POR SUPUESTA CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS LA MACCIH INVESTIGARÁ CASO BERTA CÁCERES

EGO18 julio, 2017

Declaraciones de Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) investigará el caso de la ambientalista Berta Cáceres, pero no por asesinato sino por corrupción y la relación que podrían tener altos funcionarios del Estado y de la empresa Desarrollo Energético S.A. (DESA), en lo que podrían ser hechos ilegales y delictivos que requieren ser investigados. En caso de determinarse la culpabilidad de los investigados esas personas serían condenadas por participación en esas acciones. Según Juan Jiménez Mayor, el proyecto energético Agua Zarca se le concesionó a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Jiménez Mayor manifestó que la empresa Desarrollos Energéticos. S. A. contrató a la empresa China SNOHYDRO para la construcción de las obras civiles, la que terminó retirándose del proyecto. El vocero de la MACCIH expresó que están a favor de la inversión y el progreso, pero con responsabilidad y respeto a la ley.

El funcionario de la OEA explicó que la empresa DESA tuvo el apoyo del Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE), Banco Holandés de Desarrollo (FMO por su sigla en neerlandés) y del Banco Finlandes para el Desarrollo. La inversión es importante para la generación de empleo, de riqueza y el progreso del país. Pero esa tiene que ser de calidad, respetuosa del entorno social y del ambiente, por eso no vamos a discutir el modelo de inversión, pero tiene que cumplir con la Constitución de la República y la Ley cualquier aspecto de inversión que se realice en el país.

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Juan JIménez Mayor vocero MACCIH. Foto: El Heraldo.

Los inversionistas, el accionista del fondo de inversiones, las organizaciones financieras internacionales tienen que saber cómo se hacen esas inversiones, sorprende no hayan sido capaces de establecer si se cumplían los requisitos para una inversión de esa naturaleza. ¿Cómo se establecieron una serie de contratos sin tener licencia ambiental, siendo prerequisito para poder ejecutar un escenario de inversiones, si bien estas entidades ya se retiraron, los últimos fueron; el Fondo Holandés y el Fondo Finlandés, es importante que esta instituciones sepan cómo se hacen las inversiones en el país.

El representante de la OEA relató que el asesinato de Berta Cáceres fue un hecho de impacto nacional e internacional, la líder indígena y ambientalista fue asesinada en circunstancias que en este momento están en investigación por el Ministerio Público. Se ha detenido a 8 personas:

Mariano Díaz Chávez Chávez Mayor del ejército (activo).
Douglas Yovani Bustillo Teniente del Ejército (retirado)
Henry Hernández Rodriguéz miembro del Ejército (retirado)
Sergio Ramos Rodríguez Orellana Gerente Social y ambiental de la empresa DESA.
Atilio Duarte Meza.
Emerson Eusebio Duarte Meza.
Evelin Heriberto Rápalo Orellana.
Oscar Torres Velásquez.

3 personas vinculadas al sector militar y 2 vinculadas a la empresa DESA de las 8 implicadas y el señor Yovani Bustillo fue Jefe de Seguridad de la empresa DESA.

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Berta Cáceres ambientalista asesinada.

Jimenez Mayor describió que los hechos que los conducen a investigar el caso por corrupción es que la empresa DESA se constituyó el 25 de mayo del 2009 con un capital social de 25 mil Lempiras y esta empresa con un capital de 25 mil lempiras un poco más de mil dólares, inicia la actividad empresarial pero, desde su creación a febrero del 2014 pasó de 25 mil lempiras a 381 millones de Lempiras de capital social, es decir más de 15 mil veces de lo iniciado.

Consideró que para la MACCIH es importante analizar la legalidad de estos aportes, la legalidad del aumento de capital social de la empresa para verificar si no hay lavado de activos, porque sorprende el crecimiento de una empresa en esos términos, es de hacer notar que la empresa fue constituida por dos hermanos, Yovani y Roberto Avate Ponce.

El funcionario señaló que para todos los trámites y procedimientos administrativos, las concesiones y contratos, la persona que estuvó a cargo como representante legal fue la abogada Carolina Lizet Castillo Argueta, posteriormente aparecen en la escena dos empresas: Potencia y Energía de Mesoamérica cuyo representante legal es el señor Gerardo Argucia Mercadal e Inversiones las Jacarandas Sociedad Anónima cuyo representante legal es el señor Atala Midence.

La junta directiva de la empresa DESA la conforman:

Roberto David Castillo Mejía presidente de la junta directiva.
Jacobo Nicolás Atala Zablah vicepresidente.
Pedro Atala Zablah vocal.

El representante de la OEA pidió claridad en la estructura presentada y retomó que la empresa se constituyó en mayo del 2009 y para noviembre -seis meses después- estaba participando en una licitación importante para una concesión energética de parte del Estado de Honduras con un capital de 25 mil Lempiras de capital social y aspiraba a un contrato millonario de energía eléctrica en el país.

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Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Foto: diario La Tribuna.

Cronología

Se gana la licitación suscrita: DESA – Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, el 22 de enero del 2010, el contrato de operaciones y el de aguas, el 3 de junio se suscribe con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) el contrato de suministro de energía. El representante de la MACCIH afirmó que en las concesiones de energía lo más importante es tener la garantía de compra de parte de la empresa ¿cómo consigue esto el 3 de junio del 2010?.

El 9 de septiembre el Congreso Nacional aprobó el contrato de suministros, dichos actos administrativos y legislativos se realizaron sin que a la empresa DESA se le aprobara la licencia ambiental, que es un requisito para que pueda existir un proyecto de tal envergadura, señaló el funcionario de la MACCIH. El trabajo de investigación (la hipótesis) es ¿cómo se pudo otorgar una concesión y contratos sin que se haya hecho el estudio de impacto ambiental que ese proyecto puede generar? Agregó que la licencia ambiental se otorgó hasta el 25 de marzo del 2011.

La licencia ambiental se otorgó sin que se haya realizado la consulta previa e informar a los pueblos indígenas. El 14 de mayo del 2011 el Congreso Nacional aprobó el primer contrato de operaciones a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

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En el contrato inicial la capacidad de generación eléctrica era de 14,458 KW kilowatts/hora y se amplió la capacidad de generación eléctrica por la ENEE de 14,458 KW/hora a 21,7 MW, lo que implica una diferencia sustancial del proyecto y de la capacidad de compra de energía que tiene hacer la empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Por la licencia ambiental guarda prisión, el Viceministro Darío Roberto Cardona, detenido el 4 de octubre de 2016.

Para Juan Jiménez Mayor es curioso que la persona que otorgó la licencia -la original- tenga el mismo problema por no haber hecho la consulta previa, el señor Rigoberto Cuellar Cruz, actual Fiscal General Adjunto, no tiene ninguna investigación sobre la materia, es el trabajo a realizar con el Ministerio Público.

Destacó que el 16 de enero de 2012 se realizó una ampliación que no se presentó al Congreso Nacional, la decidió un funcionario desde un Ministerio y esto tiene consecuencias jurídicas, contractuales, tiene compromisos patrimoniales, un compromiso de pago de energía eléctrica adicional a lo establecido en los contratos originales, no pasó por el Congreso y excede un periodo de gobierno, hay un ordenamiento jurídico que no debió haber sido así, debió pasar por el Congreso Nacional.

La licencia ambiental se hizo posterior a la firma de los contratos, no se realizó la consulta previa en ninguno de los pasos administrativos, ni en los contratos, en ninguno de los pasos en la ejecución del proyecto Agua Zarca a cargo empresa Desarrollo Energético S.A. (DESA).

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Maqueta del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Foto: hidroelectricaaguazarca.hn

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras presentó el problema de las licencias ambientales otorgadas por el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente al Fiscal General Rigoberto Cuellar Cruz, al abogado Rafael Canales Girbay, secretario general de la misma y al Secretario de Recursos Naturales y Ambiente, ¿Cómo es posible que el señor Roberto Cardona procesado por ampliar la licencia, este detenido y quien otorgó la licencia original no tenga ningún tipo de consecuencia?

El señor Jiménez Mayor aclaró que son presuntos delitos que se están analizando como hipótesis, que no se vaya a  entender mal, se está calificando o determinando la responsabilidad penal de las personas, son inicios que nos pueden llevar a la investigación que ya inició el Ministerio Público. Trabajarán en equipos integrados con la Fiscalía de Etnias, que es la que está a cargo del expediente y de los hechos presuntamente irregulares en la concesión de los contratos, a efecto de que haya claridad y sí existen responsabilidades penales que se determinen las sanciones del caso.

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Explicó que los delitos que se están estableciendo como hipótesis son: abuso de autoridad, fraude -que es la colusión entre la empresa y los funcionarios para destinar trámites o reducir los procedimientos para no cumplir con la ley, por benéfico económico o patrimonial- y un tercer elemento el lavado de activos.

Explicó que en este caso podría haber participación de funcionarios públicos y que se tiene que investigar cuál es el nivel de responsabilidad de los representantes legales de las empresas involucradas, una de las empresas que participa con DESA, tiene una nexo en Panamá, se tiene que verificar dicha conexión con Potencia y Energía de Mesoamérica (PENSA).

El caso del asesinato de Berta Cáceres sigue su curso, los 8 detenidos están siendo investigados por la Fiscalía. Jiménez Mayor consideró que la fiscalía tiene que hacer un trabajo importante, porque se tiene que determinar la responsabilidad no solo de los autores materiales, sino de todas las personas que hayan participado en el asesinato y de si hay vínculos del asesinato con estos actos de presunta corrupción que estamos revelando, habrá que determinar cuáles son los niveles de una asociación ilícita. Concluyó Juan Jiménez Mayor, vocero de la Comisión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

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