El proceso electoral del pasado domingo 26 de noviembre se ha visto empañado con actos de violencia provocados por los simpatizantes del partido Libre, amparados en la falta de celeridad del Tribunal Supremo Electoral que oscureció el proceso eleccionario desde ya seriamente cuestionado.
Salvador Nasralla con la Alianza de Oposición, tanto como Juan Orlando Hernández con el Partido Nacional, se declararon ganadores de los comicios a pocas horas de cerradas las urnas, justificando cada quien su victoria en los datos parciales que sus copias de las actas les daban.
Pero lo que parece ser una crisis sin precedentes en la historia de los procesos electorales hondureños, es en realidad una crisis del sistema electoral que inició incluso antes del golpe de Estado de 2009.
La actual ley electoral y de las organizaciones políticas fue aprobada en 2001, luego de un intenso cabildeo entre organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y organismos internacionales.
En 2004 se incorporaron importantes cambios como ser la fotografía en la papeleta de diputados y la separación del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral, que hasta este momento conformaban una sola instancia.
Pero esos cambios fueron insuficiente.
En 2012 se abrió el camino para incorporar nuevas fuerzas políticas. Los partidos PAC y Libre aparecen en escena representando una considerable parte de la población. Ese año se agrega además por ley que la participación de la mujer en los puestos de elección popular debe ser del 50% y la alternancia en la papeleta electoral.
Esos cambios, sin embargo, no fueron suficientes.
Desde hace años la sociedad civil y los cooperantes internacionales han venido hablando de la urgencia de aprobar reformas a la ley electoral para que estén acorde con la nueva realidad política del país.
La ciudanización de las mesas receptoras o la incorporación de todas las fuerzas en las estructuras del Tribunal Supremo Electoral, la segunda vuelta o el voto electrónico, han sido algunas de las propuestas que reiteradamente aparecen en los medios.
Ahora, en medio de la intensa crisis que deja las elecciones generales, es urgente retomar el tema. De haberse incorporados los cambios necesarios a la ley electoral vigente, en el momento oportuno, pudo haber evitado la actual crisis, en donde dos candidatos insisten en posiciones de fuerza que solo debilitan la institucionalidad democrática del país y al pueblo hondureño.
