La Corte de Apelaciones de lo Penal en Materia de Corrupción resolvió confirmar el auto de formal procesamiento contra Jorge Rivera Avilés expresidente de la Corte Suprema de Justicia y contra seis miembros de lo que fue el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La medida incluye la medida cautelar de prisión preventiva para Teodoro Bonilla Euceda (preso por tráfico de influencias en el caso Shalom) Julio César Barahona Enríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado Sierra y Celino Arístides Aguilera Amador.
Los exmiembros del consejo de la judicatura son acusados de 600 delitos que van desde abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de documentos privados falsos.
Si los exconsejeros no se presentaran voluntariamente los jueces podría emitir la orden de captura y enviarlos a un centro penitenciario.
Según las investigaciones, las cifras de giras nacionales e internacionales ascienden a 576 ocasiones en las que no realizaron los viajes ni devolvieron el dinero, según la calendarización que ellos tenían las supuestas giras de trabajo estaban agendadas para 46 semanas que incluían días feriados, vacaciones y fines de semana.
Un informe elaborado por la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones del Poder Judicial fue el inicio de la investigación. Durante dos años recolectaron evidencia técnica científica para acreditar la participación de los imputados en conductas ilícitas, apunta el comunicado del Ministerio Público (MP).
Los cargos
131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos.
Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial a quien se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
Julio César Barahona, 67 delitos de malversación de caudales públicos.
José Francisco Quiroz, 3 delitos de malversación de caudales públicos.
Liliam Maldonado, es acusada de 67 delitos de malversación de caudales públicos.
Celino Arístides Aguilera, es señalado de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
