PESE A CRÍTICAS, DEPURACIÓN POLICIAL CONTINUARÁ EN 2017.

EGO3 enero, 2017

Más de dos mil oficiales de policías fueron depurados de la institución en 8 meses de trabajo de la comisión depuradora. Así lo manifestaron este 3 de enero, los miembros de dicha comisión en el programa Frente a Frente que dirige el periodista Renato Alvarez de Televicentro.

Anteriormente Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, había manifestado a la prensa que «el proceso de profilaxis y reingeniería al que están siendo sometidos los diferentes organismos policiales es histórico y sin precedentes» y que «será el punto de partida para que otras entidades del Estado —como el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial— impulsen sus propias iniciativas de certificación de recursos humanos y modernicen sus estructuras institucionales».

Pero el proceso no ha sido ajeno a la crítica. Según la ex comisionada de la policía y actual precandidata a diputada del Congreso Nacional, María Luisa Borjas, los miembros de la comisión de depuración policial «no conocen la trayectoria de los oficiales, no conocen quién es quien en la institución policial, no conocen el funcionamiento dentro de la policía, ellos lo único que hacen es depurar usando el listado que el actual jefe de la policía les da».

Ex comisionada Maria Luisa Borjas, ex directora de Asuntos Internos de la Policía, actual pre candidata a diputada por Libre.
Ex comisionada Maria Luisa Borjas, ex directora de Asuntos Internos de la Policía, actual pre candidata a diputada por Libre.

Según Borjas, dentro de las depuraciones que la comisión presenta como resultado del proceso, «van personas que no tienen nada que ven, que nunca han sido mencionados en la comisión de delitos. Allí han depurado hasta secretarias», afirma.

Omar Rivera por su parte reveló que directivos del Congreso Nacional de la República comunicaron a la Comisión Especial, que en el mes de enero de 2017, será aprobado el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha manifestado en reiteradas ocasiones que para garantizar la sostenibilidad de las reformas que actualmente se están implementando en la entidad, es indispensable la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial.

«Ambos proyectos de Ley deben ser aprobados a fin de darle sostenibilidad en el tiempo a las reformas que se están implementando, fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, blindar a intentos de politizar la entidad, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional», expresó Rivera.

Maria Luisa Borjas, mientras tanto, es del criterio de que el mandato que esta comisión ha tenido siempre es el de desaparecer a la policía, y, según ella, lo están logrando.

«Usted ve que los mismos que son la comisión depuradora son los que han nombrado para intervenir el Seguro Social», dijo Borjas, advirtiendo que  «la mayoría de esos oficiales van a regresar y se les va a tener que pagar demandas multimillonarias, porque el derecho a la defensa es inviolable. Esos oficiales van a ser reintegrados a la policía».

Los policías examinados pertenecen a diferentes niveles jerárquicos, de los cuales 9 ostentan el rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios, 241 Inspectores, 497 Subinspectores, 215 Suboficiales, 1407 agentes de escala básica y 218 auxiliares.

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Comisión depuradora de la policía nombrada por el presidente Hernandez en marzo de 2016.

De los 9 generales evaluados solamente 3 fueron ratificados, tal fue el caso del actual Director General de la Policía Nacional, Félix Villanueva; el Subdirector General de la Policía Nacional, Quintín Juárez; y el  Director de Operaciones, Organización y Adiestramiento de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía.

Recientemente, la Comisión Especial comunicó que los policías sometidos a evaluación que habían sido cancelados pudieron haber salido de la institución por dos vías, la de cancelación por despido o la de cancelación por reestructuración. El despido se da cuando se ejecuta el acto administrativo que permite la cancelación por causa justificada, sin responsabilidad económica para la institución, y previa audiencia de descargo; mientras que la cancelación por reestructuración es la causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad personal o del miembro de la Policía Nacional, sujeto a la cancelación de su relación de prestación del servicio, cancelándole los derechos que conforme a la legislación le corresponden.

Según el Decreto Legislativo No. 21-2016 aprobado por el Congreso Nacional de la Republica el 7 de abril de 2016, se dispuso, el artículo 2 «autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda»; se indicaba el dicho artículo que «son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza». Además, se establece que «el Poder Ejecutivo en el caso de retiro voluntario procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales para los cuales podrá establecer convenios de pago».

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El New York Times explica en su artículo que los hechos que describe fueron extraídos de dos informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras redactados en 2009 y 2011 y que incluyen testimonios de testigos, descripciones de videos y registros de llamadas telefónicas. (ECHA- Agencias)

El proceso de depuración, que inició el marzo pasado, ha costado al país, 250 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales. Sin embargo, los miembros de la comisión de depuración policial han dejado claro que «este proceso de limpieza policial quedará inconcluso sino se ejecutan acciones penales en contra de los altos oficiales y agentes de escala básica que cometieron actos ilícitos mientras se desempeñaron en la institución».

Hace algunos meses, la comisión depuradora entregó a las autoridades del MP, expedientes que contenían por lo menos 144 casos y denuncias que vinculaban a 455 oficiales y agentes en la comisión de 28 presuntos delitos, tales como extorsión, secuestro, sicariato, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros; «esos expedientes iban manchados de lodo y sangre, se debe hacer algo concreto en el corto plazo para que este accionar al margen de la Ley no quede en la impunidad», expresó el coordinador de la APJ.

Omar Rivera señaló en el programa Frente a Frente, que entre los desafíos más importantes de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, para el año 2017, se encuentra concluir con la evaluación de los integrantes de la escala básica, el personal administrativo y de servicios generales de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad, culminar el proceso de ascensos a grado inmediato superior de más de 300 oficiales policiales y la escogencia del nuevo liderazgo policial que conformará el mando estratégico de la nueva estructura institucional.

«Apenas hemos evaluado 3000 policías, falta un importante número de agentes de escala básica al que tendremos que someter al procedimiento riguroso para determinar la idoneidad y confianza que permita incorporarse a la nueva estructura de la institución; continuaremos haciendo un esfuerzo por concentrar nuestra acción a dependencias históricamente señaladas de ser permeadas por la corrupción y la criminalidad, y en zonas geográficas donde la gente más ha clamado por una verdadera profilaxis», afirmó.

Los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid son acusados de encabezar un cartel de policías asesinos.
Los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid son acusados de encabezar un cartel de policías asesinos.

Maria Luisa Borjas, como conocedora de la institución policía, habiendo sido Directora de Asuntos Internos de la policía, ha sido siempre crítica de los procesos de depuración por considerarlos insuficientes y parcializados. En 2014 invitó a través del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, a los ciudadanos para que se desplacen al cuartel general de Casamata, sede de la dirección de la Policíal, en respaldo al comisionado Ramón Sabillón, destituido esa semana por el secretario de Seguridad, Arturo Corrales.

El general Ramón Sabillón fue señalado más adelante por un reporte del New York Times, junto con el también general Juan Carlos Bonilla, de haber conocido y encubierto los documentos que implicaban a sus compañeros, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid en los asesinatos del director de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián Arístides González y Alfredo Landaverde.

Dicho reporte fue el punto de partida para la creación de la comisión de depuración de la policía.

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