La petición del actual Presidente de la República al Congreso Nacional sobre la “regulación de la reelección presidencial” es alta traición a la patria. No tiene otro nombre, y no es cuestión de matices o interpretaciones jurídicas o intelectuales: así lo establece la vigente Constitución de la República en su artículo 4, donde ordena que la «la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria».
En Honduras, bajo la normativa de la Constitución nacional, todo intento reeleccionario es ilegal y constituye tracción a la patria y al pueblo, del cual emana todo poder. Para establecer un proceso reelectivo en el país debe convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente que dicte una nueva Carta Magna, o mediante consulta popular a través de un referéndum o plebiscito. No existe ningún otro mecanismo legal.
Pero no, el proyecto reeleccionista representado por Hernández no es una empresa personal; es un proyecto de partido, del mismo Partido Nacional que monopolizó el poder del Estado durante casi todo el siglo XX hasta el fin de Reformismo Militar a comienzos de la década de 1980. Esos son hechos históricos, no ficciones.
Si Hernández no logra su cometido —aunque al parecer lo hará—, su partido seguirá en el poder pese a la oposición retórica de quienes lo adversan.
Hablemos claro: ninguno de los dos partidos políticos en contienda (el PN y LIBRE) está dispuesto a abandonar el poder una vez obtenido. Quizá sería ingenuo pensar lo contrario. ¿Es realmente cierto que si LIBRE llega al poder estará dispuesto a gobernar sólo 4 años?, la respuesta es: no. Al igual que PN, LIBRE también buscará quedarse en el poder para continuar y afianzar su propio proyecto político. Eso también es un hecho.
Honduras está entre dos aguijones: una derecha (Partido Nacional y Partido Liberal) desmesuradamente corrupta e impositiva, y una oposición (LIBRE) demagógica, populista y mesiánica.
Desde comienzos del presente gobierno —incluso desde antes—, la opinión pública denunció innumerable cantidad de veces que Juan Orlando Hernández buscaría quedarse en el poder, tal como lo había intentado —siguiendo un proceso de plebiscito, eso sí—, el liberal Manuel Zelaya en 2009.
Dos eventos abrieron el camino a la iniciativa del Presidente Hernández: la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso Nacional enero de 2016, y el fallo de la Sala de lo Constitucional sobre la relección presidencial en abril del mismo año.
El 23 de enero de 2016, dos días antes de la elección de la nueva Corte, la Junta Nominadora presentó al Congreso Nacional una lista de las 45 personas propuestas y elegibles para ocupar los cargos de nuevos magistrados.
En la votación —que requería un número igual o mayor a 86 votos— resultaron electos 15 Magistrados: María Fernanda Castro, Edgardo Cáceres, Edwin Ortez, Rafael Bustillo, Alma Guzmán, Reina Hércules, José Olivio Rodríguez, Jorge Serrano, Wilfredo Méndez, Reynaldo Hernández, Rolando Argueta, Rina Auxiliadora Alvarado, Lidia Álvarez Sagastume, Jorge Alberto Zelaya y Miguel Alberto Pineda; todos representantes del Partido Nacional y el Partido Liberal.
Más tarde, el 12 de febrero fue juramentado como Presidente de la Corte el abogado de 43 años, Rolando Argueta.
Tanto el Congreso Nacional como la nueva Cortes Suprema de Justicia se han visto parcializados hacia el actual gobierno, y ello supone otra infracción a la Constitución y sus leyes: la separación de los Poderes del Estado, ya de por sí concentrados bajo un poder omnímodo en la figura del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE).
Éste aglutina a los tres Poderes del Estado, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía General de la República; todo bajo la égida del Poder Ejecutivo, es decir, bajo el dominio del Presidente Hernández.
El 24 de abril de 2016 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el fallo de la Sala de lo Constitucional sobre el tema de la reelección presidencial en Honduras, cuya sola discusión estaba vetada.
La resolución del histórico fallo dice que «…se declara la inconstitucionalidad del artículo 330 del Código Penal vigente» (que sanciona con reclusión a quien habiendo ejercido a cualquier titulo la Presidencia de la República, promoviere o ejecutare actos violatorios del artículo constitucional que le prohíbe ejercer nuevamente la Presidencia de la República).
«En consecuencia —continúa diciendo la resolución— se expulsa del ordenamiento dicho precepto…como consecuencia de la inconstitucionalidad del artículo 330 del Código Penal se declara la inaplicabilidad de los artículos 42, numeral quinto, y 239 de la Constitución de la República…y aplicando el efecto extensivo declara la inaplicabilidad de los artículos #4, último párrafo, y del 374».
Así eliminaron la legalidad del delito de «traición a la patria» establecido en el último párrafo del capítulo 4. Y así quedó “aprobada” la relección presidencial impulsada por el partido de gobierno desde el Ejecutivo, y se comprobó por enésima vez la veracidad de la ya mítica expresión del político hondureño Plutarco Muñoz, sobre que «la Constitución es pura babosada».*
Hace unos días, cuando envió al Congreso Nacional el proyecto de decreto para regular la reelección, Hernández dijo que la intención de su partido era «regularla sólo por un periodo más, como en Estados Unidos, y no indefinida, como sí la quería Manuel Zelaya». Pero sus palabras son solamente argumentos políticos, y que entre uno y otro contexto (EE UU y Honduras) no cabe tal comparación.
Otros altos funcionarios como el Presidente del Congreso, Mauricio Oliva, declararon que «con reelección regulada o sin ella, el candidato presidencial del PN sería Hernández». Eso puedo significar que con la aprobación o no de la reelección, o con la aprobación o no de la oposición, Hernández y el PN seguirán el poder.
Por otra parte, si la oposición ha denunciado hasta el cansancio la ilegalidad de la reelección, ¿por qué participará de las próximas elecciones de noviembre y validará un proceso y un candidato anticonstitucionales?, ¿Acaso participando y validando el proceso no están violentando la Constitución y las leyes ellos mismos?, sí, también ellos lo están haciendo.
Pero no sólo el actual Presidente ha violado la Constitución y ha traicionado a la patria, también lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia con su resolución sobre la reelección; y ahora lo hará el Congreso Nacional —porque sí lo hará— “regulando” una reelección violatoria de nuestras máximas leyes.
¿Quién los juzgará a todos ellos, y a los que participen y validen las elecciones de noviembre por traicionar a la patria?, la respuesta es sencilla: nadie.
Y ojalá nos equivoquemos en esto.
Citas al pie.
*Político hondureño, Diputado y Presidente del Congreso Nacional entre 1938 y 1948. SE le atribuye esta expresión refiriéndose a la Constitución de Honduras de 1936, particularmente.
