Más de sesenta personas fueron detenidas este miércoles en Nicaragua por protestar contra el mandatario Daniel Ortega, según informó la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), movimiento que aglutina sectores políticos, sociales y empresariales.
La marcha tenía como nombre “Todos somos Abril” y estaba prevista iniciar en la rotonda Centroamérica, ubicada en el sur de Managua, sin embargo, la Policía Nacional, desde tempranas horas, se tomó la zona para evitar la conglomeración de los manifestantes.
El empresario Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmó que, si bien el despliegue policial era algo que se esperaba, esto muestra que el gobierno de Nicaragua no tiene voluntad de encontrar una salida pacífica a la crisis que atraviesa Nicaragua.
El despliegue policial “era totalmente planificado; el no permitir la marcha, que demos un pie en la calle. Esto es algo que no nos sorprende y sigue siendo parte de la misma política de no permitir el ejercicio de libertades cívicas”, denunció Chamorro.
Agregó que, pese a ello, continuarán insistiéndole al gobierno de Ortega que parte de los acuerdos avanzados en las negociaciones no se han respetado hasta el momento, entre ellos la libre movilización.
Uno de los estudiantes que por temor a represalias habló en el anonimato, afirmó que pese al asedio y la intimidación de la Policía Nacional continuará exigiendo libertad a los manifestantes presos, justicia y elecciones adelantadas.
“Ha pasado un año, hay personas que se han ido al exilio por este régimen criminal pero aquí vamos a seguir. Al pueblo nicaragüense le decimos que aquí estamos presente. Vamos a seguir exigiendo justicia, democracia, elecciones adelantadas y liberación de presos”, dijo.
Horas antes del inicio programado, vehículos de la policía se alinearon en una de las principales avenidas de la capital por la que se realizaría la marcha y en calles aledañas. Los agentes vigilaron desde puentes, y policías antimotines rodearon un monumento en el que terminaría la protesta.
Además, varios agentes ocuparon un popular centro comercial y otros establecimientos de la zona, impidiendo la presencia del público.
Marcha no salió, pero sí hubo protesta
Pese al enorme despliegue policial los estudiantes, miembros de la sociedad civil y empresarios se reunieron en varios puntos de Managua para gritar consignas y cantar el himno de Nicaragua.
Uno de los puntos céntricos donde se realizó la manifestación fue cercado por al menos 300 miembros de la fuerza pública de Nicaragua. La mayoría de ellos portaba armas de guerra.
Algunos simpatizantes del gobierno, así como reporteros afines al mandatario nicaragüense asediaron el lugar y grabaron a los protestantes, de igual forma hostigaron a los periodistas independientes que cubrían los hechos.
“Estos son los que se hacen llamar periodistas. Se prestan a shows mediáticos. Nosotros queremos la paz”, dijo uno de los simpatizantes sandinistas escoltados por la Policía Nacional.
En otra parte de Managua, la Policía Nacional detuvo a un periodista de un medio local y luego lo liberó.
En la Catedral de Managua, ubicada en el centro de la capital, también se conglomeraron algunos manifestantes para gritar: “libertad y justicia”.
Las protestas se dan un día antes que se cumpla un año desde que estallaron las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega y que dejaron como saldo más de 300 personas muertas, miles de exiliados y cientos de detenidos, según informes de organismos internacionales.
El gobierno y la oposición iniciaron un nuevo diálogo con el fin de encontrar una salida pacífica a la crisis política de la nación, sin embargo de momento se encuentra suspendido por falta de incumplimiento por parte del mandatario sandinista, según denunció la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Mientras tanto, en Florida el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump incrementará la presión sobre Nicaragua.
Bolton anunció sanciones al proveedor de servicios financieros Bancorp, que señaló es un fondo de Ortega “para sobornos”. Washington ya había sancionado previamente al banco por sus nexos con la paraestatal petrolera de Venezuela.
Se anunciaron también sanciones contra Laureano Ortega, uno de los ocho hijos de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Bolton los acusó de estar involucrados en una “enorme corrupción bajo la apariencia de encabezar la principal agencia de inversiones de Nicaragua”.
Las protestas estallaron por primera vez el 18 de abril del año pasado, inicialmente contra una reforma de pensiones ahora desechada.
Una brutal represión por parte de las tropas de Ortega en los próximos cuatro meses dejó 325 muertos, 800 en prisión y miles en el exilio.
Todas las manifestaciones han sido prohibidas desde septiembre.
Esa es una de las razones principales por las cuales las conversaciones de paz entre el gobierno de Ortega y la oposición de la coalición Civic Alliance de estudiantes, líderes empresariales, campesinos y grupos de la sociedad civil se rompieron dos semanas después de un mes de negociaciones.
El 20 de marzo, y siguiendo las amenazas de los Estados Unidos y la Unión Europea para imponer sanciones, el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días, pero 600 permanecen tras las rejas.
Ortega también se ha negado rotundamente a tolerar una demanda clave de la oposición para retirarse y adelantar las elecciones programadas para 2021.
La oposición acusa al exlíder guerrillero de izquierda de 73 años, quien llegó al poder por primera vez en 1979 tras la caída de la dictadura de la familia Somoza apoyada por Estados Unidos, de abusos a los derechos y liderazgo autoritario.