El Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, aseguró ayer y que no está buscando la reelección para seguir al frente del Ministerio Público.
“No estoy buscando reelección, agradezco a organizaciones y personas que reconocen trabajo y esfuerzo del Ministerio Público”, escribió el Fiscal General a través de su cuenta de Twitter, el cual fue retuiteado por la cuenta oficial del Ministerio Público.
“Estoy seguro surgirán buenos candidatos a nuevo Fiscal General dentro de las cuales el Congreso Nacional seleccione”, continuó. Pero ¿podemos creer que dice la verdad?
Diversos sectores del país han demostrado su beneplácito ante la posibilidad de una reelección del fiscal Chinchilla, especialmente después de las últimas acciones en casos emblemáticos como el de Bertha Cáceres, que llevó a la captura del gerente de DESA, Roberto David Castillo; y el proceso en contra de la ex primera dama Rosa Bonilla de Lobo que la tiene presa en Támara por suponerla responsable de corrupción, entre otros delitos, lo cierto es que Chinchilla no deja de tener detractores especialmente dentro del movimiento social y alianza de oposición que ven que sus acciones ayudan a mantener la corrupción e impunidad en el país y se han manifestado en contra de la reelección.
Parece haber un consenso. En septiembre vaca el puesto del Fiscal General. El Congreso Nacional deberá elegir a su sustituto de entre los candidatos que se seleccione por la junta nominadora ad hoc y ya se barajan nombres y currículum para el puesto, aunque nadie aún ha dicho públicamente que aspira al cargo.
Pero hay un antecedente que debemos tener en cuenta, dos incidentes del reciente pasado que nos dan luces que el debate de la reelección del Fiscal General no está aún cerrado.
En agosto del año pasado el Congreso Nacional debió elegir nuevos Comisionados para el Instituto de Acceso a la Información Pública. El debate se extendió y nunca hubo consenso. El Congreso Nacional no logró los 86 diputados necesarios para elegir nuevos Comisionados y el diputado Mario Pérez, del Partido Nacional, presentó una moción para que Suyapa Thumann, Gaudy Bustillo y Damián Pineda, quedaran por otros cinco años más en esos puestos y así se resolvió la falta de acuerdo.
Este año, en enero, el nuevo Congreso Nacional debió elegir al Procurador General de la República para sustituir al abogado Abraham Alvarenga Urbina, un ex diputado del departamento de Lempira quien funge en el cargo desde 2014. Nuevamente, era necesario el voto de 86 diputados para lograr el nombramiento. El Partido Liberal desde el inicio manifestó que no participaría en la elección del nuevo procurador, como reclamo a la reelección de Juan Orlando Hernández, dejando al Partido Nacional y Libre la elección. Como es prácticamente imposible llegar a un consenso público entre estos dos partidos, menos aún en medio de la crisis post electoral, la elección nunca se agendó quedando de forma indefinida el actual procurador Alvarenga Urbina.
Pongo estos dos ejemplos como antecedentes para lo que creemos pasará en la elección del Fiscal General en agosto próximo. Ni la oposición (compuesta por el Partido Libre + PINU-SD + Partido Liberal), ni el oficialismo en el Congreso Nacional (Partido Nacional + Alianza Patriótica + UD + DC + PAC) logran los votos necesarios para elegir por sí solos al nuevo fiscal. Necesitan cruzar el pasillo y llegar a acuerdos, para un puesto que definirá los destinos de este país y, dados los antecedentes antes mencionados, lo más probable es que no se logre.
Quedando, de facto, el Fiscal Óscar Chinchilla en el cardo de manera indefinida y todos felices, nadie se mancha las manos con la reelección del cargo, en un momento tormentoso lleno de amenazas desagradables sobre personalidades conocidas y donde más vale viejo conocido que nuevo por conocer.
