/REFORMAS SON “UNA NECESIDAD HISTÓRICA”: DENIS GÓMEZ, EX MAGISTRADO TSE

REFORMAS SON “UNA NECESIDAD HISTÓRICA”: DENIS GÓMEZ, EX MAGISTRADO TSE

El Congreso Nacional de la República se apresta esta semana a entrar finalmente a la discusión de las reformas electorales, aplazadas desde el período de gobierno anterior pese a los cambios que viene registrando el sistema político partidario desde el año 2012, con la aparición de nuevos actores en la escena política hondureña. Las reformas sobre las que ya parecen existir acuerdos son las que proponen cambios en la integración y estructura de los órganos electorales con los que cuenta nuestro país en este momento: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), que se encuentra actualmente intervenido por una junta interventora nombrada en el Congreso Nacional. Conversamos con el exmagistrado del TSE, Denis Gómez, para obtener su perspectiva sobre los cambios que se aproximan a raíz de la inminente aprobación de estas reformas.

Una de las reformas que se ha venido planteando desde el año pasado, tanto por organizaciones de sociedad civil como por la misión técnica de la OEA, y en la que al menos dos bancadas mayoritarias del Congreso Nacional están en consenso es la necesidad de dividir el Tribunal Supremo Electoral en, por un lado, un Consejo Nacional Electoral que se encargue de todo lo relativo a la administración y logística de los procesos electorales, y por otro lado, en establecer un Tribunal de Justicia Electoral para que vea sobre los temas jurídicos en los procesos electorales. ¿Es adecuada esta división?

Es una necesidad histórica a partir de los procesos electorales de 2009. Eventos como el de la alcaldía municipal de San Luis, Comayagua, por ejemplo, son el resultado de la participación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y obviamente la debilidad de lo que implica el tema de ser un Tribunal Supremo Electoral, debido a que, bajo la constitución de la república, es la Sala de lo Constitucional la que tiene conocimiento de los amparos en materia electoral. Con este nuevo procedimiento, con esta nueva propuesta, esperamos que no solamente sea el tema de crear el Tribunal de Justicia Electoral, sino que también implique hacer una revisión de la injerencia que tiene la Sala de lo Constitucional en este momento, porque lamentablemente se ha politizado ese tema. Cuando se empieza a judicializar reformas electorales, prácticamente le está quitando al ente rector electoral esa primacía que debería tener. Sin embargo, ésas han sido las condiciones, y ahora que viene el tema desde la propuesta que ha recogido el grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), se pretende que este tribunal de justicia sea el último escalón en el tema electoral. No obstante, no no estoy escuchando absolutamente a nadie, a ningún partido político, de las eventuales reformas que deberían suceder al tema de la intervención de la Sala de lo Constitucional y específicamente de la Corte Suprema de Justicia en el tema electoral. Eso será un paso adelante pero no se da la concreción ideal de respuesta a ese tipo de situaciones que le referí, como el de la alcaldía municipal de San Luis, Comayagua, que ocasionó la repetición de una elección y obviamente también la quema de las instalaciones de esa alcaldía.

Dentro del Poder Judicial hay sectores que manejan, de manera informal, la posibilidad que, en lugar de crear un Tribunal de Justicia Electoral, se establezca una Sala de lo Electoral adscrita a la Corte Suprema de Justicia. ¿Es idónea esta configuración?

Bueno, está el modelo mexicano. En el modelo mexicano, el tribunal de justicia electoral tiene esas funciones. El detalle está en que actualmente, toda la función histórica que la Sala de lo Constitucional ha tenido en el tema electoral no favorece. Creo que esto no está respondiendo a la máxima que la OEA realizó en su informe final, que era, “Hemos visto un proceso electoral de baja calidad técnica.” Como lo ha establecido la Conferencia Episcopal de Honduras, las reformas electorales deben buscar cómo vamos a rehabilitar el sistema político-electoral hondureño. Después del 2017, ha sido socavado el sistema, ha sido colapsado el sistema político-electoral, y ese tipo de análisis y de respuestas no está abonando en relación a estas máximas. Si dejamos de ver el tema político y nos enfocamos en la necesidad que el sistema político-electoral tiene, es de asegurar un sistema de justicia que sea el indicado, el correcto, y que, reitero, venga a dar respuesta a estas carencias que ya nos tienen en una crisis post-electoral hasta este momento y que no han sido solventadas porque el sistema de derecho hondureño lo ha creado y lo ha promovido y acrecentado con el famoso término de la judicialización de reformas electorales. Además del tema de San Luis, Comayagua, hay que mencionar el tema de la reelección presidencial, por ejemplo, que ha sido judicializado y la OEA ha dicho que esa es una mala práctica en el continente. No tiene ideología, porque lo hacen los presidentes de derecha como los presidentes de izquierda, pero eso no es un buen precepto para construir democracia electoral, y mucho menos para posteriormente pensar en una democracia plena.

Denis Gómez, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Fotografía: Nincy Perdomo

De crearse este tribunal de justicia electoral, ¿cuál debería ser el procedimiento para poder integrarlo? ¿Cuál sería la conformación ideal para que este tribunal tenga algún tipo de independencia o al menos represente una decisión colegiada?

La Constitución de la República establece que el Tribunal Supremo Electoral, sea la sala administrativa o la sala judicial eventualmente, la elige el Congreso Nacional de la República. Muy difícilmente, por condiciones de origen, vamos a hablar de una sala que no sea conformada de manera política. Sin embargo, aparte de ese procedimiento constitucional, y yo creo que el gran reto que tiene el país aquí es que los magistrados del tribunal electoral, en la parte organizativa como en la parte judicial, respondan a los trece principios que establece la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) en el artículo 2. Al responder a eso y no a intereses eminentemente políticos, empezaremos a subsanar muchos de los errores que hoy nos tienen en la crisis que he mencionado. Idealmente debería ser por meritocracia, y si hablamos de una sala de justicia electoral obviamente debemos de hablar de personas que tengan como formación leyes, la abogacía. Independientemente, tanto los de la justicia electoral como los del consejo nacional electoral, como dicen que se va a llamar, deben obedecer estrictamente a la constitución de la república y a la ley. Con esos dos conceptos tenemos un gran reto y una gran tarea, porque lamentablemente no hemos podido deslindar, en los nombramientos de los cargos, que se haga en base a derecho y al cumplimiento de la ley, sino más bien a las injerencias que los partidos políticos, independientemente de cuál sea su ideología, han tenido históricamente y pretenden tener en el futuro inmediato.

¿Cree que la inclusión del Partido Libertad y Refundación contribuirá a que las decisiones de los órganos electorales reformados sean más respetadas y aceptadas por la población en general? ¿Es la inclusión de Libertad y Refundación en estos órganos una manera de fomentar la confianza de los hondureños en la institucionalidad?

El tema de Libertad y Refundación aparece desde el Acuerdo de Cartagena. Ahí hubo una lectura por parte de Libertad y Refundación y otra lectura por parte de los partidos políticos tradicionales. Ahora esas lecturas comienzan a disiparse y empieza a ser unificada. Lo ideal debería ser ciudadanos que por meritocracia aspiren a esas condiciones, pero no hemos logrado pasar de las audiencias públicas. Tenemos eventos fallidos y de mala memoria y recuerdos, como la última elección del fiscal general, que no nos deja avanzar. Hay todavía vicios históricos que no nos permiten crecer. Si ése sería el ideal, quedémonos en lo real: lo real es que así como están distribuido los aportes de los partidos políticos en el tribunal, obviamente Libre tiene todo el derecho que la historia le da, no desde ahorita, sino desde la elección del 2013. El reto y la tarea de las personas que vayan a conformar y que tengan 86 votos favorables en el Congreso Nacional para ser nombrados debe ser en estricto cumplimiento a la ley más que en estricto cumplimiento a la agenda particular que pueda tener Libertad y Refundación, el Partido Nacional, el Partido Liberal o cualquier otro partido político que tenga las posibilidades de conformar esas dos salas.

¿Qué se necesitaría para poder llegar a la despolitización de los órganos electorales?

Se necesita en primer lugar voluntad política, pero hoy por hoy lo que se administra en el país en el tema electoral es desconfianza. No es desconfianza al 100%, es al -200%. La desconfianza de la desconfianza. La única manera como se puede crear confianza en partidos mayoritarios como Libertad y Refundación es tener un magistrado que ellos coloquen ahí. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Aspiro a que, con la conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral, no vayamos a tener otra vez eventos recurrentes como los de hace un par de elecciones atrás, donde a las seis de la tarde habían nombrado a un presidente de la república sin haber ingresado mil actas del país, porque eso no abona tampoco a la democracia. La tarea que el país tiene es poder hacer efectivos los contrapesos que debe tener el estado de derecho. Curiosamente, en el caso de Norteamérica, así como hay una Constitución de la República, hay normas que no son escritas, que en este momento Honduras no las tiene. No las tiene ni identificadas ni las tiene practicadas. Dos de esas normas tienen que ver, primero, con el tema de la tolerancia entre los partidos políticos. No son enemigos, son contrarios nada más. El segundo tiene que ver con cierta educación en el sentido de que pueden hacer las cosas pero se restringen por efecto de mejorar y contribuir a la democracia electoral. Con esto me refiero a tener algunos juicios de valor que ya no vayan con la descalificación y con la probable aniquilación de partidos políticos en el sentido de lucha ideológica, sino más bien en el sentido de respetar las normas. Cuando un partido político empieza a decir que no cree en el sistema político-electoral, tiene razón, pero también está creando todo un cisma que hasta aquí nos ha llevado, en el país. Los partidos políticos deben sentarse para pensar cómo aplicar esas medidas que nos permitan tener cierta continencia en acciones que no promuevan ni corrupción ni impunidad pero que tampoco promuevan el descrédito en que hoy nos encontramos como nación en el sistema político-electoral. Esto no nos refleja más que un estado de precariedad.

Denis Gómez, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Fotografía: Nincy Perdomo

¿Cree usted que lo único que se necesita para que las fuerzas políticas mayoritarias del país lleguen a un acuerdo para proteger y respetar la institucionalidad sea la integración de las mismas en los órganos electorales, o se requiere un cambio o un mensaje a nivel sociocultural?

Ahí tiene que ver mucho la decisión política. Ser tolerante políticamente debe ser una decisión. Tener continencia en la forma cómo se va a actuar también implica decisión política. Creo que los medios de comunicación, por ejemplo, deben jugar un papel importante. Si no queremos obedecer a reglas claras, los medios de comunicación son un cuarto poder, así se denominan. Por lo tanto, son auditores sociales privilegiados. No solo auditan, pueden formar opinión o deformar opinión. Con los medios de comunicación, en todas sus expresiones formales e informales, aparece el tema de la ciudadanía, de la necesidad que el ciudadano común, el que no está representado en ninguna agrupación en particular de derecha o de izquierda, tenga de involucrarse, y de hacer los reclamos pertinentes. No podemos seguir jugando con fuego. Hoy tenemos, históricamente, una oportunidad más, pero si no tomamos ninguna acción, si vamos con reglas similares a las de 2017, estaremos jugando con un alto grado de fuego. Si nos quemamos ahí, lamentablemente vamos a echar a perder todo lo que se pudo haber avanzado desde el regreso a la democracia en los años ochenta.

¿Cuál debería ser, desde su perspectiva en ese sentido, el papel de la ciudadanía en el tema de las reformas electorales?

Todas las personas que están hablando de reformas electorales, que son de partidos políticos, evocan que eso es lo que quiere el pueblo. Todos. Unos quieren segunda vuelta, otros no quieren segunda vuelta, unos quieren que el tribunal sea con personas que atiendan a la ley y no a los partidos políticos, que el censo nacional electoral pueda ser depurado de manera oportuna y correcta, y así. Hay otros temas que vienen en el futuro inmediato, que son la ciudadanización de las mesas, las credenciales con nombre, apellido y fotografía para evitar el comercio informal de compraventa de credenciales, y otros temas más. Se deben crear los mecanismos necesarios para que exista la auditoría ciudadana. Obviamente aquí entran los espacios formales, de los grupos formalizados, pero también el ciudadano debería tener todo el derecho para pronunciarse, para tener voz, y que aquellos que dicen representar los intereses del pueblo, en ocasiones como sofisma, se puedan realmente ver comprometidos a buscar los mejores espacios y las mejores prácticas democráticas. El reto que, hoy por hoy, Honduras tiene, en ese proceso de mejorar la calidad técnica de las elecciones, es cómo volvemos este sistema político-electoral hondureño  para que cumpla con los indicadores internacionales de elecciones democráticas y elecciones auténticas. Por los momentos, esos dos conceptos son ausentes de la discusión nacional.

¿En qué situación nos veríamos si las reformas a los órganos electorales no se aprueban ni se ratifican esta semana en el Congreso Nacional?

De momento, la sensación térmica del clima político-electoral hondureño indica que no se han puesto de acuerdo todavía. De no hacer esas reformas (esta semana), estaremos hablando de un tribunal que debe ser nuevo a partir de mayo, un Registro Nacional de las Personas que debe ser nuevo a partir de mayo, y probablemente no habremos comenzado el proceso para dar los pasos necesarios para rehabilitar el sistema político-electoral hondureño, y tendremos entonces una amenaza más grave de ir a elecciones en los próximos años con no solamente la misma ley, sino con las mismas prácticas, que son el problema aquí. Esto prácticamente nos estaría dando un panorama muy restringido y muy limitado de encontrar esas elecciones democráticas y verdaderamente auténticas.

Nincy M. Perdomo, hondureña, nacida en Tegucigalpa. Es Licenciada en Comunicación y Publicidad (Unitec). Ha publicado textos varios en la revista Mera V (Honduras), La Rabia del Axolotl (México), Revista Ombligo (México) y República de Papel (Nicaragua). Actualmente es stringer video para la Agencia Francesa de Prensa (AFP).