La Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos (ANPDH) ha cerrado sus oficinas en el país luego de que su personal recibiera «información alarmante» sobre amenazas.
El grupo ha estado denunciando presuntos abusos de derechos por parte del gobierno nicaragüense durante más de tres meses de protestas antigubernamentales.
Afirma la organización que 448 personas han muerto desde que comenzaron las protestas el 18 de abril. Ahora agrega que tienen información sobre planes para perseguir a su personal.
Amenazas de muerte por teléfono y otros planes para acusar al personal de crímenes fabricados son parte de la denuncia que la ONG ha hecho público, afirmando que el cierre de sus oficinas en Managua será «temporal» para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores, que habían sido hostigados por grupos armados.
Su secretario ejecutivo, Álvaro Leiva, y otros miembros del personal se han ido del país. En un comunicado, el grupo dijo que continuaría recibiendo informes de abusos contra los derechos humanos por correo electrónico y WhatsApp.
Los activistas de derechos humanos no son los únicos que han denunciado haber sido hostigados y amenazados.
Decenas de médicos y trabajadores de la salud han sido despedidos. Dicen que sus despidos se produjeron después de que trataron a los manifestantes antigubernamentales heridos en los disturbios.
Uno de los médicos que fue despedido, Javier Pastora, dijo al periódico español El País que le dijeron que había sido despedido «por razones políticas».
Los profesores que enseñan en universidades estatales también informaron haber recibido cartas de despido que, según dicen, fueron emitidas debido a sus críticas al gobierno.
El clero católico, que ha estado mediando en la crisis, también ha sido atacado por grupos progubernamentales.
La ANPDH dijo que su personal había sido hostigado incluso antes de que comenzara la actual ola de protestas, pero que las amenazas se habían vuelto más preocupantes.
El grupo ha sido criticado por el gobierno, que lo acusa de inflar el número de personas asesinadas y de no verificar adecuadamente los informes de presuntos abusos contra los derechos humanos.
«Simplemente inventan cosas. Algunos de los ‘muertos’ han aparecido con vida, algunos de ellos en los Estados Unidos», dijo el presidente Daniel Ortega a CNN sin ofrecer ninguna prueba de tales casos.
El presidente Ortega también acusó a los grupos de derechos humanos en Nicaragua de estar «politizados» y de oponerse activamente al gobierno.
La cantidad de personas asesinadas en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril es objeto de acalorados debates.
En una entrevista con Euronews transmitida el 30 de julio, el presidente Ortega dijo que 195 personas habían sido asesinadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso el número en 317 al 30 de julio, mientras ANPDH lo puso en 448 al 26 de julio.
La ANPDH también dice que estima que 600 personas han desaparecido desde el comienzo de las protestas.
