En conferencia de prensa Juan Almendares Bonilla, exrector universitario y defensor de los Derechos Humanos dijo: “Honduras es un Estado violador de los Derechos Humanos, porque no es un Estado democrático de derecho y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se convierte en el Estado de educación superior también violadora de los derechos de los jóvenes”.
«Me parece que en este momento la responsabilidad del intelectual, del profesor, no es tanto por su nivel académico, tiene que diferenciar la intelectualidad de su responsabilidad, por ejemplo un abogado puede ser bueno en el campo jurídico pero si inventa categorías que son aberraciones jurídicas o realiza usurpación de áreas, sería irresponsable,» dijo el exrector.
“Nosotros creemos que si la ideología que convierte o ve al sujeto inferior es racista, no solo es el color de la piel. Racismo es ver inferior al ser humano, cuando decimos que no piensa lo vemos como un sujeto inferior, cuando el hombre ve que la mujer es inferior es racismo tenemos racismo pedagógico.”
También agregó: «el derecho a pensar y tener pensamiento pedagógico crítico es necesario en una universidad, porque tenemos una universidad pintada de silencio ante la violación de los Derechos Humanos, ante la intervención militar y la violación general de derechos en este país, por lo que se tiene que defender a los jóvenes y su pensamiento, no se puede tener una juventud silenciosa, cómplice de los crímenes que se cometen en el país por eso estamos defendiendo la universidad porque el Alma Mater son los estudiantes y cuando un educador piensa que los estudiantes no pueden pensar entonces no es universidad, estamos por la recuperación histórica del Alma Mater,» manifestó el doctor Almendarez Bonilla.
El exrector de la Máxima Casa de estudios expresó: “en Honduras no hay exilio porque vivimos en un país democrático y los organismos internacionales dicen que en Honduras no se exilia gente”. ¿Si hay democracia? –preguntó– aquí no hay democracia, lo que existe es un Estado represivo, una política criminal de Estado que estigmatiza y la una universidad se convierte en una institución policial –se contestó-.
El exrector manifestó que ha falicitado la salida al extranjero de estudiantes que están siendo amenazados a muerte. No con estatus legal porque, con el perdón de los abogados, aquí no prevalece el derecho, los que han salido del país lo han hecho sin ninguna categoría, solo con el deseo de vivir, no existe la categoría de refugiados o exiliados, la que se les puede dar es de sobrevivientes porque han estado amenazados. Con una impunidad de más del 90% no se sabe, por ejemplo ¿quién mató a la estudiante de secundaria del Central que apareció descuartizada? muchos estudiantes han sido asesinados y no se sabe quién los mató, el motivo tampoco se sabe, por eso los estudiantes tienen que salir, no tienen otra alternativa. Lo contrario a lo que asegura el funcionario de los Estados Unidos que se ha reducido la violación a los Derechos Humanos, el reflejo en este momento es la universidad.
Los estudiantes se declaran en huelga de hambre, eso es un último recurso en busca de solución, de una respuesta a un conflicto que provoca la crisis de la universidad, advirtió el doctor Juan Almendarez Bonilla.
C – Libre:
Eddy Tabora, director ejecutivo de C-Libre, manifestó que las organizaciones de Derechos Humanos responsabilizan de lo que suceda en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con la vida de los estudiantes a las siguientes instituciones:
- Fiscal General de la República.
- Secretario de Seguridad.
- Secretario de Defensa.
- Director de la Policía Nacional.
- Jefe de las Fuerzas Armada.
- Jueces y juezas del Poder Judicial.
- Fiscales del Ministerio Publico.
Porque han permitido y siguen permitiendo, coludidos con las autoridades universitarias, la criminalización de estudiantes y se prestan para hacer ejercicio ilegitimo del derecho penal del país.
Tabora también responsabiliza de lo que les pueda ocurrir a los estudiantes, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la Empresa de Seguridad Privada del Aguán, S. de R.L. (ESPA) porque están cometiendo actos de intimidación, vigilancia y otros que violentan los derechos de los jóvenes.
Denunció a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por infiltrar las organizaciones estudiantiles para espiar sus actividades. Tabora también denunció que el contrato entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la empresa de seguridad ESPA tiene claúsulas gravísimas para el Estado de Honduras, porque existe una que permite se realicen operaciones especiales ¿Qué son operaciones especiales? Exigimos a la UNAH, al departamento de la Secretaría de Seguridad que controla y vigila el funcionamiento y actuaciones de las empresas de seguridad que explique, cuáles son las operaciones especiales que ha realizado la empresa ESPA al interior de Ciudad Universitaria, es importante aclarar a la comunidad nacional e internacional sobre los servicios para los que fue contratada. Solicitó el defensor de la libertad de expresión.
Explicó que existe un protocolo que deben seguir los estados sobre la utilización de mercenarios y mercenarias para la seguridad privada, los que indican que los estados deben estar vigilantes, sobre todo de las empresas que prestan servicios de operaciones especiales que están legalizadas, ¿a qué está obligada ESPA de acuerdo con las cláusulas del contrato? que la UNAH revele cuales son las operaciones especiales que realiza la empresa de seguridad y vigilancia. Exigió el defensor de la libertad de expresión
El defensor de los Derechos Humanos explicó que han presentado 300 documentos al Sistema Nacional de Protección, donde acreditan las distintas violaciones, físicas, psicológicas, de tortura, estigmatización, vigilancia, criminalización de parte de autoridades mencionadas. Demandó, que se vuelve urgente y necesaria la intervención del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras e hizo un llamado al Congreso Nacional para que utilice las facultades que le da el artículo 205, numeral 20, de la Constitución de la República, a través de la figura de la interpelación para revisar la conducta administrativa de las autoridades universitarias (Intervenir la UNAH).
El director de C-Libre explicó que el 19 y 21 de junio llevaron el caso ante el Mecanismo Nacional de Protección con el fin de evitar un asesinato, porque ya se produjo el primero de una persona que las organizaciones de Derechos Humanos considera que era defensor. Tabora llamó a las defensoras y defensores, medios de comunicación y ciudadanía en general para que exijan a las autoridades de la UNAH contribuir a la formación de ciudadanas y ciudadanos para no ser personas que agachen la cabeza ante los niveles de represión.
Consideró una prueba de fuego para el Sistema Nacional de Protección, porque se sabrá si puede un mecanismo de protección integrado por instituciones del Estado que forman parte del conflicto, responder adecuadamente a una situación de crisis y violación de Derechos Humanos en la UNAH.
Solicitan la intervención del Congreso Nacional, porque desde ahi se generó el conflicto al reformar la ley orgánica de la Universidad para que la rectora se reeligiera, por lo que el Legislativo tiene la obligación de ser vigilante del comportamiento de las instituciones del Estado, por eso existe esa figura del artículo 205, numeral 20, de la interpelación de los funcionarios, cuando se considera que la conducta no es la adecuada. Por lo que el Congreso Nacional debe utilizar esta figura para conocer la crisis universitaria, no solo la situación de violencia, criminalización y vigilancia contra los estudiantes, sino revisar los 8 años de actuación de las autoridades universitarias.
