Por la defensa de La Tigra o la construcción de Condado Santa María

Condado Santa María se define a sí mismo como el primer proyecto de urbanismo integral en Honduras; según su sitio web el proyecto incluye tres vecindarios denominados Bosques, Pinares y Prados de Santa María para albergar 2,300 viviendas, un colegio bilingüe de primer nivel, un centro comercial, un club de tenis, un club de equitación, una iglesia y un lago para realizar actividades acuáticas. ¿Quieres conocer más de Bosques de Santa María? Te invitamos a...
Redaccion 2enero 16, 2020

Condado Santa María se define a sí mismo como el primer proyecto de urbanismo integral en Honduras; según su sitio web el proyecto incluye tres vecindarios denominados Bosques, Pinares y Prados de Santa María para albergar 2,300 viviendas, un colegio bilingüe de primer nivel, un centro comercial, un club de tenis, un club de equitación, una iglesia y un lago para realizar actividades acuáticas.

¿Quieres conocer más de Bosques de Santa María? Te invitamos a que veas este video donde te explicamos cada detalle del proyecto: De dónde viene el agua, cuál es la ubicación y muchos beneficios.

Posted by Bosques de Santa María on Tuesday, January 7, 2020

Este es el proyecto habitacional ha generado el rechazo de pobladores que viven en la zona del Parque Nacional La Tigra y también de los capitalinos ya que este proyecto afectaría la zona de amortiguamiento del parque y en un futuro los resultados podrían ser devastadores en la zona núcleo.

La Tigra se ha vuelvo importante para el abastecimiento de agua potable en la capital ya que produce el 30 por ciento del agua que se consumen en más de 100 colonias y según Manuel Amador, Presidente de Juntas de Agua, sería “una masacre ecológica” la construcción de Condados Santa María ya que deforestarían esa área y el agua se consumiría y no tendríamos esa cuenca para seguir abasteciendo.

En marzo, del año anterior, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) “secuestró” documentación de la Secretaría de MiAmbiente por posibles anomalías en la ejecución de este proyecto, pero el entonces ministro, José Antonio Galdámez, salió en defensa señalando que la licencia ambiental que él otorgó no está contraviniendo la ley y que dicho proyecto no genera un impacto ecológico.

El 17 de septiembre el alcalde de la capital, Nasry Asfura, acordó con los pobladores de la comunidad del Hatillo, Cantarranas, entro otros; detener los trabajos de construcción del proyecto por el periodo de dos meses y realizar cabildos abiertos para llegar a consensos.

Una vez vencido el plazo, el seis de noviembre, de ese mismo año, el Congreso Nacional, con el voto de 112 diputados que asistieron a la sesión, aprobó el nombramiento de una comisión especial que investigara los contratos y permisos ambientales otorgados para la ejecución del proyecto.

Con esto el alcalde capitalino no cumplió con los cabildos que realizaría con los pobladores justificando que el caso ahora estaba en “manos” del Ministerio Público, pero manteniendo el cumplimiento de detener las actividades de construcción del proyecto.

Esta comisión creada por el Congreso es presidida por el diputado nacionalista, Oswaldo Ramos Soto, quien ha mantenido reuniones con alcaldes de los municipios que conforman parte de La Tigra, pero hasta la fecha no se conoce resultado alguno cuando en la sesión se acordó un plazo de 30 días hábiles para brindar informes de las investigaciones.

La reactivación de la problemática se da en los primeros días de este año debido a la crisis de agua potable que atraviesa la capital y en el corredor seco del país donde los racionamientos de agua se han agudizado y se estima que para el mes de mayo la capital no tendrá agua por lo que el alcalde, según denuncia de la Comisión Pro Defensa de La Tigra, para apalear la crisis se ha realizado la licitación para la construcción de un reservorio de agua en La Tigra.

Ante estas acciones la Comisión Pro Defensa, la Asociación de Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (ASHOJAAS), la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el edil por los delitos de abuso de autoridad.

“Él (Asfura) se comprometió a darnos una respuesta de la concesión que él otorgo para la construcción de ese proyecto, pero ha venido usando sus estrategias manifestando que el Ministerio Público (MP) le decomisó toda la documentación y que no se puede pronunciar, ellos están seguros que el MP va a fallar a favor de ellos. El alcalde ha contratado una compañía ecuatoriana Hidalgo-Hidalgo para el manejo del agua por esas acciones hemos puesto una denuncia por estar haciendo lo que quiere” declaró Manuel Amador.

Estas acciones han llevado a las autoridades de la alcaldía a implementar una campaña publicitaria utilizando vallas, anuncios, donde asevera que no se está privatizando el servicio del agua potable, pero en menos de seis meses el servicio de agua potable pasará a manos de la Municipalidad del Distrito Central.

 

 

 

Denuncias de ambientalistas por amenazas y persecución en su contra

Los ambientalistas que se han opuesto a toda esta problemática han denunciado ante el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), amenazas de muerte y campañas desprestigio en redes sociales por parte de personas allegadas al proyecto.

https://www.facebook.com/110163227057256/videos/832198880566127

Tal es el caso de Cristopher Castillo, Coordinador General de ARCAH; También, Dolores Valenzuela y Jaime Vásquez, de la Comisión Pro Defensa quienes aseguran que han sido amenazados de muerte por oponerse a proyectos extractivistas.

“Este es un contexto de criminalización y persecución política, se ha intensificado a partir de nuestra participación para desmontar el proyecto Santa María y también la amenaza que representa nuestras organizaciones en función de la expulsión de una trasnacional como lo es Hidalgo-Hidalgo”.

“Hemos recibido mensajes por redes sociales han levantado campañas a las cuales le han pagado publicidad, ha habido amenazas por llamadas telefónicas y persecución a través de vehículos a compañeros de ARCAH, esto para quitar las piezas que considera clave para la lucha contra las privatizaciones” denunció, Castillo.

 

¿Qué acciones se tomarán?

Dentro de las exigencias de las organizaciones que se oponen a la construcción de este proyecto habitacional y la privatización de los servicios públicos están la derogación de la reforma a la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento y la Ley General de Aguas para construir un nuevo marco legal que permita revertir el proceso de municipalización y rescatar el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Derogar el decreto ejecutivo PCM 067-2019 que contempla la intervención a la estatal eléctrica.

Derogar el acuerdo del Instituto de Conservación Forestal ICF 013-2018 que permite el proceso de regularización de la tierra.

Y sobre todo la cancelación inmediata del permiso de construcción y licencia ambiental del proyecto Condado Santa María S.A. de C.V. del grupo Midence Soto-Pierrefeu.

“Estamos dispuestos a defender el agua hasta con nuestra propia vida” expresó, Jaime Vásquez quien también indicó que como organizaciones están a la espera de la respuesta del Ministerio Público y la Comisión del Congreso Nacional quienes definirán el futuro de esta situación con los informes que estos presenten.

El alcalde, Asfura, ha invadido la ciudad con rótulos de grandes proporciones y en sus declaraciones asegura que “ni la red, ni el agua, ni la distribución, ni las represas se están privatizando”, pero los capitalinos se encuentran herméticos por la crisis que agobia la ciudad con la falta de agua y los constantes daños al medio ambiente por el otorgamiento de permisos ambientales para la explotación de recursos o construcciones de edificaciones.

Imagen que circula en redes sociales de las vallas publicitarias de la Alcaldía Municipal del Distrito Central

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