/SE LEVANTAN MÁS VOCES CONTRA EL CÓDIGO PENAL

SE LEVANTAN MÁS VOCES CONTRA EL CÓDIGO PENAL

Cada día son más las voces que se levantan contra la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el próximo noviembre, esto debido a que según los expertos se aprobaría para ayudar a funcionarios que están actualmente siendo acusados de corrupción.

“Tenemos que evitar que el Código Penal entre en vigencia aunque sea una hora o por un día o medio día, ya que si entra en vigencia se aplica la retroactividad en materia penal y eso favorecería a muchos imputados que hoy están siendo enjuiciados en los tribunales”, denunció el exdiputado liberal Osman Aguilar.

Según este exparlamentario se debe de considerar este nuevo código como un código A, tomar todo lo bueno, sean 300 o 400 artículos y unirlos a lo que sea necesario del código actual, para crear un código C que entre en vigencia garantizando que no apoya la impunidad.

El director legal del Consejo Nacional Anticorrupción (Cohep), “el principio de legalidad del Congreso Nacional debe de hacer los cambios al código antes de que entre en vigencia, para que posteriormente se amplíe la vacatio legis que pueda ser conocido y estudiado por quien le corresponda la aplicación de la ley penal”.

La vacatio legis es el período de tiempo desde la publicación de una ley hasta su entrada en vigencia, esta responde al principio de publicidad de la ley, o sea que es un período de tiempo en el cual la ciudadanía puede conocer el texto de las leyes para así no alegar ignorancia.

Cada vez más sectores expresan que este código se aprueba y busca que entre en vigencia lo más pronto posible para favorecer a personas acusadas de corrupción.

El analista, Celso Alvarado dice que “el Código Penal es una normativa que tiene que ser coherente no solo con los tratados y la normativa, ya se ha dicho y debemos de apuntar a la incoherencia de esta normativa con otra de mayor jerarquía”.

La Sociedad Civil pide que se atrase su entrada en vigencia, por lo menos hasta enero del 2021 , Keneth Madrid de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) detalla que “en los delitos de malversación y violación a los deberes de los funcionarios hay una rebaja de la pena, y en caso de no aumentarse, al menos debería de mantenerse”.

Según un documento emitido por la Misión de Apoyo contra la Corrupción (MACCIH), el delito de malversación de caudales tiene una pena de dos a cinco años si no excede de mil lempiras y de seis a 12 años si la excede, pero el nuevo código dispone una pena de cuatro a seis años independientemente de la cuantía, por lo que apoya la corrupción.

“Lo que quieren es que se ponga en vigencia para que los acusados puedan ampararse en la retroactividad, aunque después se vaya a reformar, ellos se pueden amparar para obtener el beneficio de reducción de las penas”, denunció el diputado David Reyes, del Partido Innovación y Unidad (Pinu).

“La Maccih quedaría debilitada en el combate a la corrupción y la impunidad y otros crímenes de la administración, prácticamente se le da una señal clara que tiene que irse”, declaró el economista Ismael Zepeda.

El presidente del Congreso, Mauricio Oliva Herrera explicó que “así está decidido, no hemos cerrado la puerta, hay sectores que propugnan por una vacatio legis mayor, si demuestran que las intenciones son legítimas y hay consensos, bienvenido sea el diálogo”.