Las más recientes declaraciones del líder criminal Rivera Maradiaga en las cortes estadounidense de New York que implican a altos funcionarios del Estado hondureño con las redes del narcotráfico y el crimen organizado no sólo revelan la existencia de un Estado criminal (Narco Estado) sostenido por la clase política más corrupta e irresponsable: ante todo revela la ineficacia, incompetencia y nulificación de la justicia hondureña. Lo que es más grave, es una muestra inobjetable de la no soberanía nacional.
¿Por qué exigimos soberanía y criticamos el papel intervencionista de los EEUU en nuestros asuntos internos, pero celebramos cuando ellos hacen la justicia que nosotros mismos no podemos hacer en nuestro país?, he ahí una de las preguntas vitales para comprender las grandes contradicciones de un país sin soberanía y sin justicia. Eso sí, ninguna nación ha tenido nunca procesos homogéneos, y son las contradicciones sociales las que moldean el carácter de los pueblos y los proceso históricos de los mismos.
La construcción de soberanía y justicia en una nación no está determinada por la emisión de leyes y patrones ideológicos o jurídicos, sino por el grado de autonomía (económica, política, social y culturalmente hablando) que posea un Estado. Aún hoy, a pesar de los innúmeros estudios sobre los conceptos de Soberanía y Justicia, los estudiosos sociales, así como los jurisconsultos, no logran ofrecer al público no experto una definición plenamente comprensible y aceptable de los que éstos significan. Esto, en cambio, no se debe a la incapacidad de los eruditos, sino a la constante movilidad y cambio de los procesos que dichos conceptos pretenden explicar.
Jurídicamente el concepto justicia es amplio y diverso, pero sustancialmente hace referencia «al conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad». En un sentido formal, la justicia es el conjunto de normas codificadas —impartida desde el Estado—, que al ser violentadas se implementan por jueces a los infractores, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. Hoy día, en cambio, no se habla más de justicia, sino de las justicias del Estado: justicia social, penal, etc.
El concepto soberanía es igual de complejo, pero su definición más aceptada se refiriere al poder absoluto y perpetuo de un Estado sobre su territorio, sus asuntos internos y su ciudadanía.
Basados en la breve definición de ambos conceptos parece que en Honduras ni uno ni otro puede aplicarse fácilmente. Honduras sigue siendo un país con enormísimos problemas de inequidad, desigualdad, irrespeto y privaciones a la libertad individual y colectiva, además de un sistema jurídico mediocre, discriminativo, y funcional solo para aquellos que ostentan[1] el poder político o económico. Honduras es el país de la injusticia. Pero no sólo eso, también es una nación con notables apegos a las directrices emitidas desde los Estados Unidos y los organismos de financiamiento internacionales: es un país sin soberanía.
La evolución histórica del Estado hondureño como Estado —primero sometido y luego Independiente— ha experimentado diversas etapas: el territorio fue conquistado y dirigido por los españoles peninsulares durante poco más de tres siglos hasta el inicio y consumación de los procesos independentistas de Hispano américa. Pero la Independencia centroamericana con respeto del Imperio español no fue garantía de la consecución de la soberanía nacional que había sido (o debió ser) uno de los ejes primordiales de la separación de las provincias del istmo con respecto a un Imperio español en constante decadencia desde la implantación de la Reformas Borbónicas a finales del siglo XVIII.
A partir de entonces, la independencia centroamericana no logró consolidarse, quizá debido a lo que ya años antes había advertido el erudito José Cecilio del Valle sobre la no conveniencia de separarse del Imperio, no tanto por el hecho mismo de permanecer bajo el mandato y dirección de la monarquía y sus leyes, sino por el fundado temor y certeza que los pequeños territorios centroamericanos no contaban todavía con la experiencia en la administración pública, con una clase política establecida, y peor aún, con una estructura jurídica e intelectual capaz de hacer frente al gran reto que significaba la creación de los nuevos Estados.
Los hechos ocurrieron casi totalmente como José Cecilio del Valle había temido. Una vez obtenida la Independencia del Imperio, las provincias centroamericanas demostraron su propia incapacidad de sostenerse administrativamente como Estados independientes, por lo que más temprano que tarde la región se anexó íntegramente al Imperio mejicano de Agustín Iturbide I, cuyo proyecto imperial duró menos de dos años, y Centroamérica se vio obligada a abandonar la anexión.
El siguiente paso en la búsqueda de la consolidación de los nuevos Estados, una vez retirados los Estados del Imperio Mejicano, fue la creación de la empresa federativa impulsada por principalmente por Francisco Morazán; sólo que federación se encontró con un problema mayor: el imponente remanente de las costumbres y prácticas coloniales que la Independencia buscaba eliminar[2]. Quizá uno de los mayores yerros de la clase criolla que impulsó la Independencia de Centroamérica, fue el hecho de no considerar que la sola proclama de la Independencia no podía por sí sola borrar los modos de vida, costumbres, comportamientos sociales, creencias, filiaciones, y sobre todo la vieja estructura administrativa todavía amparada en el seno de la Iglesia.
Con el fin de la República Federal de Centroamérica a mediados de 1838, el Estado hondureño —por primera vez independiente de cualquier otra figura superior— se enfrentaba a un nuevo reto: defender y consolidar su preeminencia territorial, geográfica y ciudadana como corresponde a todo Estado soberano. Sólo que esa búsqueda por establecerse definitivamente como un territorio soberano debía esperar todavía un poco más, pues a partir de la ruptura de la Federación fue cada vez más evidente la influencia que ejercían los diplomáticos ingleses en los funcionarios de los distintos gobiernos hondureños hasta aproximadamente 1876, cuando se inauguró el Estado liberal capitalista e inició la influencia y control de los Estados Unidos en los asuntos políticos, económicos y sociales de Honduras; una influencia que hasta hoy día sigue mellando nuestro deseo de soberanía nacional.
Durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, el papel injerencista de los Estados Unidos se ha evidenciado en muchos de los casos más emblemáticos de la política nacional y en los procesos de crisis en los que el país del norte ha ejercido influencia directa en las decisiones del Estado y sus gobernantes. Desde principios de la década de 1920, la pequeña clase intelectual hondureña, particularmente los escritores como Froylán Turcios, Alfonso Guillén y otros coetáneos, comenzaron a denunciar públicamente las severas lesiones a la soberanía nacional por parte de los Estados Unidos. Froylán Turcios fundó el primer impreso antiimperialista y anti injerencista de Honduras frente a los EE UU, titulado Boletín de la Defensa Nacional, dedicado a la defensa de la soberanía hondureña. No obstante, la soberanía nacional no terminó de consolidarse, ni siquiera hoy día.
La justicia y la soberanía hondureñas han sido particularmente lesionadas de nueva cuenta en los últimos tres gobiernos (sin ubicar aquí el gobierno de facto de Roberto Micheletti). Nos referimos a los gobiernos de Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. ¿Cómo la hecho?, no sólo opinando e influenciando los procesos internos del país a través de sus representantes diplomáticos, sino, y sobre todo, impartiendo la justicia a los criminales hondureños a quienes la propia justicia de su país no ha podido juzgar; es decir, imponiendo el orden jurídico en Honduras desde las cortes estadounidenses.
Entre los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, la justicia de los Estados Unidos ha arrestado, extraditado y enjuiciado a más de una docena de los más peligrosos criminales y narcotraficantes hondureños. Es más, muchos de los propios criminales han preferido ser juzgado por la justicia norteamericana antes que por la hondureña. En la opinión del abogado Gabriel Nasser Rodríguez, esto sólo demuestra «la incompetencia y descrédito de las instituciones encargados de impartir justicia, así como de los operadores de justicia en general».
Son muchos los problemas que enfrenta el sistema judicial hondureño en la actualidad, no sólo el hecho de las extradiciones: una Corte Suprema de Justicia manejada por el Partido de gobierno y sin credibilidad, jueces y abogados corruptos, policías corruptos y criminales, etc.
Que la justicia hondureña viene de New York dice el vox populi, y la expresión popular es siempre sabia. El problema es más grande: un país sin justicia y sin soberanía absoluta es una nación destinada a la subyugación y al sufrimiento.
Citas al pie.
[1]Ver los índices de homicidio e impunidad. IUDPAS.
[2] Torres Rivas, Edelberto. Revoluciones son cambios revolucionarios, “Las raíces coloniales del poder oligárquico”. F&G editores, Guatemala, 2011. Cfr.
