Una nueva jornada de protestas protagonizan hoy trabajadores de los gremios de la salud y educación en Honduras exigiendo la derogación de dos decretos ejecutivos que según ellos privatizan estos servicios básicos.
“Compañeros y compañeras los invitamos a participar activamente de las acciones que tenemos programada, seguimos firmes en la derogatoria de los decretos … pueblo hondureño, esta lucha es por la defensa de estos dos grandes derechos, te invitamos a sumarte y hacer de este sueño una realidad”, expresó Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.
El llamado de ambas dirigencias se hizo desde la semana anterior para que en el sector salud se realizaran asambleas informativas y en el sector educación asambleas y movilizaciones a nivel nacional, por lo que hoy no hay clases ni atención en hospitales públicos en todo el país.
El Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, instaló ayer un diálogo con los docentes para analizar los reclamos y buscar una solución «hago un llamado a todos los maestros de Honduras, a que aseguren el derecho de las niñas y los niños a la educación, por favor, no suspendan clases porque ellos no se merecen esto»
El líder magisterial Carlos Suazo detalló que las asambleas y movilizaciones no se van a detener a pesar del llamado “ayer asistimos a una invitación del mismo ministro a instalar una mesa de diálogo, pero nosotros no podemos estar de diálogo en diálogo, las bases nos exigen resolver los problemas por eso las asambleas informativas a nivel nacional”.
Unos dos mil maestros se movilizan desde la Departamental de Educación por el bulevard Fuerzas Armadas en la capital rumbo al INPREMA.
Las protestas de ambos gremios comenzaron el pasado 27 de abril cuando el Congreso Nacional aprobó las Leyes de Reestructuración y Salud pero luego de una serie de paros y protestas fueron eliminadas por los parlamentarios el 30 de abril.
Los decretos ejecutivos en mención PCM 26-2018 y PCM 27-2018 dan vida a comisiones interventoras del sistema de salud y educación, según Figueroa son inconstitucionales, afectan a los empleados de salud y educación y son un primer paso para la privatización de los servicios que se brindan al pueblo hondureño.
