RESTITUYEN A JUECES DESPEDIDOS POR CRITICAR EL GOLPE DE ESTADO

EGO24 septiembre, 2018

Esta semana, y luego de casi 10 años de lucha legal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Poder Judicial hondureño anunció la restitución de dos jueces que habían sido despedidos en 2009 por criticar el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales.

«El Poder Judicial resuelve reincorporar a la abogada Tirza Flores Lanza como magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula y a Guillermo López Lone a su cargo como juez del tribunal de sentencia en la misma ciudad», anota la resolución de la justicia.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, manifestó que Flores sustituye a la abogada Dinora Cubas y López a la abogada Suyapa Barahona.

Flores Lanza y López Lone participaron, junto con otros dos colegas, en una manifestación contra el golpe de estado en 2009, razón por la cual fueron destituidos. La Corte Suprema de Justicia que los destituyó lo hizo bajo el argumento que los funcionarios judiciales no debían involucrarse en política.

Aparte de ser juez, Guillermo López Lone fue presidente de la asociación hondureña de jueces, Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), una función que no pudo desempeñar más a causa de su despido.

Los días 2 y 3 de febrero de 2010, el caso ‘López Lone y otros contra Honduras’ fue visto  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la capital de Costa Rica, San José.  Durante la sesión el caso fue presentado oralmente a la Corte. Cuatro expertos internacionales sobre derechos humanos, citados por los querellantes, fueron oídos. Se enfocaron detalladamente en la diferencia entre reglas de comportamiento y normas éticas. Asimismo, en la cuestión de si los derechos y libertades civiles universalmente reconocidos se aplican íntegramente a los miembros del poder judicial, o si el ejercicio de esa profesión implica restricciones en ellos. Los querellantes alegaron que los procedimientos disciplinarios que habían llevado a su despido, habían sido contrarios a los principios de un proceso justo, al principio de legalidad y a su libertad de expresión y reunión.

El gobierno hondureño objetó que no le conviene a un juez tomar posición política tan explícitamente. El reglamento disciplinario prohíbe participar en manifestaciones políticas y otros comportamientos que pueden dañar el prestigio del oficio, y ellos lo tenían que observar.

Los querellantes replicaron que había sido la propia Corte Suprema la que, a su vez, había hecho un llamamiento por la red local de justicia para participar en una manifestación de apoyo a la toma de poder.

Después de la vista oral se les dio a las partes hasta finales de marzo para presentar observaciones escritas y responder a algunas preguntas hechas por la Corte durante la sesión. Luego llegó la sentencia para junio de este año.

La CIDH ordenó en 2015 a reintegrar a los cuatro despedidos en «cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración (y) beneficios sociales».

En 2016, el Estado propuso indemnizar a los despedidos alegando la falta de plazas vacantes, pero Flores y López rechazaron la propuesta y un año después la CorteIDH consideró que los argumentos del Estado eran «improcedentes».

Chévez y Barrios sí aceptaron la indemnización.

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