Tras el polémico proceso de reelección de Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, en una breve ceremonia en el Congreso Nacional y en presencia de los presidentes de los tres poderes del Estado, fueron juramentados en sus puestos en el Ministerio Público los abogados Oscar Chinchilla y a Daniel Sabrían Bueso, para los próximos cinco años.
Perfiles: Oscar Chinchilla (Fiscal General)
Abogado y notario de profesión, el fiscal Chinchilla es casado, nacido el 7 de febrero de 1972. Originario de Santa Rosa de Copán, en el occidente del país, fue Magistrado de la Corte de Apelaciones (2003-2009) y Presidente de la Sala de lo Constitucional durante el periodo 2011-2013. Fue catedrático de la Universidad Católica en la facultad de Derecho. Oscar Fernando Chinchilla es, desde que se creó el Ministerio Público, a inicios de la última década del siglo pasado, el primer hondureño que se sentará dos veces en la silla del Fiscal General.
Perfiles: Daniel Sabrían (Fiscal Adjunto)
Originario de la Esperanza, Intibucá. Experto en Derecho Público y Tutela de Derechos. Ha hecho carrera en el Poder Judicial trabajando como asistente de Magistrado. Fue asistente del reelecto Fiscal General Oscar Chinchilla cuando este era Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También fungió como secretario de la Sala Constitucional. Actualmente ocupa el cargo de jefe de la División Legal y asistente del Fiscal General.
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Proceso
De acuerdo con la ley, la Junta Proponente, enviará la nómina al Congreso Nacional, por lo menos treinta días antes del vencimiento del período correspondiente o dentro de los treinta días de haberse producido la vacante definitiva del Fiscal General de la República o del Fiscal General Adjunto.
El Reglamento regulará los demás aspectos de organización y funcionamiento de la Junta Proponente. Además, se establece que el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente para un nuevo período.
Cabe señalar que si se cumplen los plazos y no existe un acuerdo para elección del fiscal será entonces el director general de las fiscalías, quien cumpla interinamente esta función.
Lea: ¿Cómo se elige al Fiscal General y Adjunto de Honduras?
http://elpulso.hn/como-se-elige-al-fiscal-general-y-adjunto-de-honduras/
Elección
En ese contexto y tras varias rondas propias de la selección, el listado de cerca de una treintena de participantes para ocupar el cargo de fiscal general se fue reduciendo y al final cinco perfiles fueron presentados en el Congreso Nacional para elegir al nuevo titular del MP en el país dentro de los cuales no se encontraba Oscar Chinchilla.
El 29 de junio fue a través de una moción presentada por el vicepresidente de ese poder del Estado, Felicitó Ávila, en la que se obtuvo 92 firmas de los congresistas para que el actual titular del Ministerio Publico continúe por un nuevo periodo.
Con 88 votos a favor (mayoría calificada 86), y 38 en contra, 1 abstención y no voto, el Congreso Nacional ratificó a Óscar Chinchilla como fiscal general para un segundo periodo de cinco años.
En ese marco, los congresistas dejaron al actual fiscal general en su puesto con una votación superior a la mayoría calificada. Esa decisión, ya de antemano contaba con el respaldo de organizaciones y líderes de sociedad civil que lo manifestaban abiertamente, igual que lo hizo el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Maccih), sumado a las muestras de respaldo de cooperantes y otros actores locales de peso.
Inicialmente Chinchilla fue propuesto por cinco patronatos comunales y el pastor evangélico, Moisés Aguilar, pero posteriormente, a inicios de mayo, la Junta Proponente informó que el tiempo para presentar su postulación había vencido por consiguiente quedó fuera del proceso.
Lea: ¿Cómo se llevó a cabo la selección de los cinco candidatos para fiscal general adjunto?
http://elpulso.hn/como-se-llevo-a-cabo-la-seleccion-de-los-cinco-candidatos-para-fiscal-general-y-adjunto/
Oscar Chinchilla en su primer perÍodo
Inicialmente la construcción de la visión estratégica y del plan operativo a medio y largo plazo, luego la creación de una agencia técnica de investigación, una escuela de capacitación, un centro forense, entre otros avances científicos, son parte de la ruta que ha caminado el Ministerio Público que aún deben consolidarse.
La creación de una fiscalía especial para tratar casos de corrupción (UFECIC), misma que además recibe el apoyo de la MACCIH-OEA, es uno de los brazos fundamentales el Ministerio Público.
La creación de la Misión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, fortalecida por el apoyo de cooperantes, ha constituido un poderoso aliado de apoyo al MP.
Fiscalías como las luchan contra el narcotráfico, la responsable de crímenes de alto impacto, la de crímenes contra la vida, la de la mujer, contra la corrupción pública entre otras, han marcado gran parte de los frutos que han mostrado una ruta de esperanza ciudadana de combate contra la impunidad.
El inicio de su gestión, en agosto de 2013, se marcó cuando ordenó la investigación sobre lo que entonces era una presunción: el descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un caso en el cual las condenas ya suman más de 12.
Poco después vinieron las poderosas operaciones siendo las principales las siguientes:
Operación Perseo: Ministerio Publico asegura 42 bienes en caso Barralaga
Operación Terremoto: Golpea estructura financiera de Ramón Mata.
Operación Estigia: Aseguran bienes a «El Rojo» y a los Valle.
Operación Dignidad: Capturan a presuntos asesinos del «Fiscal de Oro»
Luego cayeron bandas criminales de alto calado y se logró devastar los pilares financieros de las pandillas que operan en el país y que dejan una estela de dolor con sus acciones de extorsión, narcomenudeo, sicariato y tantos otros negocios ilícitos en las operaciones Avalancha II y Avalancha III.
La lucha contra la corrupción no solo ha sido marcada por acciones y condenas en el caso de Seguro Social, otros hechos ligados a la corrupción pública y privada han dejado tras la cárcel a altos ex funcionarios y funcionarios, empresarios, jueces y ex magistrados, así como a servidores ligados al mismo Ministerio Publico.
La administración de Chinchilla en su primer periodo también ha dejado a una primera dama, varios ex concejales en la cárcel, además, se denunció a una red de diputados corruptos por malversación y otros diputados por pacto de impunidad para otros.
Si bien es cierto que la gestión del Fiscal Chinchilla ha logrado cosas importantes para el país, hay casos en los cuales ha quedado en deuda con el pueblo hondureño, tal es el caso de las muertes durante el proceso electoral, delitos electorales, corrupción en Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones y muerte de varios ambientalistas y defensores de los pueblos originarios, indígenas y afro descendientes son ejemplos de eso.
Historia del Ministerio Publico
Previo a 1994 la entidad pública que representa al Estado era parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, los agentes fiscales eran personas letradas o civiles que salían con nombramiento puramente político y dispuestos a representarse ante los casos competentes al aparato judicial, es así que se mantuvo a la personería fiscal en los juicios de procedimientos escritos desde el siglo XIX.
Durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), fue emitida la “Ley del Ministerio Público” (No. 228-93), por el Congreso Nacional de Honduras, así también como los nuevos agentes fiscales, apareció una nueva Policía de Investigación la DIC (Dirección de Investigación Criminal) que sustituyó a la polémica DNI (Dirección Nacional de Investigación en 1994) y con la rama científica como lo es la Medicina Forense.
1994-1999: Edmundo Orellana (FG) y Florentino Álvarez Alvarado (FGa)
La elección del primer fiscal general, en la figura de Ángel Edmundo Orellana, tuvo su propia tónica. Esta elección se dio mediante una nómina enviada por la Comisión Ad Hoc que se creó para dar vida a esta figura institucional. Su gestión es conocida por los múltiples procesos por corrupción contra el ex presidente Rafael Leonardo Callejas Romero (1990-1994).
1999-2004: Roy Edmundo Medina (FG) y Juan Arnaldo Hernández (FGa)
En el período del segundo fiscal, Roy Medina, -cuya elección surge de la Junta Proponente que manda la ley de ese organismo- se afinan los mecanismos internos para la elección del fiscal general y su adjunto, se elabora un reglamento y entra con mayor beligerancia la Junta Proponente, así como instancias de sociedad civil en la llamada Coalición por el Fortalecimiento de la Justicia. Pero los casos de lucha contra la corrupción sufren cierto estancamiento.
2004-2005: Ovidio Navarro (FG) y Yuri Melara (FGa)
Ovidio Navarro, quien era magistrado del Poder Judicial, renuncia al cargo y asume sus funciones como Fiscal General. Melara se convierte en su adjunto.
La llegada de Navarro trae consigo la primera crisis institucional pública de la Fiscalía del Estado, cuando decide suspender a 10 fiscales de carrera quienes lo denuncian de haber ordenado engavetar importantes casos de corrupción. Los fiscales denuncian el atropello y su lucha concluye con la renuncia del fiscal general y el adjunto el 25 de junio de 2005.
Los 128 diputados por aclamación presionaron por la renuncia de las máximas autoridades de la Fiscalía General del Estado y la aceptan sin titubear.
2005-2009: Leónidas Rosa Bautista (FG) y Omar Cerna (FGa)
Al no completar su período Navarro y Melara, el Congreso Nacional elige sustitutos a Leónidas Rosa Bautista y a Omar Cerna.
Pero el 7 de abril de 2008, estalla la segunda gran crisis en el Ministerio Público con la llamada “huelga de fiscales”, iniciada originalmente por cuatro fiscales que se apostan en los bajos del Congreso Nacional y denuncian presiones porque no se siga combatiendo casos de interés nacional y social. El movimiento acaba con acuerdos entre protestantes y autoridades, pero denota una nueva etapa en la vida institucional.
Lea: La huelga de fiscales de 2008, el inicio de 10 años de crisis política.
http://elpulso.hn/huelga-de-fiscales-de-2008-el-inicio-de-10-anos-de-crisis-politica/
2009-2013: Luis Rubí (FG) y Roy Urtecho (FGa)
La institucionalidad del Ministerio Público venía en picada y trascienden informes nacionales e internacionales que develan la colusión en importantes dependencias internas de ese organismo con la corrupción y la impunidad.
Marcada por la huella del bipartidismo, hizo el quiebre institucional en esa dependencia, en donde el Congreso ha sido un actor trascendental, según los informes elaborados al respecto.
En tanto, el país sigue su ritmo ascendente en el clima de inseguridad y violencia que lleva a los congresistas a llamar a una rendición de cuentas a los operadores de la cadena del sector justicia, entre ellos el fiscal general y su adjunto. Su disertación no convence, los diputados se sorprenden al escuchar cifras y datos que cada año solo venían oyendo sin atender.
Se nombra así una Junta Interventora, se suspende al fiscal general y al adjunto. La interventora rinde su primer informe al Congreso altamente demoledor de la gestión de Rubí y Urtecho. Ellos piden dos cosas: la separación del fiscal general y adjunto; y la elaboración de una nueva ley del Ministerio Público.
Estas acciones obligan a Rubí y Urtecho a dimitir en forma irrevocable al cargo. De esta suerte, la institucionalidad del Ministerio Público agoniza.
2014-2018: Óscar Fernando Chinchilla (FG) y Rigoberto Cuéllar (FGa)
Aunque se cuestionó el proceso de selección de las dos nuevas cabezas del MP, el tiempo logró borrar esa etapa y ahora se reconoce la gestión del abogado Óscar Fernando Chinchilla al frente del Ministerio Público.
Es así como en los últimos cinco años se han logrado golpes al narcotráfico como nunca, además de una serie de requerimientos con sentencias en tribunales para personajes de la administración pública.
Se fundó, además en este período, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), importante brazo de la Fiscalía, así como la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y el fortalecimiento de otras oficinas del MP.
Rigoberto Cuéllar, ha estado en el destierro tras varios señalamientos en su contra. Ahora que está afuera de la institución, varios analistas preven que puedan presentarse procesos judiciales contra el ahora ex fiscal adjunto.
