SE CIERRA EL CERCO SOBRE VENEZUELA

Tras retomarse el tema de la situación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado martes 28 de marzo, con el voto de 20 países de la región, quedó activada la Carta Democrática en su primera fase. Así lo expresó el profesor e internacionalista, Félix Arellano, quien manifestó que a pesar de los esfuerzos por boicotear la sesión por parte de la representación diplomática venezolana, el proceso continúa. «El gobierno venezolano cree...

Tras retomarse el tema de la situación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado martes 28 de marzo, con el voto de 20 países de la región, quedó activada la Carta Democrática en su primera fase. Así lo expresó el profesor e internacionalista, Félix Arellano, quien manifestó que a pesar de los esfuerzos por boicotear la sesión por parte de la representación diplomática venezolana, el proceso continúa.

«El gobierno venezolano cree que la mejor estrategia es el ataque y piensa que salió ganador porque enredó completamente la reunión para que no siguiera avanzando», afirmó Arellano en una entrevista al diario Las Américas.

Félix Arellano manifestó además, que tras la sesión extraordinaria de este martes, el gobierno venezolano se encuentra en estado de evaluación sobre una posible salida de la OEA.

«El gobierno de Venezuela tiene demasiadas presiones, y ha optado como siempre por salir adelante e irse a los extremos, porque la decisión del TSJ agrava mucho más la situación en el marco de la Carta Democrática. Están desesperados, no saben si la estrategia es retirarse», detalló Arellano.

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La Carta Democrática Interamericana es un mecanismo que se aplica en el caso de ruptura del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo, en cualquiera de los Estados miembros de la organización.

La última vez que está medida fue aplicada fue en el contexto del golpe de Estado de Honduras en 2009.

Con la activación de la Carta Democrática Interamericana se puede acordar la suspensión temporal del Estado Miembro, del ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Para que ello se materialice se requiere del voto de los dos tercios (24) de los Estados que conforman la Organización (34 países).

La intervención extranjera directa (Cascos azules u otras fuerzas) no está prevista en ninguno de los contenidos de la Carta Democrática, ya que eso iría en contra de los principios de no intervención, soberanía e independencia de los Estados. Pero, la exclusión del sistema interamericano limita la capacidad de acción del gobierno, y este internacionalmente se encontrará igualmente aislado y en entredicha su gestión administrativa. La aplicación de las sanciones previstas en la Carta Democrática representa un activo moral para los sectores de oposición.

En materia internacional, ante una alteración del orden constitucional, cualquier Estado miembro de la OEA o su secretario general podrán solicitar la convocatoria del Consejo Permanente para analizar la situación y adoptar las decisiones diplomáticas o de buenos oficios que se estimen convenientes, a fin de promover la normalización de la situación alterada.

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Por su parte, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de Venezuela asumió las «competencias» del Parlamento, de mayoría opositora, mientras se mantenga su «situación de desacato», según una sentencia difundida la noche del miércoles.

«Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho», señaló el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al gobierno de Nicolás Maduro, lo que inmediatamente ha sido catalogado por opositores como un «autogolpe de Estado» al estilo Fujimori.

El TSJ declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. También ha anulado toda las decisiones del ente.

La sentencia de la Sala Constitucional de la corte se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

La ley indica que el gobierno, para constituir empresas mixtas en el sector petrolero, necesita «la aprobación previa» del Parlamento. Sin embargo, al declarar «omisión legislativa», el TSJ indicó que no existe «impedimento alguno» para que el Ejecutivo las cree sin pasar por los diputados.

La decisión judicial se produce un día después de que el propio TSJ dejara sin inmunidad a los asambleístas, lo que abre la posibilidad de enjuiciarlos, inclusive por delitos militares.

La bancada opositora ha pedido a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana y sancionar al gobierno, lo que fue calificado por Maduro como «traición a la patria», un delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

Ello mientras continúan las maniobras diplomáticas del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para lograr los cuatro votos que faltan y suspender a Venezuela del organismo.

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