/RELATORÍA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS RECONOCE QUE MARAS Y PANDILLAS SON VIOLADORES DE DD.HH.

RELATORÍA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS RECONOCE QUE MARAS Y PANDILLAS SON VIOLADORES DE DD.HH.

En política, especialmente en política internacional, nada se mueve sin dar aviso. Así, cuando el presidente Hernandez manifestó en la Asamblea General de la ONU su decisión de “lanzar una ofensiva internacional para que Naciones Unidas reconozca que los grupos no estatales que existen en Honduras violentan los derechos fundamentales,” está dándonos un aviso, no solo de las acciones que el gobierno de hondureño tomará para cambiar la doctrina en materia de Derechos Humanos, sino de un movimiento que se da al más alto nivel en Naciones Unidas.

Según el mandatario Hernández en Honduras las maras, pandillas y narcotraficantes son “los principales” violadores de los derechos fundamentales como la vida, el derecho de acceso al trabajo, la educación y derechos económicos.

“Me parece que Naciones Unidas debe reflexionar y reinsertarse en su rol. (…) El narcotráfico en la región de Colombia, México y Estados Unidos, afecta tremendamente la vida de nosotros los centroamericanos, la mayor tragedia en pérdida de vidas humanas que ha tenido Honduras es consecuencia del tráfico de drogas.” Añadió Hernández en su exposición en la Asamblea General de las NNUU el pasado septiembre.

Ya esa intención de lanzar una ofensiva a más alto nivel fue hecha pública por el presidente en mayo pasado. En aquella ocasión su declaración a la prensa pasó sin efecto entre expertos de la materia que amparados en la doctrina reconocen al Estado como único garante y por lo tanto único violador de los Derechos Humanos, según la Declaración Universal de DDHH aprobada y proclamada por la Asamblea General de las NNUU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Pero esta segunda declaración hecha por Hernandez en septiembre pasado surge en un contexto distinto, un contexto en el cual la misma ONU le da la razón.

“Me parece que Naciones Unidas debe reflexionar y reinsertarse en su rol. (…) El narcotráfico en la región de Colombia, México y Estados Unidos, afecta tremendamente la vida de nosotros los centroamericanos, la mayor tragedia en pérdida de vidas humanas que ha tenido Honduras es consecuencia del tráfico de drogas.”

Primero debo aclarar al lector que no hay que confundir las palabras del abogado Juan Orlando Hernández, con aquellas declaraciones vertidas en la prensa por presentadores de televisión y reporteros ignorantes que señalan a manifestantes como “violadores de los Derechos Humanos de los policías antidisturbios.” Eso no existe y si se dice en la prensa, se hace por ignorancia. Lo que el presidente Hernández apunta acá es más complejo todavía, porque está ligado a principios fundamentales del concepto de Estado.

Entendiendo Estado como la organización política de un país, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y su población; definimos que Poder, Territorio y Población son, por consiguiente, los elementos que conforman el Estado. Es importante partir de este concepto porque si uno de los tres elementos está ausente, Poder, Población y Territorio, el Estado está ausente.

Los Derechos Humanos, según la definición de las Naciones Unidas, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.

Entre los derechos humanos de primera generación se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.

¿A qué se refiere entonces Juan Orlando Hernández cuando señala que las pandillas violan los Derechos Humanos?

Foto DW

En junio de 2018 la Relatoría Especial de Derechos Humanos presentó un informe sobre su visita a El Salvador, donde examinó la situación del derecho a la vida centrándose en la privación arbitraria de vidas, las respuestas jurídicas y normativas y las violaciones del derecho a la vida por agentes no estatales, en particular las pandillas, la situación de los grupos en situación de riesgo y la prohibición absoluta sobre el aborto.

Según el reporte de la Relatoría de DDHH de la ONU, El Salvador experimenta altos niveles de violencia interpersonal y sexual generalizada: cada 19 horas se mata a una mujer; cada tres horas alguien es agredido sexualmente. En más del 70% de los casos, las víctimas son menores de edad.

La población percibe estar bajo una guerra contra la juventud del país, llevada a cabo por las pandillas y las fuerzas de seguridad. Los jóvenes se enfrentan a ser reclutados a la fuerza o asesinados por pandillas (rivales) por pisar el barrio equivocado. Las mujeres y las niñas se enfrentan al feminicidio, la violación y la explotación sexual, incluso como represalia por parte de las pandillas. La policía y los funcionarios estatales suponen que los jóvenes son miembros de pandillas en función de su lugar de residencia.

Lea aquí el documento completo: Informe ONU

Desde principios del siglo XXI, los sucesivos gobiernos de El Salvador (como en Honduras y Guatemala) han seguido una estrategia de mano dura contra las pandillas, con la excepción de una “tregua” de dos años en El Salvador entre 2012 y 2014 que trajo un alto costo político para los que la impulsaron desde el Gobierno.

A lo largo de los años, las estrategias de seguridad en toda Centro América han seguido enfoques similares: encarcelamiento masivo, militarización de la policía y privatización de la seguridad. Estas políticas parecen no haber producido resultados tangibles en ninguno de nuestros países y, de hecho, según reconoce el informe de Naciones Unidas, pueden haber empeorado las cosas al no abordar las causas profundas de la violencia y la fuerza de las pandillas.

El gobierno ha alentado la participación pública en el desarrollo del Plan El Salvador Seguro, pero el ambiente político general no es propicio para un debate público abierto y bien informado sobre las causas de la violencia y las pandillas, ni posibles opciones políticas y alternativas al paradigma dominante de la Mano Dura. Según el informe del Relator Especial, los entrevistados dijeron repetidas veces que el “diálogo” con los miembros de las pandillas y su rehabilitación son temas casi tabú.

Foto: Prensa Gráfica

LA GUERRA: de los falsos positivos al contra ataque

El Relator Especial encontró un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad, que equivalía a ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, nutrido y agravado por respuestas institucionales muy débiles. El hecho de que las instituciones del Estado no lleven a cabo investigaciones profesionales y efectivas constituye una violación separada del derecho a la vida, indica el informe.

El Relator Especial tuvo además conocimiento de un gran número de presuntas ejecuciones extrajudiciales o muertes resultantes del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad de El Salvador. Si bien los funcionarios reconocieron que puede haber algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, insistieron en que se trataba de incidentes aislados. Sin embargo, el Relator Especial considera que el patrón de comportamiento mencionado anteriormente por el personal de seguridad apunta a ejecuciones extrajudiciales facilitadas por investigaciones inadecuadas.

Las cifras oficiales indican un aumento alarmante en el número de personas, supuestos miembros de pandillas, asesinados por personal de seguridad, de 103 en 2014 a 591 en 2016 con otros 119 heridos.

Pero víctimas hay también del otro lado. Entre 2014 y junio de 2017, la tasa de mortalidad entre los agentes de seguridad y los civiles aumentó significativamente, de 15 a 112,5. En 2017, durante 536 supuestas situaciones de “asalto con arma de fuego”, 66 miembros del personal de seguridad y 413 “delincuentes” fueron asesinados y 290 “delincuentes” detenidos.

Las entrevistas realizadas a sobrevivientes y testigos de la llamada “confrontación armada” señalaron patrones similares, altamente preocupantes en estos “enfrentamientos”. En particular, presuntos miembros de pandillas asesinados según el estilo de ejecución y la escena del crimen manipulada por los responsables u otros, incluso al colocar armas y drogas junto a los cadáveres. Varios entrevistados en diferentes lugares señalaron un patrón de oficiales del ejército siendo reemplazados inmediatamente después de un incidente por otro equipo. Con pocas excepciones, estos testimonios sugieren asesinatos extrajudiciales en lugar de un uso excesivo de la fuerza.

Indica el informe que el Relator Especial recibió varias denuncias de la existencia de “escuadrones de la muerte” dentro de la policía y el ejército salvadoreño, algunos de los cuales han sido confirmados por funcionarios y corroborados por investigaciones. En agosto de 2017, la Oficina del Fiscal General anunció la apertura de investigaciones sobre tres escuadrones de la muerte que operan en el país, dos en la zona oriental y uno en la zona occidental, en los que participaron agentes de policía.

El Relator Especial recibió información sobre una serie de declaraciones formuladas por altos funcionarios con respecto a sus obligaciones en materia de derechos humanos que pueden violar las normas internacionales sobre la prohibición de la incitación a la violencia. Parece que las “soluciones rápidas” represivas a problemas extremadamente complejos se venden rutinaria y falsamente a una población profundamente traumatizada por décadas de altos niveles de violencia.

Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa declaró que “la única forma en que un miembro de una pandilla puede pagar por el asesinato de un servidor público es con su vida […] Por eso es importante que sigamos estando alerta, para que algún día podamos aprobar la pena de muerte para pandilleros o mareros que ponen en peligro la vida de los salvadoreños […] La gente no espera que en cinco años pueda deshacerse de esta plaga de pandilleros […] con la voluntad de un esfuerzo nacional, con decisión y teniendo esto como objetivo nacional, los mareros […] pueden terminarse en un par de meses”.

El Salvador está en guerra en contra de las pandillas. Lo siente la población y lo siente los pandilleros. Una guerra que no parece posible ganar por ningunos de los bandos y como toda guerra, la población civil es la más afectada al sufrir de la violación sistemática de sus derechos humanos tanto por actores estatales, como no estatales.

Desaparecidos en El Salvador. Foto de AFP

PANDILLAS VIOLADORAS DE DERECHOS HUMANOS

Indica el informe de las Naciones Unidas: Las pandillas, en virtud de su control territorial, son responsables de violaciones masivas de los derechos humanos, incluida una gran proporción de homicidios en El Salvador. El Relator Especial descubrió que la mayoría de estos homicidios no son actos delictivos aleatorios. Están organizados y parecen ser parte de algo cercano a una “estrategia” deliberada, dirigida al personal de seguridad y sus familias para aterrorizarlos.

Hay dos pandillas principales operando en el territorio de El Salvador con un total no verificado de 60,000 miembros, en su mayoría hombres jóvenes: MS-13, que comprende aproximadamente dos tercios de miembros de pandillas, y dos facciones del Barrio 18. Una posible reorganización del paisaje de pandillas parece estar en marcha con la aparición de grupos escindidos. Algunas fuentes sugieren que la base de apoyo de estas pandillas incluye unas 500,000 personas (casi el 8% de la población total de El Salvador). Sin embargo, a la Relatora Especial también se le dijo que quien vive en territorio de bandas tiene pocas opciones más que “cooperar” con ellas.

Destaca el informe del Relator Especial de DDHH de la ONU, las siguientes características de pandillas respecto a su organización y modus operandi:

Ejercicio de control territorial expresado a través, entre otros, del uso de puntos de control. La narración sobre los territorios de las pandillas recuerda a la utilizada en los países devastados por la guerra: las personas hablan de fronteras, cuyo cruce no autorizado puede causar la muerte, lo que provoca grandes desvíos que se ven obligados a hacer para llegar al trabajo o llegar a cierto lugar.

Extracción de “ingresos”, que tiene una base territorial y consiste en la extorsión a pequeña escala de pequeñas empresas. Algunos señalaron que las pandillas no tienen control comercial directo sobre las partes del tráfico de drogas, pero los traficantes de drogas las emplean esporádicamente como “músculo” en algunas operaciones.

Reconoce el informe el modus operandi de los miembros de pandillas que incluye la comisión de una serie de violaciones graves y generalizadas dentro de los territorios que controlan y, en ocasiones, más allá:

Violencia sexual y explotación, incluida la violación, de mujeres y niñas;

Restricciones a la libertad de movimiento y desplazamiento interno forzado;

Reclutamiento forzado de niños, incluso mediante el control de las escuelas;

Control sobre el sistema de transporte público, incluida su parálisis forzada a través de amenazas y asesinatos.

Los asesinatos por pandillas son una parte integral del ejercicio de control y poder de las pandillas. En gran medida, forman parte de una estrategia deliberada dirigida, entre otros, a miembros de pandillas rivales; las mujeres y las niñas; individuos que se resisten a la extorsión o se quejan de ellos; y representantes de servicios públicos.

Según las Naciones Unidas esto se evidencia por:

La gran disparidad estadística entre los altibajos en los homicidios cometidos por pandillas, sugiere un alto nivel de determinación organizada sobre quién debe ser asesinado, cuándo y dónde.

Aumento en los homicidios y ataques generalizados contra individuos específicos vistos como representantes del Estado: personal policial y militar, guardias penitenciarios, trabajadores de compañías públicas de electricidad, personal de la rama judicial y sus familias. Las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios públicos hablan de una estrategia sistemática contra los agentes del Estado, en respuesta o como precursora de la guerra del gobierno contra las pandillas. Las cifras oficiales de El Salvador muestran un fuerte aumento de 13 asesinatos de personal de seguridad en 2013, a 60 en 2017.

Aumento en la supuesta cantidad de enfrentamientos armados entre miembros de pandillas y personal de seguridad enfrentados. Según datos oficiales, el número de enfrentamientos armados aumentó de 256 en 2014 a 407 en 2016. Si bien la descripción oficial de algunos de estos “enfrentamientos” puede ser cuestionada, las propias pandillas se han atribuido la responsabilidad por el aumento de los enfrentamientos armados.

El Salvador. Diario El Día.

Ya sea que las pandillas en Centro América hayan “desplazado” el control y la gobernanza del Estado, o simplemente hayan llenado un vacío, sigue abierto al debate. El informe de Naciones Unidas acertadamente afirma que lo que deja pocas dudas es el temor que generan entre la población a través de la violencia generalizada.

En vista de sus capacidades de control territorial, “se puede considerar que estos grupos tienen suficiente poder para violar de manera sistemática los derechos humanos de una gran parte de la población”, incluidas las violaciones del derecho a la vida, la salud y la integridad personal, integridad y seguridad, propiedad y libertad de movimiento, así como una variedad de derechos económicos, sociales y culturales, que incluyen el trabajo y la educación.

El informe de Naciones Unidas no sugiere que se deba juzgar a los miembros de pandillas por violaciones a los derechos humanos. Eso, sigue siendo un privilegio de los Estados. Sin embargo, esta es la conclusión lógica de cualquier evaluación de la situación, a pesar de que tal paso presenta desafíos legales.

Por otro lado, encuadrar los crímenes cometidos por las pandillas como violaciones de los derechos humanos, abordando las causas de la existencia, crecimiento e influencia de las pandillas, como los déficits de gobernabilidad, así como las disparidades económicas y sociales y la marginación relacionada de secciones cada vez mayores de la sociedad, puede proporcionar narrativas alternativas a la situación, menos centradas en la seguridad y ayudar a asegurar soluciones a largo plazo.

Las mujeres y niñas constituyen el grupo de más alto riesgo en la nueva realidad que presenta la guerra contra las pandillas en Centro América. Según el Instituto Nacional de la Mujer (ISDEMU) en 2017, cada 18,7 horas una mujer fue asesinada en El Salvador. Muchos homicidios que constituyen femicidio todavía se registran como homicidio o “muerte violenta de mujeres”. La falta de una sistematización unificada de los datos hace que sea difícil comprender la magnitud de estos asesinatos. Según ISDEMU, entre 2015 y junio de 2017, 1299 homicidios se registraron como “muertes violentas de mujeres”, 846 de los cuales fueron clasificados como feminicidio. ISDEMU también indicó que, durante el mismo período, 1626 investigaciones fueron abiertas en total en casos de homicidio de mujeres, de los cuales 855 fueron registrados como feminicidios. De estos casos, 177 resultaron en condena (59 por femicidio) y 75 absolución (18 por femicidio).

El Relator Especial también recibió información preocupante sobre el aumento del número de desapariciones forzadas de mujeres (y hombres), lo que puede ser indicativo de una tasa de homicidios superior a la denunciada, ya que muchas desapariciones culminan en homicidios. Es preocupante que este número no sea denunciado debido a la falta de quejas presentadas por temor a represalias.

En la lógica patriarcal de las pandillas, los cuerpos de las mujeres son un territorio de venganza y control. Ninguna persona entrevistada para el informe de Naciones Unidas negó la dura realidad de las mujeres en las áreas controladas por las pandillas.

Las pandillas están dominadas por hombres y las niñas y mujeres a menudo son forzadas a la esclavitud sexual. Las mujeres también son asesinadas o castigadas por pandillas en venganza.

El Relator Especial escuchó el testimonio de un caso espantoso que involucraba la brutal violación de dos mujeres por parte de varios pandilleros por tener familiares en las fuerzas armadas.

La comunidad LGTBI es otro de los grupos de población altamente vulnerables en la situación actual de guerra contra las pandillas. Los informes de la sociedad civil indican una impunidad casi total en El Salvador para los homicidios de personas LGBTI. La violencia endémica en el país y el control territorial de las pandillas en ciertas áreas también han impactado negativamente a las personas LGBTI, quienes además de homicidios ilegítimos han sufrido una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, incluyendo desplazamiento forzado, amenazas e intimidación, violencia sexual y tortura. La Relatora Especial se sintió profundamente perturbada al escuchar la historia de una mujer lesbiana asesinada por una pandilla en 2017, presuntamente por órdenes de miembros de su propia familia porque desaprobaban su orientación sexual.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas, en un contexto de postguerra y creciente descolonización del tercer mundo, la Declaración sirvió como un ideal común para los nuevos Estados que se sumaban al concierto de las naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Estableció, por primera vez, derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente.

Mucho ha cambiado el mundo desde aquel 1948. El 10 de diciembre se celebrarán el 70 aniversario de la Declaración, contexto que servirá para re-evaluar si la doctrina cubre la realidad actual.

Óscar Estrada (Honduras, 1974). Es guionista, novelista y abogado. Productor de radio novelas y documentales sociales. En 2008 dirigió el largometraje «El Porvenir». Ha publicado los libros «Honduras, crónicas de un pueblo golpeado» (2013), la novela «Invisibles» (2012) y más recientemente su colección de cuentos «El Dios de Víctor y otras herejías» (2015). Fundador de la revista «Lastiri». Actualmente dirige la editorial con sede en Washington D.C. Casasola LLC.