Por Gilberto Ríos Munguía (•)
El tan llevado y traído debate de las Reformas Electorales es de importancia y trascendencia nacional, ya que las experiencias de los comicios llevados a cabo bajo dictadura militar cinco meses después del golpe de estado de junio de 2009, las elecciones fraudulentas de noviembre de 2013 y el más reciente fraude de noviembre de 2017, no hicieron más que demostrar que la élite gobernante en Honduras está dispuesta a torcer la ley, violar la norma y asesinar al pueblo con tal de mantenerse en el poder. A esto debe sumársele la cada vez más descarada intervención de los aparatos diplomáticos y militares de los EEUU en el control de la oposición y el respaldo del fraude.
El debate cae pesado en un momento de crispación por las movilizaciones del Pueblo en contra de los procesos de Privatización de la Educación y la Salud Pública, pero es necesario no dejar cabo suelto y poner más que un ojo en todas las acciones que el régimen lleva a cabo con el fin de perpetuarse e intentar legitimarse en el poder. Sus mesas de crisis y los medios de comunicación que les acompañan, despliegan diariamente –más bien a cada instante- una línea política y editorial que amenaza, maquilla, tergiversa, miente y deforma la percepción de la realidad en beneficio de sus intereses, postergando los debates y las reformas que demanda el Pueblo.
Se cumple una década del golpe y entenderlo fuera de la lógica geopolítica es imposible pero también querer recomponer la situación nacional desde afuera es una completa ingenuidad. Muchos han llegado a creer que serán los propios EEUU los que quitarán del poder al usurpador por sus vínculos con el narcotráfico (según testimonios vertidos en juicios en los tribunales de Nueva York) o por los escándalos de corrupción con los que se han financiado sus campañas y en general las de su partido. Pero esta ingenuidad se va perdiendo en la misma medida que aparecen en escena pública militares norteamericanos respaldándolo en los peores momentos de su crisis de gobernabilidad y también por las frecuentes declaraciones de apoyo de la representación diplomática en Tegucigalpa. Sin que esto quiera decir que no haya contradicciones en el seno del gobierno norteamericano que la oposición en Honduras no deba tomar en cuenta, saber leer y saber actuar en consecuencia oportunamente.
Lo mismo ocurre con las llamadas Reformas Electorales y la posible incorporación de representantes de la oposición en las nuevas instituciones garantes del proceso que pretenden dar confianza en la transparencia de los próximos comicios (al momento programados para el 2021); pero la desconfianza luego un golpe de estado y tres engaños electorales están presentes no solo en la memoria del pueblo, sino en su cotidianidad, en la que se refleja la inexistencia de un Estado de Derecho y la voluntad de extinguir todo servicio o bien público. La democracia en Honduras es para las mayorías un concepto vacío, utilizado por las élites para enriquecerse y gozar de impunidad en sus repetidos actos de vandalismo y saqueo del Estado.
El panorama es poco prometedor desde la visión institucional pero la movilización popular ha rescatado nuevamente las esperanzas de la población; son muchos los sectores que toman las calles con sus militantes, afines y simpatizantes para demostrar su respaldo popular: lo hace Libre con su participación en las protestas públicas, como lo hace hoy por hoy con buen suceso la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación Pública, como lo hacen los Indignados contra la corrupción y la impunidad en los saqueos del Estado, la Convergencia Contra el Continuismo, la Acción Ciudadana Contra la Dictadura, el MEU, una gran cantidad de expresiones locales y regionales y en las últimas semanas, los /as estudiantes secundarios. Estas constantes demostraciones de la oposición han obligado al régimen a mover también a sus correligionarios en manifestaciones públicas que han evidenciado su nulo respaldo genuino, al ser solamente empleados públicos obligados a participar, “acarreados” o sectores movilizados mediante pagos y medios de movilización provenientes de los mismos recursos del Estado.
En medio de la gran cantidad de debates en los que se ha intentado encontrar alternativas para transparentar las elecciones, surgió una propuesta que la oposición en general debería tomar en cuenta; ésta también como resultado de la experiencia de llamar a la población en las últimas elecciones a contar el voto públicamente en los centros electorales, lo que apropió a las bases del triunfo en las urnas de la Alianza Contra la Dictadura y contribuyó a las enormes movilizaciones de rechazo por el flagrante fraude electrónico que tuvo hasta el señalamiento técnico y categórico de la OEA (las más de 640 veces que el sistema fue interrumpido para ingresar datos ficticios, revertir una tendencia matemáticamente irreversible y abultar descaradamente los votos a favor del Partido Nacional, lo que también se conoció popularmente como La Curva de Batson).
La propuesta consiste en organizar el Voto Electrónico Popular; Si bien Libre diseñó una estructura en respaldo de la Mesa Electoral y el Centro de Votación, la presencia de la población en el conteo fue importante pero no suficiente; para complementarlo y demostrar con mayor cantidad de evidencias el triunfo de la oposición se podría implementar la grabación y hasta transición en vivo del escrutinio de los votos de los tres niveles electivos a través de las redes sociales, adjuntando al final también el Acta de Cierre. De esta práctica se incrementaría también la apropiación del Pueblo del proceso electoral y no se dependería de ninguna institución para obtener resultados fidedignos. Los obstáculos serían otros, como los de tener al menos un celular con cámara de vídeo por urna o mesa electoral, pero estos y otros detalles también podría írsele dando una solución en la medida que el exista conciencia en la oposición de la necesidad de encontrar alternativas.
(•)Dirigente del Partido Libertad y Refundación.
