/NO SON NÚMEROS, SON VIDAS HUMANAS Y LIBERTADES QUE SE PIERDEN

NO SON NÚMEROS, SON VIDAS HUMANAS Y LIBERTADES QUE SE PIERDEN

Alberto Brunori, representante de la ONU para los DD. HH., analiza el fenómeno del asesinato de líderes.

La contabilización de homicidios de personas que defienden los derechos humanos se ha tornado en un indicador común para reflejar la gravedad de la situación de las y los defensores y líderes sociales en Colombia. Como cualquier indicador, este es un referente parcial.

En primer lugar, porque los homicidios son solo una de las formas que toman los ataques. Además de los asesinatos y otras violaciones manifiestas (como las torturas o las violaciones sexuales), los ataques también se manifiestan en: discursos que estigmatizan y promueven el odio, acoso por redes sociales, seguimiento y amedrentamiento, interceptaciones ilegales, robo de información y otras formas de persecución. Obviamente, es más fácil contabilizar o medir la intensidad de los ataques físicos, particularmente los homicidios. Sin embargo, los otros ataques no pueden y no deben ser ignorados; estos igualmente silencian y crean un ambiente regido por la coerción.

En segundo lugar, los casos de homicidio que se contabilizan son solo una muestra del universo de casos. Los criterios de inclusión o exclusión de los distintos proyectos de registro varían, como también varían sus enfoques y alcances geográficos. Hay ataques letales que no se registran en el ámbito nacional, pero que en el ámbito local aplacan toda actividad de defensa de derechos. Al ser parciales, los registros distorsionan la mirada del problema, ya que conducen a una concentración sobre unos pocos casos que se han visibilizado. Además, el indicador numérico deshumaniza los casos, al convertirlos en parte de cifra fría de un contador mortal, sin nombres, sin apellidos.

Reducir el problema de los ataques a la contabilización de homicidios de ciertas personas no solo afecta la manera como se entiende el problema sino que condiciona la concepción de las soluciones que se ofrecen; por ejemplo, centrando la atención sobre la protección física de personas y no sobre la generación de garantías más robustas que permitan el ejercicio de libertades en los distintos rincones del país.

Los ataques, además de anular a una persona o un grupo de ellas, buscan dominar voluntades y ejercer el control social sobre sectores de la población. También constriñen libertades y desincentivan la reivindicación de derechos en el espacio público. La gente termina no ejerciendo la defensa de sus derechos por miedo, de forma que la censura termina interiorizándose.

La extensión prolongada de los ataques en contra de la defensa de derechos en Colombia tiene efectos severos que no han sido tenidos en cuenta. Cada ataque se acumula en el imaginario social de manera imperceptible, produciendo una mordaza simbólica que afecta el ejercicio de los derechos y su defensa. Su repetición impune transmite y disemina la coerción y el miedo, dos ingredientes esenciales de la censura y la autocensura.

La ausencia de sanción oficial de los ataques produce un efecto de amplificación e irradiación de la coerción, que contamina el ambiente social y político. La impunidad demuestra la incapacidad o, en varios casos, la falta de voluntad de castigar los ataques en contra de la defensa de los derechos humanos; y refuerza los intereses de quienes promueven el silenciamiento. Además de transmitir un mensaje de connivencia o conformidad con los ataques del pasado, la impunidad da vía libre al ejercicio de más violencia. La falta de acción estatal retransmite el mensaje amedrentador y paralizante que los ataques advierten originalmente.

La defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio. La situación es tan grave que, en Colombia, el riesgo y el miedo son elementos normales e interiorizados en la defensa de los derechos humanos. El impacto social de la cadena de ataques es complejo: todos tienen derechos, pero los derechos están asediados. El nuevo presidente tendrá el reto de romper el asedio y seguir construyendo una Colombia en paz.

ALBERTO BRUNORI es Representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, opinión publicada en eltiempo.com

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