Unicef alerta del aumento de niñas como víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala.
La debilidad de la economía, el flujo constante de migrantes y la falta de educación constituyen elementos que contribuyen a que el 57% de las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual sean menores de 18 años, afirmó Unicef en su estudio publicado esta semana, conjuntamente con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), titulado: Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala.
El estudio estima que la explotación sexual mueve hasta 1.6 mil millones de dólares cada año, a costa de la vida y la integridad de miles de niñas y mujeres.
En su intervención el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, señaló que el informe demuestra la gravedad del problema que está afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes, por lo cual este problema no debe pasar inadvertido y tiene que despertar una reacción de la ciudadanía para erradicarlo.
«Es indispensable que todas las autoridades de todos los niveles, todos los que puedan tener incidencia en la solución de este problema actúen con decisión. En lo que corresponde a CICIG, estamos comprometidos con la tarea de la identificación, desarticulación y persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que han afectado el país; reiteramos nuestro compromiso de actuar unidos con el Ministerio Público en la desarticulación de las grandes estructuras que se esconden detrás de este fenómeno criminal», aseveró Velásquez Gómez.
El informe cita varios casos de niñas que son atrapadas por los traficantes tras huir de la violencia en el hogar y reconoce también ejemplos en los que las niñas son vendidas por las madres a los traficantes.
«A menudo, la trata de personas comienza a partir de la violencia doméstica y sexual por parte de padres y padrastros. Este es un escenario muy común en Guatemala», dijo Mariko Kagoshima, de UNICEF, agregando más adelante que «ellas (las madres) van a los aparcamientos en los que hay camiones y venden a sus hijas por un precio muy bajo».
Según el informe, las madres son contactadas por reclutadores para pedirles vender a sus hijas, sobre todo si son niñas vírgenes. En el suroeste, en el frontera con México, niñas de 11 o adolescentes de 12 años de edad son vendidas por sus propias madres a cambio de 500 quetzales.
«Al parecer es también práctica que alcaldes o empleados municipales ofrezcan trabajo a mujeres pobres a cambio de entregar a sus hijas menores de edad a con fines sexuales» —dice el informe que revela la participación de autoridades locales en este flagelo.
De acuerdo con el documento, Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala, el grupo más vulnerable es el de las niñas de entre 12 y 17 años de edad, especialmente de zonas pobres del país, pero también de mujeres y niñas que intentan llegar a Estados Unidos.
«Puedo decir del caso de una niña hondureña —manifestó Kagoshima—, su abuela la entregó a su madrina para trabajo domésticos. La niña tenía que lavar o la golpeaban. A los 11 años, la niña se negó a seguir siendo explotados a través del lavado, la limpieza de la casa y el abuso físico a que estaba sujeta. Debido a que ella se rebeló, la madrina le dijo: «Te llevaré a un lugar donde se aprende lo que es el abuso». La vendió a otra mujer que la hizo pasar cinco años en una casa de prostitución en Guatemala».
El informe también evidencia que otras mujeres —principalmente— de Colombia, Honduras, El Salvador y Nicaragua son explotadas por las redes internacionales de prostitución en perímetros de la ciudad de Guatemala y del interior del país.
«La presencia de redes de tratantes nacionales e internacionales del crimen organizado dedicadas a este delito, constituye un grave problema de seguridad ciudadana porque corrompe a funcionarios del sistema de seguridad y justicia por las cuantiosas ganancias obtenidas en esta actividad ilícita».
Se estima que en Guatemala hay aproximadamente 48,600 víctimas directas de trata de personas con fines de explotación sexual, y que las ganancias ilícitas generadas por este delito alcanzan los 12,300 millones de quetzales, lo que equivale al 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más del presupuesto total de educación para la niñez y la adolescencia estimado en 1.44% del PIB, en el 2014.
Este delito involucra de manera recurrente a agentes del Estado, quienes tienen acceso ilegal a registros de identidad, movilidad migratoria, facilidades de transporte, permisos sanitarios, entre otros.
El informe analiza las redes de explotación, el perfil de los tratantes y los mecanismos utilizados de captación, traslado, acogida y explotación. Se caracterizan los centros de explotación sexual por estrato económico, y se realiza una aproximación de los flujos financieros ilícitos generados por la trata de personas con fines de explotación sexual.
También se examina la respuesta del aparato judicial a este fenómeno por parte de las instancias a cargo de la investigación y persecución penal; el procesamiento de los responsables de trata de personas y las medidas de reparación digna. Contiene un análisis cualitativo de los resultados en sentencias judiciales de la aplicación de la legislación en materia de trata de personas.
El documento contiene una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los tres poderes del Estado y a las instituciones gubernamentales autónomas y semiautónomas que tienen relación con el tema.
