Por Andrés Pavel
Honduras está desde hace un tiempo resintiendo una dura realidad que el “sofisticado” mundo occidental no termina de asimilar: los monopolios de recursos nacionales en manos privadas no funcionan. Hay dos razones por las que un país llega a ensayar novedades de esta índole: primero, la fe ciega en las políticas económicas promulgadas por el FMI (cuya puesta en práctica tiene una larga data de decepciones que se remontan hasta los propios orígenes geográficos e históricos del neoliberalismo: ver estudios como el de Cambridge sobre el ciclo de privatizaciones entre 1979 y 1997 en el Reino UnidoI); segundo, claro está, la codicia. No es secreto que el presidente Hernández u otros dirigentes del partido Nacional se están lucrando cuantiosa e ilícitamente con la parte que tienen como accionistas de COVI y EEH. Con la privatización siempre hay un ganador: el grupo de inversionistas que recibe el control de la comercialización de un recurso a precio de remate. Pero quizás lo peor de seguir este curso es que nos estamos cerrando las puertas a novedosas propuestas de desarrollo social, como el neo-extractivismo que ha servido para reducir la pobreza de manera considerable en la mayor parte de Sudamérica, sirviéndose de la renta de la explotación de sus recursos nacionales para financiar ampliamente programas que elevan las condiciones generales de vida.
Por supuesto, existen argumentos simplistas para afirmar que, en base a los éxitos del sector privado, deberíamos privatizar todo lo que el Estado ofrece. ¿Quién no está impresionado con la excelencia de los servicios de las multinacionales en contraste con el estancamiento de Hondutel o el Correo Nacional? Sin embargo, todas estas empresas exitosas se originaron en el sector privado, y ninguna de ellas monopoliza un recurso.
El supuesto para justificar la privatización es que se cambia de la “ineficiente” administración estatal a un modelo que obedece a las leyes de mercado, y que seguramente es “eficiente” porque los capitalistas siempre están sujetos a dos factores motivadores para que lo sea: el afán de lucro y el riesgo de perder su inversión. La noción de que estas leyes de mercado pueden trasladarse a cualquier emprendimiento privado, incluso un monopolio concedido por el Estado, no está fundamentada más que en el fanatismo ideológico neoliberal.
Hablemos primero del afán de lucro. Los servicios públicos candidatos a privatizarse habitualmente son de baja rentabilidad, y pasan por periodos de pérdidas cuando escasea o fluctua el precio de alguno de los recursos que necesitan para su funcionamiento. La única manera en que puede haber interés de lucro para un inversionista en semejante condición es que el Estado lo cree artificialmente: ofreciendo la empresa a un precio sumamente subvalorado (una injustificable transferencia neta de capital público a manos privadas que empobrece significativamente al estado), o permitiendo a los nuevos socios prácticas abusivas de cobro y reducción de costos. En cualquier caso, el interés público sale gravemente afectado. Los hondureños ya lo hemos sufrido en el infame caso del traspaso de la responsabilidad de distribución de la energía eléctrica a la colombiana EEH; irónicamente, la propia Colombia es un país que tiene una historia deplorable con el experimento de privatizar la distribución energética, que lo ha plagado desde hace años con el mismo caos de estafas tarifarias y pésimo servicio que la fórmula del FMI nos ha dejado hoy en día. No ha sido mejor la suerte del Reino Unido, cuya empresa estatal de ferrocarriles ha más que quintuplicado el costo para los usuarios desde su privatización en 1995 (un precedente poco alentador para lo que podemos esperar de COVI), o la de EEUU, que sigue teniendo el sistema de salud más caro per cápita del mundo.
Consideremos luego el riesgo de pérdida de capital que existe en un monopolio privado de servicios nacionales: en realidad tal riesgo no existe, porque de hecho toda privatización de esta índole es solo una semiprivatización: siendo el servicio imprescindible para el funcionamiento de la sociedad, el Estado no puede dejar nunca que la empresa quiebre. Cuando el contratista privado entra en crisis, el gobierno necesita intervenir para rescatarlo económicamente —hace poco observamos cómo fue el Estado de Honduras quien financió un reembolso para los usuarios víctimas de cobros excesivos de EEH—, y este fenómeno se repite indefinidamente. La sociedad queda en un impase al tener que sostener a una empresa del tipo que los anglosajones han bautizado too big to fail (demasiado grande para dejar fracasar) y que por lo tanto está exenta de toda responsabilidad en materia de buen manejo. De nuevo, este es un problema que, lejos de estar más controlado, está plenamente focalizado en las economías neoliberales centrales: no olvidemos la crisis económica mundial que se originó en el 2007 y cuyas consecuencias se siguen sintiendo profundamente, provocada por irresponsables maniobras de empresas del sector financiero que debieron ser rescatadas con capital estatal de las grandes economías, capital que dejó de ir a los servicios públicos: esencialmente, fue dar caridad a los más ricos del mundo.
En cualquier caso, los estudios solo han dejado claro que las ventajas de la privatización para la economía de un país son mínimas hasta el punto de ser discutibles: lo que sí queda claro es que invariablemente representa una pérdida económica considerable para la ciudadanía en general, en favor del enriquecimiento de los inversionistas privilegiados por sus tratos con el gobierno.
El impacto del giro neoliberal hoy se mide en mucho más que en las penurias financieras; en general, ha dejado secuelas sociales terribles. El dramático repunte del consumo de drogas en EEUU, de la violencia en México, de la pobreza y pobreza extrema en nuestro país, pueden trazar sus causas de origen a un prototipo de Estado moderno que se ha desligado de sus responsabilidades públicas, carente de visión de cara a sus necesidades y al futuro, y que ha optado por la salida fácil de seguir la doctrina privatizadora. Y este curso, evidentemente insostenible, solo va a cambiar en la medida que los votantes sean capaces de reconocer la profunda contradicción entre la presentación y el funcionamiento del aparato capitalista contemporáneo.
[1} Massimo Florio, The Great Divestiture: Evaluating the Welfare Impact of the British Privatizations 1979-1997, 2006
