Andrés Pérez, experto legal nacional a cargo de la Unidad de Reformas de la MACCIH, expuso que para la Misión la selección del próximo Fiscal General y Adjunto es un asunto crítico y fundamental.
El abogado Pérez apunta que se tiende a comparar a la MACCIH con Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por ser un referente en el área Centroamericana y un órgano similar de apoyo a las instituciones nacionales responsables del cumplimiento de la ley.
Explicó que la CICIG goza de cierta autonomía para realizar investigaciones propias y haciendo uso de la legislación procesal penal guatemalteca que se llama: Querellante Adhesivo se le permite presentar acusaciones ante los tribunales de manera autónoma, pero aun así la CICIG lo ha estado haciendo a través del Ministerio Público guatemalteco. La MACCIH no puede proceder de manera autónoma, solo a través del Ministerio Público, por eso es un proceso critico la selección del nuevo Fiscal que llegue al MP porque se requiere una persona con quien la MACCIH pueda trabajar y que no ponga obstáculos al trabajo de la misión de apoyo. Será difícil la situación de lucha contra la corrupción, agregó el abogado Pérez.
La MACCIH desde su constitución y con la llegada de los primeros experto inició a trabajar en una nueva arquitectura especializada para el tema de corrupción.
Las dos piezas claves de esa arquitectura son la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) para abordar casos de corrupción, y al interior del poder judicial se creó un circuito anticorrupción denominado La Jurisdicción Nacional Anticorrupción que consiste desde jueces de garantía, tribunales de sentencia y una Corte de Apelaciones, estos mecanismo están funcionando y ya están dando los primeros resultados, en el caso particular de la UFECIC, ellos desarrollan un trabajo serio y trabajan bajo un proceso reglamentado y por etapas, este trabajo será imposible que continúe si no se tiene en el Ministerio Público a una persona que brinde todo el apoyo y que permita las autorizaciones para el trabajo de UFECIC.
En ese sentido, expuso Pérez: que la misión busca una persona que sea independiente y técnicamente competente, si se logra que los postulantes cuenten con estos requisitos de independencia y competencia técnica es el mínimo al que se debe aspirar en este momento -dijo Pérez.
La Sociedad Civil se empieza a preguntar cómo se puede incidir en el proceso, cómo se puede lograr que llegue la persona que cumpla con estos requisitos o cualidades de independencia y competencia técnica, agregó.
En su momento se pensó en una reforma a la ley del Ministerio Público y darle otra conformación a la Junta Proponente pero las organizaciones y las personas consultadas consideraron que el tiempo era muy corto, por lo que plantear una reforma de ese tipo era imposible y podría abrir una caja que sería aprovechada por algunos sectores para hacer reformas contrarias a la independencia y competencia técnica.
Que se trabajara con el sistema existente de la Junta Proponente, convocada y presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): un magistrado designado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Colegio de Abogados (CAH), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las Universidades Privadas y un representante de la Sociedad Civil -sobre el que había algunas dudas por una acción de inconstitucionalidad que se promovió-, pero ya fue elegido.
Qué puede sugerir la misión porque como organismo internacional a la sociedad, primero que el proceso sea reglamentado de manera que la Junta Proponente tenga que seguir una serie de etapas y que el proceso sea parecido al proceso que se siguió para la selección de jueces y magistrados de la Jurisdicción Nacional Anticorrupción o de los fiscales de UFECIC que vaya desde el examen curricular, pruebas de confianza, hasta audiencias públicas. Detalló Pérez y añadió:
Tiene que ser un proceso transparente que tenga una veeduría ciudadana, aunque la Sociedad Civil es diversa puede llegar a consensos mínimos tales como que el que se seleccione sea una persona independiente y técnicamente competente, otro consenso pude ser que se cuide la UFECIC y la Jurisdicción Nacional Anticorrupción, porque si se pierde en esta institucionalidad insipiente lo que sea venido construyendo para combatir la corrupción el panorama va ser complicado.
Invitó a la sociedad civil a seguir el proceso detalladamente para hacer incidencia en la Junta Proponente de tal forma que se apruebe un reglamento que implique etapas, si son cinco personas seleccionadas que la quinta haya seguido los mismos procedimientos y filtros, que cumpla los mismos requisitos y si es electa que se comprometa a hacer una gestión adecuada en el Ministerio Público.
Andrés Pérez agregó que además de buscar un Ministerio Público independiente y técnicamente competente, debe cuidar la UFECIC y la Jurisdicción Nacional Anticorrupción. Instó a que deben realizar una reforma legislativa porque son cruciales, últimamente se han visto reformas legislativas que más bien están retrocediendo en la lucha contra la corrupción.
También planteó que existen elementos esenciales, usó de ejemplo dos casos que ha presentado la MACCIH: el caso de la red de diputados y el de la Caja Chica de la Primera Dama, estableció que la diferencia de presentación de los casos estuvo en el órgano que conoció cada caso, por ejemplo en el caso de la Caja Chica de la Primera Dama fue tratado de forma independiente por el órgano que lo conoció; la Jurisdicción Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, para altos funcionarios del Estado sigue operando un circuito Ad hoc con la figura de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia como juez natural, estos casos van a seguir yendo a ese circuito y es esencial una reforma del mecanismo de enjuiciamiento de altos funcionarios; de nada sirve tener la UFECIC si los casos van seguir siendo conocidos por un circuito Ad hoc que son los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La doctrina dice que estos casos los debe conocer el tribunal que pueda resistir mejor las presiones, es más probable que la Jurisdicción Nacional Anticorrupción, porque el mecanismo que se utilizó para seleccionar estos jueces les permite pensar a ellos independientemente, porque no le deben el cargo a nadie, llegaron a ese cargo por concurso y pasaron una serie de etapas, ese es el tribunal que puede resistir más las presiones y por eso es necesario hacer esa reforma que es lo más difícil porque implica que la misma gente que posiblemente será investiga este a cargo de la reforma y pudiera en algún momento perjudicarle.
Se tienen que revisar otros elementos de reformas, el mecanismo de investigación de enriquecimiento ilícito, porque hay interpretaciones diferentes de quién debe investigar el enriquecimiento ilícito, la Constitución de la República establece que quien debe determinar el enriquecimiento ilícito es el Tribunal Superior de Cuentas, sin embargo la Constitución debe interpretarse siempre de manera general y de una manera integral para que de ninguna manera obstaculice la acción pública penal que corresponde al Ministerio Público, ese es un tema que se tiene que aclarar legislativamente. Apunto el agente de la MACCIH.
Hace falta hacer una reforma de las comunicaciones, si ustedes revisan que fue lo qué pasó en Sudamérica con los casos de Oderbrecht y otros casos de gran relevancia en materia de corrupción, hay dos o tres elementos probatorios importantísimos: el colaborador eficaz y las escuchas telefónicas, en eso han basado sus casos los fiscales sudamericanos en relación a Oderbrecht. En este momento todo el sistema de la intervención de las comunicaciones está en manos de la Dirección Nacional de Inteligencia de acuerdo a la ley vigente, pero eso debería de estar en manos del Ministerio Público, es lo que corresponde, porque es un proceso que tiene que estar conectado con los mecanismos de procesamiento y de justicia, eso por señalarle dos elementos.
En conclusión, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras tendría una labor muy difícil, tendría muchos obstáculos si llega un Fiscal General que no tenga estos dos elementos: independencia y competencia técnica, la labor de la misión se miraría muy obstaculizada.
Aprovechó para hacer un llamado a la Sociedad Civil para que hagan un proceso de veeduría, que se ponga de acuerdo en estos aspectos que son mínimos, no tiene que estar de acuerdo en muchos otros pero si en estos en los que se juega la posibilidad de que esta generación de hondureños podamos seguir combatiendo la corrupción con el empuje que se necesita. No va a haber otra oportunidad al menos para esta generación y en el caso del Ministerio Público nos estamos jugando esa oportunidad.
