuerte sesgo hacia la regresividad.

En efecto, todos los estudios efectuados con rigor científico por la academia y la cooperación internacional muestran que la mayoría de la carga impositiva del país recae sobre la población mas vulnerable y exonera en buena medida a quienes tienen mayores ingresos. Esto sin duda, es causal de descontento en la población.

Lo segundo es una revisión concienzuda y participativa de la estructura de los gastos. Pienso que para ello es necesario repensar la forma de hacer presupuesto público. Hace menos de una década, el país emprendió el camino de la planificación regionalizada con una visión ciudadana, mediante los llamados Consejos Regionales de Desarrollo.

Esta visión participativa permitiría al gobierno programar su gasto de acuerdo con las demandas de la población, lo cual eleva la participación y por tanto evita el uso inadecuado del presupuesto. Lamentablemente, nunca ha habido voluntad política para echar a andar esta ley que sigue vigente en el país.

Solo la implementación de políticas con un fuerte componente de ciudadanía activa podrá revertir el proceso de deterioro de lo público que percibe la población en la actualidad y que nos arrastra hacia la descomposición social. Ojalá y aun estemos a tiempo para lograrlo. El Colegio Hondureño de Economistas está en la mejor disposición de colaborar si es requerido.

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Julio Raudales es sociólogo, vice rector de la UNAH, presidente del Colegio de Economistas de Honduras, ex Ministro de Planificación y Cooperación.

Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad única del columnista. El pulso comparte esta opinión para enriquecer el debate nacional sobre temas de importancia para la patria.