UN INTENTO DE RESTABLECER EL ORDEN (2012-2014)
En agosto del 2012 se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los nuevos comisionados del IAIP que suplantarían a Guadalupe Jerezano, Arturo Echenique Santos y Gilma Agurcia.
El Congreso Nacional, presidido en ese momento por el abogado Juan Orlando Hernandez, tenía una composición excepcional en la historia del país. El Partido Nacional contaba con una mayoría absoluta en el Congreso y prácticamente eligió sin resistencia alguna a la terna compuesta por Doris Imelda Madrid, Miriam Guzmán y Damián Pineda, quienes tomaron posesión en agosto del 2012, para un periodo de cinco años, de 2012-2017.
La Prensa escribió al día siguiente, a propósito de la elección de segundo grado: «El Congreso Nacional eligió la noche del miércoles, con 113 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, como Comisionados del IAIP para el periodo 2012-2017, a la abogada Doris Madrid, propuesta por la Presidencia de la República; al General retirado, Damián Gilberto Pineda, propuesto por el Tribunal Superior de Cuentas; y a la abogada Miriam Guzmán, propuesta por la Procuraduría General de la República».
A criterio de Wilfredo Mendez de CIPRODEH, el haber nombrado a un militar retirado en el cargo de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, deja un mensaje claro a la sociedad, de quién controla la información en este país.
«Los militares han sido una de las instituciones que mas daño le han causado al país, no hay que olvidar que han estado vinculados a la corrupción de la forma mas atroz en la década de los 90, fueron los primeros vinculados al narcotráfico, no hemos tenido una institución castrense que este del lado del pueblo, sino que se ha corrompido en el camino y ha aprovechado su poder para tener el control político y económico», agrega Mendez.
Fue electa presidenta del IAIP, propuesta por el presidente Porfirio Lobo Sosa, la abogada Doris Imelda Madrid Zerón, quien antes se había desempañado como Secretaria General del Despacho de Finanzas a cargo de Wilfredo Cerrato Rodríguez.
El nombramiento de Madrid fue duramente criticado en su momento por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), por considerar que ella jugó un papel importante al negarse a resolver de forma favorable a una petición de información en 2011 en torno al caso Latincom, empresa contratada por el gobierno de Roberto Micheletti Baín, a través del Secretario de Defensa Adolfo Sevilla, para dar dar seguridad a las elecciones generales de 2009. Los argumentos usados por Madrid en aquella ocasión para negar la información al periodista Alex Flores de diario El Heraldo, fueron «que dicha información es de seguridad nacional».
Desde su ingreso a la presidencia del IAIP, Madrid Zerón mostró un intento legítimo por depurar la institución de los excesos cometidos en las anteriores administración. A parte de los ya explicado en el manejo inapropiado de adelantos de días y pagos de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, o el pago de bonificaciones a los empleados a un costo de 221,606.85 lempiras, que luego no se dedujeron de la planilla, y quienes no tenían además un control de entradas y salidas argumentando falta de presupuesto para comprar el equipo apropiado, redujo el personal de 65 a 50 empleados con el correspondiente ahorro en el presupuesto; pagó los saldos pendientes ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central que en concepto de multas por el retraso del pago del año 2010 acumulaba 6,412.88 lempiras; ordenó la revisión de los documentos de soporte de pagos y contadores por el servicio de agua potable pagado al SANAA, descubriendo que el IAIP pagó desde 2008 hasta marzo de 2013 la cantidad de 208,042.00 lempiras de más a lo que por ley correspondía pagar y recibió un bono de pago por parte del SANAA para descontar esa cantidad del consumo futuro de la institución; cotejó además el contrato de arrendamiento en el edificio Panorama, propiedad de la inmobiliaria San José, representada legalmente por los ingenieros José Ramiro Zúniga Soto y Manuel Zúniga, descubriendo que el pago de alquiler pasó de 3,500US$ en 2007 por cinco locales (no se especifica la extensión en m2); a 5,000US$ por 1084 m2 en ese mismo año 2007; luego pasó a pagar 6,500US$ por 1374 m2 en 2008; después 7,873US$ por 1374 m2 en 2009; más adelante 8,244US$ por la misma extensión en 2010; para cerrar el alquiler a un costo de 9,618 dólares a partir del año 2011 por la extensión de 1448 m2. Actualmente el IAIP paga un aproximado de 217,000 lempiras mensuales por concepto de alquiler. Una institución que a criterio de la abogada Madrid funciona con apenas 900,000 lempiras mensuales de presupuesto.
En un estudio realizado por la presidencia del IAIP, se logró confirmar que el instituto había estado pagando de más en el alquiler, contando no el monto del pago sino en la extensión real del edificio, pues lejos de ser la cantidad contratada de 1448 m2 era en realidad 1226 m2. La inmobiliaria San José acordó otorgar un crédito al IAIP equivalente a 307,726.56 Lempiras correspondiente a alquiler cobrado de más.
En 2014, luego que llegó a la Presidencia de la República el abogado Juan Orlando Hernández, la Comisionada Miriam Guzman pidió permiso al Congreso Nacional para retirarse del IAIP y pasar a la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI), mismo que adquirió sin problema, dejando vacante el puesto. Nuevamente la estructura del Instituto se transformó y como en los años de Chiuz Sierra la lucha interna comenzó por el control de la institución.
TERCERA CRISIS: LA LEY DE SECRETOS (2014-2016)
Tras la salida de Miriam Guzman del IAIP en 2014, las negociaciones por el puesto de Comisionado comenzaron al interior del recién estrenado Congreso Nacional. El nuevo Partido Anticorrupción (PAC), liderado por el ingeniero y presentador de televisión Salvador Nasralla, siguió la estrategia usada por el Partido Anticorrupción de Costa Rica, de colocar cuadros del partido en puestos claves para combatir la corrupción y negoció con el Partido Nacional, a través del diputado Luis Redondo, intercambiar el voto para el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la Dirección de la Procuraduría General de la República, por el puesto de Comisionado del IAIP. Se nombró así al abogado Gustavo Adolfo Manzanares, ex candidato a diputado por el PAC, en el cargo de Comisionado del IAIP.
Manzanares fue propuesto mediante una moción presentada por el diputado del PAC, Aníbal Cálix y fue electo por 94 votos afirmativos.
«La negociacón para que el PAC tenga un Comisionado la hizo el Diputado Luis Redondo», dijo a El Pulso el diputado Ernesto Rumán del PAC.
Al conocerse su nominación, Salvador Nasralla declaró: «Obviamente que vamos a apoyar a los candidatos que están nominados, son gente muy competente… entre más personas del PAC estén metidos en las estructuras del Estado, más posibilidades tenemos de cambiar el país».
El diputado del PAC, Rafael Virgilio Padilla, manifestó por su parte, que él votó en contra de la elección de Manzanares y alertó que la institución que representa podría tener problemas por apoyar al Partido Nacional. Él aseguró que en esa votación, se quedó al margen y agregó que para un grupo de diputados del PAC, tomar una decisión sobre la oferta fue algo difícil, «porque nosotros debemos tener una lealtad con el partido, con el ingeniero Salvador Nasralla a quien le estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de participar».
«El PAC no es un partido que vota en plancha, cada quien tiene su criterio y pensamiento y eso se respeta, sabemos que deben de haber diversas posiciones, pero nosotros nos debemos a los electores y con ellos tenemos que ser congruentes», señaló el diputado Virgilio Padilla.
El abogado Manzanares, al ser electo en como comisionado del IAIP, manifestó en su momento que «no hubo ninguna componenda… Salvador Nasralla sigue con su posición, no hay ningún pliegue al gobierno».
Dijo a la vez que Nasralla no le giró ninguna instrucción y depositó su confianza en su persona, a la vez que le pidió que hiciera honor al PAC y a la patria.
«Hay un marco legal, no tengo por qué estar en contra de los otros dos comisionados, hace falta empoderar e involucrar más a la ciudadanía para que tenga acceso a los derechos que le da la ley, como el derecho a la información y a la protección de sus datos como que se suban a los portales los datos de las instituciones», dijo el abogado Gustavo Manzanares.
Una vez en el puesto, Manzanares desconoció al PAC como su partido, y afirmó que él «no respondía a líneas de nadie».
Sea cual sea el equilibro establecido con la terna electa en 2012, este se rompió al entrar Manzanares como comisionado del IAIP.
La abogada Madrid, un cuadro importante en la administración Lobo, intensificó su retórica en contra del gobierno de Juan Orlando Hernandez, atacando la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública que, según sus palabras, cercena la función al IAIP, al prohibir la divulgación de información nacional y violenta convenios internacionales contra la corrupción.
«Prácticamente le disminuye y le tergiversa la acción al IAIP y evita que la ciudadanía tenga acceso a la información pública», cuestionó Madrid.
La Ley de Transparencia faculta al IAIP para que emita acuerdos para declarar secreto o público determinados documentos, según su nivel de importancia y protección a los intereses públicos y del Estado. Pero la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública también le otorga esa atribución al Presidente de la República, a los titulares de las instituciones estatales y a la Dirección de Investigación e Inteligencia.
«Hay un conflicto porque cuando alguna institución decrete secretividad mediante la Ley de Secretos, las personas ya no podrán usar la Ley de Transparencia para lograr que se le dé la información mediante recurso de revisión», cuestionó Madrid.
Según la ley aprobada en 2014, existen cuatro categorías de información que serán objeto de clasificación o secretividad: Reservado, Confidencial, Secreto y Ultrasecreto. La aplicación de una de esas clasificaciones significa que la información no será de uso público sino hasta que se hayan cumplido ciertos plazos que van de 5, 10, 15 y 25 años respectivamente.
A juicio de la Comisionada Madrid, es incorrecto que los funcionarios tengan discrecionalidad para blindar información sobre sus gestiones porque se convierten en jueces y partes.
Para marzo de ese año, 2014, tras reunirse con el presidente Juan Orlando Hernández, la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Doris Madrid, suavizó su oposición a la Ley de Secretos Oficiales.
Doris Madrid indicó a la prensa que analizará la Ley de Secretos Oficiales publicada en La Gaceta, para ver si hay contravenciones con convenciones internacionales.
«Luego veremos si hay contravención con la Constitución de la República, leyes especiales sobre lo que son los derechos fundamentales de todo ser humano como son el derecho de acceso a la información pública», expresó Madrid refiriéndose al marco jurídico que en ese momento estaba en suspenso y que luego apareció publicada sin una oposición por parte del IAIP.
Sin embargo, poco duró la paz entre Doris Madrid y la administración Hernandez. A las pocas semanas, intensificó el ataque cuestionando los contratos de Coalianza, Registro Nacional de las Personas, Dirección Ejecutiva de Ingresos y el Instituto de la Propiedad por transferir información de los usuarios a la banca y empresas privadas de telefonía.
En enero de 2016, la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Doris Imelda Madrid, anunció que había puesto su cargo a la disposición del Congreso Nacional, negando enfáticamente que la decisión tenga que ver con conflictos con la Junta Nominadora de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
Según ella indicó, su intención de renunciar surgió desde agosto de 2015, cuando expuso por primera vez a la junta directiva del Congreso su intención y desde entonces sigue a la espera que en el Parlamento se reúna la mayoría calificada, es decir 86 votos de los diputados, para que se proceda a aceptar su retirada. Posteriormente insistió en septiembre y luego en diciembre, pero no hubo consenso.
Madrid Justificó su renuncia a planes que tiene en su vida privada y profesional. Dijo que desea jubilarse de la función pública y regresar al ejercicio privado de «donde yo vine y donde yo siempre he tenido muy buen suceso».
Según Wilfredo Mendez, la actitud de Doris Imelda Madrid, durante el proceso de elección de la Corte fue un proceso de juegos de poderes para presionar en un lado, evitar la presión del otro extremo y de esa forma conformar la propuesta que se conformo».
El día que el Congreso Nacional eligió la nueva Corte Suprema de Justicia, se aceptó la renuncia de Doris Madrid a la dirección del IAIP y desde entonces permanece vacío el puesto del tercer Comisionado.
CUARTA CRISIS: LAS AGUAS CALMAS DEL BAJO PERFIL (2016)
Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero fue electo Presidente del IAIP en enero de 2016, luego de la salida de Doris Madrid Zerón del cargo. Su nombramiento, corresponde más a una decisión de imagen del instituto. De los tres Comisionados electos en 2012 para rectorar el IAIP, el único que permanece aún en el cargo es el General retirado Damián Gilberto Pineda. La dirección correspondía a él, pero nombrarlo en el cargo hubiera creado la imagen de un Instituto de Acceso a la Información Pública rectorado por las Fuerzas Armadas.
A criterio del abogado Wilfredo Mendez, la dirección del IAIP de Manzanares ha sido «pusilánime».
«El papel del IAIP, ha sido muy tímido, no ha tenido beligerancia. Ha sido una institución pusilánime. Los Comisionados tienen la posibilidad de tener la independencia si quisieran, por la conformación política en el Congreso Nacional es difícil que el partido de gobierno pueda irse en de contra ellos, pero no existe esa voluntad, por lo tanto la inversión es mayor al beneficio que el pueblo hondureño pueda tener del IAIP», concluyó.
A juicio de Gustavo Manzanares, el principal problema que genera la inoperancia del IAIP está en la Ley de Secretos y la falta de una Ley de Archivos.
«Hablo con sinceridad, el IAIP, tiene deficiencia con el tema, la libertad de expresión no existe si no se garantiza el acceso a la información, no puede haber información si no hay una ley de archivos. Como Gobierno hemos asumido la responsabilidad de promover una ley de archivos, se ha trabajado en su elaboración y está presentada ante el Congreso Nacional, desde el año anterior, se ha discutido en su primer debate», manifestó el presidente del IAIP en una entrevista a El Pulso.
El tiempo pasa. El IAIP sigue funcionando sin el tercer comisionado, dejando a la institución sin capacidad de actuar y a la población sin acceso verdadero a la información pública.
El abogado Gustavo Manzanares, un cuadro posicionado por el PAC en el IAIP con la esperanza de ejercer mayor control en las instituciones del estado, ha resultado ser más de lo mismo. Él ordenó darle «bajo perfil» a la institución, luego que Madrid mantuviera una guerra abierta en contra el gobierno de Hernández. Al tener «bajo perfil», Manzanares han logrado que nadie lo escrute y le permite, al personal del IAIP que antes ha sido acusado de excesos en la administración, hacer lo que han venido haciendo desde la fundación del IAIP en 2007: Contratos sin el debido concurso, como el nombramiento del abogado Héctor Longino Becerra del Partido Libre, antes director de C-Libre, como asesor de la presidencial del IAIP; viáticos, viajes y contratos sin control de nadie; problemas con el manejo de personal, despidos injustificados para luego contratar amigos y personas cercanas a la presidencia. De continuar estas acciones sin control, no cabe duda que terminarán con la institución a costa del derecho a la información «privilegiada» a la que tenemos derecho el pueblo hondureño, dando una victoria a quienes desde la sombra del poder maniobran para que el Instituto de Acceso a la Información Pública desaparezca, esperando así que los hondureños no podamos cribar el grano de la paja y al final, nada pase.
